Santa Fe: fondos públicos, publicidad y propaganda

¿Por qué el gobierno del Frente Progresista santafecino puede quitar fondos de educación y reasignarlos a publicidad sin que la noticia forme parte de la agenda de los medios masivos de la provincia?¿Cómo se regula legalmente la distribución de los fondos públicos en los medios?¿Cómo distribuye esos fondos el gobierno socialista?¿Quiénes se benefician con el reparto? Las políticas de inversión publicitaria del estado santafesino son poco conocidas, pero responden a un viejo esquema: el de la concentración de la riqueza como condición para la concentración de la palabra. Entre la falta de regulaciones y la lógica de los negocios, entre la tentación partidaria y el vampirismo de los medios, comunicar es una aventura para pocos.

Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de archivo

Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de archivo

Por Ariel Palacios/ Prensa Regional

El juego de los 25 millones

La decisión del gobierno provincial de aumentar en 25 millones de pesos las partidas destinadas a publicidad y propaganda, dinero tomado del fondo de reserva denominado Obligaciones a Cargo del Tesoro, y en particular de la cuenta Administración de la Educación, generó a fines de julio de 2013 encontronazos con los gremios docentes y puso de manifiesto la concepción y los modos que suelen guiar las políticas oficiales de comunicación social.

Si bien la medida se enmarcó en disposiciones legales vigentes, que permiten hacer uso de las reservas públicas en caso de necesidad y mediante decreto, su legitimidad mereció, cuanto menos, una discusión abierta y mucho más honda que la que se dio teniendo en cuenta el origen y el destino del dinero, el período en que fue direccionado (año electoral) y las urgencias de la población.

A la hora de los cuestionamientos por parte de los maestros privados y estatales, Rubén Galassi, ministro de Gobierno de Santa Fe, argumentó: «En un determinado momento fue necesario reforzar la partida de publicidad porque no había sido actualizada: la publicidad y otros productos también aumentan, pero de ninguna manera se sacaron recursos de Educación. La decisión fue asignar 25 millones de pesos para publicidad oficial de un rubro del presupuesto, donde hay reservas que están incluidas en rubros generales, educación, salud u otras funciones del gobierno».

En igual frecuencia, la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, destacó que «estamos recibiendo más fondos en este momento sin contar el incremento salarial, que son 2.000 millones de pesos», y siempre en relación al área que dirige agregó: «El presupuesto el año pasado fue del 36,7% del presupuesto general y este año es del 38%. Las informaciones parcializadas desvirtúan la realidad». No obstante, y puntualmente sobre el tema de los 25 millones, la funcionaria confesó que dichos montos «tenían una función vinculada a Educación».

La gestión del Frente Progresista registra un antecedente de este tipo. Fue en septiembre de 2011 (mes previo a las elecciones en las que Cristina Fernández de Kirchner renovó su mandato y Hermes Binner compitió por la presidencia de la Nación) con un refuerzo en publicidad y propaganda por valor de 20 millones de pesos. De ese total, 14 millones salieron del fondo Administración de la Educación y los 6 millones restantes del rubro Transporte.
En líneas generales, estos temas formaron parte de la agenda noticiosa de los medios santafesinos por escasísimos días y sin atisbos de ser puestos en contexto. De este modo, la ciudadanía se perdió momentáneamente la oportunidad de profundizar sobre lo ocurrido con el erario público, y de reflexionar acerca del peso de la comunicación en la construcción de la realidad y en la consolidación, o no, de la democracia.

Del derecho y del revés
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en 2003 que el término publicidad oficial incluye «los anuncios pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado por éste, las campañas a base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc».

Dicha publicidad es atributo de las formas republicanas de gobierno, ya que los actos llevados a cabo por los representantes son «cosa pública» y la población debe estar al tanto de ello. A pesar de la importancia que esto reviste, en Argentina no hay una regulación al respecto, con algunas salvedades como son las normativas sancionadas en la provincia de Tierra del Fuego, en el distrito bonaerense de Morón, o la Ordenanza Nº 4125/12 que promovió el Concejo Municipal de Venado Tuerto. Podríamos afirmar entonces que esta ausencia de criterios generales impide proyectar y determinar con claridad la utilización de los fondos públicos para difusión.

¿Qué trae aparejada esta falta de reglas?: la posibilidad que se ejerza una censura sutil, y que se beneficie a los medios y periodistas que tejan alianzas con los gobiernos de turno, condenando a los medios y periodistas críticos de esos gobiernos a una existencia marginal, cuando no a su desaparición del campo de la comunicación.

Este círculo, del que también sacan tajada los anunciantes y las empresas mediáticas, extorsionando al Estado o a los propios trabajadores de prensa, termina por recortar las posibilidades de la democracia. Por dejarla sin aire. Por limitar el campo de la libre expresión, que es el campo de los derechos humanos.
Llevado al plano de lo estrictamente periodístico, tal panorama se refleja en un oficio vacío de contenido popular, en el mejor sentido del término, donde lo que se escribe, habla o muestra responde únicamente a lo que el mercado y las firmas privadas determinan, o bien a lo que la autoridad política dicta. Y en muchas ocasiones mercado y autoridad política son caras de la misma moneda.

