Con o sin Patrón 0

Una cuestión de Estado

En tiempos de achique y ajuste se tambalean los trabajadores estatales que abordan cotidianamente en territorio las situaciones más complejas de los niños y jóvenes de los barrios con mayores urgencias. Los Acompañantes Personalizados son al mismo tiempo una parte fundamental y el eslabón más precarizado de la Subsecretaria de Niñez. El Centro de Acción Familiar de Ludueña y la lluvia de techos. El trabajo de la DIAT en el oeste y la situación de los médicos comunitarios. Un panorama que aporta un cuadro de situación que se repite en las distintas geografías de la ciudad: trabajadores precarizados.    

Por Tomás Viú / Foto: Ate Rosario

En 2007 se creó en Santa Fe el Programa de Acompañantes Personalizados (AP), en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005. La transición de la Ley de Patronato hacia la protección integral de derechos implica un proceso de desinstitucionalización de esos niños y niñas. Pero paralelamente se produce la desinstitucionalización de los AP. “Acompañantes Personalizado es un programa de abordaje ambulatorio, destinado a niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentran momentáneamente atravesando alguna dificultad que le impide el ejercicio pleno de sus derechos. Los profesionales acompañan y asisten con herramientas que posibiliten el desarrollo integral y el cumplimiento efectivo de todos los derechos en caso de que alguno de ellos se encuentre vulnerado”. Eso es lo que dice la página oficial del gobierno provincial. Lo que no dice son las condiciones de trabajo de quienes acompañan esas situaciones de complejidad. Esos trabajadores también tienen derechos vulnerados.

Bajo la Ley de Patronato los niños y niñas eran considerados como objetos de intervención del poder judicial y del Estado. Con la nueva Ley de Niñez se pasó a una concepción del niño como sujeto de derechos acorde a todos los tratados de derechos humanos contemplados en nuestra Constitución. En ese proceso se crearon distintos dispositivos con el objetivo de que el Estado no vuelva a victimizar a los niños que vienen de ser víctimas de situaciones propias de la violencia. Mariana Robustelli trabaja hace dos años en el programa de Acompañante Personalizado (AP). Dice que esta transición tiene que ver con una larga lucha de los movimientos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los gremios y de varios sectores organizados del pueblo que pelearon por una nueva ley de Niñez basada en el paradigma de la protección integral.

Frente a situaciones de vulneración de derechos de los niños el Estado toma medidas de protección que son integrales o excepcionales. Cuando se habla de prevenir posibles casos de vulneración de derechos, son medidas integrales. La medida excepcional es la más extrema y es la que se da cuando se retira al niño de su centro de vida porque hay vulneración de gravedad. Las medidas de protección integral son una potestad del servicio local. Es el espacio del ámbito municipal para prevenir las situaciones de vulneración de derechos graves. Mariana, que trabaja acompañando a niños, niñas y adolescentes que tienen medidas excepcionales, cuenta que uno de los reclamos históricos de la asamblea de Acompañantes es la creación del servicio local y dice que la transición para construir una nueva institucionalidad para la protección de los derechos se hace muy larga. “A pesar de los reclamos constantes el servicio local todavía está en vías de crearse”.

La anterior Ministra de Desarrollo social estimaba la existencia de 600 medidas excepcionales en toda la provincia. Ese número, que es de hace tres años, puede haber aumentado por el ajuste que está viviendo el pueblo argentino. “Cuando se precariza la vida del pueblo, aumentan los marcos de violencia”, dice Emiliano Calcagno, quien también es acompañante personalizado hace dos años y medio. La falta de un nivel que contenga y prevenga “hace que sean más las medidas excepcionales que las integrales, siendo que en realidad debería ser al revés, la excepción no debería ser la regla y la prevención debería ser lo que prime”. Emiliano cuenta que la medida integral te exige tener un nivel de articulación entre distintos ministerios, presencia en el territorio y articulación con los centros de salud y las escuelas, es decir, la presencia calificada y preocupada del Estado. “La medida excepcional se da cuando el Estado falló en función de esa prevención y tiene que accionar de manera más brusca”. Pero Mariana explica que hay casos excepcionales que no vienen como consecuencia de lo que no se hizo antes, por ejemplo, casos de abuso sexual u otros delitos graves. La medida excepcional se toma en los casos de gravedad. En esas situaciones se plantea que lo mejor es retirar al niño de su centro de vida. La violencia en las familias se agrava a partir de la violencia que genera el sistema. Eso, dice Mariana, se acrecienta en momentos de ajuste, cuando se pierde el poder adquisitivo y cuando aumenta la desocupación.

