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Despenalizar y legalizar el derecho al aborto es una cuestión de salud pública

Cuando el Estado argentino decide sostener la punición discriminatoria sobre una decisión soberana de las mujeres y a partir de la omisión de sus responsabilidades institucionales, no resolver esta problemática, ¿a quienes criminaliza? Es claro, las que corren riesgos en su salud, las que van presas, las que sufren tratos degradantes y las que mueren son las desprotegidas: las jóvenes y pobres.

Declaración de la Campaña Nacional

En el día de acción global por la salud de las mujeres, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocamos a activistas e integrantes de organizaciones feministas, lgtb, sociales y políticas a participar de las actividades y ciberacciones y articular juntas, rumbo al 28 de septiembre, un grito urgente por la despenalización y legalización del derecho al aborto en todo el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe.

En nuestra región sólo 3 países (Cuba, Uruguay y Guyana) y un distrito (Ciudad de México) cuentan con legislación y políticas públicas que garantizan y reconocen en la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a la salud integral de las mujeres. Sin embargo, en el resto de los países, los Estados siguen persiguiendo, condenando y siendo responsables de que el aborto inseguro sea la principal causa por la que mueren las mujeres gestantes.

Despenalizar y legalizar el derecho al aborto es una cuestión de salud pública. En Argentina por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. El 15% de esas interrupciones son de embarazos en niñas y adolescentes menores de 20 años (ya que en promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud a parir), mientras que aproximadamente la mitad de mujeres de entre 20 y 30 años. Por eso, cuando el Estado argentino decide sostener la punición discriminatoria sobre una decisión soberana de las mujeres y a partir de la omisión de sus responsabilidades institucionales, no resolver esta problemática, ¿a quienes criminaliza? Es claro, las que corren riesgos en su salud, las que van presas, las que sufren tratos degradantes y las que mueren son las desprotegidas: las jóvenes y pobres.

En agosto de 2013 representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales, aprobaron el Consenso de Montevideo, marco que debe guiar las acciones necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad en nuestros países. Documento que contiene acuerdos en más de 120 medidas sobre ocho temas prioritarios entre los que figuran “implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro”, instando a los Estados a modificar “leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”.

El aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que un parto. En más del 95% de los casos es efectivo con pastillas y es una práctica que, cuando se realiza de forma idónea, no pone en riesgo futuros embarazos, no causa cáncer, ni infertilidad, ni afecta la salud mental. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito insta a los gobiernos de la región y a los poderes e instituciones a despenalizar y legalizar el derecho al aborto y garantizar el acceso en los sistemas de salud públicos y privados el acceso a la educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Para garantizar efectivamente la salud de las mujeres, derecho humano básico, el gobierno nacional debe implementar la provisión universal de los servicios de anticoncepción (Ley 25.673), el cumplimiento de los abortos legales (art.86 inc. 1 y 2 del CP), así como el derecho y acceso a la educación sexual integral en todas las escuelas y niveles (Ley 26.150).

En Argentina exigimos al Congreso de la Nación que en defensa del derecho a la salud de las mujeres ponga en debate y apruebe nuestro Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que viene siendo postergado desde hace más de una década. Y en América Latina y el Caribe elevando la demanda ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, articulando la potencia feminista desde la flamante coordinación de la Campaña 28 de Septiembre.

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

#EstadoLaico
#NiMuertasNiPresas, ¡vivas y libres nos queremos!
#AbortoLegal una deuda de la democracia

www.abortolegal.com.ar
www.facebook.com/campabortolegal
www.twitter.com/campabortolegal

Fuentes:

(1) Informe Sombra presentado por ANDHES, CELS y FEIM, entre otras organizaciones, ante el Comité Contra la Tortura. 2017
(2) Informe para el Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas de Amnistía Internacional Argentina. 2016
(3) Socorristas en Red. 2017

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