Violencia Institucional 1

Las que luchan y los que matan

Marielle Franco denunció la violencia estatal que sufren las comunidades de las favelas de Río de Janeiro. Su asesinato, con balas de la Policía Federal, llega con mensaje. “Nosotros mandamos el nuestro: no nos van a parar ni a callar”, dicen desde Acari, una de las favelas más afectadas. Cómo mata el Batallón 41 de la Policía Militar, el más asesino de Río.

Por Martín Stoianovich

Foto principal: MidiaNinja

Brasil paga por hora las consecuencias de la crisis en seguridad pública que padece hace más de tres décadas. En el 2016 hubo siete asesinatos por hora en todo el país: más de 61 mil en el año. Un año después el Estado de Río de Janeiro batió su propio récord y terminó el 2017 con 6.731 homicidios. La respuesta del gobierno a semejantes índices de violencia continúa siendo la intervención militar. Y la intervención militar solo deja más violencia. En enero de 2018, según cifras oficiales que difundió el diario O Globo, solo en la ciudad de Río hubo 66 muertes como consecuencia de operativos policiales.

La violencia policial está legitimada por el discurso de la “guerra contra las drogas”. Los distintos gobiernos, tanto federales como estatales, vieron en la intervención militar un camino efectivo respecto de las políticas de seguridad pública. Así fue que, por ejemplo, en 2008 se crearon las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro, como parte de un programa de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, y se instalaron cuarenta destacamentos con la idea de acercarse a las favelas. De pacificarlas. Con una estrategia particular: invasión y balas. El resultado no solo fue el incremento de la violencia sino también la ocupación de los territorios que puede leerse como una política de control social marcada fuertemente por el racismo. Hay estadísticas, como las que maneja Amnistía Internacional Brasil basadas en estudios del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, que dan cuenta de esto: de 2010 a 2013 del total de víctimas de balas policiales, el 99,5 por ciento eran hombres, el 75 por ciento jóvenes de entre 15 y 29 años, y el 79 por ciento negros.

Este contexto denunciaba Marielle Franco. Puntualmente, sobre todo en las últimas semanas, Franco apuntó su crítica contra la violencia policial en la favela de Acari, que desde el 2010 viene siendo asediada por los operativos del Batallón 41 de la Policía Militar. La alarma se reactivó con un reciente decreto presidencial que impulsó la intervención militar federal con la excusa de proteger el orden público. Franco, que tenía 38 años, era negra, feminista, concejala, dirigente social y no se callaba: cualidades que molestan al poder. Por eso, se supone, la mataron en una emboscada en la noche del 14 de marzo. Dos días después se conoció que las balas que la mataron cuando viajaba en su auto, y que también mataron a su chofer, fueron compradas por la Policía Federal. Todo un mensaje.

Buba Aguiar, una joven que vive en la favela de Acari e integra el “Coletivo Fala Akari”, cuenta a enREDando que su barrio vive históricamente la violencia que ejerce el estado, pero que fue con la creación del Batallón 41 que se volvió peor. “No tiene exactamente un motivo. El estado dice que combate la violencia o el comercio ilegal de drogas, pero nosotros lo llamamos política de exterminio, de genocidio del pueblo negro y favelado”, explica Aguiar. Por su parte en una entrevista con enREDando en agosto de 2016, Renata Neder, de Amnistía Internacional Brasil sostuvo: “Acari es una de las áreas donde la policía más mata, y su batallón es el que más mata en Río de Janeiro”. En ese entonces argumentaba con una cifra concreta: diez de las cuarenta ejecuciones policiales que hubo en mayo de aquel año fueron a manos del 41.

Los casos que recogió Amnistía del relato de testigos presenciales de los hechos hablan por sí solos:

– La Policía Militar mata con el método “Troya”. Después de alguna operación militar escandalosa a bordo de distintos vehículos, uno o más policías invaden alguna casa de la favela, se esconden y esperan el momento para emboscar a una persona concreta, que suele ser joven, negro y señalado como narco. Si la estrategia falla dan señal a la base para que envíen un “caveirao”, un camión blindado, para que busquen a los policías. Si la estrategia resulta pasan cosas como la que ocurrió el 27 de marzo de 2014: a Davi, de 25 años, le dispararon desde el techo de una casa. Aunque iba armado no opuso resistencia. Quedó tirado en el suelo pidiendo auxilio. Los policías, del Batallón 41, lo rodearon para que los vecinos no vieran y lo dejaron morir. El parte policial reportó que vecinos de Acari recibieron con tiros a los agentes que realizaban un operativo y que Davi murió como producto de los disparos policiales para repeler la agresión.

