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Violencia Institucional 2

En la cárcel de mujeres: ni sumisas ni calladas

“No fue un motín. Fue un accionar represivo, un claro acto de violencia institucional”. El comunicado de la ONG Mujeres tras las rejas denuncia los hechos de represión que sufrieron internas en la Unidad 5 de Rosario. Aunque la voz oficial intente minimizar lo ocurrido, desde la organización expresan su repudio y preocupación frente a un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. 

Por María Cruz Ciarniello / Foto: Carina Toso

No fue motín”. Tampoco fue una requisa, “ya que no se retiró ningún elemento considerado prohibido dentro de la institución”. “Esto fue una acción represiva, una irrupción violenta por parte de las TOE. Todos los efectivos eran masculinos con máscaras anti-gas y armados, violando las disposiciones de la ley 24660 y sus respectivas modificaciones que establecen claramente en el artículo 191 que “Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencias de un establecimiento o sección para mujeres sin ser acompañado por un miembro del personal femenino”.

El comunicado emitido por la ONG Mujeres tras las rejas no deja lugar a duda y sienta un posicionamiento claro respecto a los hechos ocurridos en la madrugada del día jueves en la cárcel de Mujeres, ubicada en la calle Ingeniero Thedy 375 bis. Se trató de una acción represiva –denuncian-, de las TOE que irrumpieron “en el sector de celdas de madres donde se encuentran alojados aproximadamente 7 menores y 23 mujeres. Distribuidos en 5 habitaciones habiendo al menos un menor en cada una de ellas, salvando en lo que se considera “pieza de madres” donde hay 3, situación que no se tomó en consideración y que el personal de las TOE dijo desconocer.”

El grito de desesperación era de las chicas detenidas en la planta baja del penal. Denunciaron represión por parte de las fuerzas de seguridad. Tiraron gas pimienta en una habitación donde había por lo menos 7 niños/as, aseguran. Cuatro mujeres fueron trasladadas de manera intempestiva al penal de Santa Fe: otra vez, la modalidad del “traslado” como forma de castigo, alejando a cientos de kilómetros a las mujeres presas de sus propias familias.

“Esto no se inició por una acción de las mujeres presas sino por un acción represiva del grupo de seguridad ”, explica Graciela Rojas, referente de Mujeres tras las rejas. La violencia institucional en la cárcel de mujeres se recrudece. “Hay un destrato muy profundo y un control mucho más extremo con ellas. Por ejemplo, el 13 de julio llevamos unos anteojos recetados, solicitamos el permiso para que se los entreguen. Los anteojos los necesitan para trabajar y se los dejamos. El lunes 24, cuando las chicas van al Taller El Enredo, la dirección no le había entregado los anteojos. Esto es violencia institucional. Es evitarles una mínima mejoría, privarlas de un derecho”.

Para Graciela, el destrato al que se refiere se enraiza también en la violencia machista y patriarcal de la que las mujeres son víctimas, dentro y fuera de la cárcel. “En el penal de varones esto no sucede, hay mucha atención y presión por parte de los familiares, ellos llevan la comida, la ropa. Van las madres, las esposas, las hijas. A la cárcel de mujeres no va nadie, entonces como no tiene repercusión, estan mucho más invisibilizadas”. En la cárcel de varones además, el uso de celulares es avalado por las autoridades. En la de mujeres no, y ese fue, según el discurso oficial, el detonante para justificar el accionar de las fuerzas de seguridad.

En la tarde del día jueves, horas después de lo ocurrido, las chicas de la planta baja de la Unidad 5 tenian su programa radial que se emite todas las semanas por FM Aire Libre Radio Comunitaria. Usaron el micrófono para relatar, de su propia boca, lo que ellas vivieron. No había comunicados oficiales ni la voz de la dirección del penal que pudiera justificar o minimizar la situación vivida.

“Nos engomaron, nos encerraron con las criaturas. En ningún momento nos dijeron que teníamos que salir y tiraron gases lacrimógenos. Las criaturas estuvieron presenciando ese infierno que nos hicieron pasar. Eso fue lo peor de todo”, dice una de ellas.

“Estamos desamparadas”, dicen. Para Graciela Rojas, el castigo tiene aún, una crueldad mayor, que es recaer sobre los niños y niñas que acompañan a sus madres en el encierro.

“Entraron solo hombres. Algunos estaban camuflados y otros con máscaras. Fue horrible”. Según cuentan, no hubo ningún secuestro de celular porque nunca lo encontraron. Melisa es una de las chicas que fue trasladada a Santa Fe y según relatan sus compañeras desde el programa de radio, una de las que más defiende los derechos dentro del encierro. “Ella pelea por los derechos de todas”. Porque los conoce, porque los aprende, porque los transmite. Porque es también, la única herramienta que tienen las mujeres para denunciar cada una de las violaciones sistemáticas que comete el Estado contra las personas privadas de su libertad. Sometidas no solo a una violencia física, sino también simbólica: falta de acceso a la salud, mala alimentación, condiciones indignas del encierro. Todo esto viene siendo denunciando por las mujeres de la Unidad de Rehabilitación N 5 de Rosario.

