A más de tres años del hecho condenaron al asesino de Mercedes Delgado, militante social del barrio Ludueña. Después de un largo camino con decenas de movilizaciones buscando que la causa no se estanque, la organización colectiva dio sus frutos.

Por Martín Stoianovich

“Siempre dije que en el momento en que consiguiera justicia por mi vieja iba a poder llorar. Hoy creo que ya llega el momento de poder parar un poco, recordarla y llorarla”, dijo Juan Ponce con los ojos brillosos y una bandera detrás que reza “La Mecha sigue encendida”. A poco más de tres años del asesinato de su madre, Juan pudo sentir el alivio de la justicia. Mercedes Delgado quedó en el medio de un tiroteo entre bandas del barrio Ludueña el 8 de enero de 2013, y murió luego de ser operada en el Hospital Centenario. El autor del homicidio es Héctor Riquelme, quien después de haber estado prófugo por más de un año y medio fue condenado a 16 años de prisión por el juez José Luis Mascali. Las organizaciones sociales que acompañaron el proceso realizaron una nueva manifestación en las puertas de Tribunales Provinciales para dar cierre así a una causa que tuvo muchos altibajos.

Para la Comisión por Justicia por Mecha, integrada por familiares de Mercedes, las mujeres del Centro Comunitario San Cayetano y la organización social El Caleidoscopio, entre otras, la condena a Riquelme significa algo más que la sentencia de un tribunal. El crimen de Mercedes, militante social con más de veinte años de trabajo en Ludueña, implicó que las organizaciones del barrio salieran a la calle no sólo a exigir justicia sino también a visibilizar una problemática social que afecta tanto a Ludueña como a los otros barrios rosarinos. Por eso allá por el 2013 comenzaron hablar de la Mecha encendida como lema de una pelea que se extendió por más de tres años y comprendió también la hermandad con otras experiencias similares.

Sobre la condena dictada por el juez Mascali quedan las sensaciones encontradas. “Hoy la mezcla de sentimientos es un montón, no sabemos si reír o llorar. Sabemos que se hizo justicia. La cantidad de años que el juez dio al asesino nos parece dentro de todo correcto”, dijo Juan Ponce en Tribunales. Aunque también explicó que desde lo personal y para el interior de las organizaciones sociales, como así también para la familia y compañeras de Mecha, la condena tiene gusto a poco y “tendría que haber sido perpetua”. Asimismo, Juan hizo una lectura más amplia de la administración de la justicia por estos días: “En Rosario hay muchos homicidios que se resuelven con juicios abreviados, bajas condenas o muchos quedan impunes”. En este contexto, la condena a Riquelme es una victoria contra la impunidad que en estos años estuvo en distintas oportunidades a punto de ganar la pulseada.

En la causa judicial, a Juan Ponce lo representaron Ricardo Lamas y Virginia Llaudet, del Centro de Asistencia Judicial. “Este resultado se debe en un 80 por ciento a la tenacidad y el trabajo de Juan y sus compañeros para sostener esto. Estamos convencidos de que cuando hay participación ciudadana los resultados se optimizan y eso implica una reconstrucción del tejido social que da una respuesta”, expresó Lamas cuando fue invitado a hablar en la manifestación frente a Tribunales. Sobre la condena, dijo que se trata de “un monto relativamente alto para la experiencia del tribunal”. Además mencionó que el fallo judicial “realiza consideraciones interesantes, estableciendo el impacto del daño causado con el homicidio”, destacando esto como una actitud poco frecuente en las decisiones judiciales.

A lo largo de la investigación se pudo llegar a la conclusión de que la muerte de Mecha no fue producto de un accidente ni del exceso de legítima defensa, sino que hubo actitud homicida en los disparos que efectuó Riquelme. Aquella tarde Mecha había salido a buscar a uno de sus hijos al escuchar que había un tiroteo y fue entonces cuando quedó en medio de los disparos entre la familia Riquelme (Héctor y dos hijos, uno de ellos por entonces menor de edad) y la banda contraria. El fallo del juez Mascali indica que el mayor de los Riquelme disparó aun sabiendo de la presencia de Mecha “y sin importarle las consecuencias de su accionar le causa la muerte”. La investigación recolectó testigos que aseguran que el tiroteo tuvo unos minutos de pausa y fue Riquelme quién lo reanudó efectuando uno de los disparos que hirió de muerte a Mecha.