Se estima que en la provincia de Santa Fe son 350 acompañantes personalizados, de los cuales 300 son de Rosario. Mariana y Emiliano son delegados de ATE y representan a los Acompañantes. Cuentan que algunos compañeros trabajan desde que se abrió el Programa y que con los años han desarrollado un profesionalismo que no es reconocido por el Estado. Algunas de las instituciones que funcionaban bajo la Ley de Patronato siguen funcionando. Pero otras cerraron o fueron refuncionalizadas. Para Mariana fue una victoria lograr cerrar el Hogar de Huérfanos, “el ejemplo más terrible de lo que generaba el patronato, donde además se han cometido delitos graves contra los niños y las niñas como situaciones de abuso y violencia. Pero Emiliano plantea que una cosa es desinstitucionalizar a los niños y restituir sus derechos, y otra cosa es desinstitucionalizar a los trabajadores, tercerizando y vulnerando sus derechos. “Esos aspectos no van en el mismo camino. El Estado tiene que tener trabajadores que no estén precarizados para poder llevar adelante un trabajo diario dignamente. Si hay trabajadores mal pagos, cansados, perseguidos, y un largo etcétera, el laburo que sostenemos cuerpo a cuerpo con los pibes todos los días va a ser de una escasa calidad”.

Emiliano explica que la situación de precarización laboral provoca la rotación constante de los AP que muchas veces deben buscar otra alternativa de trabajo más estable. Pero además denuncia la persecución política que sufren algunos compañeros. “Son perseguidos por haber estado a la cabeza de procesos de asamblea, en distintos reclamos que se fueron haciendo, o directamente porque plantean su denuncia cuando el propio Estado o la Dirección vulnera los derechos de los niños”. Mariana cuenta que el trabajo que realizan no está contenido en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y que han tenido recortes salariales sin ninguna explicación. Por eso han elevado pedidos en la Cámara de Diputados de Santa Fe. “No sabemos de dónde sale la plata para abonar nuestros salarios. Desconocemos el financiamiento. Queremos que nos expliquen”.

Hasta el mes pasado los AP cobraban $82,50 la hora de trabajo. En la última paritaria cerrada por decreto por el gobierno provincial se fijó un aumento salarial del 18% desdoblado en dos tramos. Como este aumento no se aplicaba en el pago que recibían los Acompañantes, los trabajadores se organizaron y a partir de esa lucha lograron que se haga efectivo el cobro de la primera cuota del aumento, de un 9%, lo que da un precio de la hora de trabajo de $89,90.

La figura del AP es fundamental en las estrategias que diseñan los equipos de trabajo y el Estado en los territorios. Sin el trabajo de los AP esas estrategias no se podrían sostener. Las intervenciones que hacen son con pibes en situaciones de vulneración de derechos muy graves. Hacen acompañamiento en hospitales, en pensiones y son testigos de los alojamientos paupérrimos a los que someten a los adolescentes que tienen medidas excepcionales. Mencionan al Hotel Callao y a la Pensión de la Música: lugares donde falta una alimentación saludable para los pibes y donde se perpetúan algunos malos tratos. “Este sistema somete a los pibes a la droga, al alcohol y a la marginalidad. Por eso tienen crisis constantemente. Y los que estamos ahí para sostener y poner el cuerpo somos los acompañantes. Somos la primera línea”, dice Mariana, a quien sólo le falta la tesis para recibirse de Trabajadora Social. Emiliano, que está estudiando el Profesorado de Filosofía, plantea que los Acompañantes son la piedra angular de la intervención del Estado en la restitución de derechos y a su vez son los más precarizados. “La Secretaría es consciente del valor que tenemos los Acompañantes, saben que realmente somos los que sostenemos la estructura”. Cuando explica el trabajo que hacen, dice que van a la particularidad de cada joven. “Estamos ahí para aprender a comprenderlos, a acompañarlos. Eso es fundamental. Convertimos el número en un valor cualitativo y único”.

