A Maximiliano Zamudio, de 16 años, lo asesinó un prefecto en barrio Tablada en mayo de 2015. Fueron dos disparos, uno de ellos en la cabeza, cuando la víctima estaba desarmada. En medio de duras críticas, el fiscal Miguel Moreno archivó la causa argumentando un «error invencible». 

Por Martín Stoianovich

Fotos: Raíz Comunicación desde Abajo

Marcelo trabajó todo el día en el lavadero. Ahora descansa en su casa de Uriburu al 200. Es miércoles 27 de mayo de 2015 y apenas faltan unos minutos para las once de la noche. Pocas atracciones hay en la televisión. El partido de River contra el Cruzeiro de Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores compite en atención con el partido de Boca ante Huracán de Las Heras por la Copa Argentina. El rato pasará entre estas opciones. En la casa también está la pareja de Marcelo y su hijo, quien fue a comprar una gaseosa a la rotisería del barrio. Ahora el chico entró, pero subió a su habitación y olvidó cerrar la puerta de entrada. Al instante suena un portazo. Los dueños de la casa se asoman a la entrada y ven a un hombre, algo petiso y morocho, apoyado contra la puerta, del lado de adentro. Está asustado. Tiene un arma de fuego en la mano y otro artefacto que se le parece en la otra. Dice que le quisieron robar. Marcelo no le cree. “Con esos dos revólveres te quieren robar, salí de acá”, le dice. A los pocos segundos se escucha un bullicio tremendo en la puerta de la vivienda. Son los vecinos del barrio. De Tablada. Pide que saquen afuera a ese hombre armado para que se lo lleve la policía. Se trata de Ariel Fernando Condori Apaza, un cabo primero de la Prefectura Naval, de 32 años, que acaba de asesinar de dos balazos a Maximiliano Zamudio, de 16 años, en la oscuridad de un pasillo vecino. Condori intentará resistirse ante los efectivos del Comando Radioeléctrico que finalmente se lo llevan. Después, los vecinos destruyen el Ford Falcón blanco en el que el prefecto llegó al lugar.

La investigación sobre el asesinato de Maximiliano Zamudio alcanzó a mostrar dos hipótesis. Las dos tienen un punto en común como mayor certeza: en el hecho solo se disparó un arma, y fue la de Condori. Una Smith y Wesson SW99 calibre 40, con la que efectuó al menos dos disparos contra Maximiliano. Primero uno en la costilla, casi abajo del brazo, y luego uno en la cabeza que entró por atrás de la oreja izquierda y le salió por el ojo derecho. La autopsia del médico forense Raúl Félix Rodríguez determinará que el chico murió por “daño encéfalo craneal grave por proyectil de arma de fuego”.

Por lo demás, las dos hipótesis en juego en la investigación difieren en casi todo. Es que una es la del prefecto, y la otra la de la familia del chico muerto. Condori, que fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego pero desde un principio quedó en libertad, declaró ante el fiscal de la causa, Miguel Moreno. Dijo que aquella noche fue con una mujer, vecina del barrio, a buscar un equipo de música a la casa de la ex pareja de ella, ubicada sobre el pasaje Patricias Argentinas, un angosto pasillo que nace a la altura 200 de la Avenida Uriburu en continuación con la calle Colón. Que la mujer bajó y que él se quedó esperándola dentro de su Ford Fálcon blanco estacionado sobre el pasillo. Que en un instante se le acercan dos personas que le querían robar. Que uno de ellos, que resultaría ser Maxi, “hace como que va a ingresar al pasillo” y “se le va encima sobre el costado de la puerta”. Que primero le preguntó la hora y que luego le quiso robar, que el chico le apoyó “una especie de arma recortada” en la cabeza y que cuando le dio sus cosas y se identificó como policía, el otro sujeto presente en el robo le dijo que lo queme. Que entonces sacó su arma de debajo de su pierna y desde dentro del auto le acertó dos disparos a Maxi. El otro chico corrió y nunca más fue nombrado en la causa.

La otra hipótesis, sostenida por la mamá de Maxi y varios vecinos que presenciaron el hecho a unos metros de distancia, sostiene que el prefecto entró al pasillo en el auto, solo, que Maxi iba caminando y que Condori lo llamó. Que cruzaron algunas palabras, que Maxi se pegó la vuelta para ir para su casa y el prefecto lo volvió a llamar. Y que en ese instante le dio los dos disparos.

