Por el derecho a la comunicación
Se hace camino al andar
Poco a poco, superando el desgaste y la fragmentación, el trabajo de distintas organizaciones sociales va echando raíces e incidiendo en las decisiones de los gobiernos. En este sentido, se reabrieron debates en torno a la necesidad de contar con una nueva Ley de Radiodifusión y de considerar definitivamente a la comunicación como un derecho humano.
Durante las últimas semanas han tomado protagonismo público variadas discusiones en torno al derecho a la comunicación entendida como un bien común. Los debates, dados en ámbitos políticos, académicos y sociales nuevamente resaltan la necesidad de contar con una nueva Ley de Radiodifusión y con políticas públicas sobre medios que contemplen el derecho a la comunicación en un marco plural, democrático y no discriminatorio.
En este sentido puede destacarse como un avance significativo, la reunión que mantuvo la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” con el secretario de Medios de la Nación y autoridades del COMFER en relación a la posibilidad de sancionar a la brevedad una nueva Ley. Recordemos que la normativa vigente (Nº 22285) data del año 1980, fue promulgada en plena dictadura militar; y en la misma la comunicación está basada en conceptos de Seguridad Nacional y no es considerada un bien cultural o social. La Coalición está conformada por Cooperativas, Universidades, Organismos de Derechos Humanos, Asociaciones de radios, Sindicatos, Movimientos sociales y organizaciones de todo el país, que desde 2003 trabajan en conjunto por una nueva Ley de Radiodifusión, verdaderamente pluralista, federal y participativa.
De la reunión realizada el viernes 5 de abril, participaron varios integrantes de la Coalición, el Secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, el nuevo Interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, el coordinador general de dicho Comité, Sergio Novoa y Luis Lázaro, de Canal 7. Previo al encuentro, el secretario de Medios recibió al decano de la UBA, quien presentó en Casa de Gobierno la resolución que dicha facultad publicara la semana pasada criticando y tomando posición respecto de la cobertura que realizaron los medios sobre el conflicto del agro.
Esta fue la primera reunión del grupo multisectorial con funcionarios de la actual gestión de gobierno. Allí plantearon la necesidad de una nueva Ley y presentaron la propuesta de los “21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación”, elaborada articuladamente, a partir de concebir a la comunicación como un derecho humano universal, que especifica el viraje que debe dársele a la Ley de acuerdo a las necesidades sociales, democráticas y pluralistas. “La intención de la Coalición era primero plantearle al Ejecutivo la necesidad de una nueva Ley, presentarle nuestra propuesta que incluye los 21 puntos, y también poder escuchar la propuesta del Ejecutivo, para luego ver si coincide con lo que estamos proponiendo”, expresa Daniel Fosarolli, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), quien comparte con enREDando sus apreciaciones luego de haber participado de la reunión. “Aparentemente por lo que nos dijo el secretario de Medios y el Interventor del Comfer, hay condiciones hoy para promover una nueva Ley. Mariotto dio buenas señales de que está interesado y plantea que es necesaria una nueva Ley, a diferencia de Julio Bárbaro que decía que no hacía falta”, referencia Daniel.
Desde hace casi 20 años FARCO, al igual que numerosas organizaciones de todo el país, trabaja decididamente por el derecho a la palabra y a la diversidad informativa. “Durante estos 18 años de FARCO hemos logrado que se junten todos los sectores de la comunicación, de todos los gremios, sectores históricamente enfrentados como prensa de la CTA y de la CGT, más allá de sus diferencias, en esto estamos coincidiendo, la nueva Ley va a ser para todos”.
Generalmente, desde el campo social los avances se van dando en base a procesos y tiempos muy lentos, y muchas veces cuesta visualizar las paulatinas conquistas que se ganan gracias a la consecuencia de las luchas. “Nos hicieron muchos goles en contra, pero nosotros también los fuimos haciendo, logramos modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, frenar los procesos de licitación en todo el país porque los pliegos estaban fundamentados en la Ley de la dictadura. También, el reconocimiento del COMFER a las organizaciones sociales para ser adjudicatarias de un medio de comunicación, la licencia provisoria a las radios. Sin todos esos pasos hoy no estarían dadas las condiciones para la aprobación de una nueva Ley”, destaca Fosaroli.
