Marcelo Sain, a cargo de Seguridad en la provincia, hizo un repaso de las condiciones que llevaron a la situación actual de violencia urbana. Desde la gobernabilidad pactada hasta la ruptura entre Luis Medina y Claudio Cantero. Fue en una charla en la Facultad de Derecho.

Fueron 46 los crímenes en los primeros dos meses del 2020. Sesenta días en los que ocurrió de todo: el asesinato de un hombre en el casino, mujeres acribilladas con pocas horas de diferencia, una beba de un año con papá y mamá muertos a tiros en plena calle, y otros crímenes también ligados a un contexto narco que no tuvieron tanto impacto por sus particularidades pero sí por el conjunto. Un comienzo de año muy violento como ya ocurrió en otras ocasiones. Rosario volvió a estar en boca de los medios nacionales, porteños sobre todo, que no dudaron en hacer su parte. Mandaron movileros con chalecos antibalas y cascos, custodiados por la policía. Pusieron a hablar especialistas no tan casuales, como la ex ministra Patricia Bullrich. Opinaron y pronosticaron el fracaso del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Una suerte de repetición de la historia reciente en la ciudad, que ocurre con ciertos patrones: un pico en la violencia urbana, la mediatización del fenómeno y la conmoción de la opinión pública. La respuesta de la dirigencia política es lo que sigue y a la cual le continúan más análisis y conmoción. Todo esto sucede en determinada ciudad, con determinada historia reciente y en determinada actualidad social y política, aunque ese contexto suela escaparse del análisis -esa mezcla de rojo sangre y amarillo mediático- que se le ofrece a las masas. Porque es así, ni el conjunto de las columnas de los periodistas especializados en medios locales y nacionales alcanzan el impacto de los minutos que ¡Chiche Gelblung! le dedica a Rosario en Crónica TV.

Es Rosario, una de las ciudades más violentas del país en los últimos años. Es la provincia de Santa Fe, que cambió de gobierno después de tres mandatos socialistas. Todo lo que eso implica es parte del análisis. Es lo que intenta explicar Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la provincia, aunque el efecto que genera sea el menos deseado en su gobierno. Si dice que los crímenes suelen aumentar a comienzo de año –las estadísticas lo corroboran- el mensaje que se masificará es que atribuye los asesinatos al verano. Si el análisis se pone sesudo le dirán arrogante. Hoy el discurso político, antes de llegar a la opinión pública, ya no pasa solo por el filtro del periodismo, sino también por la posibilidad de que un twitero sagaz viralice un fragmento cortado, una declaración aislada. La percepción de los efectos que produce ese esquema, y no hace uno o dos años sino varios más, también es parte de la gestión política.

Marcelo Sain parece saberlo, y aun así no puede esquivar los efectos de este fenómeno comunicacional. Por eso decidió no hablar tanto con los medios y pronunciarse de manera pública preferentemente por Twitter. Aunque no lo cumpla de manera estricta y tenga que aguantar las consecuencias, como cuando hizo un chiste en pleno aire televisivo. Unos días antes de ese video viral, el 21 de febrero, habló en la Facultad de Derecho, en el marco de la presentación de la cátedra “Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana”. Avisó que lo haría como académico, pero intuyó que la prensa andaba por ahí y entonces quedó implícito que también hablaría como ministro.

Se anticipó: “En muchas ocasiones cuando se hace una reflexión crítica, o se trata de dar una explicación, que uno como funcionario considera que forma parte de la transparencia de la sociedad, te dicen que estás evitando hablar del problema y pateando la pelota afuera del campo. ‘Está laburando de sociólogo, pero es ministro’. Se lo toman como un demérito, no como parte de la reflexión que todo sujeto en la función pública debe tener al respecto”. Al comienzo de su análisis el ministro propuso una diferenciación: una cosa es gestionar seguridad pública “que es gestionar los conflictos que atraviesan a la sociedad, problemáticas criminales, violencias”, y otra cosa es gestionar la opinión pública sobre seguridad “que es gestionar cómo se presentan los problemas en la opinión pública, fundamentalmente determinada por la intervención mediática”. Lo que define a los gobiernos, según Sain, es la decisión de elegir una u otra de estas formas.

La que supone que su gestión encaró desde diciembre pasado es la primera de esas decisiones, y la relación que se hace es que parte del aumento de la violencia a principio de este año tuvo que ver con las consecuencias de poner el ojo donde los gobiernos anteriores no lo hicieron. Por ejemplo, en una transformación de la policía que para empezar a gestarse pasó a retiro a decenas de comisarios e incluso desplazó a jefes de unidades regionales. El ministro consideró que al momento de actuar en seguridad pública en torno negocios como el narcotráfico “en general se ve una parte muy plebeya del fenómeno, y no su conjunto”. Cuando ese conjunto entra en la óptica de un gobierno hay intereses que se ponen en riesgo y de ahí se cree que vienen ciertos coletazos: en la calle, en los tribunales, en los medios y por supuesto en la política.

Para Sain durante los noventa, época en la que “el fenómeno criminal toma relevancia social y atención política”, en Argentina se construyó un pacto de gobernabilidad. “No importa si hay delito o no, lo que importa es que el delito no genere escándalo. No importa la existencia del crimen ni las violencias, lo que importa es que donde haya crimen y violencia no haya un problema político. Lo que preserva la política es la política en sí misma, no a la sociedad frente al problema delictivo”.

