Con o sin Patrón

Postales de fuego

El año 2017 cierra con una larga serie abierta de conflictos laborales, que profetizan un 2018 donde el ámbito laboral seguirá debatiéndose entre las políticas públicas del gobierno de la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri y las dificultades para articular en lo concreto una resistencia multisectorial que logre torcer el brazo a esa “tormenta perfecta” que genera que en los dos últimos años en Argentina se pierdan siete empresas por día, al mismo tiempo que desaparece un puesto laboral cada seis minutos. En todos los casos, el combo es similar: caída en las ventas, aumento de los costos de producción, tarifazos y apertura indiscriminada de importaciones. Para Alberto Botto, del Movimiento Sindical Rosarino, “la industria está al borde del precipicio”.

 Por Jorge Cadús – Foto: Agencia Farco

A principios de diciembre de 2017, los 65 trabajadores despedidos de la firma multinacional Unilever, después de dos largos meses de conflicto, aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por la empresa radicada en Villa Gobernador Gálvez; y abandonaron los puestos de trabajo.

El acuerdo contempla para la totalidad de los despedidos el cobro de las indemnizaciones por el doble del monto que les correspondía; mientras que la empresa se compromete a que no habrá despidos en el año 2018. Al mismo tiempo, le permite a Unilever bajar dos líneas de producción de los jabones Lux y Dove; e importar esos jabones desde la sucursal brasileña.

Matías Rodríguez, secretario general del Sindicato de Jaboneros, le confesó al diario El Ciudadano: “ofrecieron el doble de indemnización. Se terminaron los tiempos y al no haber otra salida los trabajadores aceptaron. Hasta el último día peleamos por la reincorporación y contra los despidos”.

Unilever es la única fábrica de jabones de la provincia y tiene ocho sedes en todo el país.

El periodista y diputado provincial Carlos del Frade remarca que la firma “factura 46 mil pesos por minuto, y los despidos fueron anunciados a pocas horas del arrollador triunfo del gobierno nacional. De esta manera se anuncian las reformas del macrismo”.

En sintonía con las políticas del gobierno nacional, Unilever importó en el 2017 un total de 2.010 toneladas de jabón desde su planta radicada en Brasil;  un 341% más que en 2015. Para Del Frade, la situación necesita medidas urgentes: “vamos a empujar por una ley que embargue cuentas por un año y transfiera los bienes a los empleados de las multinacionales que despiden sin causa por encima de los veinte personas. Es hora de cobrarles a ellos todo el daño social y familiar que hacen con total impunidad”.

Días de conflicto

En la ciudad de Casilda, la crisis laboral y productiva terminó impactando de lleno en las pequeñas y medianas empresas. El caso de DMS SRL, un taller metalúrgico ubicado en el kilómetro 746 de la Ruta 33, es quizás un buen botón de muestra: la firma tuvo que parar producción, ante la demanda de los obreros por falta de pago e incumplimiento en las condiciones mínimas de trabajo.

DMS emplea diez trabajadores a quienes se les adeudaba noviembre y la primera quincena de diciembre, sumado a los $2000 acordados en paritarias por la Unión Obrera Metalúrgica y al medio aguinaldo; una deuda con el pago atado al cobro de un trabajo hecho para una empresa de Rosario. A esto se sumó el incumplimiento en la entrega de ropa y elementos de seguridad.

“No es la primera vez que sucede. Estos compañeros padecen precarización laboral, trabajan por un salario mínimo y esta situación es desesperante para ellos. Algunos salieron a hacer changas para llevar la comida a su casa”, describió Juan Storlini, el delegado de UOM Casilda.

Después de 14 días de paro, el último 20 de diciembre los empleados pusieron fin a la medida y aceptar la oferta de los titulares de DMS: un plan de pagos semanales hasta completar la suma adeudada a cada operario que incluye remuneraciones de noviembre, diciembre, y el medio aguinaldo; sumado al pago normal de los días no trabajados a causa del paro, así como las jornadas laborales a partir del levantamiento de la medida de fuerza.

También la planta de Gherardi ubicada en Casilda vivió jornadas de conflicto: la falta de pago a los operarios de la firma incluyó protestas, audiencias y hasta la llegada de dos patrulleros a la vera de la ruta, convocada por la firma, para intervenir ante una posible movilización de los empleados.

En los haberes no estuvo contemplado el premio por la asistencia ni una hora de trabajo que fue descontada, por la participaron en una manifestación convocada por el gremio: un recorte de alrededor de $3.000 por trabajador.