A partir de este encuentro, y de las perspectivas sobre los posibles avances, la Coalición vuelve a tomar fuerzas en este camino que hasta ahora siempre fue cuesta arriba y con viento en contra. “Si las organizaciones no luchaban y promovían esta propuesta, nunca se hubiera dado. Lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar para todos, si sale la Ley es porque el Estado tuvo que responder y gobernar en función de eso, de las necesidades de la sociedad. Tenemos que anunciarle a la gente que se pudo, que es posible. Que esto anime a la sociedad, porque en general anunciamos fracasos. Esperemos que se pueda contar esta buena noticia, que sea un proyecto de Ley con el que coincidamos”, comenta Daniel esperanzado en los futuros cambios. Por su parte, la posición del nuevo Interventor del COMFER parece alimentar esas esperanzas, refiriéndose a la nueva Ley de Radiodifusión, Mariotto dijo a la agencia DyN que "tiene que nacer democratizada" y señaló que trabajará para que la reforma contemple la "lógica para los tiempos que vivimos, sobre todo en los umbrales tecnológicos a los que estamos asistiendo".
Sumando discusiones sobre la diversidad informativa
A partir del conflicto agropecuario, se puso en evidencia el tratamiento informativo “mercantilizado” que los medios de comunicación –concentrados en un puñado de grupos económicos- realizan a diario. En este sentido, la facultad de Ciencias Sociales de la UBA elaboró un análisis sumamente crítico que repudia la tarea de los medios (en especial televisivos) sobre dicha cobertura. En su sesión ordinaria del 1ro. de abril, uno de los días más tensos del conflicto entre el gobierno y los sectores agrarios, el Consejo Directivo de la facultad emitió una resolución sobre la actuación de los medios, desde su rol de formador de periodistas. “Han existido expresiones de periodistas –no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores– que, lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan”, denuncia, entre otros argumentos, el documento.
En el marco de esta denuncia de hechos reñidos con la ética periodística y que –destacan– no fueron corregidas ni siquiera observadas por los responsables de esos medios, la resolución también hace énfasis en ”la necesidad de la sanción de una ley democrática de Radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo”.
Por último propone a que “los propios periodistas” (…), a través de sus organizaciones, hagan públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación”. En el informe, que llegó hasta manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
exhortan al COMFER para que actúe al respecto, en el marco del Plan
Nacional contra la Discriminación, a través del Observatorio de Medios.
Dicho Observatorio está integrado por el INADI y el Consejo Nacional de
la Mujer. Su finalidad es realizar un seguimiento de los contenidos de
los servicios de radiodifusión con respecto a la discriminación y a
cuestiones de género. Las deplorables coberturas mediáticas sobre el
conflicto del campo ayudaron a pensar sobre la verdadera función y
difusión que tiene esa entidad, creada en noviembre de 2006.
El viernes 11 de abril, el Concejo de la Facultad difunde un nuevo pronunciamiento público ante lo que denominan “una campaña de desinformación”. Ante acusaciones de “obsecuencia con el oficialismo”, las autoridades de Sociales de la UBA señalan la importancia de su anterior pronunciamiento, recordando que no es la primera vez que lo hacen -criticaron los cosechas del INDEC, la prolongación de las licencias, entre otros- aunque si es la primera vez que tiene difusión de los medios.. “Lo que no se tiene en cuenta, es que con este tipo de acusaciones a la Facultad se cae en un contrasentido, rayano en el absurdo: en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública.
Estas acusaciones, señalan, tiene como objetivo “esquivar el punto principal de lo que la declaración planteaba: que se habían cometido actos de discriminación durante la cobertura del lockout agropecuario (…) y evitar el verdadero debate que está en los fundamentos de la Resolución cuestionada: a saber, el de si es cierto o no que hubo un tratamiento parcial e interesado de la información, y el de si es cierto o no que dicho tratamiento incluyó un sustrato de discursos e imágenes rayano en formas explícitas e implícitas de clasismo, de racismo, de discriminación ideológica, etcétera”. Las autoridades de la universidad apelan a que los medios, “que seguramente cuentan con asesores en la materia, salgan al ruedo y fundamenten, al igual que lo ha hecho la Facultad, su crítica a nuestros argumentos”.
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Notas relacionadas:
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Publicado el: 11/04/2008
Categorías:
Redes y Nuevas Tecnologías / Noticia
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