Territorios

La vida amenazada

María Juana, Virrey del Pino, Bajo Hondo. Tres localidades ubicadas en tres provincias diferentes. Una misma lucha: la defensa de la vida. La respuesta: una amenaza para amedrentar, silenciar y sembrar miedo. La lucha socioambiental por la salud y la tierra tiene a comunidades, asambleas de vecinxs y movimientos campesinos movilizados en cada territorio. Denunciar la impunidad con la que operan las multinacionales, sectores concentrados del modelo agroexportador y terratenientes sojeros es la clave de una disputa desigual en toda América Latina.

Por María Cruz Ciarniello

Foto: http://lavoragine.net/blog/

¿De qué hablan los territorios signados por las fumigaciones, la soja y la contaminación derivada de los desechos tóxicos que producen las grandes multinacionales? ¿Qué dicen las resistencias que construyen las asambleas de vecinxs y los movimientos campesinos, amenazados por su lucha socioambiental y por defender la tierra que trabajan y habitan desde siempre? ¿Qué rol juegan los gobiernos locales, provinciales y nacional?

El país está atravesado por estas luchas. Cambian las geografías pero las historias presentan claros puntos en común: la movilización autogestiva de las comunidades, sus escuelas fumigadas, la maestras que tratan como pueden defender la salud de lxs pibxs, familias campesinas resistiendo la violencia paraestatal, médicos y abogados comprometidos que también se conforman en red para denunciar lo que ven, lo que escuchan, lo que sufren.

Asambleas que nacen para pelear casi en soledad. Vidas que deciden transformar su cotidianeidad para hacer visible y revelar los estragos que produce el extractivismo y la impunidad con la que operan las multinacionales en el país. No hay apoyo ni acompañamiento del Estado para estas denuncias. Por el contrario, en algunos casos –en muchos-, los propios gobiernos actúan con complicidad, ignorando controles, incumpliendo ordenanzas y desoyendo la voz de comunidades que cada vez enferman más. En Santa Fe, hay un ejemplo evidente: la media sanción de la conocida y regresiva Ley Bertero que reduce el límite de las fumigaciones, retrotrayendo aún más lo establecido en la actual ley provincial. En Buenos Aires, sucede lo mismo con un dato más alarmante: el límite impuesto es de apenas 10 metros.

Lo cierto es que también se logran algunas victorias. No son muchas pero las hay. Entre ellas, la de Malvinas Argentinas en Córdoba. Contra viento y marea, la asamblea de vecinxs logró lo impensado: frenar la instalación de la planta de un monstruo que ahora lleva el rostro de la farmacéutica Bayer: Monsanto. Pero allí también luchar significó exponerse a sucesivas y reiteradas amenazas que en este caso sufrió la ambientalista Sofía Gatica. En Jáchal, San Juan, el cianuro de la Barrick Gold está envenenando el agua que se toma cada día. El silencio oficial, y la inacción de los gobiernos son la ficha repetida. Allí también hay una asamblea peleando por la vida e instando a las autoridades a poner freno a la actividad de la minera. En Rosario se conformó el colectivo Rosario es un Pueblo Fumigado, con el objetivo de visibilizar lo que también ocurre en las ciudades y los centros urbanos. Nada es tan lejano ni tan ajeno.

El gobierno de Mauricio Macri asumió para profundizar todavía más la política extractivista que no encontró reparos ni siquiera durante los gobiernos progresistas latinoamericanos. La lucha por la tierra es vital en toda América Latina. Una disputa estratégica en la que el poder económico mundial avanza de forma irrestricta. Algunas medidas del actual gobierno nacional dan cuenta del camino a seguir: la modificación a la Ley de Tierras –flexibilizando la compra para extranjeros- la quita de retenciones a las mineras o su claras políticas favoritistas para el sector concentrado del campo. A esto se suma la política represiva legitimada desde el propio discurso presidencial que recrudece la lucha cuerpo a cuerpo en los territorios. En estos últimos días, ocurrieron tres casos de amenazas y hechos de violencia contra activistas, asambleístas y movimientos campesinos. No son hechos aislados e inconexos. Hablamos de un mismo modelo productivo, de una misma lógica. La muerte por sobre la vida. El negocio por sobre la salud.

