Las abogadas de la APDH solicitaron una nueva indagatoria y la detención del ex capellán de la policía santafesina durante la dictadura militar, Eugenio Zitelli. Este pedido se realizó tras las testimoniales de Enrique y Martín Grigioni y Gustavo Actis, quienes estuvieron detenidos en el Servicio de Informaciones ubicado en las calles Dorrego y San Lorenzo.
Por Carina Toso
Las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, presentaron ante la justicia federal de Rosario un nuevo pedido de indagatoria y de detención para el ex capellán de la policía santafesina Eugenio Zitelli. Tras la recopilación de nuevos testimonios, la medida se extendió para otros 15 imputados en el marco del tercer tramo de la megacausa Feced.
Esta causa ya fue elevada a juicio oral pero su inicio todavía no fue confirmado, por lo que esta presentación también intenta acelerar los tiempos judiciales que desde comienzo de este año, tanto en Rosario como en el resto del país, vienen más demorados que de costumbre. Así, se mantiene latente la preocupación de los organismos de derechos humanos que acompañan la causa.
Según manifestaron las abogadas querellantes, tras las declaraciones testimoniales brindadas por Enrique Grigioni, Martín Grigioni y Gustavo Actis entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 “los imputados en la causa deben ser indagados por los delitos sufridos por los nombrados”. Se trata de: “Ovidio Marcelo Olazagoitía, Pedro Travagliante, Rubén José Lofiego, Carlos Ulpiano Altamirano, José Carlos Antonio Scortechini, Lucio César Nast, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Eduardo Dugour, Ramón Rito Vergara, Ernesto Vallejo, Daniel González, Alfredo Marcote, Héctor Oscar Gianola, Ricardo José Torres y Eugenio Segundo Zitelli en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con el delito de tormentos”.
A partir de los testimonios de las tres víctimas, las abogadas Durruty y Pellegrini consideraron que es evidente la responsabilidad de los integrantes hasta ahora identificados de la denominada patota de Feced en sus respectivos cautiverios. “En muchos de los casos identificados directamente por las víctimas mediante los alias utilizados en el centro clandestino, probados todos ellos por numerosísimos testimonios brindados durante los 122 cuerpos de la causa”.
Con respecto a la pertenencia de Ovidio Marcelo Olazagoitía, Pedro Travagliante, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Héctor Fermoselle, Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo y Ricardo José Torres a la patota que accionaba en el Servicio de Informaciones (SI) está probada con la certeza necesaria para una condena penal en el fallo recaído en la segunda elevación a juicio oral de la presente, al igual que la de Rubén José Lofiego, José Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara, Alfredo Marcote en la primera. En relación a Daniel González, Héctor Oscar Gianola y Eugenio Segundo Zitelli, “los tres se encuentran entre los imputados de la tercera elevación por lo cual su participación reviste el grado de probabilidad necesario para procesar”, afirma la APDH en el escrito presentado a la justicia. El mismo indica: “Más allá de su pertenencia al grupo de tareas que secuestraba, atormentaba, abusaba sexualmente y en muchos casos desaparecía físicamente a las víctimas del SI, en los casos particulares de Actis y los hermanos Grigioni, sus testimonios relatan con mucha precisión la responsabilidad de aquellos que venimos a sindicar como responsables de los delitos de privación ilegítima de la I libertad agravada y tormentos calificados cometidos en su perjuicio”.
La responsabilidad de Zitelli
Zitelli fue capellán de la policía entre 1964 y 1983. Muchas de las víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, aseguraron que visitaba periódicamente el centro clandestino de detención que funcionó en pleno centro rosarino. En ese lugar ofrecía misa, confesiones y también entrevistaba a los detenidos.
El 8 de noviembre de 2011 Zitelli fue detenido, pero con la modalidad de prisión domiciliaria. El 11 de abril de 2012 recuperó su libertad previo pago de 50 mil pesos de fianza. Según un informe de la querella, basado en testimonios de las víctimas, el ex capellán fue visto por víctimas alojadas en el Servicio de Informaciones con las que también mantuvo contacto. También lo vieron en la Alcaidía y visitó presos en cárceles.
En la presentación de las abogadas, le dedican un apartado al caso de Zitelli por su particular rol en la asociación ilícita dada su condición de sacerdote de la iglesia católica. También citan jurisprudencia en la materia la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata en la causa Nº 2506/07 contra Christian Federico Von Wernich, en la que se brindaron valiosos elementos a fin de ponderar la responsabilidad que le cupo al ex capellán como miembro del aparato represivo y que resultan a todas luces enriquecedores en este caso. En esa condena se expresó: “No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba “después” de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que integraba. En efecto, es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a aconsejarle que hable para no ser torturado nuevamente”.
Actis recordó las palabras que escuchó de Zitelli después de permanecer detenido clandestinamente y ser trasladado a la Alcaidía de la policía en un proceso de “blanqueo” de su detención. “Me dijo que yo tenía el alma liberada porque había pagado mis culpas y esperaba que mi mente no cometiera el pecado de ir por un camino equivocado”, recordó. Para las abogadas “estas palabras, dichas por un sacerdote, luego de que aquel fuera secuestrado y atormentado en el marco del terrorismo de estado, son una clara muestra del rol que aquel cumplía en la patota”.
Mientras que a Enrique Grigioni el ex capellán le dio este consejo: “Zitelli me dijo que tenía que colaborar para no sufrir las consecuencias”.
Está acreditado que Zitelli se desempeñó como capellán de la policía en los años ‘70 y hasta el inicio de la democracia, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención en dependencias del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. En dicha función, participó de las “misas, confesiones y entrevistas” con los detenidos y detenidas en la mencionada dependencia, en su carácter de capellán de la Policía, de lo cual resultaría una pieza más para el funcionamiento y sostén del mecanismo represivo existente en ese sitio.
El 20 de marzo de 2012 la justicia procesó al sacerdote de la patota como partícipe necesario de nueve casos de privación ilegítima de la libertad agravada y como coautor del delito de asociación ilícita. En la misma causa, en mayo de 2013 también se lo procesó por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de otras cinco víctimas que permanecieron secuestradas en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario en base a las mismas consideraciones.
“La responsabilidad de Zitelli en los tormentos es clara y a estas alturas del desarrollo de los juicios por el accionar genocida. En el caso particular de Zitelli, entendemos que el procesado debe ser imputado por los tres nuevos casos objeto del presente pedido, y detenido para garantizar que no se sustraiga a la acción de la justicia y ante el temor de una fuga”, concluyeron las abogadas de la APDH.
