Respecto del debate acerca del trabajo de los “cuidacoches”.

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Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) queremos manifestar nuestro profundo repudio ante las propuestas prohibicionistas que, expresadas por concejales del PRO y de un sector del Frente Progresista Cívico y Social y funcionarios del Municipio, pretenden negar el derecho al trabajo y al uso del espacio público que posibilita para miles de compañeros cuidacoches y limpiavidrios el sostenimiento de una actividad laboral y de un ingreso económico que representa el sustento material para un amplio conjunto de familias. De la misma forma queremos expresar nuestro contundente rechazo a las expresiones estigmatizadoras que han vinculados este trabajo con actividades delictivas o ilegales.

Creemos que tanto las propuestas de prohibición como aquellas que intentan regular la actividad proponiendo la tutela de la misma por organizaciones sin fines de lucro, le esquivan al objetivo de reglamentar la actividad ganando en mejores condiciones laborales y acceso a derechos, porque ponen el foco del problema en la estética de la ciudad y el monopolio de uso del espacio público, y no en los trabajadores y trabajadoras. Esta mirada del Municipio se repite frente a todas aquellas prácticas laborales que impliquen la utilización del espacio público, y es reiterada la política municipal de privatizar el acceso al mismo.

Ante esta situación exigimos:

  1. El reconocimiento del conjunto de los cuidacoches y limpiavidrios como trabajadores y trabajadoras dignas de pleno acceso a derechos.
  2. La inmediata convocatoria a los trabajadores cuidacoches y limpiavidrios para participar de los debates institucionales en los que se esta discutiendo la regulación de su actividad.
  3. La implementación de una política de registro del total de los trabajadores cuidacoches y limpiavidrios, con el objetivo de atender el conjunto de situaciones laborales y viabilizar la formalización y concreto acceso a derechos de los mismos.
  4. La implementación de un ordenamiento público que permita el desarrollo pleno de esta actividad fomentando una normativa reglamentaria que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores.

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