Las razones que hicieron que el incremento en 25 millones de pesos en publicidad y propaganda no haya tenido en Santa Fe demasiada trascendencia, ¿podrían empezar a buscarse en el mapa recién presentado?

Repartos

En nuestra provincia, a partir del Decreto Nº 920/08, las políticas de difusión oficial e inversión publicitaria están a cargo de la Secretaría de Comunicación Social. La entidad depende del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, dirigido por el ex ¿periodista? Rubén Galassi.

La mencionada secretaría cuenta desde enero de 2009, por Decreto Nº 0048, con el Registro de Medios de Comunicación, Agencias de Publicidad y Productoras de Contenidos de la Provincia de Santa Fe. Este instrumento tiene por finalidad «obtener información indispensable para realizar un estudio orientativo acerca de la inversión publicitaria oficial, tendiente a garantizar una asignación transparente, equitativa y acorde a la llegada y penetración de los medios de comunicación social», según versa la citada disposición en su párrafo séptimo.

Parte de la labor de estos organismos se tradujo, por ejemplo, en la información acerca de los montos y destinatarios de la publicidad y propaganda del Estado santafesino durante el año 2011, último período sobre el que tuvimos datos. A continuación, compartimos algunos.

En televisión, Canal 5 de Rosario fue el más beneficiado por la pauta provincial: cobró $5.240.519. Le siguió Canal 3, de la misma ciudad, con $5.086.095. En tercer lugar se ubicó Canal 13 de Santa Fe con $3.775.544. Detrás quedó Canal 9 de Paraná, Entre Ríos, con $1.111.760, y los nombres siguen hasta completar una lista de más de 40 emisoras, de las cuales el Canal 14 de Elortondo fue el menos favorecido durante 2011, con $8.461.

En radio, las empresas rosarinas mejor posicionadas en una grilla de 107 fueron: LT2 (obtuvo $786.823); LT8 (facturó a la provincia $477.495) y LT3 ($410.940), mientras que LT10 de Santa Fe aventajó a las dos últimas al recibir $610.221. Lejos de esas cifras quedó FM Monumental, de Alcorta, con $15.329.

En medios gráficos, el diario La Capital se ubicó primero en el ranking de las 128 publicaciones que contaron con auspicio oficial en 2011, con $10.006.409. Su más cercano seguidor fue El Litoral, de la ciudad de Santa Fe, con $4.824.660. También recibieron publicidad los diarios El Ciudadano ($2.609.927), Uno ($2.608.527) y Rosario/12 ($836.820). Muy detrás de estos números, el periódico alcortense La Cima del Sur recibió $19.188.

El valor total de inversión publicitaria estatal en Internet, distribuida en 77 páginas web, fue de $1.807.508. Las pocas pantallas de cine que acordaron difusión oficial se hicieron acreedoras de $30.020, en tanto que si vamos a las cifras de publicidad pautada por organismos como la Dirección Publicitaria Administrativa o el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, tenemos que para el 2011 los guarismos rondaron los $ 1.788.300.

Según el informe del Frente Progresista, las sumas abonadas correspondieron en buena medida a la promoción de concursos públicos y licitaciones, y a la campaña de información sobre el sistema electoral de boleta única. Además, se hizo hincapié en un aumento de costos del 44%, comparado con el 2010.
A más de un año y medio de cerrado aquel ejercicio, el gobierno de coalición sigue esgrimiendo, y con razón, que desde su asunción en 2007 la pauta publicitaria fue ampliándose hasta alcanzar a 366 medios. La contracara de esa información es que durante el 2011 el 60% de esa pauta fue a parar a las arcas de 10 empresas de comunicación. Por lo tanto, la concentración económica y discursiva no ha variado en lo esencial en relación a lo sucedido durante los mandatos justicialistas.

Por nuestra parte, tanto esta página web como el periódico impreso Prensa Regional no ha contando hasta la fecha con apoyo del gobierno provincial. Sí nos auspicia mensualmente la Comuna de Alcorta, con $270, el diputado de la Nación Omar Barchetta con igual suma, y el senador provincial Germán Giacomino con $130. En el caso de la Comuna alcortence, no se conocen detalles de cómo distribuye el dinero entre los medios alcortenses y otros de la zona.

CON O SIN
La telaraña de la comunicación oficial en Argentina, y sus hilos monetarios, se agitan al viento de las contradicciones, las irregularidades, las mezquindades. Estas suelen quitarle su sentido republicano para mezclarla con los peores métodos: el de dirigencias que para sostenerse utilizan sus recursos como cajas partidarias, y el de empresas de medios y periodistas que pugnan por ella en virtud del mero «engorde» económico, olvidando que su papel no sólo es difundir y entretener, sino también el de generar noticias. O «conocimiento para el pueblo», en el viejo significado de la palabra.

En ese remolino, como dicen ocurre en las guerras, la primera víctima suele ser la verdad. Y la segunda, un conjunto de tipos y de minas que, con o sin auspicios, de tanto en tanto alcanzan a ser ciudadanos.

Por supuesto, la última palabra no está dicha, y este también es un asunto de comunicación. De una mejor comunicación. En esa construcción queremos seguir estando.

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