Durante las últimas semanas han transcurrido una serie de declaraciones y eventos que nos obligan, a quienes militamos por los derechos de la niñez y la adolescencia, a posicionarnos de manera urgente y denunciar los intentos de criminalización de nuestra juventud. Este último año los casos de violencia policial y gatillo fácil se incrementaron crudamente. En referencia a los recientes hechos ocurridos en las comisarías 14ta. y 4ta. de nuestra ciudad, el Ministro de Seguridad provincial Raúl Lamberto manifestó que “muchas veces hay un abuso de las mismas” (denuncias de violencia policial) y que “se deben escuchar las dos opiniones”. Frente a los casos de violencia policial no existen dos opiniones sino hechos, que deben ser investigados y sancionados sus responsables. Expresiones tales están a tono de las prácticas de la vieja política, con una carga de discriminación hacia los jóvenes de los sectores populares, que son quienes sufren día a día los abusos de poder, y quienes al denunciar las situaciones vividas son revictimizados por el poder judicial. Poder, que en la mayoría de los casos garantiza la impunidad de la actuación policial, demostrando una aquiescencia y una complicidad manifiesta.
Por otra parte, tanto a nivel nacional -a través de Martín Insaurralde- como provincial se alzaron propuestas de bajar la edad de imputabilidad. Propuestas que pretenden presentarse no solo como efectivas para “combatir la inseguridad” sino que, con un discurso más perverso aún, pretenden esgrimirse como un modo de asegurar las garantías penales para menores de edad que se vean involucradxs en causas penales. Sin embargo, la realidad es otra: los hechos violentos cometidos por jóvenes representan una cifra ínfima en relación a la cifra total de homicidios (entre 10 y 15 homicidios cometidos por menores de 16 años, de un total de 1900 casos.) Lo que demuestra que esas propuestas fortalecen el hostigamiento a jóvenes vulnerables de los barrios más humildes, a través de la misma policía que se encuentra implicada en la trama de narcotráfico, redes de trata, coimas y casos de “gatillo fácil”.
A la grave situación en torno al narcotráfico que enfrenta nuestra ciudad desde hace años se suma la criminalización de quienes resultan más vulnerables, y que son las víctimas de este negocio, ya que son explotados y esclavizados, encarcelados o asesinados. En nuestra ciudad hay 120 menores de entre 16 y 18 años procesados por trabajar en búnkers de droga, utilizados como chivos expiatorios en lugar de brindarles un tratamiento político y social.
Desde el Movimiento Cienfuegos, Causa y Efecto, Marea Popular y el Colectivo de DDHH Aguafuerte (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional/Patria Grande) expresamos nuestra preocupación por estos hechos y rechazamos las propuestas de bajar la edad de imputabilidad. Proponemos otras soluciones a la cuestión del delito, que afecta a nuestro pueblo trabajador, que consideren una real distribución de la riqueza, políticas integrales de inclusión social, la desarticulación de las redes delictivas entre fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, la ampliación de derechos principalmente para las generaciones más jóvenes y el debate abierto en toda la sociedad para que el pueblo de manera participativa y protagónica pueda dar solución ahí donde el gobierno nacional y provincial no han demostrado más que rotundos fracasos.
Nos parece de vital importancia el diseño de políticas que contemplen la seguridad de manera integral y que el gobierno nacional, provincial y municipal reorienten el destino de los recursos hacia políticas públicas de inclusión de nuestros jóvenes y de respeto a su derecho a una vida digna, según lo establecen los pactos internacionales y la legislación nacional y provincial relativas a la niñez.
La primera seguridad que hay que garantizar es la de los niños, niñas y adolescentes con una efectiva implementación del sistema de promoción y protección integral, declarando la emergencia en niñez y juventud para garantizar todos los derechos humanos consagrados en la normativa nacional e internacional suscripta.
Por eso convocamos a una Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, el día 19/09 a las 18hs en ATE Rosario, San Lorenzo 1879, para exigir:
Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud.
No a la baja de edad de imputabilidad.
Seguridad para nuestros/as pibes/as con mayor inclusión social.
Plena aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño y la Niña.
Prioridad en la asignación presupuestaria para políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y Juventud.
Basta de Criminalizar la niñez.
Justicia por todos/as los/as niños/as y adolescentes víctimas de la violencia institucional.
Cierre del IRAR
Basta de mano dura, queremos políticas para la vida.