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Derechos Humanos 1

Acá vive un genocida: Carlos Sfulcini

En tiempos donde se intenta avanzar contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de Derechos Humanos vuelven a impulsar los escraches como herramientas de lucha para denunciar a represores que gozan de impunidad. En Rosario, el Espacio Juicio y Castigo escrachó al genocida Carlos Sfulcini en su domicilio de España 344. Sfulcini había sido condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad pero el fallo de la Sala III de la Cámara Casación Penal dictaminó su libertad. 

Por María Cruz Ciarniello

Fotos: Tomás Viú

Durante los años en que los genocidas de la última dictadura militar gozaban de impunidad y libertad, la agrupación Hijos impulsó una herramienta de denuncia y condena social: los llamados escraches populares.

Fue una de las principales metodologías de lucha que las organizaciones de derechos humanos encontraron para hacer visible la identidad de los represores.

“Escrachar es poner en evidencia, revelar en público, hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida. Con el escrache queremos hacer pública la identidad de estos sujetos: que los compañeros de trabajo conozcan cuál era su oficio en la dictadura, que los vecinos sepan que al lado de su casa vive un torturador, que los reconozcan en la panadería, en el bar, en el almacén. Ya que no hay justicia, por lo menos que no tengan paz, que se los señale por la calle como lo que son: criminales”.

Con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y el inicio de numerosas causas de lesa humanidad, familiares de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado encontraron en el recinto de los Tribunales algo, y mucho, de esa justicia tan demorada. Así lo refleja cada grito, cada llanto, cada abrazo, durante las sentencias en los distintos juicios donde un genocida es condenado por sus crímenes. De los escraches a las condenas resume claramente el proceso histórico de juicio y castigo que se inició a partir del año 2003.

En Rosario, hay un genocida en tu barrio

Uno de los emblemáticos escraches que hubo en Rosario fue en el año 2010. Había sido la Sala II de la Cámara de Casación Penal la que, en ese entonces, dictó la excarcelación de tres genocidas. Entre ellos estaba Rubén Lofiego, uno de los policías que junto a Mario Marcote y Ramón Vergara, integró la patota del Comandante de Gendarmería Agustín Feced, responsable del asesinato, desaparición, secuestro y torturas de más de 2 mil víctimas que pasaron por el Servicio de Informaciones de Rosario, el mayor centro clandestino de detención de la provincia de Santa Fe.

Fue así que los organismos de derechos humanos decidieron, en ese momento, convocar a un escrache frente al edificio donde vivía Lofiego, en calle Mendoza 1480. Ese día, el proyector iluminó la palabra genocida sobre su departamento. Los cantos anunciaban a los vecinos la existencia de un represor en el barrio. Dos años después, Lofiego fue finalmente condenado a prisión perpetua en el marco del juicio por la megacausa Díaz Bessone y hoy pasa sus días encerrado en el penal de Marcos Paz.

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Los tiempos cambian

Pero la llegada al gobierno de Mauricio Macri marca un antes y un después en la política de derechos humanos que hasta el 10 de diciembre de 2015 había posibilitado un proceso de juicio y castigo, histórico en el país. El grupo Macri fue uno de los principales actores económicos que se benefició con la política del terror y el desguaze económico que impulsó la dictadura militar. Es que los grandes grupos económicos de este país, que jamás fueron juzgados, no solo han sido cómplices del genocidio, sino un engranaje necesario para la implantación de un modelo económico de miseria y exclusión que tiene como máximo exponente a Martinez de Hoz.

Hoy, los organismos de derechos humanos no dudan en señalar un enorme retroceso, y con preocupación denuncian cada una de las acciones que la Alianza Cambiemos realiza, intentando instalar la Teoría de los Dos Demonios, despreciando y descalificando la lucha de tantos años, además del desfinanciamiento de áreas fundamentales para continuar con los procesos y el sostenimiento de los juicios de lesa humanidad.

También en el plano judicial hay signos que preocupan. Las prisiones domiciliaras otorgadas a algunos genocidas, las dilaciones en el inicio de los juicios y las libertades que la Cámara de Casación Penal ha otorgado son algunas muestras que dan cuenta del triste “cambio de época”.

Y por eso, entonces, vuelven los escraches.

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Sfulcini te vamos a escrachar

Esta vez, la luz del proyector se focaliza en el décimo piso del edificio ubicado en España 344.

Allí vive Carlos Sfulcini, el represor que desde fines de 2016 goza de la libertad que le otorgó la Sala III de la Cámara de Casación Penal. El 20 de diciembre de 2013 (en el marco del juicio Guerrieri II) fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) de Rosario, al ser encontrado culpable del secuestro, las torturas y el homicidio del militante del Partido Comunista, Rubén Fernando Oscar Tito Messiez.

Casación Penal dejó firme la condena a Sfulcini pero solo por los delitos de privación ilegal de la libertad, considerando que las pruebas no alcanzaban para responsabilizar a Sfulcini por los tormentos y el posterior homicidio de Tito, razón por la cual evaluó que con los seis años que estuvo en prisión, el represor daba por cumplida su condena y debía quedar en libertad.

“Nosotros sabemos que el secuestro de Tito Messiez se realizó en el marco de un plan sistemático destinado a detener, torturar y desaparecer a todos aquellos que representaban un obstáculo al proyecto genocida y vendepatria. Por eso repudiamos el intento de la Casación de aislar un hecho de otro (el secuestro del homicidio), como si estuvieran completamente desvinculados”, señaló el Espacio Juicio y Castigo Rosario.

