El tercer informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expone una política sistemática y selectiva de represión estatal a la protesta social que se agrava: la violencia represiva se duplicó entre el primer y el segundo año de gobierno de La Libertad Avanza. Del total de 2.585 personas heridas en manifestaciones que fueron reprimidas por las fueras de seguridad en estos dos años, 1.216 corresponden a 2024; esta cifra se eleva a 1.369 personas en 2025. En la última protesta frente al Congreso -cuando Diputados debatía el proyecto de Reforma Laboral que finalmente aprobó-, el gobierno de Milei volvió a ejecutar su protocolo represivo: ña CPM, junto al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, atendió al menos a 70 personas que resultaron heridas por la represión.
Por CPM (Ver informe completo)
Foto: Cobertura Revista Cítrica / Rodrigo Ruiz
La resolución 943/23, dictada por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina el 14 de diciembre de 2023 al iniciarse el gobierno del presidente Javier Milei, inauguró una política sistemática de represión a la protesta social sostenida de manera continua durante estos dos años.
Durante este período de dos años se monitorearon 139 movilizaciones o protestas sociales. De éstas, en 51 se produjeron eventos represivos por parte de las fuerzas de seguridad: un 37% del total. Como consecuencia de este despliegue se registraron 2.585 personas heridas y 258 personas detenidas de manera arbitraria.
En 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas en 2025 se produjeron episodios represivos de las fuerzas policiales y de seguridad, un 43% del total, superando los hechos de 2024 cuando se reprimió en 17 de las 60 movilizaciones monitoreadas, un 28% del total. Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto a 2024.
Del total de 2.585 personas heridas en estos dos años, 1.216 corresponden a 2024; esta cifra se eleva a 1.369 personas en 2025: 153 personas más, un crecimiento del 13% de un año a otro.
Cabe destacar que del total de 1.341 personas heridas en las movilizaciones monitoreadas de manera presencial, 184 (14%) fueron trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, un crecimiento con relación a 2024 donde se relevaron 98 casos (8%). Además en las movilizaciones convocadas por organizaciones de jubilados y jubiladas21 se registró entre las personas heridas a grupos especialmente vulnerables como adultos mayores, al menos 155 casos que casi cuadriplicaron los 42 del año 2024. Por otro lado, padecieron lesiones 5 niños y jóvenes de 4, 8, 13, 14 y 16 años, todos afectados por gas spray irritante, mientras habían sido cuatro en 2024.
Durante la jornada del 12 de marzo de 2025 se registró el despliegue represivo más grande de los monitoreados hasta la fecha por el equipo de la CPM, con una totalidad de 672 personas heridas. Entre los casos más graves en esa jornada se encuentran el de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, que perdieron la visión de un ojo por el impacto de balas de goma, y la que reviste mayor gravedad hasta la fecha: la herida provocada al fotógrafo Pablo Grillo.
Al igual que la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas detenidas se incrementó entre un año y otro. En 2024 detuvieron a 93 personas, y esta cifra aumentó a 16524 en 2025: un crecimiento del 77% de las detenciones entre ambos períodos. Si se suman ambos períodos se detuvieron 258 personas. Estas detenciones resultaron, en su mayoría, arbitrarias, abusivas e ilegales en términos de los marcos de actuación de la fuerza. En gran parte de las detenciones arbitrarias producidas durante la desconcentración de las manifestaciones se imputaron figuras delictivas como atentado y resistencia a la autoridad o daños. Entre las personas detenidas había trabajadores de prensa de diferentes medios gráficos, trabajadores de venta ambulante, personas en situación de calle y jubilados.
Lo relevado a lo largo de estos dos años permite advertir que la represión a la protesta social ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia frente a las políticas del oficialismo, ya sea por los movimientos sociales, sindicales y políticos. A esta sistematicidad se suma la violación flagrante del rol del Estado respecto a la
promoción y facilitación del derecho de expresión y a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos respecto al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas violando la normativa local vigente, mucha con rango constitucional.
En este despliegue represivo que se agravó el último año se confirma un paulatino avance de procesos autoritarios que limitan la democracia y el ejercicio de derechos constitucionales. Esta restricción en las garantías constitucionales para expresar la disidencia no puede disociarse
del claro objetivo del gobierno de implementar políticas que profundicen la desigualdad y el deterioro progresivo del acceso a derechos de la mayoría de la población.