– Marcelo, que tenía 38 años, fue asesinado en julio de 2014 también por policías del 41 que estaban de “Troya” en el techo de una casa de Acari. Marcelo había entendido la señal de la favela: fuegos artificiales para avisar que la policía invadía. Por eso se fue de su casa previendo un allanamiento. Sus documentos, que los llevaba consigo, no volvieron a aparecer y por ese motivo el parte policial habló de una víctima no identificada. Y volvieron sobre la mentira: excusaron que sus disparos fueron en respuesta al recibimiento a tiros por parte de los vecinos, que encontraron a Marcelo herido y lo llevaron al hospital, donde finalmente murió.

– Leonardo, de 23 años, fue asesinado en febrero de 2014. También en Acari. Pertenecía a un grupo vinculado al narcotráfico y llevaba un fusil cuando fue sorprendido por un operativo policial del Batallón 41. Pero no disparó. Solo recibió un balazo y quedó tendido en el suelo pidiendo por favor. Los policías lo metieron en una casa y lo remataron con un disparo en la cara.

– En noviembre de 2014 Ana Claudia, de 29 años, salió de su casa en Acari para buscar a uno de sus cuatro hijos en la casa de su suegra. A los pocos metros una bala que salió de un caveirao del 41 le entró por la cara y le salió por la nuca. Ningún policía la asistió. Estaba embarazada de 20 semanas, como su hermana, embarazada de ocho meses cuando fue asesinada en 1994, también por la Policía Militar. La carátula de la causa fue “homicidio causado por proyectil de arma de fuego”, sin mención de la fuerza policial, como si se tratase de una bala perdida.

– La masacre de Costa Barros es quizás uno de los casos emblemáticos de los últimos años. Fue el Batallón 41: 111 disparos sin ninguna advertencia previa contra un auto en plena calle de Costa Barros. Viajaban cinco jóvenes negros de entre 16 y 25 años que habían salido a festejar el primer sueldo de uno de ellos. Murieron todos.

El relato de estos hechos no solo deja ver la brutalidad de la policía. Sino también, por consecuencia, su ilegalidad. Desde la invasión a casas para perpetrar sus estrategias de “Troya”, hasta los disparos sin voz de alto, ejecuciones por la espalda o a quemarropa, tiros arbitrarios e indiscriminados contra los habitantes de la favela. Solo entran a matar. Y tamaña ilegalidad requiere de impunidad para sostenerse y repetirse. “Una vez que la policía mata, hace de todo para garantizar su impunidad. Cambian la escena del crimen, sacan el cuerpo, intentan criminalizar a las víctimas, les ponen armas en sus manos cuando están muertas para justificar que fue en legítima defensa, amenazan a testigos y líderes de las comunidades o familiares de las víctimas para que nadie sea testigo en contra de ellos”, decía Neder en 2016. Y aportaba los datos con un ejemplo: en el año 2011 se relevaron 220 causas por asesinatos policiales, de los cuales 183 están en curso aunque sin avances, 12 fueron archivados y solo en uno se presentaron cargos contra los uniformados responsables.

Este contexto de violencia estatal en Brasil encuentra una resistencia ejemplar. Las activistas como Marielle Franco nunca estuvieron solas: las propias comunidades de cada favela se organizan, incluso con medios de comunicación propios u organizaciones sociales, para denunciar estos abusos y alzar una voz que se contraponga a los discursos oficiales y partes policiales que, cargados de criminalización, buscan legitimar las balas que siempre apuntan al mismo sector. “El asesinato de Marielle nos entristece y asusta, pero no nos debilita”, dice Buba Aguiar. Y, sobre lo que deja el crimen, agrega: “Fue un mensaje muy obvio para todas las personas que se atreven a levantar la voz contra los desmanes del estado y su brazo armado. El que hizo esto lo hizo para dar un mensaje y nosotros no solo lo entendemos, sino que también mandamos el nuestro: no nos van a parar ni a callar”.

 

Fuente de estadísticas y casos: Basado en informe “Mataste a mi hijo. Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro”, Amnistía Internacional Brasil, año 2015.

 

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