Son 15 los juicios por delitos de lesa humanidad que están programados para este año en todo el país. Entre los organismos de Derechos Humanos existe preocupación y dudas en torno a la voluntad política del Estado nacional por mantener el impulso sostenido en los últimos años. Reuniones y despidos de personal abocado al trabajo de investigación en estas causas, dejan entrever un horizonte poco claro para los próximos meses.
Por Carina Toso
El 2016 arrancó en un marco de incertidumbre para los organismos de Derechos Humanos que vienen trabajando desde hace décadas para lograr que los represores sean condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
A pesar de algunas reuniones entre autoridades nacionales y provinciales con representantes de estos organismos -y con el supuesto compromiso del Estado nacional en garantizar la continuidad de los juicios de lesa humanidad tanto en Rosario como en el resto del país- algunos hechos y decisiones dejan entrever que la voluntad política para que estos procesos sean eficaces, no está plenamente garantizada. Y no sólo en lo que refiere al plano estrictamente judicial. Lo que preocupa, además, es la postura del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en diversos aspectos.
Mientras se había programado para fines de enero una reunión del presidente Mauricio Macri con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, la APDH, el CELS, entre otros organismos, la situación fue mutando sobre la marcha. El presidente cambió de idea y les comunicó que el encuentro estaría encabezado por el jefe de Gabinete Marcos Peña, ya que el representante del Ejecutivo había pautado para ese mismo día y hora una reunión con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. Finalmente, Mauricio Macri recibió a las Abuelas y Madres, pero un mes después. (Ver Petitorio presentado: http://es.scribd.com/doc/300263192/Petitorio-de-Organismos-de-DDHH-a-Macri)
Si a esto se le suman las decisiones políticas que se tomaron por parte del gobierno nacional en el mes de febrero, la cancha se va marcando muy claramente: Macri nombró a cuatro ex militares vinculados con delitos de lesa humanidad a cargo de diferentes áreas del Estado. Uno de ellos es el coronel retirado Osvaldo Hipólito Tosco, que sin aparecer en el Boletín Oficial quedó al frente de la Dirección General de Política Internacional del Ministerio de Defensa. Tosco fue parte del Operativo Independencia y de la Fuerza de tarea Cóndor en Uspallata, zona en la que se investigan 25 hechos de lesa humanidad entre desapariciones y muertes. En 2012, él mismo declaró que recibió capacitación “para torturar e interrogar prisioneros”. A Tosco lo siguen el coronel retirado Eduardo Thenon, como subsecretario de Formación, el coronel retirado Hugo Pierri, a cargo de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, y Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción, dentro de Fabricaciones Militares.
Otro aspecto a tener en cuenta, y de gran relevancia a la hora de analizar la voluntad política de seguir destinando recursos humanos y económicos al avance de los juicios de lesa humanidad, es la gran cantidad de despidos que se vienen realizando en áreas clave de Derechos Humanos, abocadas a estas causas en distintos organismos del Estado. Esto sucedió en el Ministerio de Justicia y el de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Derechos Humanos de Defensa, en la Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central, el Programa Verdad y Memoria, y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, entre otros.
Y una más: la visita del presidente estadounidense, Barack Obama, ya está programada para los días 23 y 24 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional de la Memoria, con el objetivo de iniciar “una nueva era” en las relaciones bilaterales. Aunque aclararon desde la Casa Blanca que las intenciones son, además, reconocer al presidente Macri las “contribuciones en la defensa de los derechos humanos en la región”. Llamativo, pero cierto.
Promesas y dudas: lo que van dejando las reuniones
Norma Ríos, presidenta a nivel nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue una de las militantes presente en la reunión encabezada por Marcos Peña y en otra anterior, con el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
“En estos encuentros nos preocupamos por el nombramiento de represores en lugares clave del Gobierno, el futuro del Archivo Nacional de la Memoria y, por supuesto, por la continuidad de los juicios contra represores. La única respuesta que nos satisface es que, de todos los funcionarios que vimos hasta la fecha, nadie dice que los juicios no van a continuar. Todos dicen que van a seguir”, expresó Ríos.
La titular de la ADPH calificó algunas actitudes del gobierno nacional como “provocaciones con un significado simbólico fuerte”. Entre ellas el hecho de que el Secretario de Derechos Humanos reciba al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización que reivindica la teoría de los dos demonios y se refiere a los 30 mil desaparecidos “como terroristas subversivos”, y la superposición de la reuniones con los organismos y Héctor Magnetto.
“A nosotros nos costó muchísimo en estos años que la gente se forme una idea de lo que significan los juicios, en los últimos tiempos comenzó a pensarse que había cosas que no iban a quitárselas nunca, pero vino un presidente con decenas de decretos y les sacó todo”, agregó.
Los puntos más importantes del documento que los organismos llevaron a la reunión con el Jefe de Gabinete fueron: la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y el acompañamiento a testigos, como garantía de su integridad física y salud; la búsqueda de los prófugos; el mantenimiento de las Unidades de Búsqueda de Información de los Ministerios de Seguridad y de Defensa de la Nación; la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria; la participación en los procesos de control de ascensos militares; la búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio; la búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos, y la continuidad de las políticas educativas y culturales en materia de derechos humanos.