Santa Fe: María Juana

María Juana es una pequeña localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Rosario. Allí, como en tantos otros pueblos de Santa Fe, la lucha socioambiental es clave.

María Juana no escapa a la realidad de otras localidades que encuentran en la resistencia de las asambleas vecinales, un camino para avanzar en legislaciones que defienden algo básico: la salud de la población. El pueblo fue noticia cuando el relevamiento del Campamento Sanitario que realiza la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina indicó que allí, las muertes a consecuencia del cáncer superaba la media nacional. Fue en marzo de 2015 cuando más de 120 médicos y médicas de Rosario arribaron a la zona para llevar adelante la experiencia replicada en otras localidades. “Los investigadores detectaron que entre 2011 y 2014 se esperaban 30 casos de cáncer pero se registraron 80”, había indicado a la Izquierda Diario, Horacio Brignone, integrante de María Juana Sustentable y la Campaña Paren de Fumigarnos.

Pese a ello, el gobierno local dio marcha atrás a una importante ordenanza sancionada en el año 2012 que prohibía las fumigaciones aéreas. “El jefe comunal Amadeo Bazzoni, del Partido “Socialista” (FPCyS) y empresario agrícola miembro de Agricultores Federados Argentinos, suspendió la ordenanza sin ninguna consulta de por medio, tan solo porque la fumigación terrestre, única permitida, podría resultar dificultosa en algunos predios, sin la menor consideración respecto de los riesgos que la fumigación aérea implicaba en la salud y el ambiente, justamente lo que fundamentó su prohibición.”

En María Juana se huele en el aire la contaminación ambiental. A las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, se suma el funcionamiento de 3 plantas de acopio, y una de ellas, la más grande, ubicada dentro del ejido urbano. El reclamo por la relocalización de estas plantas data desde hace unos 8 años. Pero el Estado sigue sin actuar y a la par, aumentan los casos de enfermedades crónicas, problemas respiratorios y de piel en los vecinos y vecinas que todos los días respiran el polvillo tóxico que desprende la plata.

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Foto: Izquierda Diario

Fue en octubre de 2015 cuando María Juana fue noticia otra vez. La muerte de un operario de esta misma planta que pertenece a Agricultores Federados Argentinos se produjo tras la inhalación de un pesticida tóxico, el fosfuro de aluminio, luego de intentar colocar la pastilla en una de las celdas de almacenamiento de granos. “Como protección sólo tenían una mascarilla desechable tipo barbijo, un resguardo totalmente ineficaz para evitar la inhalación de gases como los que producen las pastillas de fosfina al entrar en contacto con el aire”, detalla la nota publicada en el Diario La Capital de Rosario.

Fue también Horacio Brignone quien públicamente salió a denunciar en aquel entonces que la utilización de la fosfina se encuentra prohibida en la conocida ley provincial de fitosanitarios así como también en la entonces ordenanza local de María Juana, aprobada en el año 2012.

“Tienen que encontrar una solución, el Estado tiene que actuar y encontrar la solución, no puede ser un disputa entre gente que pide por su trabajo o gente que pide por su salud”, declaró Horacio al medio radial comunitario “Hecha la ley, hecha la trama”, luego de haber recibido, el pasado jueves 22 de septiembre, amenazas de muerte telefónicas dirigidas contra él y su familia. Es que los reclamos y las denuncias de quienes se movilizan para denunciar el accionar impune de las empresas y la complicidad de los gobiernos locales, se transforman en amenazas para ciertos sectores que ven afectados sus intereses.

