Por acuerdo del Consejo de Seguridad Interior dispone que se deberá pedir permiso para manifestarse públicamente, respetando tiempos y espacios determinados por las fuerzas de seguridad. La medida también apunta contra el rol de los periodistas, intentando limitar la capacidad de cobertura en las movilizaciones.

Por Martín Stoianovich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aprobó en el Consejo de Seguridad Interior (CSI) el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” apuntando contra una de las principales herramientas de la sociedad para elevar sus demandas a los poderes de turno. Luego, Bullrich amenazó públicamente. Por su parte, organizaciones políticas, sociales, y organismos de Derechos Humanos salieron al cruce. Además, el protocolo lleva un apartado que incluye a los medios de comunicación, ocultando, detrás del supuesto interés por proteger a los trabajadores de prensa, un freno a la libertad de expresión de quienes realizan coberturas de las manifestaciones populares.

“Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar”, dijo este jueves Patricia Bullrich, en conversaciones con radio La Red. Su mensaje deja entrever la esencia del nuevo gobierno nacional. Separa la sociedad: se incluye del lado de las fuerzas de seguridad y se enfrenta a los manifestantes. Ellos contra nosotros es la lógica planteada. El protocolo declara así la confrontación, y no repara en lo que sucede del otro lado, donde suenan bombos, redoblantes, flamean banderas, arden cubiertas, y la gente – incluyendo jóvenes, mujeres y niños – reclama por sus derechos. La movilización popular tiende a perder de esta forma la legitimidad que tiene por naturaleza, y la legitimidad ahora será de la represión. Los motivos y razones de las manifestaciones de los sectores populares de la sociedad siempre estuvieron en segundos y terceros planos. Esta vez, los motivos y razones serán la presencia en la calle: motivos y razones para reprimir. Bullrich habla de piquetes, de palos y capuchas. Declara y profundiza la estigmatización desde su lugar de funcionaria pública. Adquiere el discurso de los sectores más conservadores de la sociedad y con eso hace política.

El balazo de goma en la cara de un niño murguero del barrio porteño Bajo Flores anticipó con crudeza este escenario. El abanico represivo del PRO desconoce límites. Paradójicamente, en el mismo protocolo del CSI habla de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos. Pero hace tiempo la realidad superó los artículos e incisos de la Constitución Nacional. Así se plantea la contradicción: el derecho a circular libremente para ir a trabajar, pasear o comprar se topa con el derecho a reclamar, que muchas veces refleja el derecho a trabajar, a estudiar, a vivir dignamente, a tener justicia y una larga lista de etcéteras que agrupa a infinidades de derechos vulnerados que son el principal motivo y permiso para manifestarse. El CSI tuvo que elegir y no dudó. Prevalecerá el derecho a circular.

El gobierno empresa también esconde su esencia en el profundo apoyo al “derecho a circular”. Que la gente siga, que mire hacia delante y no hacia el costado. Que vaya a su trabajo, para conseguir su dinero, para satisfacer su necesidad. Que no vea, que no escuche, que no exista la sensibilidad entre los ciudadanos. Que haya silencio. Que se genere así el discurso del vago contra el trabajador. El que tiene es porque merece, y el que no, así lo buscó. La vida del individuo y la política como lo ajeno.

El gobierno nacional imprime su manera de hacer política en todo el protocolo. Habla de “líderes” en las manifestaciones. Desconoce las organizaciones colectivas, las asambleas, el centralismo democrático y demás formas de construcción de los sectores populares que protagonizan las manifestaciones.  Así, el CSI supone que “el líder” deberá negociar con las fuerzas de seguridad y ajustarse al protocolo para evitar la represión. Habrá que avisar para salir a la calle a manifestarse, con el recorrido, durante el tiempo y con las características que las autoridades dispongan.

El protocolo establece que el jefe de los operativos de seguridad ordenará por altoparlantes o del modo que fuera que “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación del tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”. Ante el incumplimiento habrá avisos, y luego continuará la orden de “intervenir y disolver la manifestación”. El gobierno nacional escondió el diccionario de sinónimos y construyó el propio. “Intervenir y disolver” tornan un poco más amable a la cruda represión.

También relaciona la manifestación popular con el delito, y avisa que habrá detenidos y de qué manera se hará el “uso de la fuerza”.  “Si durante la manifestación hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado, quienes deberán ser puestos a disposición de la justicia, asegurando los medios probatorios”, dice el documento. “El uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”, afirma además. De esta forma toman mayor legitimidad oficial las versiones de supuestos enfrentamientos en los que los balazos de gomas dibujan las espaldas de los manifestantes. Sobre el uso de armas, el protocolo aclara que para las movilizaciones programadas no habrá armas de fuego. Nada dice respecto de las movilizaciones “no programadas”, y así la imprecisión sacude la posibilidad de que el uso de armas de fuego pueda concretarse.

