Se presentaron los pedidos de indagatorias para más de treinta policías sospechados por el asesinato y desaparición de Franco Casco en octubre de 2014. También hay pedido, por el delito de encubrimiento, para tres profesionales del Instituto Médico Legal y un vecino del barrio de la comisaría donde se vio al joven con vida por última vez. Los testimonios de los detenidos por aquellos días en la 7ma son fundamentales para quebrar la versión policial creada por los uniformados y sostenidas por ciudadanos y funcionarios provinciales.

Por Martín Stoianovich

El comisario Diego José Álvarez cumplió los 37 años de edad, el 25 de octubre de 2014, teniendo la respuesta a una pregunta que sacudía a Rosario: dónde estaba Franco Casco. Es que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de la Comisaría 7ma, el último lugar en el que se había visto con vida al joven de 20 años, antes de que su cadáver apareciera 25 días después en el río Paraná. Álvarez, junto a más de treinta policías, además de un vecino y tres profesionales del Instituto Médico Legal, serán llamados a indagatorias por los delitos de desaparición forzada de persona agravada por muerte, y por encubrimiento. Pasaron más de dos años y diez meses en los cuales una primera etapa de la investigación, teñida de irregularidades a manos de la justicia provincial y la propia policía involucrada, condujo a que se perdiera material probatorio fundamental en la causa, y que llegara desarmada al fuero federal. En el proceso que continuó, el testimonio de los detenidos durante aquellos días de octubre de 2014 en la 7ma se volvió indispensable. “Yo los gritos de Franco los escuché a la madrugada y después no escuché más nada. A nadie le pegaron tan mal cómo le pegaron a él”, dijo uno de los treinta y tres detenidos que hablaron y, además de aportar datos sobre la muerte de Franco, expusieron un contexto de violencia institucional cotidiana en la dependencia policial del barrio Luis Agote.

Los 26 policías de la comisaría 7ma para los cuales la querella que representa al hijo de la víctima pidió el llamado a indagatorias y la detención por el delito de desaparición forzada, son los que trabajaron el 6 y el 7 de octubre de 2014, días en que se cree que el chico fue detenido y asesinado. Por el mismo delito se pidió también la indagatoria a la médica policial y tres agentes de la división Asuntos Internos de la policía provincial. Otros dos policías de la misma división son sospechosos por el encubrimiento de la muerte y la desaparición. La investigación determinará qué grado de responsabilidad tiene cada uno y de qué forma actuaron, o no, para que durante 24 días no se conociera el paradero de Franco, y para que desde entonces haya más preguntas que respuestas en torno a cómo lo asesinaron. Además, hay un pedido de imputación por encubrimiento para tres médicos del Instituto Médico Legal: dos odontólogos y Raúl Félix Rodríguez, un ex empleado de la policía que, se supo, participaron de irregularidades en las pericias hechas al cadáver de Franco. Además, deberá declarar un vecino también acusado por encubrir, al sostener en reiteradas ocasiones, incluso ante la justicia provincial, la versión de la policía que ya resulta inverosímil.

Hay detalles que quedan grabados en la retina y en la memoria. Esos detalles son los que aparecen como denominadores comunes en los relatos de los detenidos que ahora sirven para reconstruir lo sucedido. No será difícil distinguir al policía Esteban Silva, a quien varios detenidos describieron físicamente como un “morochito petiso de rulos”, que tiene domicilio en el barrio Empalme Graneros y a quien señalan como “un adicto a pegar” que le gustaba ocuparse del castigo a los detenidos por averiguación de antecedentes. El testimonio que dice que este policía solía tomar vino en la guardia nocturna, es un detalle que apenas alcanza a decorar el resto de certezas que lo apuntan como el más violento de la 7ma. Este agente estuvo la noche en la que mataron a Franco y los detenidos lo mencionan como “uno de los que más pegaba”.

– Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor.

Otro policía, cabo de cuarto, conocido en la comisaría como “el siervo de Dios” porque tenía la costumbre de predicar su fanatismo religioso, es nombrado por ocho de los detenidos. Cuando Franco estaba encerrado y siendo torturado, le leyó el Hechos 3:19. “Arrepentite, arrepentite”, decía a la vez que los golpes de puño y las patadas retumbaban en la celda. “Te pegaba muy mal, era muy bravo”, contó uno de los declarantes sobre el mismo policía, al que también referencian como “el tuerto” por un problema en uno de sus ojos.

