Se cumplieron dos años del fallecimiento de María de los Ángeles Paris en un cuarto de la seccional 10. Familia y organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan a la Fiscalía por no imputar a los cinco policías señalados como responsables.

En Rosario se puede entrar a una comisaría y salir sin vida. Se puede entrar en carácter de detenido y morir adentro, como se sospecha que sucedió con Franco Casco; o salir en coma y morir afuera, como Roberto Martelón. Pero también se puede entrar a una comisaría a pedir ayuda, y salir muerta. Como ocurrió con María de los Ángeles Paris, una bibliotecaria de 45 años, el 3 de mayo de 2017 en la Comisaría 10. En Rosario, entonces, se puede entrar a una comisaría y salir sin vida. Y pueden, también, pasar dos años sin avances determinantes en términos judiciales.

La muerte de María de los Ángeles Paris está atravesada por el denominador que toca a la mayoría de casos en los que de alguna manera está implicada la policía. Aquel conocido pero todavía blindado ABC: una muerte en la que participa la policía, una versión policial que se instala antes que cualquier otra, un Ministerio Público de la Acusación que comienza a investigar en base a esa versión, tiempo que pasa sin novedades, familiares de la víctima y organizaciones de derechos humanos que reclaman, y un tiempo después una nueva versión que llega para cuestionar todo lo dicho y poner a la policía en el foco de la investigación. Un ABC suficiente para que la versión policial, aunque debilitaba, continúe siendo el piso de la causa y traiga consigo sus beneficios: ningún imputado, todos en libertad.

Sobre María de los Ángeles Paris la versión policial intentó posicionar una muerte por causas naturales. Dijeron que aquella noche del 3 de mayo de 2017 la mujer entró a la Comisaría 10, aunque aún no se sepa con certeza con qué intención. Remarcaron que estaba alterada, que entró y salió varias veces, que la quisieron llevar en un patrullero hasta su domicilio, que continuó en estado de excitación hasta que la devolvieron a la comisaría. Que allí la esposaron y la dejaron en un cuarto, donde comenzó a respirar con dificultad hasta que murió, antes que llegara servicio de emergencia médica, a pesar de haberle practicado maniobras de reanimación.

Para abonar esta versión hay una cámara de seguridad de la recepción de la comisaría, en donde se ven los primeros momentos: María de los Ángeles ingresa, es atendida por dos policías, le dan agua, conversan. Hasta que se la llevan adentro. A partir de entonces nada más. Solo el testimonio de los policías. La primer autopsia que se hizo concluyó que no había signos de violencia en el cadáver, y que había muerto por un paro cardiorrespiratorio.

Al poco tiempo de la muerte de la bibliotecaria, sus familiares comenzaron a contactarse con el gremio Amsafé Rosario, la Cátedra de Criminología de la UNR, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. De ahí surgió una idea: no hay muerte natural en una comisaría. Será, acaso, la historia reciente que ha puesto sobre la mesa a las prácticas violentas de la policía santafesina.

Aquella idea no fue un lema sino el puntapié a un reclamo que al poco tiempo trajo sus consecuencias. El pedido de una nueva autopsia bajo el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas fue aceptado y su resultado implicó un nuevo horizonte en la investigación. “La causa de la muerte de quien en vida fuera María de los Ángeles París ha sido una arritmia cardíaca fatal, como consecuencia de un estado hiperadrenérgico generados por un mecanismo de desequilibrios a nivel molecular y electrolíticos ya explicados y constatados en los estudios realizados, coadyuvado por la hipoxia producida como consecuencia de la restricción física a la que fue sometida (asfixia posicional)”. La traducción sería que la muerte de María de los Ángeles estuvo relacionada no solo a su estado emocional sino también, como mínimo, a la posición en la que los policías la dejaron: acostada boca abajo, esposada con los brazos hacia adelante.

¿Por qué habían engrillado a una mujer que solo había entrado a la comisaría a pedir ayuda? Las marcas de golpes en distintas partes del cuerpo y una lesión en la zona lumbar que también tuvo en cuenta la segunda autopsia, debilitaron la versión policial. Sin embargo, a dos años del hecho y a varios meses de estos avances, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, todavía no tomó la decisión de imputar a los cinco policías sospechados de provocar la muerte y luego encubrirla bajo una versión que desligara al accionar policial.

Causa estancada

A principios de mayo, cuando el segundo aniversario estaba por llegar, la fiscal Bartocci comunicó novedades a la hija de María de los Ángeles, querellante en la causa, y a sus abogadas. Novedades, una forma de decir. “La causa está, lamentablemente, igual que el año pasado. Qué quiere decir esto: que está la decisión de imputar pero todavía no está pedida ni la fecha de la audiencia imputativa. Tanto en diciembre como ayer tuvimos la palabra de la fiscal, comprometiéndose en pedir la audiencia imputativa de los cinco agentes policiales implicados en la muerte de MAP”, explicó a enREDando la abogada Julia Giordano. Más o menos la misma charla que habían tenido en diciembre de 2018, agregó. “Cuando los familiares le preguntaron cuál era la diferencia, les dijo que eran conversaciones que habían tenido con el fiscal Regionial Patricio Serjal, pero que no nos podían comunicar sobre su contenido”.