Como si fueran bomberos, los Acompañantes Personalizados tienen que vivir pegados al celular porque en cualquier momento puede sonar. La plata que cobran no les alcanza para vivir pero tampoco pueden tener otro trabajo complementario porque es como si estuvieran en guardia permanente. Algunos aceptan vivir en condiciones precarias, otros viven como locos y el resto se termina yendo. La llamada, que puede ser de madrugada, será escueta. Hay que ir a cubrir determinada situación a determinado lugar. Pero muchas veces en esa conversación telefónica no les dan precisiones sobre el lugar al que van, la edad del niño o niña, si es una medida integral o excepcional, si tiene alguna enfermedad o cuidado específico. A veces van sin saber qué tienen que hacer o con qué situación se van a encontrar. Son muchas las cosas que no saben los AP: de dónde sale el dinero de sus salarios, cuántas son con precisión las medidas excepcionales, cuándo sonará el teléfono y entrará el llamado de emergencia, cuáles son las estrategias de los equipos. “A veces hacemos un poco de payasos y a veces de enfermeros”, dice Emiliano. Como no están en ningún escalafón, tampoco saben el mecanismo de selección que hace la oficina cuando necesita llamar a un Acompañante. El Programa dispone de los trabajadores como un objeto.

Hay pocas reuniones de equipo y equipos con muy pocos integrantes. Estar con un adolescente en situaciones complejas muchas horas al día requiere un espacio de reunión, de re-trabajar esa situación, de coordinar una estrategia y de ver cómo camina. Eso también falta. Y esa falta genera una angustia que los trabajadores acumulan. El círculo es claro: esa angustia acumulada le llega a los pibes.

Emiliano habla de la necesidad de organizarse y también de la dificultad que implica esa organización. Dice que actualmente no tienen un lugar donde estén centralizados todos los Acompañantes. Sin embargo, está la necesidad de encontrarse para intercambiar experiencias, algo que vienen haciendo durante todos estos años. Cuenta que al proceso gremial lo van fortaleciendo semana a semana y dice que la elección de delegados fue algo histórico. “Siempre estaba la idea pero nunca se había llevado adelante. Próximamente vamos a una elección ampliada donde podamos ser seis o siete delegados. Hoy por hoy somos nosotros dos”. También mencionan el proceso de coordinación con las y los Acompañantes de Santa Fe. Mariana dice que la modalidad de trabajo es funcional a que no se genere ningún nivel de organización para pedir el pase a planta. “Prefieren que nos quedemos en situación de precarización y que el laburo sea rotativo, por hora, a discrecionalidad”. Sin embargo, está convencida de que el único camino para contrarrestar esta situación es organizarse, luchar y elegir delegados para construir cada vez más representatividad en el sector. “Todo lo que venimos consiguiendo fue producto de las asambleas y las medidas de fuerza. Aunque sea a paso de hormiga venimos avanzando”.

Pronóstico: lluvia de techos

En Ludueña funciona el Centro de Acción Familiar (CAF) Nº 16, donde son asesoradas y acompañadas cien familias. El CAF, que está enmarcado dentro de la educación no formal, tiene una guardería donde van alrededor de veinte niños de entre uno y tres años. Si bien inicialmente estos espacios surgieron sólo como guarderías, con el tiempo y con el cambio de paradigma empezaron a trabajar desde la vulneración de derechos. Los niños reciben el cuidado y la comida y las familias son acompañadas y asesoradas.