“La empresa está actuando de manera irresponsable. Ataca a los trabajadores y nos provoca sacándonos los haberes a tres días de la Navidad. Vamos a responder con las medidas que podemos tomar por vía legal”, anunció Carlos Rapanelli, representante de los obreros de Gherardi.

Los recortes de La Mucca

La Mucca es una fábrica de quesos ubicada en la entrada de Díaz, un pueblo de 2 mil habitantes a 75 kilómetros de Rosario. La planta –ubicada sobre la Ruta Provincial 65- tiene 91 empleados, y está claro que representa gran parte de las fuentes laborales que le dan vida y sostén al circuito comercial del pueblo.

La empresa se radicó en Díaz hace cuatro décadas, y en el año 2015 fue adquirida por la multinacional francesa Lactalis, también dueña del grupo italiano Parmalat, que el viernes previo al fin de semana navideño impidió a sus operarios ingresar a la planta: con el portón cerrado, sólo se permitió el paso a los encargados de mantenimiento; y anticipó que desde el 26 de diciembre implementará un recorte de puestos laborales, decisión que terminará alcanzando a 25 operarios.

El presidente comunal de Díaz, Juan José González, advirtió que La Mucca “es la principal empresa que tenemos. Desde la comuna no podemos absorber esa cantidad de trabajadores. Son 25 familias que se quedan sin su sustento. El aumento de tarifas elevó muchísimo los costos de producción. Es muy duro”.

Fábrica de Armas

En la mañana del miércoles 27 de diciembre, una fenomenal movilización acompañó a los 35 operarios despedidos de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán; en reclamo de su inmediata reincorporación. La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y sumó la solidaridad de una extensa lista de sindicatos y fuerzas políticas de la región.

“La fila de autos y motos que se extendió varios kilómetros por la ruta 11 marchó en medio de bocinazos, pirotecnia, música, batucadas y volanteadas, y el agitar de banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato de los obreros de la FMFLB”, señala la crónica publicada en el diario La Capital.

“Para febrero se esperan 50 despidos más”, advirtió en el acto Nicolás Vivas, uno de los operarios despedidos. Y señaló: “no hay nada que justifique los despidos de los 35 compañeros. El presidente que tenemos quiere achicar lo más posible el costo laboral y aumentar los dígitos de los indicadores de desocupación. El principal motivo que tiene es que los trabajadores se lleven menos y que los empresarios se lleven más ganancias y lamentablemente arrancan ajustando por los trabajadores, los que menos tienen, por los jubilados”.

Descalzos por los caminos

La apertura indiscriminada de importaciones sostenida por la Alianza Cambiemos abrió las puertas para que en Argentina ingresen 4.150 pares de calzado por hora. Casi 100.000 pares de calzado por día. El resultado de esa política, sumada a la devaluación por goteo, los tarifazos, y la falta de acceso a créditos blandos, provocaron una crisis en el modesto complejo productivo ligado a la fabricación de calzado en el sur santafesino.

Las formas varían: “vacaciones anticipadas”, “jornadas reducidas” y “suspensiones”, en el mejor de los casos; “distracto de personal” y “retiros voluntarios” –cuando no el despido liso y llano- en el límite de la angustia.

Gerardo Cucco, propietario de Wyler’s, confiesa en medios rosarinos que debió tomar esa decisión “ante la crisis que atraviesa el sector”. Y explica con los números a mano: en dos años, pasaron de 1.000 pares de zapatos de hombre por día a 250 pares; de 20.000 pares mensuales a menos de 5.000.

En forma paralela, la fábrica se desangró en un centenar de operarios, pasando de 151 empleados a los 52 actuales. “Hoy un zapato de Brasil cuesta 400 pesos y acá sale 800 ó 900. Tenemos el doble de importación que hace dos años y un dólar que no acompaña la realidad y cada vez más nos alejamos de los fabricantes brasileños y entonces todos quieren importar. Vamos a una monopolización, donde el más grande se come al más chico”, sintetiza Cucco.

En Arroyo Seco, Grimoldi sigue ajustando sobre el cuerpo colectivo de los trabajadores: con los 20 despidos de noviembre, la plante de 260 trabajadores, en dos años, se redujo a 150. Alberto Belotti, secretario en Santa Fe de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) dice que “ya nos dijeron que puede haber 40 despidos más. ¿Qué vamos a hacer? No hay trabajo. No se vende, hay menos poder adquisitivo y si antes una familia compraba tres pares de zapatillas hoy sólo uno”.