Para Giordano, quien conforma el equipo jurídico junto a María Eugenia Mistura y Federico Pagliero, las evidencias conseguidas en este tiempo llevan a concluir que María de los Ángeles fue sometida a torturas y tormentos en un cuarto de la comisaría. Por lo cual la imputación debería ser por el delito de torturas seguida de muerte. Pero no sirve anticiparse cuando el avance depende del Ministerio Público de la Acusación, por donde el año pasado incluso corrió la intención de archivar la causa. Por ahora queda esperar.

El esclarecimiento de la causa de la muerte, y como consecuencia el procesamiento de los policías implicados, son los principales ejes de la investigación. Pero ya no los únicos: hay ciertas irregularidades que fueron surgiendo y que llamaron la atención de la querella. Acaso, las partes de aquel ABC. Una de ellas es la primera autopsia realizada sobre el cadáver de María de los Ángeles. Cuando se conocieron las conclusiones de la segunda autopsia, quedó en evidencia la precariedad de la primera. ¿Por qué no se habían mencionado los hematomas visibles en distintas partes del cuerpo? ¿Por qué no se había trabajado una autopsia bajo el Protocolo de Minnesota? ¿Solo se habían apresurado en concluir que la muerte se había dado por causas naturales? Esas dudas, entre otras, llevaron a que la querella planteara una denuncia contra Lucas Kuverling, el médico que hizo la autopsia, por incumplimiento del deber de funcionario público. Sin embargo, el fiscal Fernando Dalmau, de la Unidad de Investigación y Juicio, desestimó la denuncia.

Otra irregularidad que llamó la atención a la querella es la ausencia de las prendas de vestir de María de los Ángeles. Por el hecho hay imputados dos agentes del Gabinete Científico de la Policía de Investigación. “María de los Ángeles tenía un golpe importante en la zona lumbar, si hubo ruptura del tejido dérmico probablemente hubiera habido sangre, o en la ropa alguna pista sobre con qué elemento la golpearon”, explicó la abogada Giordano.

Por estos días, la principal preocupación de familiares y las organizaciones de derechos humanos que acompañan pasa por el visible estancamiento del proceso. “Nos resulta raro que en todo este tiempo no se produjo ninguna prueba. Desde diciembre, no tenemos pruebas nuevas porque no tenemos nada que producir. Ya está todo el acervo probatorio para poder hacer la audiencia imputativa. Por eso nos preocupó todo este tiempo de inactividad de la Fiscalía”, dijo Federico Pagliero, abogado de la APDH.

Un cuento, un rostro y el grito por mamá

El viernes 3 de mayo se cumplió el segundo aniversario de la muerte de María de los Ángeles y la plaza San Martín fue el escenario de una actividad que aglutinó homenaje y un enérgico pedido de justicia. Participaron familiares, compañeras docentes del gremio Amsafé, y organizaciones sociales y de derechos humanos. Al final de la jornada, la plaza quedó repleta de stencils con el rostro de María de los Ángeles, y fotos de una infinidad de personas apoyando el pedido de justicia.

Las maestras del jardín de infantes de la Escuela Gurruchaga llevaron un cuaderno enorme con anotaciones y dibujos. Era el resultado del trabajo que habían hecho con sus alumnos sobre el cuento “El pueblo que no quería ser gris”. Una historia prohibida durante la última dictadura cívico militar que, según contó una compañera, María de los Ángeles siempre había querido trabajar con los chicos. Otra docente, Daniela Vergara -secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario- señaló: “Nos está faltando una compañera docente, una bibliotecaria. Queremos visibilizar que MAP era una madre, una mujer, una docente, que había estado trabajado en las escuelas, y esa misma mañana había contado cuentos a sus alumnos, que estaba comprometida con las causas de la memoria. Es muy duro, pero tenemos que recatar los logros, porque a dos años es vergonzosa la impunidad”.

Entre las personas que hablaron durante el acto estuvo Erica, la hija de María de los Ángeles. Apuntó contra las irregularidades del Ministerio Público de la Acusación, contra las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz quien, como mínimo de forma anticipada, en su momento se posicionó a favor de la defensa de los policías de la Comisaría 10. Después, Erica gritó el nombre de su mamá: “Algunos testigos declararon que mientras era torturada por la policía, ella gritaba mi nombre. Ahora me toca a mí gritar el de ella”.

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