En el edificio donde funciona el CAF, en calle Minetti al 2.600, el revoque del techo les llovía en las cabezas, se inundaba cada dos por tres, no tenían estufas, había escapes de gas y una pared tenía electricidad. A partir del reclamo de los trabajadores tuvieron una respuesta y ahora están reformando el espacio. Pero como no les garantizaron el alquiler de un lugar que les permitiese seguir funcionando como corresponde, en este momento están de prestado, a tres cuadras, en el Centro de Convivencia Barrial (CCB). En el lugar donde están funcionando ahora, de prestado, sólo pueden ofrecer el servicio de guardería. En el otro espacio hacían talleres de fotografía estenopeica para segunda infancia (9 a 14 años), taller de teatro, yoga y grupo de mujeres. Esas actividades, que llevaban adelante a pulmón los mismos trabajadores, se cortaron, al menos mientras sigan sin edificio propio.

En el CAF, dentro del sector psicosocial, hay dos psicólogas y una trabajadora social. También trabajan dos preceptores, un Acompañante Personalizado y una coordinadora del espacio. En la cocina trabajan otro AP, una ecónoma y una cocinera. Mariana Gazzo es psicóloga e ingresó al CAF como asistente profesional. Los integrantes del equipo están en planta, salvo los acompañantes personalizados que no están registrados. Pero además están los reemplazos, otra forma de precarización, ya que son a muy largo plazo, llegando a tres o cuatro años. El decreto Nº 522 establece una lista de reemplazantes a los que van llamando para que cubran las licencias de los trabajadores que están en planta. Esos reemplazantes no tienen ninguno de todos los derechos que sí tienen quienes están en planta, por ejemplo, el derecho a huelga o la posibilidad de enfermarse.

“Está desestimada la función que cumplimos a nivel poblacional y a nivel Estado”, dice Mariana Gazzo. “Los hechos lo demuestran. Se tardó un montón en decidir la refacción del edificio, y la metodología de los reemplazos va en el mismo sentido. Cuando entran compañeros en licencia se resiente el personal y eso hace que haya un desgaste que tiene su efecto en la atención que podemos brindar”. El CAF está abierto de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Mariana dice que si hubiera más personal, la institución podría estar abierta todo el día. Las familias son las mismas que también van a la escuela, a los centros de salud, al distrito, al polideportivo. Por eso, dice Mariana, es muy importante que se trabaje con las distintas instituciones de forma interdisciplinar. “Nosotros hacemos una cobertura preventiva en la primera infancia y tenemos los sueldos más bajos, que son los de Desarrollo Social. No hay un reconocimiento de la función que cumplen estas instituciones”.

Trabajo en territorio, ajuste y vista gorda

En 2010 se crearon en Rosario cuatro Centros de Día en el marco de una política pública que fue pensada en una mesa interministerial y que en su origen estaba destinada a adolescentes de entre trece y dieciocho años. Las particularidades de estos jóvenes eran (y son) la falta de referencia en instituciones de salud y educación, situaciones de vulneración social como consumo problemático o conflicto con la ley penal y falta de adultos referentes. Los espacios se armaron pensando en los puntos cardinales de la ciudad: La Posta en zona norte, La Casa del Adolescente en el sur, otro en el centro y el cuarto en el oeste, que actualmente es la DIAT (Dispositivo Interdisciplinario de Abordaje Territorial).

Por distintos motivos esos Centros de Día se fueron vaciando. Dentro de la Dirección de Promoción de Derechos que depende de la Subsecretaría de Niñez, hoy hay dos en funcionamiento: La Posta y la DIAT. El equipo de la DIAT, ubicado en Boulevard Segui al 5400, está conformado por diecinueve personas: médicos comunitarios, musicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física y educadores de otras disciplinas en relación al arte y a los masajes. Además trabajan dos personas encargadas de la cocina y la limpieza y otra encargada del mantenimiento.