El escrache tomó vida una vez más en la ciudad. La caravana partió de España y el río, con cantos, banderas, con los más pequeños encabezando la movilización,  y con una enorme indignación por el fallo de la Cámara. A pocos días de cumplirse 41 años del golpe militar, las calles volvieron a ser espacios públicos de resistencia y esta vez, para denunciar que allí, en este barrio céntrico de Rosario, hay un vecino que debería estar preso, porque así lo determinó un Tribunal Federal.

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¿Quién es Carlos Sfulcini?

En la Biblioteca Popular Constancio Vigil conocen su nombre: Sfulcini fue un engranaje fundamental del aniquilamiento del proyecto educativo de la Biblioteca Popular Constancio Vigil, de barrio Tablada. Tras la invervención de la institución por la junta militar, “Sfulcini quedó a cargo del instituto secundario de Vigil, – desplazando al profesor Rubén Naranjo-, secundado por el psicólogo Raúl Pangia – quien tomó el lugar de la profesora Elba Parolín-. Mientras tanto, la coordinación de todos los niveles escolares, que en épocas de esplendor de la Vigil ejercía el reconocido pedagogo Mario López Dabat en su función de Director del Departamento de Educación, fue tomada por el represor Ramón Telmo Alcides Ibarra (alias “Rommel”). Ellos fueron artífices de la implantación de la cultura del miedo en nuestros espacios educativos, lo que representa un capítulo más del plan criminal de destrucción material y simbólica de la Vigil”.

Suflcini además integró la patota del Batallón 121 y, fue Personal Civil de Inteligencia, uno de los engranajes del dispositivo  del Terrorismo de Estado que se armó para Rosario. El Tribunal Federal Oral N° 1 lo condenó por crímenes de lesa humanidad y por el secuestro, desaparición y homicidio de Tito Messiez.

“Lo que confirmó Casación es que es un genocida de la dictadura que participó de los secuestros y lo que no acordamos con la Cámara es en desvincularlo del homicidio de Tito Messiez, sabemos que los detenidos no los secuestraban para llevarlos a pasear, sino que los llevaban a los centros clandestinos de detención para asesinarlos. Entendemos también que la Cámara falla de esta manera porque se está poniendo a tono con un “nuevo clima de época” que tiene que ver con el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri”, dice Juane Basso, referente de la Agrupación Hijos Rosario.

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Uno de los objetivos de este escrache es, sobretodo, hablar con los vecinos. Contar, denunciar, visibilizar y dar cuenta de la identidad del represor. Qué hacía, que hizo, por qué Sfulcini hoy debería estar preso.  “Nosotros no nos quedamos solamente con la construcción de la condena social que es muy importante sino que siguen habiendo denuncias contra Sfulcini por otros casos en la justicia y vamos a exigir que se lo investigue y se lo meta preso”, sostiene Basso y agrega: “Los escraches son una herramienta para comunicarnos con los vecinos pero también para denunciar esta situación de impunidad en que deja la justicia a este genocida y presionar para que ese nuevo clima de época que los jueces creen que están, vean que no es así, porque el pueblo sigue en la calle exigiendo que no se detenga este proceso de memoria, verdad y justicia que comenzó hace más de 40 años”.

Emoción fue la palabra que soltó Iván Fina, referente de Abuelas de Plaza de Mayo Rosario. Y dice: “Es importante que se retome una herramienta tan importante como son los escraches y a la vez, es una mala noticia que sea necesario tener que volver a hacerlos. No tengo ninguna duda que esto se dá en el marco de un contexto nacional, donde se está marcando claramente una tendencia en la justicia que implica que estas cuestiones van a ser cada vez más frecuentes”.

“Un espía, secuestrador, torturador y asesino de la dictadura camina libre por el barrio. Se llama Carlos Sfulcini y es un represor condenado en la justicia federal por los crímenes de lesa humanidad. Vive en el piso 10 de España 344.”

Así se inicia el documento que el Espacio Juicio y Castigo Rosario elaboró días antes y que fue leído durante el escrache. “En una nueva trampa jurídica que debemos soportar ese repudiable fallo resolvió también dejarlo en libertad. Nosotros sabemos que el secuestro de Tito Messiez se realizó en el marco de un plan sistemático destinado a desaparecer, detener y torturar a todos aquellos que representaban un obstáculo al proyecto genocida. Por eso repudiamos el intento de Casación de aislar un hecho del otro, el secuestro del homicio como si estuvieran completamente desvinculados”.

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El documento también destaca que el secuestro del militante comunista no es el único delito por el que se lo acusa a Sfulcini. Pero debido a “las dilaciones y chicanas de jueces y tribunales cómplices de la impunidad, aun pesa sobre el numerosas acusaciones por crímenes de lesa humanidad por los que todavía no ha sido juzgado. No es casual que en el marco del gobierno de Mauricio Macri aparezcan estos fallos judiciales que benefician a los represores de la dictadura. Por eso también necesitamos manifestarnos porque nuestra principal herramienta es la memoria”. Y cierra: “los grupos económicos que se beneficiaron con el plan económico de Martínez de Hoz son los mismos que ahora vuelven a endeudar brutalmente al país, recortar los sueldos de los asalariados y jubilados, subir las tarifas y abrir la importación destruyendo la industria y el trabajo nacional”.

Los escraches vuelven a ser herramientas de denuncia. Ahora las movilizaciones las encabezan los hijos de los hijos. Para demostrar que nada esta perdido, que no pudieron, que la lucha continúa a pesar de todo.

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