Mascali condenó a Héctor Riquelme a 16 años de prisión por tentativa de homicidio por uso de arma de fuego e intervención de un menor de edad y por homicidio por uso de arma de fuego. Por la balacera previa Mascali había condenado en octubre pasado a David Ferriol a seis años por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego; a Matías Riquelme a siete años por el mismo delito pero con el agravante de haber participado con un hermano menor de edad; y a Ramón Piedrabuena a cinco años y cuatro meses también por tentativa de homicidio.

Peldaños: crónica de una lucha

Al fuego cocinaba la Mecha con sus compañeras en el Centro Comunitario San Cayetano, de Gorriti al 6000, en el Ludueña de los policiales y las infinitas promesas de campaña. Pero también en el Ludueña de las murgas, de los carnavales, del potrero y de los pibes y las pibas en las calles. Al mismo fuego cocinaba Pocho Lepratti, antes de que las balas policiales de la represión de diciembre de 2001 intentaran, en vano, callarlo. La Mecha y el Pocho se hicieron fuego ahí en Ludueña.

La mecha ganó fuerza aquel 9 de enero de 2014, cuando velaban a Mercedes en el mismo centro comunitario en el que había cocinado durante años para cientos de pibes y pibas del barrio. El fuego había quedado débil y desconsolado por la angustia y el dolor de la pérdida. Por la impotencia de saber que Mecha había vivido y había muerto ocupando el espacio que la agenda política mantiene en el olvido. Le había servido comida en el plato a parte de los jóvenes que desataron el tiroteo que luego terminaría con su vida. Pero el fuego se mantuvo y creció. Con el oxígeno de la organización popular, con el incesante grito de justicia de sus familiares y compañeros. Con la fuerza de un Ludueña conocedor del dolor y de la resistencia.

Mecha murió en el hueco invisible de la desidia estatal: entre los disparos de los pibes que construyen sus vidas en torno a las historias de drogas y balas, en los rincones del barrio a los cuales no llegan las ambulancias y en donde las muertes violentas son moneda corriente. Las mujeres militantes del San Cayetano y Colectivo El Caleidoscopio, comenzaron desde entonces a encabezar junto a Juan Ponce un extenso recorrido contra la impunidad. En ese camino descubrirían que la justicia que administra el Estado se distancia de los verdaderos objetivos que mantienen en pie a las organizaciones sociales que caminan y persisten en las barriadas rosarinas.  Pudieron ver que la condena del Poder Judicial no implicaría que estos hechos no volvieran a repetirse ni tampoco que cambiaran las condiciones de vida en el barrio. Por eso creyeron necesario comenzar a construir lo que denominan justicia popular, un proceso en el cual la condena por el crimen de Mecha se enmarcara en una lucha para visibilizar, esparcir y continuar su legado por todo Rosario.

Así nació la primera movilización un viernes 11 de enero junto a organizaciones sociales de otros barrios rosarinos.  Partieron desde el San Cayetano, pasaron por la comisaría del barrio y terminaron en la plaza que hoy lleva el nombre de Pocho Lepratti. Exigieron el esclarecimiento inmediato, que tardaría en comenzar a tomar forma, y avisaron que a partir de entonces no dejarían las calles. También denunciaron la complicidad estatal -a través de la participación policial y la ausencia de políticas públicas- con el crecimiento de las redes del narcotráfico que para entonces ya habían consolidado con fuerza los últimos eslabones del negocio en los territorios periféricos de la ciudad.

“No sirven las palabras, sirven las acciones”, decía Juan Ponce a este cronista en abril de 2013, demostrando un profundo enojo al haber descubierto que las promesas que la intendenta Mónica Fein había hecho al aparecerse en el velorio de su madre, comenzaban a esfumarse mucho antes de convertirse en realidad.  Fein había asegurado en el velorio de Mercedes que iba a colaborar para que el hecho se esclareciera y pudiera existir una concreta esperanza de obtener justicia. Para aquel entonces Juan manifestaba preocupación por las primeras irregularidades en la causa. El nombre del asesino de Mecha recorría las calles del barrio y sin embargo para ese entonces, a tres meses del hecho, no había detenidos. Además, por aquellos días vecinos del barrio comentaron que habían visto a la policía de la Comisaría 12 yendo a la casa de los acusados para avisar que iba a haber una orden de allanamiento. En esta etapa la investigación de la causa estaba en manos de la fiscal Lucía Araoz y el juez Alejandro Negroni.

