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A comienzos de este año, los querellantes le solicitaron al juez Reinaldo Rodríguez que se apartara de la causa Suppo pero el magistrado se negó a hacerlo.

Con toda la impotencia atragantada por el asesinato de Kevin y hartos de esperar inútilmente alguna respuesta real en relación al hostigamiento de Gendarmería y Prefectura, la asamblea poderosa de Zavaleta decidió poner en marcha un modelo de "Control Popular sobre las Fuerzas de Seguridad", sin ningún padrinazgo partidario, ni financiero.