“El problema es que esta gobernabilidad pactada empieza a no rendir resultados”, dijo el ministro y adujo razones. Una es “la transformación del fenómeno criminal”, que relacionó tanto a un aumento en los niveles de violencia vinculados a los mercados ilegales como a la imparable visibilización de la violencia machista puesta sobre la mesa por el movimiento de mujeres. En los últimos años se hizo imposible ocultar la problemática criminal.

En cuanto a los mercados ilegales, lo que en Rosario se puede acotar al comercio de drogas y extorsiones liderado por grupos criminales, el ministro revistió de cierta particularidad a la ciudad. “Mercados ilegales de la magnitud de Rosario hay en todas las grandes ciudades argentinas. No todas son violentas. Acá hay que estudiar qué está ocurriendo con este fenómeno en los últimos diez años con altos niveles de violencia”. En ese sentido Sain deslizó que durante los últimos años se puso a la gestión de la seguridad en manos de la policía, institución que a lo largo de su historia logró el control de las calles y su injerencia en negocios ilegales: desde la prostitución y el juego clandestino hasta la droga. “La policía era eficaz en tapar el tema (del crimen) y gestionarlo aun con ilegalidades. Eso fue acompañado por el consentimiento político a la ilegalidad policial”, analizó.

Esa contextualización hecha por el ministro lo llevó a la actualidad local: “Estamos en una etapa de inicio de la ruptura del pacto. Había una gobernabilidad pactada, lo cual no significa que haya alianzas y complicidades. Sencillamente era que se sabía que pasaban cosas y las dejaban pasar”. Pero esa gobernabilidad pactada fracasó: “Acá se pactó y había violencia igual. Una de las partes no cumplió el pacto y no hubo sanción. Porque se consideraba que romper el pacto iba a ser más costoso que mantenerlo aún bajo el incumplimiento de la otra parte”.

Sain habló de una transformación del fenómeno criminal en Rosario también atravesado por el crecimiento de “mercados ilegales extremadamente robustos” que crecieron a la par de una mayor demanda de consumo. Son aquellos que obtuvieron una capacidad de incremento del producto ilegal: “Que supieran cocinar la parte final de la elaboración de la cocaína generó mayor disponibilidad de sustancia y manejo de la calidad del producto”. Fue cuando, ante un consumo transversal a las clases sociales, se logró “estratificar la calidad del producto dependiendo de la calidad del cliente y su capacidad de pago”. La referencia puntual con esta etapa es Delfín Zacarías, condenado en 2018 después de caer en 2013 en una casa de Funes mientras cocinaba unos 300 kilos de clorhidrato de cocaína, en lo que por entonces se consideró la cocina de droga más grande del país. Sain indicó que, durante los años en los que Zacarías se afirmó como proveedor, organizaciones criminales que se dedicaban a otros negocios comenzaron a hacerse lugar en el mundo de las drogas.

“Eran clanes familiares que dominaban barrios y tenían cierta capacidad de negociaciones con la policía de esos lugares”, dijo Sain y preguntó: “¿Por qué razón, en esos barrios atravesados por la desocupación estructural donde ya existía ese conjunto de destrezas y pacto de gobernabilidad, no se iban a dedicar a vender drogas?”. Lo que sedujo fue el nivel de rentabilidad y las condiciones que la experiencia en otros negocios ilegales habían propiciado para la incursión en el rubro nuevo.

El ministro reconoció dos nombres propios: Luis Medina y Claudio Cantero, el Pájaro. “Estuvimos muy cerca de una pax criminal. Ambos entendían que lo peor que le podía pasar a este negocio era la violencia. Alguien de algún lugar dijo que esto no podía ocurrir. Mayo de 2013 muere el Pájaro, diciembre de 2013 muere Medina”, explicó. Los mataron, siendo más precisos. Y ese ‘alguien de algún lugar’ -una manera de hablar de la impunidad en ambos casos- sigue siendo una incógnita que bien podría explicar el irrefrenable avance de la violencia desatada desde entonces. Para Sain a partir de estos hechos el Estado eligió ir contra una organización (Los Monos). Y ocultó a la otra: “Al heredero y asesino de Luis Medina: Esteban Alvarado, que creció a la sombra del Estado”. Alvarado hoy está imputado por ser jefe de una asociación ilícita integrada por policías.

Una vez que los líderes de estas bandas y los que intentaron luego ocupar un lugar de relevancia en el negocio quedaron detenidos se produjeron más transformaciones en el fenómeno narco. Sain reconoció que los viejos líderes operan desde la cárcel, pero “con una dificultad de gerenciamiento del territorio, porque el negocio sigue siendo territorial”. “Hoy las organizaciones están gerenciadas por personas que hace diez años, cuando los líderes estaban en el territorio, ocupaban lugares muy rústicos vinculados a la aplicación de la violencia. No tienen capacidad de negociación con otros grupos”, analizó en un intento de relacionar la violencia actual a las condiciones que permitieron el afianzamiento de estas prácticas. Los gatilleros de otros años, que crecieron en el refugio de los ‘ajustes de cuentas’ como explicación de tanto crimen, parecen no renunciar a la manera más efectiva de implantar terror. “Está establecido en el mundillo criminal que la violencia otorga capacidad de dominio del territorio”.

El ministro cree que esta misma violencia es contraproducente para estos grupos porque les da visibilidad: “Ponen en juego el escaso negocio que manejan”. Sin embargo lo que la violencia pone en juego, sobre todo, es a la gestión del propio Sain. Ahí es cuando el ministro no solo lidia con la cotidianidad sino también con cómo se explica y a quién llega el mensaje.

 

Foto: FDER/UNR

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