A 50 años de Stonewall, el grito travesti trans visibiliza la urgencia y estalla en furia: “Basta de Travesticidio Social” fue la consigna de la marcha que se realizó en Rosario el mismo día en que la justicia condenaba a Marian Gomez por besar a su compañera. La calle como escenario de lucha y el Orgullo como estrategia política frente al abandono estatal y el lesbo-odio judicial.

 

Por un beso.
La condenaron a un año de prisión en suspenso.
Por un beso. A Marian Gómez la condenaron por besar a su compañera en Plaza Constitución.
Aunque cueste creerlo, aunque nos brote la rabia.
A Marian la condenaron por un beso, aunque el lesbo-odio judicial se disfrace de “resistencia a la autoridad”.
Entonces, el grito: ¡no queremos ser más esta humanidad!

Dice Fabiana Fernandez, antropóloga, escritora, lesbiana cis, militante, que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 26 de la ciudad de Buenos Aires presidido por la jueza Marta Yungano es tan indignante como disciplinador. Y que no es casual que llegue justo un 28 de junio, a 50 años de la revuelta histórica de Stonewall. “Es peligrosísimo que estar viviendo libremente una expresión amorosa tenga como correlato un fallo de este tipo. Es peligrosísismo que te dé miedo besarte con tu pareja”.

Peligroso es también el mensaje que esconde la sentencia: “es una reafirmación de cuáles son las políticas concretas de represión”, dice Fabiana.

Este viernes 5 de julio, la jueza dará lectura a los fundamentos del fallo y se espera una masiva movilización para exigir la absolución de Marian Gomez. Para Fede Abib, psicólogo y militante de la Mesa Positiva Rosario, la mejor estrategia política es la visibilidad. “Nuestros besos fueron, son y seguirán siendo políticos”, dice.

La Campaña por la Absolución de Marian Gomez, que nuclea a numerosas organizaciones sociales y disidencias sexuales, sostiene que “la condena dictada a Marian es un retroceso que debe alertarnos para evitar que el Estado de Derecho sea degradado a una mera formalidad. Esto evidencia que resulta urgente la aplicación de la Ley Micaela en el Poder Judicial, resulta necesario que las instancias superiores dentro de ese poder, pongan las cosas en su lugar”. El fallo es provocativo, disciplinador y hay que entenderlo, también, en el marco de un contexto de fuerte criminalización social y violencia institucional que el gobierno de Cambiemos convirtió en una política de Estado.  Recordemos, año 2017: cuarenta personas fueron privadas de su libertad durante varias horas y luego procesadas penalmente por el juez federal Claudio Bonadío. Ocurrió en las protestas que se realizaron frente al Congreso, cuando se debatía la reforma del sistema previsional. En este caso, los delitos alegados fueron el de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”. El mismo delito por el cual condenaron a Marian.

Foto: Juliana Faggi

Son cerca de las 17 y en el mismo día en que se escucha el fallo y se celebra el Día Internacional del Orgullo, la Segunda Marcha Nacional contra los Travesticidios en Rosario está a punto de partir desde el mismo lugar donde hace 40 años atrás, travestis y trans eran llevadas sistemáticamente al calabozo de la ex Jefatura, hoy sede de la Gobernación. “Esta era la plaza prohibida”, dicen las activistas trans que copan con orgullo la Plaza San Martín.

El abrazo simbólico abarca toda una cuadra, de punta a punta, sobre calle Santa Fe. “Le estamos dando la espalda a este monumento que tenemos atrás. En este lugar existía un lugar de detención para personas trans. Acá pasamos nuestra niñez y nuestra juventud. Hoy estamos orgullosas de estar paradas en esta plaza prohibida, y estar libres. Nosotras pasamos de todo”. La voz que se escucha a través del altoparlante es la de Marzia Echenique, una de las sobrevivientes del terrorismo de Estado que en el 2018 recibió la reparación histórica del gobierno provincial. Marzia fue víctima de la persecución y la detención constante junto a otras compañeras con quienes construyó una comunidad tan indispensable como vital. “Nos teníamos a nosotras” dicen. En esa hermandad algunas encontraron un refugio. Otras no pudieron. De cuarenta mujeres trans solo diez sobrevivieron.

La edad promedio de vida de la población travesti trans es de 35 a 40 años, y según el relevamiento que impulsan organizaciones sociales, porque no existen cifras oficiales, en el 2019 se produjeron 39 travesticidios, muchos considerados “travesticidios sociales”, es decir, la muerte por desidia y abandono del Estado.

Foto: Juliana Faggi

Las últimas cifras fueron relevadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de odio LGBT y señalan que en el año 2018 ocurrieron 147 crímenes de odio en el país, y el 64% de estos casos corresponden a mujeres trans. El 25% de los casos fueron asesinatos, un 11% corresponden a suicidios y en el 64%, las muertes se produjeron por abandono y/o ausencia estatal. “La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”, señala el informe.