Se trata de criminalización

El flamante protocolo despertó cantidades de críticas de distintos organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas. El eje es la criminalización de la protesta social, como verdadero fin de esta política del Consejo de Seguridad Interior.

La postura que tomó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), amplía sobre este aspecto.  “Esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión. Además, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo con declaraciones amenazantes que completan el espíritu antidemocrático de la medida”, expresaron en un documento difundido en las últimas horas. Además, el CELS avanza sobre otro punto: “Uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos. La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e imprecisos”. La imprecisión no es casual: el PRO esconde en el silencio aquellas acciones que no se incluyen en ningún marco legal pero asimismo podrían ser ejecutadas.

“Es un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas”, manifestó por su parte la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En este sentido, la CORREPI contextualiza el lanzamiento del protocolo con el plan de gobierno que tiene el PRO. “Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, explica el documento que difundieron dando a entender que el protocolo llega para intentar reprimir desde la raíz la necesidad de manifestarse que surge desde los sectores populares ante semejante catarata de políticas de la desigualdad.  “Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio”, agrega CORREPI.

Pero también resulta necesario volver algunas páginas atrás y cuestionar el porqué de esta aparente consolidación de la criminalización de la protesta social. Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Miguel Galván y Ángel Verón son nombres propios y antecedentes de militantes asesinados en protestas sociales durante el gobierno anterior. La invisibilización de estos hechos, la impunidad tejida en cada caso y la reducción de los mismos a la excusa de la utilización política, sirvieron como combustible para que el fuego de la represión, herencia histórica de un país castigado por dictaduras militares, no sólo se mantuviera sino que pudiera crecer incluso en los años en los que las banderas de los Derechos Humanos pudieron volver a levantarse. Que el gobierno anterior no haya reparado en las críticas de los sectores que denunciaban la criminalización y judicialización de la protesta social durante su gestión, fue quizás una manera de preparar el terreno a lo que hoy incluso padece el propio kirchnerismo. De aquí la necesidad de hacer propia las críticas para que el panorama represivo por venir sea confrontado como un problema sistemático y no sólo como la política predilecta del gobierno actual.

Sobre esto la CORREPI también analiza, al decir que este protocolo “no se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”. En aquella oportunidad, a pedido de la ex presidenta todos los partidos de la Asamblea Legislativa presentaron sus proyectos que buscaban “regular” la protesta social. Así, comenzó a hablarse de protestas “legítimas” e “ilegítimas”.

También la libertad de expresión

“La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”. El capítulo III del protocolo se encarga del periodismo. En este terreno coexisten los medios que trabajan guiados por los mismo intereses que el actual gobierno, y los que no.

El rol del periodismo en las manifestaciones sociales es muchas veces la única forma de difundir lo que está pasando o lo que pasó en el lugar de los hechos. Para eso es necesario estar, ver, preguntar y sobre todo sentir. La propuesta del gobierno nacional respecto del rol de los periodistas parece ser que se construye a partir de un imaginario en el que los periodistas estarán todos apostados en el mismo lugar, viendo cómo los manifestantes acatan el protocolo. Una especie de cobertura guionada.

Pero el periodismo no puede acotarse a lo que ordena el gobierno, sino que se posiciona en los territorios con la capacidad de generar una verdadera herramienta de difusión. Bien ejemplifica CORREPI al mencionar que este protocolo en el año 2002 hubiera impedido el registro fotográfico que detalla cómo la policía comandada por el ex presidente Eduardo Duhalde asesinó a los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en lo que se conoce como la masacre de Avellaneda.

La libertad de expresión no es sólo la libertad de reproducir información, sino que también comprende la libertad de elegir cómo producirla, qué ver, qué contar, desde dónde y cómo hacerlo. Esta limitación que se intenta imponer atenta sobre todo a aquellos medios que eligen cubrir una movilización popular desde adentro, muchas veces acompañando los reclamos y levantando las mismas banderas. El paso del tiempo se ha ocupado de desmitificar la objetividad periodística.

Ante esta posición un medio de comunicación como enREDando no puede evitar repudiar esta maniobra del gobierno nacional, considerándola una estrategia burda para limitar la labor periodística. Reconocida ya como una herramienta no sólo de difusión, sino de transformación, el periodismo no puede reconocer un límite de estas características impuesto por ningún gobierno, y sobre todo cuando está en duda su constitucionalidad.

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