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Crónicas y Reportajes

Otras formas de la guerra

La comunidad indígena de Primavera del Ixcán en Guatemala surgió después de la firma de la paz que en 1996 puso fin a un conflicto armado interno que duró 46 años. Las promesas del Estado que fueron parte de aquel acuerdo quedaron en los papeles y hoy la comunidad, como otras de la región del norte, se sumergen en conflictos por el despojo de tierras.

Por Martín Stoianovich desde Guatemala

Al alarmarse, el niño se desvía del camino y se acurruca detrás de una planta de mandioca. Queda ahí, intentando ocultarse hasta que se da cuenta que todavía lo ven. Toma coraje, se pone de pie y sigue caminando con su machete en mano, talando las plantas y guardándolas en el bolso que carga en su espalda y sostiene con una tira que sujeta en su cabeza. La escena se repite algunas horas después, en otro camino del mismo lugar. El machetero, para entonces, es un hombre ya entrado en la vejez. La diferencia es que el hombre presenció el conflicto armado interno en Guatemala que castigó durante 46 años a las comunidades indígenas del norte. Como todos los adultos de la comunidad Primavera del Ixcán: o empuñó un arma, o participó de algunos de los procesos de organización que sirvieron para la subsistencia de miles de personas que se refugiaron en las montañas de la selva.

Llevan el nombre de Comunidades de Población en Resistencia, son familias del pueblo maya que a partir de 1960 se instalaron en el norte guatemalteco buscando tierra fértil y un horizonte comunitario ante un gobierno que buscaba impedirlo con el argumento de la polarización social que suponía la Guerra Fría y la legitimación que ese contexto le daba a la persecución. Un cura estadounidense, Guillermo Woods, fue el impulsor de este movimiento que al fin de cuentas le costó la vida en un dudoso accidente aéreo. Las comunidades habían elegido las tierras del departamento de Quiché, al norte de Guatemala, frontera con el Estado mexicano de Chiapas y para 1980, ante el avance del ejército que siguió a la muerte del cura, tuvieron que esconderse en las montañas.

En la selva mantuvieron el conflicto armado mientras intentaban organizarse en el Comité Parcelario de Ixcán para atender las necesidades de educación, alimentación, higiene y salud. Cuando bajaron de las montañas en la última etapa del conflicto en 1994, se instalaron definitivamente en cinco comunidades distintas alrededor del municipio de Ixcán. Para ese entonces el Estado ya había asesinado a miles de indígenas. En 1996, con el proceso de supuesta reconciliación que implicó la firma de la paz, nació la comunidad Primavera del Ixcán.

El verde impacta para bien en las montañas y las tierras actuales que ocupan los comuneros de Primavera del Ixcán. Cuando llegaron era todo salvaje. Lo transformaron en tierra fértil y desde entonces no falta frijol, mandioca, maíz o malanga. El río Chixoy, además de embellecer el paisaje, abastece a la comunidad de peces, otro alimento clave del día a día. Pero asimismo las necesidades básicas no están del todo cubiertas: el acuerdo de paz no solo implicó el desarme de la comunidad sino también, en teoría, una serie de garantías sociales que comprendían la cobertura de los derechos esenciales. Los comuneros ex guerrilleros, después de entregarle las armas a quienes habían sido enemigos, entienden hoy que la paz implicó atarse de pies y manos en la boca del lobo.

Cuando Pedro Ramírez dejó las armas en 1996 se propuso ser docente. Para el año 2002 ya se había graduado como maestro de educación primaria rural bilingüe. Hoy es uno de los docentes de la escuela mixta primaria de la comunidad que se formó cuando el Estado todavía cumplía algunas de las promesas que implicaba el acuerdo con la Unidad Revolucionaria Nacional. “Se elaboró el plan, se negoció con el Ministerio de Educación pero nunca dieron los recursos para su financiamiento”, dice Ramírez y agrega que fue con el apoyo de una ONG internacional que los docentes pudieron formarse.

“Queremos desarrollar una educación que sea parte de la realidad, que recoja el contexto, con metodología participativa. Es una obligación de los padres de familia enviar a sus hijos a la escuela”, cuenta el docente. Es en la educación donde se fija una preocupación de la comunidad: “Se necesita presupuesto para textos escolares, alimentación, valija didáctica, útiles, y adaptación a las tecnologías nuevas para la formación de los chicos”.

Que haya niños trabajando en la tala es la muestra de que hay deserción escolar, problema que está relacionado a las dificultades económicas. Los niños son parte de la economía de las familias y eso es algo que la comunidad acepta y naturaliza aunque a veces tenga como costo que los niños dejen la escuela. “El apoyo de los niños para realizar algunas actividades de acuerdo a su edad es parte de la cultura. Aprenden a apoyar dese pequeños y mientras van creciendo asumen más responsabilidades”, dice Ramírez, serio como queriendo darle un toque de realidad, un freno, a la indignación burguesa. Reconoce que se aspira a que no haya más niños cargando bolsos de varios kilos dañando sus cervicales de forma irreversible, pero busca que se comprenda la raíz del problema aunque más pese saber que la culpa no la tiene ese pequeño que se esconde entre las mandiocas.

Dicen los comuneros que las montañas defendieron a la comunidad en tiempos de guerra, dándole espacio y alimentos. Y que ahora, como devolución de gentilezas, es el turno de la comunidad de defender a la montaña y las tierras que siguen brindando la base de la vida. Así se planta la comunidad de Primavera del Ixcán ante el principal conflicto actual que atraviesa la región: la resistencia ante el proyecto de la hidroeléctrica Xalalá. Se planeó en los setenta pero por el enfrentamiento armado y la negativa de las comunidades no se concretó en los gobiernos siguientes. En 2014, el Instituto Nacional de Electrificación, entidad que maneja la iniciativa, rompió el contrato que tenía con la empresa brasilera Interchne Consultores S.A por los continuos cuestionamientos que dificultaron el avance del proyecto. Cuando asumió en 2016 el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, puso como prioridad de su gestión la concreción de Xalalá, que pasaría a ser la segunda hidroeléctrica más grande del país.

El Estado, sumergido en el conflicto, hace caso omiso al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De hacerse la consulta previa a la comunidad, como lo dice su artículo 15.2, el gobierno debería reconocer que el noventa por ciento de los comuneros se oponen al proyecto. Porque ya es sabido que las hidroeléctricas, como la Chixoy, la más grande del país y también ubicada en la región, implica explosiones que destruyen las tierras, y contaminaciones que dañan los cultivos y el agua del río. Más de doscientas comunidades que habitan los departamentos de Quiché y Alta Verapaz resultarían afectadas. El proyecto está frenado pero avanza de a poco, implícitamente con el camuflaje del desarrollo. Cuenta el maestro Ramírez que la pavimentación de la carretera que une el municipio de Uspantán con Playa Grande llega con el argumento del beneficio a las comunidades, pero esconde un trasfondo económico: facilita las vías de transporte que necesita Xalalá y el control militar a la población en resistencia.

En Guatemala los conflictos por las tierras son muchos y van más allá de Xalalá. En distintas regiones el gobierno y empresas transnacionales como Energuate o GoldCorp someten a las comunidades indígenas a presiones y represiones. Y se cargan vidas: como la de los comuneros Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Óscar Chen Quej, en la aldea de Samococh de Chisec, asesinados en agosto de 2015 a manos de la Policía Nacional. En otros puntos de la misma tierra, los asesinatos de indígenas, como el de Rafael Nahuel en medio de un desalojo a una comunidad Mapuche de Bariloche, tienen distintos rostros y distintos nombres. Pero, generalmente, el mismo trasfondo.

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