 “¿Cómo se mata a una sola de nosotras sin matarnos a todas?” escribe Susy Shock. La pregunta es un gritazo urgente y colectivo que se transformó en “Hojarascas”, un libro editado por Muchas Nueces. “Surge de la necesidad imperiosa de que se nos vea, se nos escuche, en un contexto cada vez más hostil hacia nosotras y en la sensación marañosa de que nuestras muertes se invisibilizan entre tanto otro reclamo, y en el dolor de sentir que no estamos en la agenda emocional del país”.

“Porque a nosotras nos matan”, dice Susy Shock, “aunque el documento diga que nos llamamos Diana Sacayan”.

Patricia Emanuele, coordinadora del Centro de Día Trans, dice que las mujeres trans están sufriendo una persecución silenciosa e invisible. Que están siendo devastadas. Que no tienen trabajo, que no tienen acceso a la salud. Dice más: “cuando llegamos a un centro de salud o a un hospital es solamente para morir”.

Patricia reconoce que en Rosario se sancionó hace 4 años el Cupo laboral trans para la administración pública. Fue el logro y la conquista del colectivo LGBTIQ. Pero pasaron 4 años y aunque la ordenanza establezca que se deben incorporar 5 personas por año, hasta ahora solo hay diez. “El cupo laboral existe pero no se cumple”, dice Patricia y reconoce ser “una privilegiada”. “Las compañeras que más sufren la discriminación y la indiferencia estatal son las que están en la periferia”.

“Se me notan las hojarascas, tienen nombre y apellido, rebotan en el viento de este país que duele”, vuelve a escribir, y a recitar, y a cantar, la artista trans sudaca Susy Shock. Y en este país que tanto duele, los nombres, sus apellidos:

– Jésica Benavidez vivía en la extrema pobreza en la ciudad entrerriana de Paraná. En esas periferias tan olvidadas de las que habla Patricia, donde ser travesti o ser trans es estar expuesta a la más extrema de las violencias. Pero también a la más absoluta indiferencia estatal. Lo de Jésica fue un travesticidio social. Murió por falta de acceso al trabajo. Murió por falta de acceso a la salud. Por falta de acceso a la educación. Por no tener una vivienda digna. Murió por ser pobre y ser trans.

– Antonella agonizó durante meses tras la golpiza que recibió a la salida de un boliche en la ciudad de General Guemes, provincia de Salta. Quedó inconsciente tras el brutal ataque de odio que sufrió en octubre de 2018. Falleció después de estar internada durante tres meses y seis días. A Antonella la mataron a golpes por ser travesti.

– Laly Heredia también fue asesinada. Su cuerpo apareció con un tiro en la cadera en el Camino de Cintura, el territorio donde la violencia policial se ensaña contra los cuerpos de chicas trans y travestis que ejercen la prostitución, muchas, como único medio de subsistencia.

Marlene Wayar dice que tiene “un cementerio entero en la cabeza”. Porque las muertes de compañeras se apilan año tras año. Crímenes de odio que quedan impunes, la gran mayoría. Muertes por un Estado que además de indiferente, es neoliberal, por falta de políticas públicas que garanticen derechos para la población travesti y trans. El acceso a la justicia es otra gran deuda pendiente, salvo aquellas excepciones donde detrás, hay una enorme movilización social para evitar que el caso quede impune. En el crimen de la activista trans Diana Sacayan el fallo condenó con la pena de prisión perpetua a Gabriel Daniel Marino por homicidio calificado por odio de género y por haber mediado violencia de género. Fue una sentencia excepcional porque lo que la regla dice es que siempre prevalece la impunidad.

Marcela Chocobar fue asesinada con odio en el año 2015, en la ciudad patagónica de Río Gallegos. Su cuerpo fue decapitado y solo se encontró su cráneo 8 días después, en un terreno baldío. Su caso demoró más de tres años hasta llegar a un juicio justo. Fue recién en junio de este año cuando la Cámara Penal Oral de Santa Cruz condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por odio hacia su identidad de género a Oscar Biott, uno de los imputados.

En Santa Fe, el fallo que condenó a los homicidas de Vanesa Zabala a prisión perpetua no contempló el agravante de crimen de odio por su identidad de género y por eso, más allá de la sentencia, organizaciones que acompañaron el reclamo por justicia, su familia y el gobierno provincial que se constituyó como querellante, repudiaron la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera. Pero lo de Vanesa sí fue un travesticidio aunque la condena no lo haya reconocido. Al igual que a Marcela, la mataron con odio y saña.

