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Dos periodistas extranjeros deportados sin explicación

El gobierno nacional impidió el ingreso y deportó a la periodista inglesa Sally Burch, especialista en acceso a la información, y al danés Petter Titland, de la organización ATTAC, que viajaron a Argentina para participar de la cumbre de la OMC. El habeas corpus presentado por el CELS para garantizar sus derechos no llegó a tiempo. La medida ya cosechó protestas diplomáticas y escándalo internacional. Los motivos no fueron informados oficialmente, pero el canciller argentino adelantó el origen: revisaron el contenido de sus redes sociales. Así el alto funcionario de gobierno reveló que desconoce qué está prohibido por ley.

Por lavaca.org

A las 18.30 horas la Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata ordenó que se diera curso al habeas corpus presentado por el CELS para que la periodista Sally Burch, especialista en derecho a la información y reconocida experta en acceso digital de las mujeres, ingresara al país. A las 19, Migraciones la deportó en un avión rumbo a Ecuador. Sally Burch se convirtió así en la segunda periodista a la que el gobierno nacional le impidió el acceso a Argentina y deportó. En la  mañana, el danés Petter Titland, de la organización Attac, fue demorado, rechazado y obligado a tomar un vuelo a Brasil. El día anterior había tuiteado el facsímil de una carta en la que el ministro de Comercio de la Unión Europea criticaba a las autoridades argentinas por impedir el acceso de periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil “que no representan ningún peligro para la seguridad” de la cumbre que la Organización Mundial de Comercio organiza en nuestro país.

La sola enumeración de esta información es, de por sí, extraordinaria: habeas corpus, periodistas extranjeros reportados y protestas diplomáticas. Sin embargo, sucedió hoy en nuestro país, en Ezeiza y sin explicación. El Cels presentó un pedido ante la justicia, vía el recurso de habeas data, para que el gobierno informe los motivos de esta medida y la lista de las personas a las que pretendía impedir el ingreso al país. No hubo respuesta oficial hasta el momento.

La única explicación informal la brindó el canciller Jorge Faurié: habían revisado las redes sociales y consideraron sus comentarios “disruptivos”.

Si bien el trámite judicial del habeas corpus no alcanzó para proteger los derechos de ambos periodistas –el juez de primera instancia lo rechazó por encontrarlo “abstracto”- al ser colectivo alcanza para proteger el ingreso de las y los periodistas y representantes de organizaciones civiles que ingresen en estos días al país para participar de la reunión de la OMC. La lista de quienes el gobierno argentino pretende reportar se desconoce, pero el antecedente es la denegación de la acreditación para la cumbre, que alcanzó a 60 personas. Sin embargo, como esta denegación fue rechazada por varias  embajadas de los países de los afectados, se desconoce el alcance real que tiene esta restricción. Un dato cierto: las autoridades migratorias de Ezeiza que rechazaron el ingreso de Sally Burch y PetterTitland  tenían en sus manos un listado de varias decenas de nombres. La gravedad de esta medida no sólo se dimensiona por lo que representa restringir por las opiniones expresadas en redes sociales a personas que tienen trayectoria profesional e interés específico, sino porque además las autoridades migratorias le negaron contar con asistencia legal durante las horas que los mantuvieron detenidos en el aeropuerto.

El Cels recordó en su presentación judicial que existen causas específicas para impedir al ingreso al país, determinadas por ley, que ninguna de estas personas representaba y que, además, está prohibido por la legislación vigente que el Estado realice tareas de inteligencia y espionaje sobre los ciudadanos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, culturales o laborales”.

Quién es Sally

Directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana para la Información, una reconocida  organización de defensa de la libertad de expresión, responsable, además, del portal informativo Alinet- Sally Burch es reconocida por su trabajo para promover el acceso de las mujeres a las tecnologías digitales. Inglesa, reside desde hace más de dos décadas en Ecuador, ha participado en numerosas y decisivas instancias internacionales en las que se debatieron los marcos legislativos de las nuevas tecnologías de la información. Entre 1993 y 1995 fue  coordinadora del Programa Mundial de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), una iniciativa pionera que creó herramientas para alentar el acceso de las mujeres a Internet.

En este video puede verse su disertación sobre La comunicación como Derecho, realizada en el Seminario Comunicación y Género organizado por el gobierno de España:

https://www.youtube.com/watch?v=GmtcOny5Who

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