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Este 6 de mayo se cumplen los primeros siete meses desde que Franco Casco fue visto con vida por última vez antes de ser hallado muerto en el río Paraná. Continuamos responsabilizando al personal policial de la comisaría 7ma por su detención ilegal, desaparición forzada y asesinato, como así también continuamos acompañando, a través de nuestro equipo jurídico conformado como querellantes, el transcurso de la causa judicial. Entendiendo que el crimen de Franco Casco está enmarcado en un complejo contexto de violencia social e institucional, comprendemos que no se trata de un hecho aislado sino que por el contrario es parte de una dinámica represiva que se extiende en todo el territorio argentino.

Pero puntualmente, en la provincia de Santa Fe y bajo el mando de su Ministerio de Seguridad, la policía santafesina fue la autora material del asesinato de Franco. Junto a la complicidad de funcionarios provinciales de los sectores políticos y judiciales, toda la fuerza policial encubrió el crimen perpetrado en una de sus dependencias. Este tridente, conformado por el poder político, el poder judicial y el poder policial, es el mismo que se encarga de moldear y ejecutar la mecánica represiva que atenta contra las juventudes de las barriadas populares. El caso Franco Casco es un hecho paradigmático que está acompañado por las más diversas prácticas inconstitucionales, que van desde el verdugueo cotidiano, la violencia física en la vía pública, comisarías y centros penitenciarios, e incluso en supuestos institutos de rehabilitación como el IRAR, que no es más que una cárcel de menores. Todas estas tareas en la provincia de Santa Fe están a cargo de todas las fuerzas representadas por el Ministerio de Seguridad.

En las últimas semanas venimos denunciando que el accionar represivo de las fuerzas de seguridad se ha extendido también a la flamante Policía de Acción Táctica. No bastó con el asesinato por gatillo fácil de Jonathan Herrera, y es así que los oficiales de dicha fuerza continúan agrediendo y torturando a los jóvenes por las calles de los barrios rosarinos. Este 6 de mayo nos anoticiamos que el jefe de Logística de la PAT, Mario Urquiza, fue detenido por el crimen de un pibe de 19 años que carga sobre sus espaldas desde 2011. Continuamos denunciando y responsabilizando a todo el gobierno provincial por cada hecho violento de los que son víctimas pibes y pibas de los barrios populares. El gobierno es responsable porque bajo su mando funciona la planificación y se permite la ejecución de todo el accionar el policial.

Pero lejos de admitir su responsabilidad, el gobierno provincial se enorgullece de los mecanismos implementados respecto de las políticas de “seguridad”. “Con la seguridad no se jode”, fueron las recientes palabras del ministro provincial Rául Lamberto, quien además sigue ignorando nuestro pedido de audiencia solicitado públicamente en numerosas oportunidades. “Estamos obteniendo resultados”, es el balance de Lamberto cuando parte de esos resultados son las decenas de denuncias por abusos de autoridad. No nos cansaremos de repetir que durante el 2014 fueron registradas 328 denuncias por casos violencia policial. Esta cifra es sólo una mínima referencia de esta situación. Teniendo en cuenta el temor implantando por las mismas fuerzas, la desinformación intencional que padece el ciudadano y la inoperancia del poder judicial, es evidente que muchos otros casos permanecen invisibilizados.

Por otra parte, también tenemos que lamentar las declaraciones del secretario de Seguridad de la provincia, Gerardo Chaumont, quien públicamente salió a repudiar los hechos de amenazas en el interior de la fuerza policial. Mientras tanto, cada reclamo de un pibe golpeado e insultado por un policía, es ignorado o cuanto mucho abordado como un hecho aislado, producto del mal desempeño de un oficial. Seguimos sosteniendo que cada agresión ejecutada por un policía hacia cualquier persona es producto de una doctrina sistemática planificada y puesta en práctica por toda la fuerza.

Mientras la lógica del gobierno provincial continúa siendo la creación de nuevas fuerzas policiales y la destinación de enormes presupuestos a la implementación de políticas represivas, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud continuamos exigiendo la aplicación de políticas para la vida que aborden desde la raíz todos las problemáticas sociales que devienen en la cada vez más amplia brecha de desigualdad social. El hambre, la falta de salud y educación, la imposibilidad de acceder a actividades deportivas, son los principales crímenes padecidos por la humanidad, y son los gobiernos los responsables de sostenerlos. Los números reflejan la realidad: mientras en Rosario y Santa Fe mil efectivos de la Policía de Acción Táctica circulan por los barrios populares, 8 de cada 10 jóvenes no ingresan a la escuela secundaria. Entretanto en las barriadas haya más policías circulando que jóvenes escolarizados, continuaremos responsabilizando y denunciando al Estado provincial de promover la desigualdad social como herramienta para la subsistencia de un sistema político y económico que sólo funciona cuando favorece a las minorías.

Pero como decíamos líneas arriba, esta problemática traspasa las fronteras de la provincia de Santa Fe y se extiende a todo el país, convirtiéndose en responsable también el gobierno nacional. Muestra de ello fue, por ejemplo, las denuncias por abuso de autoridad ejercida por la Gendarmería Nacional en su arribo a la ciudad de Rosario a partir del 9 de abril de 2014. Así como hoy sucede con la PAT, el relato de los jóvenes de los barrios develó la vigencia de prácticas abusivas, tanto verbales como físicas, también por parte de esta fuerza. Por otro lado, según recolectó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 hasta 2014 hubo 4321 pibes asesinados por las fuerzas de seguridad en todo el país. De este total, casi el 60 por ciento de los hechos ocurrió en los primeros diez años de gestión kirchnerista, independientemente de los gobiernos provinciales. Celebramos la reciente “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”, pero consideramos imprescindible que nazca desde el interior del gobierno nacional un desmantelamiento total del aparato represivo del Estado que se mantiene vivo desde la vuelta de la democracia.

Como cada mes, recordamos a Franco Casco exigiendo esclarecimiento y justicia. Por su familia, que viajó desde Florencio Varela para instalarse en Rosario y acompañar la lucha desde adentro. Por su pequeño hijo Thiago a quien le arrancaron a su padre. Y por todas las organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando este proceso. Pero también seguimos sosteniendo que su desaparición forzada y crimen no es un caso aislado, sino el resultado desmedido de una práctica cotidiana que atenta siempre hacia la pibada de los barrios populares.

Ni un pibe y ni una piba menos. Justicia por Franco Casco y todxs lxs pibxs asesinados por los aparatos represivos del Estado.

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