Desde la Campaña Paren de Fumigarnos queremos alertar a las autoridades de la provincia y a la sociedad, de una campaña de intimidación dirigida a confundir y amedrentar a los vecinos de los pueblos fumigados que están exigiendo resguardar su salud y su vida ante la lluvia de agrotóxicos que padecen, producto de las fumigaciones con químicos empleados en los campos dedicados a la agricultura.
Amenazas, señales mafiosas y daños a propiedades de familiares de quienes intentan la sanción de un modesto límite de 600 metros para las fumigaciones en Carcarañá, aprietes descarados en Desvío Arijón, con amenazas directas y circulación sigilosa de «todo terreno» con vidrios polarizados o llamadas intimidatorias al director de una radio de Ceres para que levante el programa de vecinos de Ceres y Hersilia contra las fumigaciones, parece ser la nueva modalidad de acción para evitar la difusión del macabro balance, tras quince años de agricultura tóxica.
El incremento en la agresividad discursiva en recientes intercambios en otras localidades como en Sunchales, al que no estuvo ajena la palabra del representante del INTA local, evidencian que estamos frente a una escalada tendiente a imponer por la fuerza lo que la razón niega, en grotesco contraste con ejemplares sanciones a los genocidas de ayer.
Queremos alertar, sin embargo, que estos hechos no ocurren solo por el desequilibrio o la prepotencia de una ínfima minoría que, como vieja y repetida fòrmula, pretende imponer su poder «de facto» a golpe de bidón, sino también por la inexcusable actuación de los poderes constituidos que ha dejado a millones de compatriotas librados a su suerte.
Con total desprecio por los reclamos mayoritarios de quienes en porcentajes superiores al 90%, como ha quedado demostrado, demandan protección, nuestros parlamentarios se aprestan a dejar pasar otro año sin modificar la vetusta y permisiva legislación actual, vigente -no casualmente- desde el año 1995/97, cuando la nueva «Santa María» desembarcaba en las costas nacionales, de la mano del Secretario Nacional de Agricultura de entonces.
El deslucido papel del Poder Judicial Provincial, descomprometido, ajeno y distante, no puede ser salvado por la valiente actuación de un solitario juez. Es revelador que el caso «Ituzaingó» en la vecina Córdoba resulte el primer antecedente de aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos, vigente desde hace más de 20 años, no obstante la existencia de numerosas denuncias de hechos similares en nuestra provincia, con el broche de oro puesto por Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, recortando, contra toda la evidencia, el emblemático «fallo San Jorge».
Desde los pueblos fumigados exigimos el esclarecimiento de los delitos denunciados en estricto cumplimiento del mandato constitucional, priorizando sus valores fundamentales por encima del lucro, aplicando los principios precautorios y de prevención y juzgando, acorde a cada nivel de responsabilidad. El mantenimiento de este estado de cosas, el silencio cómplice o peor, el agravamiento de los padecimientos de las víctimas, equivale convalidar el regreso a la barbarie.
Campaña Paren de Fumigarnos.
Movimiento de Pueblos Fumigados de la provincia de Santa Fe
