El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrante de la Vía Campesina, presentó un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto que modifica la Ley de tierras en manos extranjeras. Lo hizo ante la Justicia Federal mendocina.
Fuente: MNCI
El pasado viernes 5 de agosto, el MNCI Vía Campesina presentó en el Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Mendoza, a cargo de la Jueza Olga Pura de Arrabal, una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto 820/2016 de Poder Ejecutivo Nacional, que modifica sustancialmente la Ley 26.737, conocida como Ley Nacional de Tierras y que regula la extranjerización de la tierra en nuestro país.
En diversos puntos del territorio nacional existen conflictos entre comunidades campesinas indígenas y capitales extranjeros que presionan para despojar a las familias de sus tierras. Uno de los casos mas resonantes es el del magnate Joe Lewis en la Patagonia, que se apropió del Lago Escondido, un espejo de agua que debería estar al alcance de toda la ciudadanía.
En la provincia de Mendoza existen varias situaciones: en la demanda se describe principalmente el conflicto entre una comunidad campesina y el holding español Argenceres-ELAIA S.A. en el cual las empresas intentan despojar a las familias, con posesiones ancestrales, de su propia tierra. En el caso descripto en la demanda, la empresa ha provocado varias veces situaciones de violencia donde, de la mano de servicios extraordinarios de la policía provincial y otros matones, han resultado campesinos heridos con armas de fuego.
El Movimiento Campesino se presentó a través de una Asociación Local, víctima de varios conflictos, siempre en defensa de los derechos campesinos y pobladores locales frente al avasallamiento del capital financiero extranjeros
El decreto del Gobierno Nacional, modifica aspectos sustanciales de la Ley en cuestión:
• Dificulta el funcionamiento y conformación del Registro de Tierras.
• Modifica lo dispuesto en relación a las personas jurídicas en favor del capital extranjero.
• Flexibiliza el proceso de transferencia y control estatal del registro.
• Amplía los límites impuestos por la ley para la propiedad en manos extranjeras.
• Relativiza la prohibición para capitales extranjeros de titularidad o posesión de los inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes; e inmuebles ubicados en zonas de seguridad de fronteras
• Otorga Reconocimiento de derecho a infractores de la ley
En este sentido, podemos asegurar que todas las modificaciones dispuestas por este decreto van en sentido contrario a los intereses del pueblo argentino, de las futuras generaciones y particularmente de los Derechos Campesinos.
La flexibilización de esta ley es un camino para profundizar la privatización de la tierra, el agua y los bienes naturales, y su subordinación a los intereses del capital financiero y especulativo, poniendo serias restricciones a la posibilidad de construir Soberanía Alimentaria y Justicia Social.