Un cartel en la marcha se destaca: “Pamela Tabares había pedido ayuda”. Tenía 35 años y vivía en la extrema pobreza. Su cuerpo apareció el 26 de julio de 2017 con cinco disparos en un camino rural de Perez. Sus compañeras aseguran que Pamela había recurrido al Estado para solicitar ayuda, porque no tenía vivienda, porque no tenía trabajo, porque no tenía familia. Un mes después de su crimen de odio, referentes del movimiento travesti y trans en Rosario salieron a las calles, llenas de dolor y furia, para exigir justicia frente a las puertas del Ministerio Público de la Acusación. Y a dejar en claro que en este caso, como en todos los travesticidios, el responsable es el Estado. “Es necesaria una definición política de abordaje frente a estas situaciones: qué se piensa hacer con la solución habitacional de las travas; cómo puede ser que hoy tengamos que pelear por la aplicación de la Ley de Identidad de Género; cuál es la línea de consumo problemático”, le decía a enREDando Michelle Mendoza. Karla Ojeda reafirmaba: “No hay respuestas para las travestis y trans. Pamela pidió ayuda pero no hay políticas públicas. Hay cientos de chicas que fueron anotarse para ingresar en el cupo laboral, eso indica algo: hay una necesidad de que seamos incluidas, esa cifra dice algo”.

Dos años después, el reclamo es el mismo y las cifras siguen gritando lo urgente: basta de travesticidios.

La marcha recorre la calle Santa Fe, el Boulevard Oroño y la Avenida Pellegrini. La encabeza la comisión organizadora integrada por militantes y activistas de la comunidad travesti y trans de Rosario. Entre ellas está Jackeline Romero, de la Red Diversa Positiva. “Morimos en un hospital, en la desidia y la soledad, eso es travesticidio social. El abandono del estado, de la justicia”, dice y señala uno de las principales demandas del colectivo: el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. ¿Qué pasa cuando una persona trans quiere acceder a un tratamiento hormonal o a la reasignación total o parcial de su sexo de acuerdo a su identidad autopercibida?. “Eso no se cumple, no lo cubren las obras sociales privadas y ni siquiera IAPOS y eso para nosotras es tremendo. Además, sufrimos el ajuste económico, no hay presupuesto para la población y no estamos en agenda”, señala Karla Ojeda, una de las fundadoras de Comunidad Trans Rosario. El único camino que queda es recurrir a métodos inseguros e insalubres.

“Morimos en un hospital, en la desidia y la soledad, eso es travesticidio social. El abandono del estado, de la justicia”

El acceso a la salud integral es inexistente. No hay capacitación para profesionales de la salud, no hay atención adecuada para dar respuesta a la extensa lista de espera para la realización de intervenciones quirúrgicas, no hay insumos para los tratamientos hormonales, no hay una cobertura accesible y suficiente por parte de las obras sociales y mucho menos, de las prepagas. Y además, en un contexto de ajuste económico, hay también faltante de medicamentos para el tratamiento del VIH. “Es una de las principales causantes de nuestras muertes, porque seguimos sumergidas en el abandono, del estado, de la sociedad”, dice Jackeline.

Foto: Juliana Faggi

Fede Abib es claro cuando dice que el “VIH sigue siendo el armario de nuestras disidencias”. Lo es aún más cuando señala que “las compañeras travas son de las identidades más vulnerables, mas vulnerabilizadas de nuestras disidencias y sabemos que estas situaciones son aún mucho mas graves para las compañeras que viven con VIH”. Y menciona, con preocupación, los recortes presupuestarios en acceso a tratamientos y medicación que se recrudecen en otras provincias y que ya empieza a sentirse en Santa Fe. “Hay compañeras que le faltan la medicación y ha compañeros que les han cambiado drogas por genéricos que afectan la calidad de nuestros tratamientos”. Una de las campañas que impulsó La Mesa Positiva en redes sociales apunta a visibilizar la situación bajo una frase que interpela: “A tu feminismo le falta Sida”, dice el spot. Y Fede explica: “Entendemos que el VIH es una cuestión de armarios, y la politización del activismo a través de la marea verde ha logrado instalar un montón de consignas que son históricas en el feminismo, pero vemos que el activismo hoy no sabe cómo pensar algunas estrategias en relación a visibilizar o politizar el Sida”.

“el VIH sigue siendo el armario de nuestras disidencias”

Karla sigue enumerando un sinfín de violencias cometidas por el propio Estado: “no tenemos acceso a la educación, y cuando queremos acceder a una vivienda no podemos hacerlo por la cantidad de requisitos que nos piden. Además del Estado, hay toda una sociedad que discrimina. No nos dan trabajo por ser travestis, y más allá de algunos avances, culturalmente nos sigue faltando mucho. En otras provincias, hay compañeras que son perseguidas por los códigos contravencionales”. “Nosotras sobrevivimos todos los días y las compañeras se mueren de a poco porque no tenemos trabajo, porque no tenemos para comer”, agrega Jackie.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente”, se escucha el canto en la calle, mientras avanza la marcha. Entre la multitud está Mayra, 51 años. Es una sobreviviente, dice, porque pudo superar esa franja etárea que limita la vida con la muerte. Y aunque reconoce que ahora hay más libertad para estar en la calle que antes, también habla de lo que significa el travesticidio social. De las muertes de sus amigas por culpa de la indiferencia estatal. Por eso, en menos de un minuto repite dos veces “somos personas como cualquier otra. Que la gente vea eso, que tenemos los mismos derechos”.

Foto: Juliana Faggi

 

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