“El servicio penitenciario quiere mujeres calladas y sumisas. Y estas mujeres reclaman por derechos que no son beneficios: recursos de amparo, mesas de diálogo, pedir por los derechos de los niños, en realidad, el sistema penitenciaario tiene como objetivo reducir al sujeto a la minima expresión, deshumanizarlo. Y esto se evidencia en esta persecución, un abuso de poder inmenso”, refiere Rojas.

Ni silenciadas, ni sumisas. Ahí están, activas, rompiendo el cerco para que la voz oficial no sea la única que se escuche. “Presas mudas que no hagan ningún tipo de ruido. Lo atribuyo al patriarcado en que vivimos: esta es la máxima expresión de esa mujer sumisa”, dicen desde la radio.

Para Graciela es fundamental que las chicas puedan conocer sus derechos, reclamar por ellos y a su vez, pelear por el de sus compañeras. Empoderar a las mujeres en las cárceles a través de talleres, radio, arte.

“Fue un claro acto de violencia institucional, tomando en consideración que ese habitáculo fue brutalmente invadido por las fuerzas especiales sorprendiendo a las 23 mujeres y los 7 niños que dormían en el sector de madres, sin que se haya generado previamente ninguna situación conflictiva. En este punto consideramos fundamental acentuar que Argentina adhiere a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobado por la ley 23338. Como también la creación del Sistema Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual garantiza los derechos reconocidos tendientes a la prevención de la situación aquí expuesta, teniendo en cuenta su incorporación en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional. Es de suma importancia resaltar que las normas de dicho Sistema son disposiciones de orden público y aplicables en toda la república Argentina.”

Así se expresa la organización social que hace más de diez años ingresa diaramente a la cárcel para generar espacios de contención y establecer vínculos con las mujeres. También denuncia que se trató de un atropello a los derechos de la infancia. “Sólo por mencionar algunos testimonios, transmitimos lo vivenciado por “la abuela”, una mujer de 69 años que a causa de los gases y la tensión vivida sufrió un cuadro convulsivo sin haber recibido atención alguna y ante el reclamo realizado por parte de su compañera de celda, quien tenía a su beba de 11 meses en brazos, esta última fue rociada en el rostro con gas pimienta. Otro caso a mencionar es el de una beba de seis meses que padece broncoespasmos y tuvo principios de asfixia.”

Pero además, el comunicado de la ONG también hace referencia explícita a la violencia de género, primero porque el ingreso de personal de seguridad fue enteramente masculino. Y segundo, porque de acuerdo al relato de las detenidas, una de las chicas atacadas está cursando un embarazo de siete meses. “Y posteriormente no recibió ningún tipo de atención médica. Una interna que estaba bañandose fue arrastrada desnuda envuelta en una frazada”.

Para Mujeres tras las rejas “no podemos permanecer indiferentes ante semejante atropello”. Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal manifestaron estar investigando los hechos denunciados. “Se ordenó una serie de medidas que por el momento no serán de dominio público para resguardar el proceso de la investigación” se informó a través de un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad dio su versión a los medios de la ciudad. “Asuntos Internos constató que se actuó conforme a las reglas”, señaló a Rosario 12, la directora de relaciones institucionales penitenciarias, Lucía Masneri. En líneas generales, sostiene que se trató de una requisa donde se secuestraron celulares y que el “enfrentamiento” se produjo a partir de la reacción violenta de las internas.

Mientras tanto, cuatro mujeres fueron trasladadas coactivamente a Santa Fe. El Servicio Penitenciario puede hacer uso de esta medida que, simbólicamente, muchas veces implica un castigo adicional.

En plena madrugada, las mujeres presas hacen valer sus derechos frente a un inmenso aparato represivo. Están privadas solo de su libertad ambulatoria, pero en la cárcel, la privación se transforma en un castigo indecible donde la violencia más extrema siempre recae sobre su cuerpos, cuerpos doblemente violentados: por ser mujeres y por pertenecer a los sectores más vulnerados de la sociedad.

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  • Marius lupo says: 30/07/2017 at 15:07

    Fui quien dió aviso a Fiscalía y a Defensoría como al sies En la unidad me negaron los hechos como lo hicieron telefónicamente Al sies tuve que insistir para que enviaran unidades y al momento dudo lo hicieran Defensoría envio médico forense Agradezco la nota

    • Martín Cáceres - sppdp says: 31/07/2017 at 17:18

      Marius, agradecemos la comunicación. Desde la Defensoría enviamos a miembros del equipo a constatar el estado de las Internas y recabar información en la Unidad 5. Lo mismo se realizó con las internas trasladadas a la Unidad 4, durante el mismo día jueves.
      Requerimos el médico forense y la Defensora Provincial formuló denuncia ante el Fiscal General, acompañando los elementos colectados, el día viernes 28.
      Ese mismo día se hizo una nueva visita de seguimiento a las 4 internas trasladadas, y durante el día de hoy lunes se volvió a realizar visita.
      También se interpuso un hábeas corpus en la ciudad de Rosario para tratar de reintegrar los derechos de las internas, pidiendo en concreto la restitución de las 4 trasladadas. La respuesta no ha sido favorable por parte del Juez a cargo.
      Seguimos de cerca los eventos y trataremos de brindar soluciones, aún cuando a veces nos veamos impedidos de hacerlas públicas en un primer momento por priorizar la efectividad.

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