Luego de avanzada la investigación pudo saberse que esa “especie de arma recortada” que según Condori llevaba Maximiliano, no era más que la culata de un rifle de aire comprimido desarmado. No hubo una pericia sobre dicho objeto como para determinar a través de huellas dactilares si efectivamente Maxi la había tenido en sus manos. Ni siquiera alguno de los testigos mencionó que Maxi llevaba algo en sus manos, incluso dicen que iba con las manos cruzadas por el frío. Pero al fiscal Moreno le alcanzó el testimonio de Condori para dar curso a la investigación desde la hipótesis del intento de robo.

Así fue que decidió archivar la causa.

“Son 43 páginas de puro argumento técnico. Si yo me pongo a hablar sobre los argumentos que di por escrito soy injusto con la resolución”, dijo Moreno a enREDando cuando fue consultado por la decisión. En dicha resolución, afirma que Condori “en el momento en que sintió que se encontraba ante una situación límite, utilizó su arma de manera letal”. Moreno intenta justificar la ejecución de Condori sobre Maximiliano. Dice que la supuesta intención del chico de robar con ese objeto haciendo las veces de arma autorizaba a Condori a “utilizar un medio letal como el utilizado para defender su persona y sus bienes”. Admite la irracionalidad de Condori si se compara lo que víctima y victimario llevaban en sus manos, dando por sentado que Maxi efectivamente llevaba esa culata. “Cabe interrogarse sobre el conocimiento que (Condori) pudo tener en aquel momento sobre el real poder ofensivo del objeto que le fuera prácticamente apoyado en su sien izquierda, en horas de la noche y en el lugar que se desarrollaron los acontecimientos”, explica el fiscal.

Moreno acude al “error invencible”, una herramienta del derecho penal que relativiza la responsabilidad de un acto cuando hay algún tipo de desconocimiento sobre la realidad del hecho. Por eso destaca que “nada puede reprocharse a quien no sabe o no conoce o conoce erróneamente” y finalmente aprovecha la primera declaración del dueño de la casa en la que el prefecto se metió intentando escapar, quien también en un principio confunde el artefacto con un arma entera. Así, define que “si dos personas en similares contextos de hecho aprecian la culata de un aire comprimido y creen que se trata de un arma, deberá darse razón y con ellos afirmar la invencibilidad de su error”. Por eso en reiteradas ocasiones insiste en destacar que el supuesto error de Condori fue provocado por la propia víctima, ya que era su plan hacer pasar aquella culata como un arma en funcionamiento.

Evidencias de dudosa procedencia

La decisión del fiscal Moreno lleva consigo una serie de argumentos que, cuanto menos, generan dudas. En un año y diez meses de transcurrido el hecho, Moreno tomó distintas aristas. En el legajo ofrece la inspección ocular realizada por efectivos de la Comisaría 11, la autopsia del médico forense, fotografías de la escena, pericias balísticas que demuestran que el arma de Condori estaba apta para disparar y la culata que supuestamente llevaba Maxi no, una reconstrucción del hecho por parte de la Policía de Investigaciones, y el legajo de Condori por parte de la Prefectura en el que se establece que no tiene antecedentes por faltas disciplinarias. Esas son las evidencias ofrecidas por Moreno que tienen algún grado de objetividad.

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Pero en la investigación también se aprecian otras medidas tomadas por el fiscal, que resultaron determinantes. Primero están las declaraciones testimoniales. A favor de la hipótesis del intento del robo, solo hay una: la del propio prefecto imputado por el asesinato. Luego declara la hermana del prefecto, quien relata lo que éste pudo comentarle. Luego declara Carolina G., la mujer que supuestamente llegó con Condori al lugar del hecho a buscar el equipo de música. Su relato no ahonda en el momento puntual del crimen, simplemente porque no se encontraba allí sino, supuestamente, dentro de la casa de su ex pareja. Pero sí declaró contra Maximiliano, diciendo que el chico era “un desastre y se la pasaba mandándose cagadas”.