Franco estuvo detenido en el cuarto más inhumano de la Comisaría 7ma: un espacio, hoy clausurado, que no llega a medir dos por dos y se conocía como la jaula, el freezer o el buzón, y se usaba para dejar a los detenidos por averiguación de antecedentes. No tenía baño, por lo que estaba repleto de mugre, y tampoco tenía un lugar donde reposar. Los detenidos, que por poco podían sentarse, solían pasar horas en ese lugar, parados o engrillados con los brazos colgados de las rejas.

Franco llegó a la jaula después del horario de la cena. Apenas lo ingresaron empezaron los golpes.

Y los gritos. Y más golpes.

Después lo dejaron solo varios minutos. Uno de los detenidos, que estaba en una celda contigua, intentó hacerlo hablar. Franco le dijo que no sabía por qué estaba ahí, que no había hecho nada. Contó que le pegaron un montón y preguntó cómo hacer para tomar agua. El preso le pidió al policía Esteban S. que le pasara a Franco su botella de agua.

Entonces abrieron la jaula. Y más golpes. Más gritos. Fueron varias horas de paliza, hasta pasada las tres de la mañana.

“Paren, se les va a ir la mano”, dijo una mujer policía.

Más golpes y otro más. “Un golpe seco”, dicen los internos en lo que se supone fue el instante en el que a Franco le dieron la cabeza contra la pared.

Silencio y ni un grito más.

Después el baldazo de agua, sin señales de reacción. Otro interno lo volvió a llamar pero no contestó. “Y viene uno de los celadores y me dice que salga de la puerta porque me iba a tirar a mí también”, relató después.

“Verdugos”. “Dónde está el pibe”. “Ustedes saben que al pibe lo cagaron a palos acá”. A los pocos días los presos hicieron un motín para protestar contra la superpoblación de la comisaría, pero el reclamo estuvo acompañado por la bronca y la incertidumbre de lo que había pasado esa noche. “Cuando sucede algo así existe un código carcelario de que se reclama la persona, sea del ambiente o no sea del ambiente se reclama porque es algo injusto para nosotros los detenidos”, explicó uno.  Algunos, sin embargo, creyeron que a Franco le habían dado la libertad.

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Mientras tanto, afuera, por esos días la madre y el padre de Franco Casco recorrían la ciudad preguntando por su hijo. Incluso entraron a la comisaría 7ma el 8 de octubre. Ahí, primero, les dijeron que no había ningún detenido con las características de Franco, y después les dijeron que le habían dado la libertad la noche anterior, pero que el chico decía llamarse Franco Godoy. Los cálculos, por su parte, dejan las peores conclusiones: es probable que el cadáver de Franco haya estado en la comisaría cuando sus padres lo fueron a buscar.

El revuelo en las calles, impulsado por movilizaciones de la familia Casco junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales, llegó a los medios de comunicación. Dentro de la comisaría, los detenidos vieron por los noticieros de los canales Tres y Cinco que estaba desaparecido un joven que había estado detenido en la misma 7ma. “Sacamos números y fechas y ahí en seguida nos dimos cuenta que era el chico que había estado gritando. Después escuchamos la noticia que lo habían encontrado tirado en el río y ahí nos asustamos un montón, porque pensamos que nos podía pasar a nosotros”, contó uno de los detenidos.

– ¡No se hagan los guasos porque son matapibes, matapresos, yo sé que mataron al pibe ese!

Los gritos que se escucharon durante el motín, entonces, volvieron a cobrar sentido. La primera medida en la comisaría fue certera: cortar el cable de la televisión.

La versión policial (o cómo se planifica una desaparición forzada)

El relato policial está construido por un intento tras otro de encaminar la investigación hacia cualquier destino que no los comprometa. Al menos se les hizo imposible desmentir que Franco estuvo detenido en la 7ma. Partiendo desde ahí es que la policía ofrece un relato que a grandes rasgos encuadra no tanto en el marco de la ley pero sí en el accionar cotidiano de la policía, que más allá de las irregularidades conocidas, como las detenciones por portación de rostro, son legitimadas por el discurso público.

Un gran obstáculo a sortear que tuvo la policía fue justamente la presencia de detenidos en la 7ma que podrían haber visto algo. Fue a partir de esa inquietud que cortaron el cable de la televisión, y cambiaron el trato a los presos en lo que pareciera ser un intento de manipulación. A uno de los detenidos, de los que más escuchó la golpiza a Franco, lo trasladaron a otro penal de la comisaría. Luego, atenta la policía al reclamo del preso de ser trasladado a otra unidad, le prometieron: “Si acá no pasa nada te van a trasladar a la unidad 3”. Es que ya se había empezado a rumorear sobre la muerte de Franco y en la comisaría se preveía la visita de defensores y agentes de Asuntos Internos.