También manifestaron una gran preocupación sobre los despidos masivos en el Estado, que afectan áreas de Derechos Humanos en diferentes ministerios y el derecho a la protesta social, y en ese contexto exigieron la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
A nivel provincial se llevó a cabo un encuentro entre el Espacio Juicio y Castigo, integrado por distintos organismos de derechos humanos, con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, quienes se comprometieron a “dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y a dejar abierto un canal de diálogo para trabajar sobre la agenda propuesta por los organismos”.
Desde el Espacio Juicio y Castigo también manifestaron su “preocupación por lo que está sucediendo con el vaciamiento de las políticas públicas a nivel nacional, como en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o la persecución ideológica y criminalización de la militancia”.
“El gobierno santafesino está dejando mucho que desear en este aspecto, por ejemplo hasta hoy la Dirección de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe está vacía, no se designó a nadie para ese cargo. Se está dando un vaciamiento en estos espacios desde el 10 de diciembre”, afirmó Nadia Schujman, abogada de HIJOS y miembro de Juicio y Castigo. En este sentido, agregó: “Nuestra Justicia Federal no es la más comprometida en llevar adelante los juicios de lesa humanidad, siempre relajaron los tiempos y las condenas. En el caso de que se frenen o se vea afectada la realización de los juicios siempre vamos a tener la calle, que es nuestra, para manifestarnos y después los canales formales como la Secretaría de Derechos Humanos, la Corte Suprema y los legisladores”.
Para Schujman, como para muchos miembros de estas organizaciones hay un punto fundamental que implicaría dar un primer paso para intentar impedir que los juicios se frenen: “La marcha del 24 de marzo tiene que ser más masiva que nunca, tenemos que realizar la convocatoria más amplia posible porque de eso también depende la normal continuidad de los juicios. La marcha tiene que ser una sola”.
El rol querellante del Estado Nacional
Otra de las dudas que se plantean en este ámbito es si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación seguirá actuando como querellante en representación del Ejecutivo en los juicios de lesa humanidad. Existe un pedido por parte de los abogados defensores de represores para que esta actividad cese, ya que consideran que el Estado ya está representado por la Fiscalía en el proceso. “Por ahora no se generó ningún cambio en ese sentido, según lo comunicado no se modificaría esa política”, afirmó Santiago Bereciartua, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en juicios de lesa humanidad. El secretario Avruj convocó para el próximo 4 de marzo a los abogados de esta dependencia a una reunión en donde se analizarán los pasos a seguir a lo largo de este año.
En los Tribunales Federales de Rosario son tres los juicios programados para este año: el 24 de febrero se retomaron las audiencias en el Tribunal Oral N° 1, que investiga las muertes de los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi. Según se estipula, entre marzo y abril se dictaría la sentencia.
“Esperamos que en el mes de abril comience el juicio por la causa conocida como Guerrieri 3, en el Tribunal Oral N° 2 y que para el segundo semestre del año arranque el juicio por la tercera parte de la causa Feced que tiene 15 imputados y 124 víctimas”, adelantó la abogada Nadia Schujman.
Al mismo tiempo, en los juzgados de instrucción de los Tribunales Federales rosarinos se siguen tramitando numerosas causas, atravesando diversos estadios procesales. “Una de ellas es la que investiga los delitos económicos sufridos por la Biblioteca Popular Vigil. Durante este año, en principio, seguiremos avanzando en la colecta de prueba, tanto testimonial como documental, con el objetivo de identificar responsables”, explicó el fiscal federal Gonzalo Stara. “También se sigue avanzando con la investigación de los delitos cometidos en torno al 20 de marzo de 1975, con epicentro en la ciudad de Villa Constitución; la idea es evaluar las constancias colectadas, encaminándonos a establecer responsabilidades, tanto dentro de las fuerzas de seguridad en su accionar ilegal como entre los responsables civiles”, completó.
En la capital provincial seguirá adelante la Megacausa Santa Fe, el primer juicio en esa ciudad que investiga la apropiación de un bebé y cuenta, por tanto, con la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Los imputados son el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti; los militares Domingo Morales, Jorge Roberto Diab y Carlos Enrique Pavón; y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti.
En todo el país son 15 los juicios por delitos de lesa humanidad que se retoman tras la feria judicial, según el relevamiento realizado por InfoJus. Se desarrollan en nueve provincias. Además de Santa Fe, hay procesos en marcha en Córdoba, San Luis, La Rioja, Neuquén, Mendoza, Salta, Jujuy y Buenos Aires.
Según una estimación del portal www.fiscales.gob.ar, más de 280 acusados por crímenes de lesa humanidad podrían recibir sentencia este año si, como se espera, culminan los procesos judiciales que están en curso. (Mapa de los Juicios)
Estadísticas
El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que fue emitido en noviembre de 2015, arroja las siguientes cifras relevadas: a partir de 2006, año en que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas, de las 514 causas que contempla el documento, 233 están en etapa de instrucción, 147 tuvieron sentencia y 116 ya fueron elevadas a juicio oral.
Los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar fueron 622 y 57 fueron absueltos.
El citado informe de 19 páginas afirma que desde 2006, 2.166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad. De ellas, 1.065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgados. En nueve casos no hay datos, según publicó InfoJus.
Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias, 7 en hospitales y 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario y sobre 17 no hay datos.
Estos fueron los avances en los últimos 10 años, a pesar de los obstáculos interpuestos por algunos sectores que en ciertas causas dilataron los tiempos estimados.