Por parte de la otra hipótesis del hecho, Moreno tomó el testimonio de la mamá de la víctima, otros parientes y vecinos que se encontraban en el lugar al momento del hecho. Son siete testimonios que brindan un relato en el que la mecánica de los hechos más relevantes, relatados líneas arriba, coinciden. Hay algunas diferencias en cómo Maximiliano llevaba sus manos, en cuántos disparos alcanzó a escuchar cada uno, e incluso en el testimonio de la madre del chico que en su primer declaración dice que el pibe se fue de la casa con una taza de leche y en la segunda habla de un vaso de yogur. Esos detalles le sirvieron a Moreno para hablar de contradicciones, desestimar dichos relatos y además pedir que se investigue a estos testigos por el delito de falso testimonio.

Otros puntos que llaman mucho la atención son las medidas de investigación que Moreno decide tomar para justificar el hecho abonando a la hipótesis del intento de robo. Utiliza una serie de conversaciones de Whatsapp del teléfono -intervenido por otra investigación- de Daniel Úngaro, detenido y sentenciado como autor del crimen de Roberto “Pimpi” Caminos, ex líder de la barrabrava de Newell’s asesinado en el año 2010. Son cuatro conversaciones en donde minutos después del hecho personas no identificadas en la causa hablan con Úngaro acerca del asesinato de “Machote” en lo que creen fue intento de robo. No solo que no se identificaron los otros números, sino que Úngaro nunca fue llamado a declarar como parte de la causa. Tampoco en este plano hay pruebas que relacionen al apodo “Machote” con Maximiliano. Sin embargo, Moreno también utilizó esas conversaciones como evidencia objetiva para creer que aquella noche el chico efectivamente estaba robando.

Pero hay más descubrimientos de Moreno en su tarea de stalker en redes sociales. Cita como evidencia el posteo de un usuario de Facebook que no se identifica con nombre y apellido completos. Se trata del descargo de un supuesto amigo de Maximiliano durante los días 28 y 29 de mayo de 2015, en donde dice que lo va a extrañar y que se va a quitar la vida para reencontrarse con él. También cita el comentario de una persona en el sitio web del diario La Capital en una nota sobre el caso. “Conozco gente que vive por ahí cerca y lo conocían como Machote. Los mismos refieren que era flor de choro”. Dicen que dicen que dicen. Pero ninguna de las declaraciones testimoniales, más que el propio imputado, dan cuenta de aquel supuesto intento de robo ni de la supuesta amenaza de Maximiliano con una culata que no dispara.

Por otra parte, Moreno cita un sumario del Juzgado de Menores 1 Nominación, de una investigación archivada sobre una tentativa de robo que recae en Maximiliano, y de un caso de abuso de armas. Los abogados querellantes que representan a la madre de la víctima criticaron esta maniobra. “La Fiscalía se sitúa en una postura del derecho penal de autor y considera como elemento de prueba contra la víctima un hecho aparentemente endilgado a Maximiliano Zamudio cuando era persona menor no punible, causa no investigada y archivada en orden a previsiones legales que no alteran el principio constitucional de inocencia”, expresaron en relación a que el chico tenía 15 años cuando fue acusado por esos hechos que Moreno utilizó para darle solidez a la idea de que Maximiliano era un ladrón.

Cuestión ideológica

El archivo de la causa provocó el repudio de la familia Zamudio y de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, integrada por familiares de víctimas y organizaciones sociales, políticas gremiales y de derechos humanos. En el ámbito jurídico, la respuesta de la querella que representa a María, la mamá de Maximiliano, fue una solicitud de revocación del archivo fiscal. En ella se ofrecen varios argumentos.

Puntualmente sobre la culata del rifle de aire comprimido, que para Moreno es crucial a la hora de archivar la causa, los abogados querellantes amplían su punto de vista con varios aspectos. Uno de ellos es la falta de pericias sobre ese objeto, por lo cual los letrados advierten que podría tratarse de una prueba plantada por el propio imputado. Además, cuestionan que Condori, siendo un prefecto con conocimientos en armas, no se diera cuenta que se trataba de un rifle desarmado. “Salvo la propia declaración de Condori, no existen testimonios que ubiquen tal elemento en poder de la víctima”, sostienen. En el mismo escrito agregan que Moreno utiliza “meras conjeturas con alto contenido discriminatorio y estigmatizante hacia la víctima, familiares y habitantes del barrio donde ocurrieron los hechos”. Para la querella, no puede considerarse jurídicamente ni darle valor de prueba a “un hecho de robo que no existió y el fiscal no probó”. “Solo cree porque se le ocurre así, -quizás porque es lo que su margen ideológico le permite- en la coartada de Condori”.

