Durante la tarde de este domingo, un menor de edad fue detenido en la Comisaría 12 junto a otras tres personas. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal denunció a distintas fuerzas de seguridad por agresiones físicas, disparos y amenazas. Un nuevo capítulo de violencia policial en la periferia rosarina.

Por Martín Stoianovich

Agresión con balas de goma, golpes, insultos, detenciones arbitrarias, armado de causa y amenazas dentro de la Comisaría 12 del barrio Ludueña. Todas estas irregularidades denuncia el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal contra distintas fuerzas policiales que intervinieron en un operativo en la tarde de este domingo. Un menor de edad quedó detenido, también una mujer, junto a dos hombres que intentaron proteger al chico, sobre el cual según indican recaen frecuentes hostigamientos por parte de la policía del barrio. La denuncia, que tiene el patrocinio del defensor general Gabriel Ganón, ya fue presentada en la Fiscalía.

El relato de los hechos que parte de la denuncia presentada por el SPPDP está basado en el testimonio de las víctimas, entre los que se encuentran integrantes de organizaciones sociales que realizan trabajo social en el barrio. Por resguardo, debido a las frecuentes amenazas que sufren por parte de la policía, prefirieron mantener su identidad en privado. Pero el recorrido de los hechos alcanza para dejar en claro una serie de irregularidades que no tuvieron su primer capítulo este domingo, sino que es la continuación de los hostigamientos cada vez más frecuentes a los pibes del barrio, que fueron denunciados en distintas ocasiones. Este domingo, la puerta de la Comisaría 12 estuvo repleta de militantes y familiares de las víctimas, que se quedaron esperando la libertad de los detenidos y aguardando por su integridad física. Ya habían sido golpeados antes de ser detenidos y también dentro de la seccional.

Los hechos comenzaron este domingo cerca de las tres de la tarde, mientras el menor de edad en cuestión estaba en la puerta de la casa de su tía, en una zona del barrio Ludueña donde, entre familiares y vecinos, todos se conocen. Dos agentes de la Policía de Acción Táctica que andaban por la zona se acercaron al joven con intención de averiguar su identidad. Según la denuncia, cuando el chico dio su nombre los policías comenzaron a golpearlo con las esposas e intentaron retenerlo. El chico logró escapar de la agresión y se metió corriendo en la casa de su tía, que en ese momento estaba durmiendo. Según indicaron luego desde el barrio, la policía tiene la mira puesta en este joven y no es la primera vez que lo hostigan.

Los policías ingresaron a esta vivienda, según la denuncia “sin identificarse ni expresar el motivo de la intromisión”. En pocos segundos familiares y amigos del joven, integrantes de organizaciones sociales del barrio, se acercaron a la casa a preguntar qué estaba sucediendo. La respuesta de los agentes de la PAT fue que se llevarían al chico, acusándolo de intentar robar durante la noche anterior y esa misma mañana. Lo curioso, y que pone de manifiesto el accionar irregular de la policía, es que el menor de edad había sido retirado del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), este mismo domingo a las once de la mañana. Desde este punto, se pone en contradicción la versión policial.

Pero no hubo caso. Los policías tiraron al suelo el papel que certificaba la liberación del chico y continuaron con su objetivo: llevárselo a la comisaría. Y lo harían a pesar del intento de sus familiares y amigos. Para esto, además de la PAT, arribaron al lugar agentes del Comando Radioeléctrico, la Policía Comunitaria y personal de la Comisaría 12. Tíos y hermanos del chico se abalanzaron sobre él para protegerlo y pedirle a la policía que no se lo llevara sin motivos. La denuncia habla de culatazos, patadas y rodillazos sobre el chico y sus allegados.  En esos momentos ingresó a la vivienda uno de los hermanos del joven, de 19 años, quien fue empujado hacia afuera de la casa y agredido a escopetazos: la marca de trece perdigones quedaron en su pierna y en su abdomen.

Luego, las organizaciones que  se acercaron también recibieron agresiones. “Vos llamá a quien quieras, no me rompas las pelotas, yo sé lo que tengo que hacer y me lo voy a llevar igual”, dice el testimonio de una de estas personas sobre la respuesta que dio un policía al que le habían solicitado que esperaran a la intervención de un abogado y la defensora de turno para continuar con el procedimiento en caso de que fuera necesario.

Otros militantes sociales que se acercaban a la vivienda también fueron atacados con balazos de goma. Según especifica la denuncia, el jefe del Comando Radioeléctrico ordenó a sus subordinados que despejaran la zona. Esa orden fue suficiente para comenzar con los disparos que impactaron en dos militantes del barrio. A las personas que estaban dentro de la casa, continuaron golpeándolos y finalmente los trasladaron a la Comisaría 12. La denuncia detalla además que la mujer detenida fue llevada de los pelos.

Dentro de la comisaría continuó la violencia. Puntualmente sobre el menor de edad, con insultos, golpes, amenazas y escupitajos. También hubo agresión contra los demás detenidos, entre los que se encuentra un integrante de la organización social, sobre quien además de golpes hubo amenazas alusivas a su militancia. Para ese momento ya había intervenido la defensora de turno, Eleonora Verón, quién comunicó lo sucedido a la Fiscalía de Corrupción y Violencia Institucional, a la defensora de menores y el Juzgado de Menores de turno. La defensora ordenó la libertad de los detenidos cerca de las 18.30, pero se hizo efectiva recién llegando a las diez de la noche. El menor de edad por su parte fue trasladado nuevamente al IRAR, aunque no pudo escapar de las amenazas de los policías acerca de lo que podría sufrir dentro del Instituto.

La denuncia del SPPDP fue acompañada por imágenes de las distintas heridas sufridas por las víctimas de este procedimiento. Hay filmaciones que registran el momento de la agresión y testigos que están dispuestos a dar su testimonio.

Desde las organizaciones sociales del barrio y demás zonas de la ciudad que se solidarizaron con este nuevo caso de violencia policial, acusan a la policía de volver a hostigar a la juventud del barrio. El malestar es constante y lleva mucho tiempo, porque los pibes continúan siendo perseguidos a diario y amenazados de muerte. En Ludueña, como en muchos otros barrios rosarinos, hay un pedido implícito pero urgente de intervención estatal, para que se controle al accionar policial y se destine a los jóvenes víctimas de esta problemática la protección necesaria. Los casos de torturas y amenazas no son rumores y, por el contrario, se reflejan en distintas denuncias que permiten configurar la realidad de las barriadas populares.

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