“Mi esposa recibió amenazas telefónicas desde Frías (Santiago del Estero), con amenazas de muerte sobre nuestros hijos también. A su pregunta al interlocutor si trabajaba en AFA, éste respondió que no, pero que tenía muchos amigos camioneros que le contaban todo lo que estaba pasando, tal como fue consignado en la denuncia policial que se radicó. Hoy jueves 22 de septiembre, también en horas de la mañana, volvieron a llamarla para reiterar las amenazas, alguien que se dijo conocedor de la anterior, refiriendo haber sido contratados para tal fin y que debíamos publicar “en el facebook” que “no vamos a molestar más a la gente de María Juana” así ellos cobraban y terminaban su trabajo. Se radicó nuevamente denuncia policial del nuevo hecho. Creemos que esto no es casual y fue estimulado consciente o inconscientemente por ciertas posturas públicas en distintos medios locales, que jugaron como señales para envalentonar a algunos mafiosos (así se identificaron) para lanzarse a amenazar a una mujer respecto de la vida de sus hijos, solo por tener determinada opinión pública sobre alguna cuestión, sea ésta cual fuere”, denunció públicamente Brignone.

Desde la Campaña Paren de Fumigar emitieron un comunicado de repudio, exigiendo “a las autoridades de esa localidad santafesina que se ocupen seriamente de la seguridad de la familia y al propio Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que se ocupe de este incidente gravísimo”.

Santiago del Estero: Bajo Hondo

Otra vez la empresa de gaseosas Manaos. Otra vez, la violencia, el uso de armas de fuego y el avasallamiento a las familias que habitan y trabajan la tierra en el monte santiagueño. Se repite la secuencia, en esta oportunidad, hiriendo de un balazo a un integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quemando ranchos, asesinando animales. El sábado 24 de septiembre a las 9 de la mañana “tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero. La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna.”

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El relato del Mocase continúa: “Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad (que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario”.

Marcelo Moreno es uno de los tantos campesinos que luchan por la defensa de la tierra y la soberanía alimentaria en las profundidades del monte. El pasado domingo 25, apenas 24 horas después de lo ocurrido en Bajo Hondo, Marcelo estuvo en Rosario participando de la 5ta Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral. Bajo Hondo se encuentra a 80 km de Quimilí: “Ahí hay un empresario sojero, Orlando Canido, él fue con gente armada, atropelló a familias que se encuentran ahí, y fueron a atacarlos. Las familias tuvieron que salir corriendo al monte, asustados. Canido se encarga de comprar campos fiscales, campos en conflictos. El es el dueño de la empresa Manaos. Tiene varios secuaces que lo siguen, el les paga, tiene mucha plata. Bajo Hondo está dividido y nosotros estamos luchando para que las familias dejen de sufrir. El peligro está latente”, dijo Marcelo desde la radio abierta que se apostó frente al Almacén de las Tres Ecologías.

Las ultimas noticias desde Santiago del Estero daban cuenta de una reunión que mantuvo el Mocase con autoridades del gobierno provincial. “Hemos tenido una reunión con el ministro de Justicia, Ricardo Daives y el secretario de Derechos Humanos, Hugo Figueroa, ante este nuevo ataque violento contra familias de la comunidad guaycurú de Bajo Hondo”, dijo a Télam la abogada María José Venancio, del Mocase-VC.

Las denuncias contra Orlando Canido ya habían sido radicadas ante la justicia por parte de los integrantes del Mocase. Son numerosas las situaciones de hostigamiento y agresiones que vienen padeciendo los habitantes de esta comunidad por parte de las patotas que contrata Canido. El objetivo ahora es reiterar el reclamo para que estas causas se reactiven, entre ellas, un amparo destinado a proteger a las personas de la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo. “En julio de este año, después de otra usurpación violenta, la Justicia ordenó restituir sus tierras a la comunidad Iaku Cachi pero sin detener ni abrir una causa contra el grupo armado de 40 a 50 personas que llevó a cabo el ataque, y al mes siguiente se repitieron las amenazas con armas.”