En Acebal el panorama no es más alentador: una treintena de empresas pequeñas y medianas, que reúnen 170 operarios, sobreviven gracias a los créditos rotatorios y los subsidios directos del gobierno provincial. “Son cinco millones de pesos globales que hemos diseñado como política anticíclica en los últimos meses de mi gestión en el Ministerio. Si no fuese por eso, Acebal hubiera estallado y tendríamos despidos generalizados”, advierte el actual diputado nacional Luis Contigiani, que ideó el salvataje en su paso por el Ministerio de la Producción santafesino.

A lo largo de toda la provincia, el Sindicato registra una reducción de 400 afiliados. De 1.300 trabajadores del calzado a 900. A nivel nacional, la pérdida alcanza los 7.000 puestos laborales. Una geografía desoladora, a la que debe sumarse los talleres que tercerizaban servicios con empleos informales que no registran ninguna estadística, oficial o gremial.

Volantazos

El 1 de marzo de este año, la automotriz General Motors (GM) –en acuerdo con Smata, que avaló la medida para evitar despidos- suspendió 350 trabajadores. Desde el lunes 6 de marzo, esos operarios no pudieron ingresar a la planta ubicada en Alvear.

Los empleados dejaron sus tareas y cobraron el 85% de los sueldos durante los primeros tres meses, el 65% los tres meses siguientes, y un 55% el tramo final. Antes de que venciera el plazo de nueve meses, sólo 50 operarios recobraron sus puestos de trabajo; al tiempo que más de 200 se inclinaron por la indemnización que ofreció la empresa por el retiro voluntario.

Hay 25 trabajadores que no aceptaron la plata y quieren volver a trabajar. Su situación se define el próximo 31 de diciembre; aunque la firma ya anunció que el 1º de enero estarían desvinculados. Son operarios de 30 años de edad promedio, con diez de trabajo en los sectores de ensamble, chapa y materiales. La mayoría de ellos con lesiones en muñecas, y hombros, con tendinitis o hernia de disco producto de las condiciones laborales. Para reemplazarlos, General Motors sumó robots. El 26 de diciembre la planta cerró por vacaciones hasta el 16 de enero de 2018.

Marcelo Barros, secretario gremial de Smata, reconoce que “pusieron seis robots que hacen el trabajo de 160 personas. Pedimos que las acomoden en otros sectores porque consideramos que no sobra gente”.

La situación de caída no parece tener fondo. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que “en los primeros ocho meses de 2017 se profundizó la caída de la producción en la industria automotriz pese al aumento de las ventas en las concesionarias”.

Y los datos de la aduana argentina confirman los pasos de la desindustrialización: “las importaciones de autos aumentaron exponencialmente para sus tres categorías, mientras que el ingreso de autopartes, necesarias para la producción local, disminuyó comparativamente”.

Para el CEPA, “en los datos aduaneros de los primeros seis meses de 2017 se puede observar como mutó la dinámica de las importaciones del sector. Crecieron las importaciones de bienes finales destinados al mercado local que compiten con la producción nacional, y disminuyó la compra de bienes intermedios para la producción de autos en Argentina”.

Precipicios

Ante la “posible quiebra de Oil Combustibles, que puede arrastrar al cierre de la Refinería San Lorenzo (perteneciente a la firma)”, los trabajadores realizarán este miércoles un abrazo simbólico a la planta, a partir del mediodía, anunciaron desde el SUPEH, el sindicato de trabajadores petroleros.

Su titular, Héctor Brizuela, remarcó que “lo hacemos debido a la difícil situación que se está atravesando en la empresa. Ya confirmaron la participación diferentes gremios de la región que se unen a esta actividad”. Según indican desde el sindicato, Oil Combustibles “tiene el concurso preventivo suspendido, debido a una deuda que inhabilita la movilización de fondos. De ese modo, la firma se encuentra en estado de cesación de pagos. La detención de sus ex dueños del Grupo Indalo (Cristobal Lopez y Fabián de Souza) aceleró toda la situación”. Son unos 400 trabajadores de la Refinería en peligro laboral.