“Como no vimos resultados en las marchas, estamos haciendo ruido en los medios para que la gente se entere y para que se vea que nos seguimos moviendo y no nos quedamos paralizados”, comentaba Juan en aquella ocasión. Comenzaban a darle forma de esta manera a una estrategia que sostendrían a pesar del clima, de la falta de recursos, de la estricta agenda del Poder Judicial y cuanto obstáculo pareciera interponerse. Salir a la calle comenzó a ser una de las principales herramientas para hacer escuchar las demandas que se reunían bajo el grito de justicia.

En el primer año el andar de la causa fue lento aunque las esperanzas se mantenían a raíz de la detención de tres jóvenes que habían participado en la balacera previa al asesinato de Mecha. Para mediados de marzo de 2014una nueva movilización en Tribunales Provinciales denunció una particularidad de la causa que parecía ilógica pero que a su vez formaba parte de “la justicia burocrática” que venían reprochando en cada manifestación.  Los vericuetos del nuevo Sistema Procesal Penal llevaron a que el juez Negroni fuera trasladado a la Circunscripción Judicial Nº 2 de Rosario, motivo por el cual la causa permaneció sin juez durante un tiempo. Otro reclamo surgía de la bronca que significaba que Héctor Riquelme, acusado como el homicida desde un primer momento, estuviera prófugo y no existieran ni siquiera indicios de dónde se podría haber escondido. “Es una pequeña tomada de pelos”, decía Juan en aquella movilización al salir de lo que el mismo llamó “el gran palacio de Tribunales, donde vive la injusticia”. “Nosotros dimos datos de dónde puede estar, a mí parecer la Policía no lo está buscando. Vamos a seguir exigiendo porque no es nuestro trabajo tener que agarrarlo al culpable”, avisaba.

Las movilizaciones no cesaron, y los efectos empezaban a surgir, fuera y dentro de Tribunales.  En la madrugada del sábado 17 de mayo, uno de los hijos de Riquelme – ya estando imputado en la causa y gozando de la libertad que le habían concedido ante su prisión domiciliaria – se apareció junto a sus hermanos en la casa de Mercedes y arremetió varios disparos con un arma casera, además de robar una moto. La intención fue clara: matar o asustar, con el fin de que no se siguiera saliendo a las calles para exigir avances en la causa. Este episodio duplicó la movilización y así se gestó un nuevo acto en Tribunales para, además de volver a criticar el estancamiento de la causa, visibilizar el grado de desprotección con el que la familia de Mercedes convivía a diario.

Septiembre de 2014 llegó con la emotividad a flor de piel. La mañana del 15 de agosto decenas de personas se reunieron en la plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación. Había globos, banderas, músicas, pintadas.Festejaban el cumpleaños de Mercedes, el segundo sin su presencia física.  “Creemos que la alegría es una manera de cambiar un poco la realidad. La tristeza y los llantos que salen de uno intentamos convertirlos en lucha”, decía Juan aquella mañana. Para ese entonces su rol ya no sólo era el del familiar de una víctima, sino que comenzaba a posicionarse como militante. Así fue que en sus palabras, además de denunciar y demandar todo lo relacionado a la causa judicial, vinculaba la pérdida de su madre con el contexto político y social que asedia a las barriadas populares. “Estamos acá porque es donde están los grandes responsables. Son ellos los que tienen que ocuparse de lo que nosotros como militantes y organizaciones nos estamos ocupando. El gobierno no se hace presente y nosotros no tenemos las herramientas necesarias”, sentenciaba Juan.

El ejemplo de lo que es la llamada justicia popular se hizo fuerte aquella mañana. “No esperamos sólo la justicia de Tribunales, que es una justicia de elite y hegemónica, sino construir una justicia desde el pueblo, que luche visibilizando la causa de los pobres. Mercedes como luchadora social organizada en un colectivo de mujeres en un barrio fue asesinada como consecuencia del sistema capitalista”, explicaba uno de los militantes de El Caleidoscopio. “En esta lucha no sólo estamos para encarcelar, porque todo el contenido de la justicia se recubre desde la lucha popular. No creemos que en el Estado reside la justicia, porque la justicia reside en la sociedad, que debe intervenir para que el Estado cumpla sus funciones”, contaba otro compañero de la organización.