“Canido ha comprado aproximadamente unas 4000 mil hectáreas y había familias allí viviendo. Estas familias viven hace décadas allí, y lo único que no pueden tener son los papeles, pero este hombre dice él que compra, no sabemos si esto es así, y quiere el campo para sembrar soja transgénica, fumiga todos los días. Está destrozando la tierra”, dice con dolor, Marcelo. Y agrega: “Vamos a seguir luchando por esa tierra, sabemos que las familias están asustadas pero todos juntos van a estar presentes”.

Desde el Mocase son contundentes y así, con esta convicción, intenta avanzar también en el plano judicial. “El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido, el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc. Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y los jueces jamás actuaron. Exigimos la actuación inmediata de la justicia, la detención de Orlando Canido y de toda su banda armada.”

Buenos Aires: Virrey del Pino

Esta vez el nombre que mata es Klaukol. En Virrey del Pino, el aire también está asfixiado de desechos tóxicos a causa de los gases que emanan las tolvas gigantes de la empresa ubicada en el partido de la Matanza. Una vecina, su nombre es Susana Aranda, está al frente de la lucha de su comunidad para hacer visible el estrago que esto provoca en la salud de niños y adultos. En el 2012, un estudio efectuado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo confirmó que todos los niños “presentan plomo en sangre” y “el 80% de los adultos también”.

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Desde el año 2009, una asamblea de vecinos –que integra Susana- viene denunciando la contaminación que genera Klaukol, empresa productora de materiales para la construcción. Pero lo sabemos, denunciar es sinónimo de amenazas. Casi en forma automática, quienes se animan a alzar sus voces comienzan a ser blanco de persecuciones en su mayoría anónimas que como único fin tiene el amedrentamiento. Meter miedo, acallar voces. “En el aire hay cuarzo, marmolina, pigmento, pesticida, cemento blanco, verde, depende de la producción que hagan. Klaukol nunca fue fiscalizado ni controlado. La tolva no tiene filtro: para abaratar costo, sopletean con un compresor gigante y tiran polvillo en el barrio”, señaló Susana en la última conferencia de prensa que brindó a raíz del ataque que sufrió el pasado 15 de septiembre. A plena luz del día, Susana Aranda fue abordada por unas personas que bajo punta de pistola, la obligaron a ingerir dos baterías altamente dañinas para el cuerpo humano. El relato de Susana estremece: “Haceme el favor y tragate esto”. Me lo puso en la boca. Eran pilas de computadora, de esas redondas, como si fueran dos monedas de 2 pesos. Mordí uno y sentí un gusto feo y me dieron arcadas. Me dijeron: elegí vos: un plomo de 9 mm que tenés en tu estómago o tragar esto. Somos democráticos, te estamos dando a elegir´. Tragué uno y me pusieron dos más. Uno lo tragué y el otro quedó en la garganta. Me ahogué. Ahí veo que pasa un auto y me dice: ´Ya está, señora Aranda. Ahora espero que sepa a quién pertenece lo que tenés en tu organismo´”.

El abogado de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel señaló durante la conferencia: “Lo que ha pasado el 15 de septiembre es nada más ni nada menos que un intento de homicidio en banda. En realidad, esa calificación se la dan a los pibes pobres de nuestros barrios. ¿No se la van a dar a una multinacional?”

Casualidad que no es tanto, o sí. En Virrey del Pino, el presidente Mauricio Macri al grito de “Vamos Manaos, Vamos Argentina”, inauguró una nueva planta de Manaos, sí, la empresa de Orlando Canido quien desde el año 2003 viene siendo denunciado por hostigamiento, usurpación y agresiones a familias que integran el Mocase.

Lo que ocurre en el conurbano bonaerense no es tan diferente a lo que se respira en el aire del Cordón Industrial santafesino, a escasos kilómetros de Rosario, o en las profundidades de los montes chaqueños, santiagueños, cordobeses. O en las tierras mapuches del sur o en el cordón cordillero del país o en el litoral argentino, apestado de soja y glifosato. Las firmas de las empresas cambian, la historia no.

“Nos están matando”, es el grito que se escucha de punta a punta del país. Y más allá también.

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