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Por decisión política, el Gobierno de la ciudad de Santa Fe —y en particular la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Carlos Medrano—, cortó las gestiones y las relaciones con la región santafesina del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD). El municipio había asumido el compromiso, entre otros, de garantizar los recursos para la concreción de siete merenderos y comedores populares que realizan los vecinos y las vecinas en diferentes barrios de la ciudad. Estos vecindarios (Las Delicias, Scaraffia, Los Hornos, Villa del Parque, Santo Domingo, Cabal y Manzana 21 de barrio El Pozo), decidieron enfrentar, de manera autogestiva, la desidia estatal que vulnera derechos básicos como la alimentación.

El MPLD se organiza y lucha cotidianamente para que el Estado cese de omitir a los sectores siempre postergados, y justifica su posicionamiento amparándose en diferentes artículos, como el 14 bis de la Constitución Nacional, que dice: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial (…) la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

Las prioridades del Estado profundizan la desigualdad social, puesto que su proyecto de ciudad excluye a determinados barrios. Los recursos se utilizan para financiar determinadas cuestiones que no se consideran prioritarias, tales como el espectáculo del TC 2000, la concentración inmobiliaria o las campañas electorales cada vez más costosas, entre otras.

La postura del Gobierno de la ciudad de Santa Fe para con el MPLD es, ante todo, una táctica política. La organización recibió la noticia del recorte de la mercadería recibida semanalmente —ya de por sí insuficiente— por tener “una lectura diferente en  los modos de construir ciudadanía”, según explicó el subsecretario de Acción Social, Hugo Marchetti.

El MPLD tiene una postura clara: la alimentación debe ser garantizada en todos los casos. La inclinación política nunca puede ser, en un país democrático, la justificación para dejar a más de 500 chicos y chicas sin su comida diaria. ¿Cómo justificar que los niños y las niñas de nuestra ciudad coman de la basura?

El Gobierno debe garantizar la alimentación como una obligación primera e irrenunciable. Y es compromiso de las organizaciones de base el adjudicarse la responsabilidad de hacerla cumplir cuando las políticas públicas atentan contra los sectores populares.  Por ello, el MPLD se encuentra en asamblea permanente y profundizará la pelea por la comida de los pibes y las pibas de los barrios mencionados. Garantizar la comida diaria es el puntapié inicial para seguir luchando por nuestros derechos. Con esto no se jode.

Campaña de adhesiones

El Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), en conjunto con la organización Madreselva, se declara en estado de asamblea y lucha permanente.

Esta decisión se debe a que el Gobierno de la ciudad de Santa Fe dejó de garantizar los recursos necesarios para que los vecinos y las vecinas de siete barrios sostengan los comedores y merenderos que realizan semanalmente, al que asisten más de 500 chicos y chicas con sus familias.

El Municipio —a través del subsecretario de Acción Social, Hugo Marchetti— informó que su decisión de recorte es «estrictamente política», ya que el MPLD y Madreselva «tienen intereses contrarios» a las gestiones oficiales.

Como la alimentación está por encima de la inclinación política de turno, el MPLD y Madreselva realizarán una serie de actividades y medidas de fuerza para visibilizar esta cuestión y lograr retomar las negociaciones necesarias. Las mismas serán oportunamente difundidas.

Solicitamos la adhesión de las organizaciones que comparten las premisas básicas de esta lucha, así como la responsable difusión de este documento, cuyo fin es el de la vida digna para los vecinos y vecinas de los barrios Cabal, El Pozo, Las Delicias, Los Hornos, Santo Domingo, Scarafia y Villa del Parque.

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