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Se cumplen 9 meses desde que Franco Casco fue visto con vida por última vez antes de que fuera secuestrado, desaparecido y asesinado por la policía de la Comisaría 7ma de Rosario. Como en cada mes, volvemos a recordarlo y a exigir esclarecimiento del hecho y condena ejemplar a los responsables y cómplices. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, acompañando a su familia desdelas querellas que intervienen en la investigación de la causa, continuamos afirmando que a Franco lo mató la policía.

Pero además, sostenemos que la muerte de Franco está enmarcada en un contexto de violencia profundizado por la desidia estatal, la represión de las fuerzas de seguridad y la complicidad de un poder judicial empeñado en encubrir los hechos, transformándose de esta manera en cómplices necesarios. Dentro de este contexto de violencia, las víctimas continúan siendo siempre los pibes y pibas de las barriadas populares. Víctimas de la estigmatización de una sociedad que, desde sus más altos estratos de poder hacia abajo, lxs excluye y lxs discrimina. Víctimas de los distintos sectores del Estado que en sus tres niveles se destaca por la ausencia de verdaderos proyectos políticos y sociales que lxs incluya como partícipes protagonistas de los procesos de construcción de una vida digna, donde la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno no sean simplemente sueños inalcanzables. También serán víctimas del Estado en tanto sus aparatos represivos sigan atentando contra las libertades y derechos humanos de lxs pibxs, humillándolxs en el día a día, sometiéndolxs a torturas, desapareciéndolxs y asesinándolxs.

La criminalización de la pobreza es el recurso que utilizan los artífices de esta problemática cuando comienzan a verse afectados los intereses de los sectores económicos sostenidos a base de la desigualdad social. Es entonces cuando las posibilidades que se barajan como respuestas son la baja de edad de imputabilidad, el desembarco de fuerzas de seguridad o la creación de nuevas tropas represivas. En este contexto también se debe hacer mención del rol de los grandes medios de comunicación, empresas creadas y sostenidas para reproducir y fomentar los discursos oficiales que tienden a continuar esta línea estigmatizadora y criminalizadora de la pobreza que venimos denunciando desde nuestra conformación como Asamblea y desde la militancia de cada una de las organizaciones que la componen.

En este sentido no podemos pasar por alto nuestro más fuerte repudio al diario La Capital que, más allá del rol de los trabajadores de prensa, mantiene a rajatabla su costumbre de incentivar implícitamente el reclamo represivo de aquellos sectores de la sociedad, incluyendo a los poderes políticos, judiciales y policiales, que fomentan la aplicación de mano dura ante lxs jóvenes en situaciones conflictivas. Puntualmente, repudiamos el artículo fechado el día 28 de junio con el título “Los autores de delitos cometidos en la provincia son cada vez más jóvenes”, por tratarse de una mera reproducción del discurso oficial en donde las estadísticas no hablan de la cantidad de pibes y pibas que no pueden estudiar, jugar, tener acceso a la salud, y que mueren a temprana edad producto del abandono y la complicidad del Estado.

Nos negamos a naturalizar la muerte de pibes y pibas, y si tenemos que hablar de estadísticas, las mismas nos dicen que en este 2015 más de 50 pibes menores de 25 años perdieron su vida en situaciones violentas. Creemos imprescindible el verdadero compromiso de los medios de comunicación para denunciar una realidad que va más allá de los números que buscan culpabilizar a la juventud. En una ciudad donde la fuerza policial es cómplice del narcotráfico y el negocio ilegal de la venta de armas, en donde la trata de personas es una problemática que sigue afectando a mujeres de todas las edades, en donde pibes y pibas se mueren por no tener acceso a un hospital o porque una ambulancia no quiso entrar a los pasillos de sus barrios, o en una ciudad donde las torres multimillonarias del negocio inmobiliario crecen a la vera de viviendas en permanente estado de precariedad, nos negamos a creer que la culpa de algo la tienen lxs pibxs.

En este mes de julio volvemos a exigir esclarecimiento y justicia por la desaparición forzada y crimen de Franco Casco. Exigimos una justicia verdadera, que en términos penales condene a los autores y cómplices del hecho, pero también extendemos nuestro reclamo de justicia para la vida digna de todos los pibes y pibas que padecen el abandono y la represión estatal. Exigimos el desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado y repudiamos el encubrimiento político y judicial en cada caso de violencia institucional. Exigimos con urgencia la aplicación de políticas para la vida digna de nuestrxs pibxs y sus familias.

Ni un pibe y ni una piba menos.

Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud

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