Por esos días por la 7ma pasó una defensora pública y Asuntos Internos. Del testimonio de los detenidos no hay demasiada claridad en torno a esta cuestión. Son más bien dudas. “Una mujer uniformada, que dijo que era de Asuntos Internos, entró a hablar con nosotros. Era una ‘sondeada’ para ver qué era lo que sabíamos. Los detenidos decían que ya la habían visto trabajando adelante en la comisaría”, dice uno de los presos. Otro menciona que durante las declaraciones a Asuntos Internos siempre había un policía en la puerta escuchando y mirando. Solo  algunos, entonces, se animaron a contar lo que realmente sabían. Luego dijeron que fue un poco por miedo, pero con conocimiento de causa. “Estábamos todos amenazados, nadie quería decir nada. El cabo de cuartos decía que si alguien hablaba de qué pasó con Franco le iban a armar una causa”.

Hacia afuera de la comisaría, el trabajo de la policía continuó. Que la madre y el padre de Franco hayan ido tan pronto a preguntar ahí mismo, y se hayan topado con el propio jefe, quizás sirvió para acotar las posibilidades de encubrimiento. Por eso les dijeron que Franco había estado detenido por desacato. Que a raíz del llamado de un vecino comenzaron a patrullar y lo encontraron, que el chico se puso violento, que estaba como drogado y que para calmarlo lo llevaron a la comisaría. Que pasado un rato, luego de que lo revisara la doctora María Elena Z., lo trasladaron en patrullero al domicilio de sus familiares en Empalme Graneros. Que, como no encontraron la casa, lo volvieron a llevar a la comisaría para finalmente darle la libertad pasada las diez de la noche.

Para los investigadores del caso esta versión es inverosímil de punta a punta. Es una mentira que, encubierta, encierra otra mentira. La policía dice que este procedimiento tuvo fecha el martes 7 de octubre, pero todo indica que la detención ocurrió un día antes. Para el lunes 6 de octubre Franco tenía pensado volver a su Florencio Varela natal, en Buenos Aires, después de haber estado en Rosario de visita a familiares durante una semana, y fue camino a la estación de trenes que terminó topándose con la policía. El testimonio de uno de los detenidos será clave para determinar este detalle: dice que los días de visita son martes y jueves, y que la detención de Franco se produjo la noche previa a la visita del martes.

Los abogados que representan la querella por parte del hijo de la víctima, y presentan el pedido de indagatorias además de la Defensoría Pública Federal y el fiscal Marcelo Degiovanni, sostienen que la desaparición forzada de Franco tuvo distintas aristas. Una de ellas se da vía telefónica. Está constatado que desde la comisaría se comunicaron con el fiscal Álvaro Campos durante el 7 de octubre. Pero toda la comunicación fue por esa vía, por lo cual se sospecha que haya sido armada como parte del encubrimiento. Se sabe que las detenciones por averiguación de antecedentes se resuelven por teléfono y generalmente no pasan a mayores. Lo propio sucede con la participación del vecino de la comisaría, Daniel C., quien se acopló a la versión policial brindando el mismo relato sobre la supuesta detención de Franco el día 7. Lo que se estima, y por lo cual Daniel C. deberá declarar, es que encubrió a la policía sosteniendo un relato de hechos que en verdad no sucedieron.

Otras irregularidades se dan en el libro de guardia de la comisaría: a través de un cotejo con tres libros de guardia anteriores y tres posteriores se pudo ver la particularidad en el procedimiento en que supuestamente se detuvo a Franco. Al llamado del vecino, que fue registrado en el teléfono personal del jefe de la comisaría, no se le otorgó un número de referencia en el libro. Tampoco el Acta de Procedimiento del libro de guardia tiene un número de registro. En los otros libros, sobre otros operativos, estos datos sí aparecen. Tampoco hay registro del número de procedimiento que se suele pedir al 911 cuando se realiza una detención en la vía pública. “Estas omisiones y manera de registración en el caso de la aprehensión de Casco, resultan llamativamente diferentes a las que son de estilo en el resto del libro de guardia de la dependencia”, explican los abogados querellantes en el texto presentado para solicitar las indagatorias. También, destacan, resulta sospechoso que ante el llamado del vecino haya sido el jefe de la comisaría el que salió a la calle, puesto que no era una práctica habitual en la 7ma ni lo es en ninguna comisaría.