Pocos días después de esta movilización – pero no casualmente – llegó la noticia esperada. En la mañana del 25 de septiembre de 2014 Juan Ponce avisó a través de Facebook: lo habían llamado para anoticiarlo de la captura de Héctor Riquelme. Un grupo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo arrestó en una casa del barrio chaqueño de la ciudad de Santa Fe después de un año y ocho meses de mantenerse prófugo. Para entonces la doctora Patricia Bilotta había sido designada como jueza en la causa.

El 2014 se despidió con un avance fundamental y con El Caleidoscopio acompañando y aprendiendo del duro andar en busca de justicia que había desplegado el Movimiento 26 de Junio por el Triple Crimen de Villa Moreno. La condena a los responsables en los últimos días del 2014 significó otro aliento esperanzador. Y el 2015, por su parte, comenzó con los últimos impulsos necesarios. El fiscal de Cámara Guillermo Camporini y el abogado Ricardo Lamas, representante del Centro de Asistencia Judicial y querellante en la causa, coincidieron en la actitud homicida de Riquelme aquella tarde del 8 de enero de 2013. La jueza Carina Lurati adhirió y asífue confirmada la prisión preventiva que Riquelme mantenía desde diciembre. El relato de los hechos volvió a remarcar que entre las bandas que se tirotearon aquel día hubo un parate que fue reanudado por Riquelme, quien dando nuevos disparos asesinó a Mercedes. Haber estado prófugo tampoco ayudó, por lo cual la prisión preventiva se tornó irrevocable.

La construcción paralela de justicia popular continuó rompiendo fronteras cuando en mayo pasado el Centro Comunitario San Cayetano le abrió las puertas a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela rural de Ayotzinapa en México. En el marco de la “Caravana 43”, que comprendió el recorrido por distintos países del mundo, familiares de los estudiantes mexicanos participaron de un panel junto a Juan Ponce y otros referentes locales. “Pensaba que solamente en Ayotzinapa nos asesinaban, nos levantaban y nos masacraban, pero lamentablemente no es allá nada más. Acá pasa lo mismo con este mal sistema”, comentaba Francisco, uno estudiante sobreviviente que formaba parte de la gira.

La segunda mitad del 2015 comenzó a marcar el final del camino en las causas judiciales. La investigación pasó al juez José Luis Mascali y en octubre hubo condenas en la causa paralela que abordaba la balacera previa al crimen de Mecha, lo que también significó la certeza de que para el homicida iba a haber condena.

Las movilizaciones continuaron y tuvieron lugar bajo la lluvia y el frío, bajo el sol y el calor, para demostrar la presencia continua y ejercer presión sobre la condena que iba a tener Riquelme. Incluso hubo un acampe en diciembre, en la misma carpa en la que se hizo la vigilia previa a la condena por el Triple Crimen, en donde se realizaron actividades de todo tipo para mantener firme la lucha sobre el final del año. En cuanto a la causa, el reclamo de las organizaciones hacía hincapié en el impacto social que había tenido el asesinato de Mecha. “No sólo mató a mi madre, sino un montón de ilusiones, porque ella trabajó con sus compañeras durante más de veinte años poniendo el cuerpo donde el poder político no lo hace, porque están presentes en forma corrupta y vemos cómo los chicos se nos pierden”, contaba Juan. Buscaban que a la hora de definir la condena, el juez Mascali tuviera en cuenta el rol militante de Mercedes, su legado en el barrio y la organización que duplicó su crimen en las calles de Ludueña y otros movimientos populares de la ciudad.

Así fue que en febrero de 2016, a poco más de tres años de su asesinato, Mercedes Delgado tuvo justicia. Un destino marcado que sus familiares y las organizaciones sociales que la acompañaron decidieron y construyeron peldaño a peldaño. El rostro de Mecha en las banderas siempre tuvo fuego, porque así fue su vida y así continuó la lucha que dejó como legado, y fue ese mismo fuego el que hizo justicia. Ya sintiendo el alivio, Juan Ponce cuenta que ahora podrá volver a la casa de su madre y al Centro Comunitario San Cayetano, y por sobre todas las cosas podrá llevar a Ludueña un poco de esperanza: “Que sepa el barrio que nada queda impune, que caminando podemos llegar a conseguir justicia”.

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