Las Madres de la Plaza 25 de Mayo Rosario convocaron a repudiar el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio de la ley del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. La Plaza colmada como signo vital para organizar la resistencia frente a los intentos de tender un nuevo manto de impunidad en Argentina.
Por María Cruz Ciarniello / Fotos: Tomás Viu
[dropcap]“[/dropcap]No hay que bajar los brazos”.
La frase no fue una más. Quizá porque quien la dice es una de las Madres de la Plaza 25 de Mayo. Quizá porque a cuarenta años de su nacimiento como organización, cuesta digerir un embate judicial tan vergonzoso como doloroso. Quizá porque nunca imaginamos semejante retroceso, más allá de las alertas que se vienen sucediendo desde diciembre de 2015 al presente, con la asunción de Cambiemos al gobierno nacional.
No es una frase más cuando los ojos de Norma Vermeulen transparentan dolor. 86 años tiene Norma. Cuarenta lleva luchando junto a otras Madres, exigiendo al comienzo, la aparición con vida de su hijo, y después, el juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la última dictadura cívico militar.
Fue a partir de la derogación de las llamadas leyes de impunidad, cuando ellas, las Madres y las Abuelas y los testigos y sobrevivientes, comenzaron a respirar halos de justicia. Por eso, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia es un puñal que se clava en la memoria y en una ejemplar política que hasta ahora, tenía nuestro país en materia de Derechos Humanos.
Juzgar el genocidio no fue fácil. Lograrlo implicó un proceso de lucha que lleva años. Los impulsores son los organismos de derechos humanos en todo su conjunto. Hubo avances, retrocesos, décadas de impunidad, gobiernos cómplices. Las Madres y Abuelas jamás bajaron los brazos. Jamás. Y nunca buscaron venganza. Su palabra, la que llevan estampada en sus pañuelos rebeldes es la de Justicia. Con todo el marco de la ley y las garantías constitucionales de un Estado de derecho. Así, de este modo, es que se llevan adelante los llamados juicios de lesa humanidad, un proceso histórico destacado a nivel mundial.
“Parece que quieren matar de nuevo a nuestros hijos, pero no lo van a lograr”. Tenaz como la memoria; fuerte, entera. Norma interpeló a una plaza colmada. A una plaza que se llenó en tan solo 24 horas. La convocatoria fue clara: además de la indignación volcada en las redes sociales, había que encontrarse. Organizar la resistencia. Y así fue. La ronda habitual de los jueves fue un acto espontáneo de repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conoció este miércoles 3 de mayo.
¿Qué dictaminó? Declaró, por mayoría, aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires. La decisión tuvo los votos a favor de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, estos dos últimos propuestos por el gobierno nacional con la necesaria aprobación del Senado. La ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.
El fallo fue dictado en el marco de la causa “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón. En este caso el beneficio fue para el represor Luis Muiña condenado en 2013 a 13 años por cinco casos de secuestro y torturas. Integró el llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. “Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas.”
La periodista especializada en judiciales, Irina Hauser, explica el alcance de este fallo: “El fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas. El voto de la mayoría suprema sentencia que: “Las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Agregan los supremos que “la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente” Entonces recuerdan que la ley llamada del “2 x 1” (24.390) estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, que es un lapso intermedio entre el delito y la condena, y señalan que no se planteó una distinción para los crímenes de lesa humanidad. También se aferran a un precedente, “Arce”, que especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma. Una simple mirada de la sentencia permite deducir también que los únicos que se podrán beneficiar de sus efectos y de la ley del “2 x 1” son los genocidas y los apropiadores de niños. Son contados los acusados de delitos comunes que podrían invocarla: quienes cometieron un delito antes de 2001, cuando fue derogada, ya se habrán beneficiado con ella o tendrán sentencia, o los delitos ya esta altura estarán prescriptos. Por esta razón algunos organismos planteaban que es falaz que la Corte Suprema esté aplicando la ley del mismo modo para todos, porque los beneficiarios principales sólo serán represores e involucrados en robo de hijos de desaparecidos. El costo será para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia”.
Las voces de repudio fueron prácticamente unánime. La organización HIJOS ROSARIO emitió rápidamente un comunicado: “El mamarracho judicial de los cortesanos se refuta en palabras de sus propios pares que votaron en disidencia, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad”, expresa y sostiene además que sienta un antecedente gravísimo al cual podrían recurrir unos 750 genocidas.
Los huevos de la serpiente
“Fueron muchos años en que tuvimos altibajos. Esto no lo esperábamos, nos toma por sorpresa. Quieren minar nuestro esfuerzo. ¿Estos tipos con qué cara pueden mirar a las Madres cuando los larguen. ¿Qué vamos a hacer cuando los crucemos (a los represores) en la calle después que los señalamos en los juicios?. Estamos decididos a resistir”, señaló Ana Moro, representando a todo el grupo que acompaña a las Madres cada jueves.
“Estemos alerta. Hay quienes estan vitoreando, felices por lo que está pasando. En este momento flaqueo un poco, pero hay que seguir adelante, ni un paso atrás”. Otra vez, la que habla es Norma. Reconoce el cansancio de tantos años de lucha. Pero alienta, a pesar de todo. Alienta a los más jóvenes; alienta a los hijos e hijas, alienta a las organizaciones políticas, alienta a sus compañeras de ronda. Norma alienta con la esperanza intacta, la misma que tiene cada Madre. Ellas saben que se enfrentaron a lo peor: a una dictadura sangrienta que desapareció a sus hijos, que se robó a los nietos. Y que con la misma fuerza enfrentarán cada uno de los retrocesos que intenta imponer el actual gobierno nacional en conjunto con el aparato judicial.
Por su parte, a nivel nacional, las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones, emitieron un comunicado en conjunto en el que expresaron: “Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena”.
Desde el Concejo Municipal de Rosario también se expresaron: “A 40 años de conmemorarse las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo el alto Tribunal Judicial establece la aplicación del 2 x 1 en un claro indulto para aquellos condenados por delitos de lesa humanidad. Crímenes imprescriptibles y que se siguen cometiendo puesto que la desaparición forzada de personas y la supresión de identidad son delitos permanentes. Este fallo sienta un preocupante precedente y se suma al incremento en el otorgamiento de prisiones domiciliarias para represores, el retraso en los juicios en curso y por iniciarse.”
La resistencia hace tiempo viene plasmándose en las calles. La clave será también lograr una unidad para dejar en claro que no habrá ningún tipo de reconciliación con quienes diezmaron a una generación entera. Aunque la propia Iglesia Católica intente establecer ese perdón que solo entiende de impunidad.
