¿Qué harías si estuvieras barriendo la vereda de tu casa y un gendarme te increpara para preguntarte qué hacés y te pidiera que entraras a tu casa? ¿Qué harías si fueras al comprar el pan y al regresar la bolsa con 5 mignognes sufriera una requisa porque el gendarme sospecha que escondés algo?

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Como movimiento social con más de 10 años de trabajo en el territorio de Villa Banana junto a los mismo vecinos que vivenciaron el atropello gendarme, no vemos el desembarco de las fuerzas de seguridad nacional en Rosario como una oportunidad para «generar paz y nuevas políticas sociales».Por el contrario, este megaoperativo no hace más que reforzar un aparato represivo para moldearlo de acuerdo a las circunstancias y así poder continuar «gobernando» y «neutralizando» a la pobreza. Se trata de un control social instrumentado desde el Estado (nacional, provincial, municipal) para anular a los sectores populares, pero no a los empresarios responsables del desarrollo del narcotráfico en nuestra ciudad. Ellos no viven en el territorio; en el territorio viven ciudadanxs, vecinxs. trabajadorxs, niñxs y jóvenes.

Debemos tener memoria y esa memoria no puede ser recortada solo a los hechos sucedidos durante la dictadura genocida, tenemos que pensar en nuestro pasado reciente y en los efectos que produjeron todas las dictaduras del cono sur de nuestra América. Uno de ellos: la doctrina de seguridad ciudadana, la forma de control social y política que viene implementado Estados Unidos desde el lanzamiento de la guerra contra el narco en 1988. En este sentido, debemos recordar (como bien lo enuncia del Frade en el texto «Rosario ocupada») el Plan Colombia (1996-2002); el Plan Mérida en México a partir del 2003; y en Brasil a partir de la creación de la Unidad de Policías de Pacificación que, junto a tropas del Ejército, invadieron las favelas de Río de Janeiro y San Pablo con la idea de combatir al narcotráfico. Como resultado,disminuyeron las tasas de homicidios pero también aumentaron las desapariciones y continuó la violencia y el negocio narco.

Es imposible ver como una oportunidad ni mucho menos como una estrategia de abordaje social a un operativo de estas características. No podemos ser cómplices del sometimiento a los sectores populares por parte del estado. Nosotros, entendemos a los movimientos sociales como hijos de la conflictividad social de toda nuestra América y, como tal, conocemos bien cuál es nuestro lugar a ocupar: construir procesos de organización popular en el territorio, procesos que se generen desde la autonomía, que nos permitan empoderarnos para enfrentar a un Estado que quiere neutralizarnos, que precariza a la mayoría de lxs trabajadorxs que forman parte de estos dispositivos, un Estado que desde hace 40 años nos niega cloacas, agua, luz, pavimento, vivienda; y que ahora encima nos mete a los milicos en el centro mismo del territorio para garantizar una paz basada en el control social de los sectores populares.

En Villa Banana, la Asamblea Popular que reunió a vecinos y organizaciones que trabajamos allí, logró el alumbrado y el mejoramiento de sus calles. Es esta la forma de construcción de poder popular a la que apostamos en el territorio, no a su ocupación por fuerzas militares. Un poder popular que desde la autonomía nos permita disputar a quienes entendemos como nuestros verdaderos adversarios, un poder popular que controle y conflictúe frente a las políticas sociales de dominación que implementan todos los gobiernos, un poder popular que ponga en el centro de la cuestión la defensa irrestricta de los derechos de lxs verdaderas víctimas de este sistema: lxs pibxs.

Por todo esto proponemos otro camino, que por supuesto implica mucho más esfuerzo que poner un milico en la calle:

·La conformación en cada barrio de “Asambleas de control popular de las fuerzas de seguridad y de los promotores territoriales del narcotráfico” (basado en experiencias que ya se vienen realizando en BsAs)

·Declarar la EMERGENCIA EN MATERIA DE NIÑEZ Y JUVENTUD en la ciudad de Rosario, no como una solución mágica para la situación planteada, sino como un paso más en la construcción de una sociedad más justa, donde los niños, niñas y jóvenes puedan vivenciar la experiencia de ser plenos sujetos de derechos, es decir, plenos ciudadanos. Esta declaración permitía aumentar el presupuesto asignado a las políticas destinadas a niños, niñas y jóvenes

·Conformar una comisión no gubernamental de seguimiento y control de la implementación de las políticas sociales.

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