Una nueva explosión sacudió a Rosario. Mientras se investigan las causas y responsabilidades, vuelve a hablarse de las irregularidades que las autoridades estatales no deberían haber dejado pasar. Vecinos y vecinas del barrio se organizan para fortalecer sus reclamos.
Por enREDando
El 9 de noviembre de 2015, cuanto mucho, el laboratorio Apolo de la calle Alem al 2900 debería haber cerrado sus puertas para siempre. O por lo menos así lo había determinado la inspección que devino en su clausura. Pero siguió funcionando, hasta que el pasado 27 de junio explotó una caldera que destruyó el lugar, hirió a cinco personas y afectó a varias casas linderas. Horas después del hecho, los vecinos y vecinas de barrio Tablada comenzaron a organizarse, a hacer asambleas y decidir en conjunto qué camino tomar. Mientras se habla de los manejes millonarios del dueño del laboratorio, de la pasividad de las autoridades municipales y provinciales con las irregularidades que hay detrás de cada uno de esos manejes, la organización colectiva asoma como una herramienta escondida que, como consecuencia de una desgracia, sale a la luz. En la noche de este miércoles, la asamblea de Tablada se reunió en una sala del edificio de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, donde quedó en claro un punto en común que, a raíz de la propia organización, ya es un hecho: Apolo no volverá a funcionar en Alem al 2900.
Ahora hay funcionarios municipales y concejales preocupados. Pero Apolo no está en condiciones de mantenerse en funcionamiento desde hace años. Los reclamos de los vecinos nunca fueron escuchados, y sólo volvieron a resonar ante las cámaras expectantes de la televisión que se acercaron a cubrir el después de la explosión. Los concejales Jorge Boasso y Fernanda Gigliani presentaron algunas pruebas ante los fiscales que investigan el hecho, Mariana Prunotto y Walter Jurado. Pruebas que determinan clausuras violadas en cinco oportunidades y certifican que el laboratorio no debería haber estado en funcionamiento.
El trabajo de los fiscales por estos días está abocado a la investigación penal: por qué se produjo la explosión de la caldera y quiénes son sus responsables. Mientras tanto, los vecinos afectados material y físicamente, piensan en cómo encarar un reclamo legal por el lado civil. Pero también se deberá investigar si hubo responsabilidad del Estado.
Las distintas irregularidades, qué bien podrían ir entre comillas, también permiten pensar en complicidades, en vistas gordas, o en los parches de los que goza el sector privado ante cada problemática hasta que estalla por la propia naturaleza de la desidia. Si ahora hay vecinos y vecinas que repiten una y otra vez sus reclamos, es porque nunca antes habían sido oídos. Pero no es casual que prevalezca el negocio por sobre la seguridad de la población. No pasaron demasiadas horas para que los medios de comunicación de la ciudad dieran a conocer que el laboratorio Apolo, ligado a la cuestionada industria farmacéutica, factura varias decenas de millones al año a través de la fabricación, fraccionamiento y envasado de productos farmacéuticos. Que, por consiguiente, su ex dueño es un conocido millonario y que además carga con un procesamiento judicial por integrar un grupo de empresarios que entre los años 2000 y 2005 desvió más de veinte millones de pesos del Pami. Ahora, entre demasiadas indefiniciones, hay distintos nombres que aparecen a la cabeza del laboratorio. Lo que resta es la acostumbrada relación entre el Estado y las grandes empresas: cuando el dinero se cuenta en millones, todo lo que hay por afuera, como el miedo de los vecinos, puede esperar.
Desde la Fiscalía avisaron que se solicitaron informes a Energas para conocer el procedimiento de habilitación para este tipo de laboratorios y qué tipo de controles deben realizarse. También indicaron que pidieron a Litoral Gas un “informe de instalaciones de gas y controles en el inmueble”, y que se solicitó al Ministerio de Trabajo “toda la documentación sobre las actuaciones que se realizaron relacionadas a la empresa en esa sede”. “Se pidió la nómina de trabajadores, la cual dicen no tener aún ya que fue requerida a la empresa y todavía está en plazo para responder a esa información, y también el historial de inspecciones que se realizaron en ese inmueble”, agregaron desde la Fiscalía. También se solicitará al Registro Público de Comercio un informe sobre quiénes son los accionistas de la empresa. Además, se esperan los resultados de un informe pedido a Obras Particulares sobre los planos eléctricos del edificio “para tomar conocimiento de conexiones de las calderas”.
Mientras tanto hay un vecino internado en terapia y otros que se organizan para descubrir y afrontar un mundo que quizás les era ajeno. El pasado 27 de junio las irregularidades que ahora se investigan tuvieron consecuencias duras y afectaron a los vecinos de Tablada. Por eso se organizan y comienzan a verse las caras más seguido, a entender también el sentido de lo comunitario. Y queda expuesta también la importancia de construir lazos no sólo cuando ajusta la urgencia. Lazos que aceitan a la organización colectiva y que la visibilizan como algo necesario no sólo cuando las desidias, justicias e impunidades pegan en el propio rostro.
Desde el martes 28, los vecinos y vecinas organizados en asamblea no pararon. Formaron una comisión que encabeza los distintos procedimientos que decidieron encarar. Se juntaron con los fiscales, con los presidentes de cada bloque del Concejo Municipal, y con la cabeza del ejecutivo municipal entre los que estuvo la intendenta Mónica Fein. Buscan cómo continuar al tanto de los avances en la investigación penal y cómo encarar la pata civil de los afectados más cercanos. Por el momento, las cosas parecen ir aclarándose. En la asamblea no dudaron en afirmar que no quieren ir contra las fuentes laborales de los trabajadores del laboratorio, que muchos son vecinos del barrio, sino que exigieron que funcione en otro lugar. El primer pedido, que deje de funcionar en el lugar donde explotó, ya es un logro. El resto se verá en un camino que recién comienza a andarse. La organización de Tablada demostró nuevamente que la presión social es la soga al cuello del Estado que no es Estado. Y menos de diez días alcanzaron para dejar en claro que el fortalecimiento de este proceso será clave.