La Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe) está integrada por 46 comunidades mocovíes y tobas de toda la provincia. La lucha por el derecho a la posesión legítima de las tierras y a la educación bilingüe son ejes fundamentales dentro de la organización.

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Ella llegó a Rosario hace veinticinco años, enseguida se abocó a la lucha por los derechos de las comunidades aborígenes. Su mirada queda como suspendida en el tiempo cuando habla del Impenetrable, de su Chaco natal, de su familia y su padre de 79 años que todas las noches la llama para ver cuándo irá para allá. A esta mujer morocha de ojos oscuros se la nota cansada, cambia el tono de voz cuando habla de las condiciones en la que subsisten la mayoría de sus hermanos, lejos de su madre tierra, en la que encuentran equilibrio para vivir.

Pero ese cansancio no le frena los pasos, constantemente tiene entre manos proyectos vinculados con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas, con el acceso a lo que históricamente les corresponde. Ruperta Pérez además de ser artesana, es una referente ineludible de la comunidad toba a nivel local, nacional e internacional. También es miembro de Ocastafe, en esta charla con enREDando nos cuenta cómo funciona dicha organización que agrupa a 46 comunidades toba y mocovíes de Santa Fe.

“Nuestro trabajo va mucho más allá del asistencialismo o una caja de mercaderías, lo nuestro es otra cosa, trabajamos por el derecho a la tierra, a la educación, a tener una organización legal acorde a nuestra cultura. Siempre buscamos alternativas, poder tener proyectos de vida”, sostiene Ruperta, quien desde el año 1999 es miembro de la organización intercultural. En ese entonces fue elegida por la comunidad toba de Rouillón 4300, donde reside, para representarlos a nivel provincial. Según nos cuenta, en el barrio viven alrededor de doce mil personas, el desarraigo y la exclusión los atraviesa a casi todos de la misma manera. Recuperar la tierra de sus antepasados es una de las principales metas de la organización, para revertir la trágica historia de tener que vivir como nómades dentro de sus propios territorios. En este sentido desde Ocastafe han logrado avances con respecto al cumplimiento de la ley provincial sobre Tierras de la Cuña Boscosa (Nº 13091), y sobre Tierras Fiscales Provinciales (Nº 12086).

“Fui aprendiendo mucho junto a mis hermanos de otras comunidades que también fueron elegidos para participar en Ocastafe. Ancestralmente la asamblea era la forma de organización de los pueblos originarios, es una esencia que todavía se mantiene. Quien sale elegido es válido para tomar decisiones, después tenemos que bajar a las comunidades las novedades sobre lo que se avanzó, porque la comunidad tiene que saber lo que se va haciendo”, referencia Ruperta. Otro punto relevante del trabajo que desarrollan es por el reconocimiento formal de la educación Bilingüe e Intercultural, hacia la verdadera diversidad cultural, muchas veces mencionada sólo en el plano discursivo.

“Este es un trabajo consensuado, duro, porque no contamos con recursos propios y todavía conservamos el espíritu de seguir trabajando por mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas que fueron olvidados durante años. Las injusticias y la postergación generan mucha impotencia, hay hermanos que están viviendo en la calle, en casa de patrones, no tienen planes de vivienda, ni tierras”, expresa la referente toba. En este camino por la defensa de derechos y la dignidad, los vienen acompañando grupos de estudiantes de la iglesia Católica del norte de Santa Fe y el Obispado de Reconquista. También la Asociación Amigos del Aborigen, la cual los asesora jurídica y técnicamente; y gestiona recursos en el exterior para financiar los proyectos locales.

Creación del IPAS

El año pasado en Santa Fe se creó formalmente el IPAS (Instituto provincial Aborigen de Santa Fe), un ente provincial que está integrado a la vez por cinco consejeros aborígenes. Su función es concentrar las demandas de las poblaciones indígenas. En este contexto, Ocastafé quedaría como grupo asesor, como vocera de las problemáticas de las comunidades, y dicho ente un nexo con el gobierno provincial. “Aún no está decretada su función, ahora estamos trabajando para que esto se implemente”, aclara Ruperta y resalta que es necesario seguir en la lucha, organizados y fuertes en estas reivindicaciones pendientes desde hace quinientos años. “Veo muy pocos cambios, veo que esto está mal, que las empresas extranjeras se nos llevan nuestros recursos ¿y nosotros con qué nos quedamos? Vivimos proponiendo leyes y derechos a los gobiernos. Pero hay que seguir, en el norte del país al menos por cuatro años ahora se pararon los desalojos de comunidades indígenas”, concluye.

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