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Asimismo, vale detenerse en la posibilidad concreta del intento de robo. De todas formas el relato de los hechos, tanto del prefecto como de los testigos, dan cuenta de que la reacción de Condori fue excesiva. Más allá del “error invencible” que supone Moreno, en la causa quedó establecido que, al menos después del primer disparo, Maximiliano no era una amenaza para Condori. La misma PDI establece que quedó de espaldas al momento de recibir el segundo disparo, que fue a la cabeza, a pesar de la diferencia con los testigos que hablan de un disparo con Maximiliano ya  tirado en el piso. Pareciera ser que, según el fiscal, una culata de un arma desarmada, imposibilitada para disparar, puede ser más o menos ofensiva según quién la use y dónde. Si es un pibe de un barrio periférico, en un pasillo oscuro y en un supuesto intento de robo, dicho artefacto en más peligroso que en cualquier otra circunstancia. Así es que queda legitimada la ejecución.

“¿Puede evitar su posicionamiento ideológico a los fines de avanzar en una investigación objetiva, eso es que no solo se investigue a la víctima fatal, sino que también y en orden a cumplir con su deber de objetividad confirme o descarte la coartada del agente de seguridad?”, preguntan desde la querella sobre el fiscal Moreno.

“Lo que subyace acá es un posicionamiento ideológico, es estigmatizante de estos pibes. Hay un marcado esfuerzo de responsabilizar a las propias víctimas de las muertes y en función de eso investigan a ellos y no a los autores del asesinato. Entiende que esta población es peligrosa y por eso se justifica la más grave y letal utilización de la fuerza de estos agentes”, sostuvo en diálogo con enREDando el abogado Salvador Vera, parte de la querella, sobre el accionar de la Fiscalía. Con la esperanza de que se revoque el archivo, se reunieron con el fiscal regional Jorge Baclini para manifestar las irregularidades en la investigación de este y otros casos de violencia institucional. De parte de Baclini, quedó el compromiso de elaborar en conjunto un protocolo de actuación para proceder en las investigaciones en estos hechos. Además, respecto del archivo del caso Zamudio, formalmente solicitarán que se ponga fecha a una audiencia oral en la que cada parte exponga y amplíe sus fundamentos.

Un caso testigo y una cuestión sistemática

Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, con una campaña llamada «No al archivo», denunciaron públicamente a Moreno, no solo por el caso Zamudio sino también por otras causas de ejecuciones policiales en las que interviene el fiscal. Los casos de Alejandro Ponce y Carlos Godoy son otros dos en donde Moreno avanzó en la investigación mediante el relato policial y no realizó medidas que puedan corroborar o refutar dichas versiones.

En un documento difundido por las redes sociales, denuncian los malos tratos de Moreno sobre los familiares cuando van a pedir novedades sobre las causas, la negativa del fiscal a realizar nuevas medidas probatorias, y la insistencia en investigar a las víctimas y no a los victimarios. Pero, además, se detienen en un punto de vista estructural criticando “el abordaje policial, fiscal y judicial inadecuado que se le da a este tipo de casos y que producen impunidad”. “Como ya hemos expresado, en la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos. Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo”, advierten.

En Rosario no existen ejecuciones policiales que tengan como víctima a otras personas que no sean jóvenes de barrios periféricos. El gatillo fácil tiene la mira definida sobre un sector social específico, y lo mismo sucede con el poder judicial a la hora de garantizar impunidades. El caso Zamudio pasa a convertirse en un paradigma de cómo encara la Fiscalía los casos de gatillo fácil. No solo la investigación basada en el relato policial, que criminaliza y estigmatiza a la víctima y desemboca en que se archive la causa. Sino también el pedido de investigación sobre los testigos presenciales por falso testimonio, en una maniobra que puede leerse como una intimidación o persecución a quienes vieron y se animaron a declarar.

 

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