“La industria está al borde del precipicio”, sostiene Alberto Botto, titular del Movimiento Sindical Rosario, quien advierte que la situación, aunque “no tocó fondo”, se irá desplazando hacia otros sectores si no se modifican las políticas del gobierno nacional. El gremialista recuerda que “el año pasado ya veníamos diciendo que no era como decía el gobierno, de que en el segundo semestre de 2016 iban a resurgir los brotes verdes de la economía, sino al contrario. El segundo semestre nunca llegó y después fueron corriendo la línea. Ahora cada vez tiran la pelota más lejos. No podemos seguir hablando de creación de empleo cuando lo que está en riesgo es la industria nacional, a partir de la apertura de las importaciones, la quita de subsidios a los servicios básicos. Todas esas condiciones hacen que la industria, hoy, esté al borde del precipicio”.

Cosechar despidos

El mismo miércoles de la movilización en apoyo a los trabajadores de la Fábrica de Armas, tres postales marcaron el pulso de un tiempo violento de angustias y urgencias: ese día, mientras en Firmat medio centenar de empleados de la firma Vassalli Fabril recibía en su casa el telegrama de despido; una solidaria movilización cruzaba las calles rosarinas, encabezada por dirigentes gremiales y políticos, y desembocaba en Ovidio Lagos y San Lorenzo, en la puerta misma de la delegación del Ministerio de Trabajo. Puertas adentro del Ministerio, la cartera provincial dictaba la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, retrotrayendo el conflicto y congelando los despidos.

El ministro de Trabajo, Julio Genesini, aclaró que “estamos en un marco de discusión; no se arribó a ninguna solución, pero nosotros tratamos de agotar los plazos legales para alcanzarla”. La conciliación regirá hasta el 22 de enero, con posibilidad de extenderla 15 días más. De todas formas, el 16 de enero habrá una nueva audiencia, señaló Genesini, para quien “las partes seguirán conversando, porque la conciliación apunta a generar un ámbito de debate para arribar a alguna solución”.

En forma paralela, Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, puntualizó que “no vamos a permitir que desangren en trabajadores la fábrica”, y advirtió: “vinieron a vaciar la firma”.

De acuerdo a los dichos del propio Genesini, a lo largo de la provincia de Santa Fe hay 15.000 trabajadores nucleados en empresas que atraviesan Concursos Preventivos de Crisis (CPC). Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el abogado Pablo Cerra señaló que, como en Vassalli, “se vienen los vencimientos de procedimientos preventivos de crisis de otras 10 empresas. Si no sale una renovación estaremos complicados. El fin de año es durísimo y esta cuestión afecta a entre 3 y 4 mil trabajadores, que no todos van a perder su puesto, pero sí un buen porcentaje”, dijo el letrado. Cerra sintetizó que “en estos dos años, perdimos unos 1.200 trabajadores; si no hubiéramos hecho todo lo que se hizo, hubieran sido unos 3.000”.

Postales cruzadas

En el año 1934, Antonio Berni dio forma final a dos de sus grandes obras artísticas: “Desocupados” y “Manifestación”. Gobernaba el país Agustín P. Justo, y la Liga Patriótica era el grupo de choque de las minorías acomodadas y el capital concentrado.

En “Desocupados”, la espera del trabajo errante ha derrumbado a los hombres en el sueño de la espera. Sólo rostros atravesados por sombras. Una sola palabra cruza la obra, inscripta en uno de los cajones sobre el que dormita la espera: Fe. Hay quien con gesto adusto cruza las manos en busca de la gambeta a la angustia que embaraza ese tiempo largo de la desocupación. A pocos pasos, una mujer contiene en su regazo a un niño o una niña.

La mujer, el niño y los rostros cruzados por sombras reaparecen en “Manifestación”. Allí, las manos que antes buscaban en la nada se cierran en un puño que centraliza la pintura. Las palabras aparecen, son precisas, certeras: Pan y Trabajo, dicen. Apenas eso. No hay una fe imprecisa, de exportación, sino un pedido exacto, contundente. Un reclamo político profundo. Incuestionable.

Las dos pinturas de Berni se cruzan, 83 años después, bajo el imperio de la realidad que viven, sufren y sueñan, los trabajadores de estos arrabales. Dicen que Berni se basaba para sus pinturas en modelos de fotos que él mismo tomaba, y en recortes periodísticos. La realidad cruzada –otra vez- de palabras y silencios.

Pan y Trabajo. 83 años después, el mismo reclamo crece en cada fábrica, en cada audiencia de conciliación, en cada movilización. Como escribió el poeta Pablo Neruda, “trabajo y trabajo, / debo substituir tantos olvidos, / llenar de pan las tinieblas, / fundar otra vez la esperanza”.

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