Oscar Blando, Griselda Tessio y Matilde Bruera, ex funcionarios de distintas procedencias ideológicas, alertan sobre las intenciones del gobernador Maximiliano Pullaro de modificar la carta magna de la provincia para limitar algunas garantías y consolidar una visión punitivista en el futuro texto constitucional.
Abroquelado en la ajustada mayoría que consiguió en las elecciones del 13 de abril, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apura los tiempos de una reforma constitucional pensada a la medida de sus intereses y de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que lo depositó en la Casa Gris. Y si bien todas las miradas apuntan a la posibilidad de avanzar en la reelección de su cargo en el 2027, aspecto vedado por el actual esquema normativo, no fueron pocas las voces que alertaron sobre los riesgos de proponer una Constitución “sin un solo concepto garantista” como sugirió el mandatario durante la campaña.
En efecto, la modificación de algunos artículos puede resultar controversial si se cambia el sentido original con el que fueron escritos, entre ellos, el N° 9 referido a la Libertad Corporal y sus garantías. Oscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional del gobierno de Miguel Lifchitz, explicó que “está vinculado directamente al artículo 18 de la Constitución Nacional, y es un catálogo de cosas que el Estado no puede hacer, como por ejemplo, no puede sacar a las personas de los jueces naturales, ni ser condenados sin juicio previo, ni que las cárceles sean para castigo, sino como dice la Constitución Provincial que sean para readaptación social, todo lo contrario a un infierno”.
La referencia de Blando está relacionada con el momento en el que Pullaro transparentó sus pretensiones punitivistas: fue durante un acto en el que se anunció la construcción de “El infierno”, un anexo de la cárcel de Piñero para los denominados presos de alto perfil. Por eso, el ex funcionario del Frente Progresista considera que atribuirle al garantismo la responsabilidad por la cantidad de homicidios que se cometieron en la provincia durante los últimos años es un acto de ignorancia o de mala fe: “El garantismo en las constituciones nace con las revoluciones liberales, con el derecho penal liberal para ponerle límites al poder. Si una constitución no es garantista, no es una constitución”.
Griselda Tessio, ex vicegobernadora de la provincia durante la gestión de Hermes Binner, también piensa que ese artículo no debió haber ingresado entre los susceptibles de ser reformados, a menos que se hubiera aclarado que era para agregar garantías no incorporadas por razones de época: “De la manera en que se incorpora el artículo 9 se corre el riesgo de que se quiten garantías y no que se las amplíe. Una Constitución que no sea garantista no es una Constitución, puede ser cualquier cosa pero no la Ley Fundamental de la Nación. Es un oxímoron. Esa discusión está saldada en todas las constituciones modernas”, señaló.
En el mismo sentido, la ex diputada provincial Matilde Bruera, remarcó que las intenciones del oficialismo están en contradicción con la Constitución Nacional, y con la propia ley que habilitó la reforma porque allí se habla sobre la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos: “Pensamos que pueden convertir a la reforma en un retroceso en materia de garantías y libertades individuales, que sólo pueden ser progresivas, es decir, solo podemos hablar de ampliarlas y no de restringirlas”. En este sentido, las detenciones arbitrarias en la vía pública a personas en situación de calle que propició la actual administración provincial, aparecen como un antecedente negativo.
“Toda la legislación que viene impulsando el gobernador en Santa Fe es inconstitucional”, disparó la ex Defensora Pública en relación a la actualización del Código Procesal Penal de la provincia y a la modificación de las leyes que regulan el Ministerio Pública de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal para darle más poder a la policía y a las fiscalías penales. También cuestionó la ley de microtráfico, conocida popularmente como narcomenudeo, que quita de la órbita federal este delito para que pueda ser juzgado en los tribunales locales, y la reforma a la Ley de Ejecución Penal que impacta sobre los derechos de las personas privadas de su libertad.
Por otra parte, la revisión del artículo 13 vinculado a la Libertad de Reunión, despierta algún tipo de sospecha en función del alineamiento que demostró el gobierno provincial con los protocolos antipiquetes impulsados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “Puede haber un peligro si se recortan los derechos ciudadanos de reunión y prevalece el preaviso a las autoridades en los lugares públicos. Ello lleva a pensar que la ciudadanía ha perdido la disposición de la calle”, expresó Tessio. Para Oscar Blando, la Convención “debe consagrar el derecho a la protesta pacífica y de ninguna manera limitarla en función del clima de época”.
Vale recordar que tras la votación por la reforma previsional, fuertemente resistida por los gremios estatales y docentes, la fiscal María Laura Urquiza se despachó con una serie de allanamientos y detenciones inéditas en la historia política de Santa Fe a quienes habían participado de las manifestaciones en las puertas de la legislatura provincial. Paradójicamente, uno de los apresados fue el profesor Franco Casasola, quien en las últimas elecciones fue candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
También el artículo 18 sobre la Responsabilidad del Estado es señalado como otro de los temas a los que prestarles atención por las posturas antagónicas que van a convivir en la Asamblea Constituyente: “Hace poco un convencional electo dijo que el Estado es una empresa y que debiera poder echar como lo hacen las empresas. Empresa y Estado son cuestiones distintas, tienen objetivos distintos, cubren necesidades diferentes. El objetivo de la empresa es ganar dinero, no hacer justicia social, ni solidaridad. En un sistema capitalista deben tener relaciones y debe ser regulado, y esa regulación es la que está en discusión”, expresó el Dr. Blando.
Un documento interno del frente Más para Santa Fe conocido en la previa de las elecciones, también reparó en este punto explicando que se trata de la norma que establece la responsabilidad del Estado provincial frente a daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados: “Es la previsión que permite, por ejemplo, que el Estado tenga que indemnizar a una víctima de violencia institucional o a una persona que fue condenada y privada de su libertad y luego declarada inocente en la revisión de la sentencia”, apuntaron en el texto.
Pese a algunos intentos por quitarle peso al sueño antigarantista de Pullaro, como el caso de la diputada socialista Lionella Catallini quien aseguró que solo hacía referencia a las cárceles porque “se habían convertido en un call center del delito”, la posibilidad de que la reforma constitucional amenace ciertas garantías del Estado democrático emerge como una chance real y concreta. Restará saber ahora qué tipo de alianzas buscará construir el oficialismo, y si, pese a los matices entre Unidos para Cambiar Santa Fe, La Libertad Avanza y el sector liderado por Amalia Granata, se consolida una suerte de transversalidad punitivista con mayoría en la convención reformadora.