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Cuando Franco ingresó a la 7ma le cambiaron el apellido y el número de DNI. También hizo su parte la médica de policía, María Zelaya, quien declaró en una audiencia de habeas corpus cuando todavía no se conocía la noticia del hallazgo del cadáver. Ese día dijo que había revisado a Franco, y que había constatado que estaba “perdido en tiempo y espacio”. De esa declaración surgen varias irregularidades. Una es que los propios policías que trabajaron el 7 de octubre aseguran no haber visto a la doctora. Otra es que según los libros de guardias de distintas comisarías, la médica estuvo en cuatro dependencias en tan solo 45 minutos. Respecto a este detalle, un trabajador cercano a esta mujer aseguró que el tiempo promedio de atención en cada seccional es de unos 15 o 20 minutos. A Franco, según el relato policial, le dieron la libertad cuando previamente se le había diagnosticado que estaba perdido tiempo y espacio. La propia Zelaya en una suerte de contradicción aseguró que cuando se realiza un diagnóstico de ese tipo lo que se decide es el traslado del paciente a un centro de salud.

A estas maniobras de la policía se les suma también el ocultamiento de información a los familiares de Franco, que desde un primer momento fueron a preguntar a la 7ma como también lo hicieron en hospitales, la morgue y otras comisarías. Elsa, la madre de Franco, quien hasta su muerte en agosto de 2016 encabezó el pedido de justicia por su hijo, declaró en distintas oportunidades que no le quisieron mostrar el libro de guardia, que los policías se contradecían de un día al otro, y que en los alrededores de la comisaría se iban despegando los afiches con la cara de Franco que ella pegaba mientras recorría la ciudad buscándolo.

“Es una desaparición forzada por cuanto dicha detención o privación de libertad se llevó a cabo por agentes gubernamentales de las fuerzas de seguridad, y con posterioridad a la detención, e incluso después de que la ejecución se llevó a cabo, lo funcionarios estatales se negaron a revelar la suerte o el paradero de Franco Casco, negando que el hecho se haya perpetrado en absoluto”, indica la solicitud de indagatorias presentada por los abogados Salvador Vera, Nicolás Vallet y Guillermo Campana. Hasta el momento el foco de las acusaciones está en la policía. Pero no deja de inquietar el derrotero de participaciones de otros funcionarios en donde también se destacan irregularidades. Por eso también se acusa al médico Raúl Félix Rodríguez del Instituto Médico Legal junto a dos odontólogos. Las sospechas, que recaen por encubrimiento a la policía, aumentaron cuando en la causa apareció un supuesto ADN de Franco que no coincidía con las muestras de los padres del chico. A partir de ahí se solicitó un allanamiento al IML, y aunque la Fiscalía no lo realizó, sí pidió informes y de esa manera se conoció que había material que el IML no había brindado a la causa. Se trata de un informe pericial odontológico que para los investigadores es falso y busca desligar la existencia de violencia física en el cadáver de Franco.

De la misma manera, aunque aun no haya medidas concretas tomadas en este aspecto, se sospecha de la participación de la Prefectura. A través de fotos que fueron enviadas de forma anónima a una persona allegada a la investigación, se supo que al momento de retirar el cadáver del agua, el mismo tenía sogas en un brazo y una pierna. Las sogas nunca más se vieron, y así se abre la puerta a la posible participación del encubrimiento por parte de la Prefectura, desde donde al momento de declarar aseguraron que no utilizan sogas para retirar cuerpos del agua, y que a Franco lo levantaron con una embarcación que tiene una plataforma al ras del agua. Lo que se concluye, entonces, es que a Franco lo fondearon para ocultar su cadáver en el río.

En tanto, continúan sin ser despejadas las sospechas y dudas que caen sobre el poder político y el poder judicial. Por acción u omisión, la participación de funcionarios del gobierno provincial y del aparato judicial abonó no solo a la hipótesis policial sino también a que en momentos claves de la causa -es decir los días en que a Franco se lo buscaba con vida- no se tomaran medidas de prueba que podrían haber sido fundamentales. Ignacio Del Vecchio, quien por entonces ocupaba el cargo de secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, se ocupó de validar el débil testimonio de supuestos testigos que habían visto a una persona con las características de Franco deambulando por la zona de la Terminal de Ómnibus, en momentos en los que el chico ya estaba muerto. Lo mismo sucede con el fiscal Guillermo Apanowicz, quien dejó en manos de la propia policía santafesina la primera etapa de la investigación. Hasta el entonces gobernador de la  provincia, Antonio Bonfatti, habló del caso y minimizó la movilización popular que para principios de noviembre comenzaba a pedir justicia. Era la necedad de no querer admitir lo que ahora es la versión de los hechos que llegará a juicio: a Franco Casco lo asesinó y lo desapareció el Estado.

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