Donde ahora funciona la DIAT hasta hace unos años funcionaba el CPI (Centro de Protección Integral), una institución municipal que trabajaba con niños y que se terminó disolviendo. Hace tres años Municipalidad, Provincia y Nación hicieron un acuerdo en el que destinaron un dinero importante para la refacción del edificio. El Centro de Día que funcionaba en el CPI ahora funciona en la DIAT. Entre los trabajadores hay cuatro modalidades de dependencia: siete trabajadores de la provincia que dependen de la Dirección de Promoción de Derechos de la Subsecretaría de Niñez, una trabajadora que depende de la Secretaría de Salud municipal, otros que se encuentran en el marco de los Fondos de Estímulo y otros trabajadores que dependen de Sedronar, algunos de los cuales son Médicos Comunitarios.

Luisa Montalbeti es abogada y trabaja en la DIAT desde 2013. Su trabajo depende de la Subsecretaría de Niñez. “Nosotros estamos en planta pero eso no quita que exista precarización laboral en términos del abandono de la política pública de la que participamos o el hecho de que nuestros sueldos sean sumamente inferiores a los de Salud”. Luisa cuenta que trabajan en territorio desde los paradigmas impuestos por las leyes de Infancia y de Salud Mental. El trabajo interdisciplinario que realizan implica el abordaje de situaciones muy complejas y el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Subsecretaria de Niñez, no garantiza los reemplazos en las licencias de larga duración por enfermedades graves o por maternidad: “es un trabajador menos en el Centro de Día”, resume Luisa.

En el Centro de Día se abordan situaciones problemáticas de mucha complejidad. Esas situaciones de vulneración de derechos excede al consumo problemático. A veces el pedido aparece por ese tema pero haciendo un abordaje integral, cuenta Luisa, observan que ese tema no es lo más problemático que está atravesando ese joven. Para entender la importancia de estos espacios es necesario conocer su funcionamiento. La DIAT está abierta de lunes a viernes de 9:30 a 16 horas. La franja etaria se amplió y va desde los trece a los veinticinco años. En el Centro de Día funciona un aula radial que depende del Ministerio de Educación. Es un aula multigrado para que los jóvenes puedan terminar la primaria.

Los chicos entran a las nueve y media de la mañana y desayunan. Algunos van al aula y otros se quedan haciendo otras tareas, dibujando, tocando la guitarra o escuchando música. Al mediodía almuerzan todos juntos y después participan de los talleres: un taller de relajación y masaje, otro de murales, uno de fútbol, otro de muay thai y un taller de estenopeica. También funciona un gimnasio y se acompañan dos espacios de capacitación del programa Nueva Oportunidad: un taller de huerta y uno de oficios. En el taller de estenopeica y en el de murales los talleristas son externos al Centro de Día, aunque de todas maneras en estos espacios hay trabajadores de la DIAT que acompañan. El resto de los talleres sí son pensados y desarrollados por los integrantes del equipo del Centro de Día. Por otro parte funciona el espacio “Luces”, donde trabajan la lecto-escritura, y como cierre del año editan un libro con las producciones literarias de los chicos.

Además del acompañamiento y los talleres, los pibes que van a la DIAT reciben un plato de comida y agua caliente para bañarse. La propuesta va desde estas tareas básicas hasta entrevistas individuales y abordajes de situaciones de salud mental muy complejas. Una situación que atraviesa a los adolescentes y pre-adolescentes es que no tienen una referencia adulta estable. “Cada vez que les abrimos la puerta del Centro de Día es como hacerles una promesa de la no evanescencia de los adultos que participamos ahí”, dice Luisa.

Como no reciben indicaciones precisas de ninguno de los niveles del Estado, el proyecto institucional lo armaron entre los trabajadores. Luisa cuenta que hace tres años lograron conformar un equipo de trabajo, luego de mucho tiempo, dedicación y discusiones. Si bien se van adaptando a distintas situaciones producto de la precarización, mantener el equipo conformado es algo que no negocian. En tiempos donde se notan los golpes del ajuste y la disminución de ciertas políticas públicas orientadas al abordaje social, aumenta la demanda de los pibes. “Hace un par de semanas decidimos frenar los ingresos porque nos está costando trabajar con los treinta jóvenes que vienen por día. Hay que poner el cuerpo y necesitamos ser cantidad”, dice Luisa.

Dentro del equipo de trabajo los que más padecen la situación de precarización laboral son los Médicos Comunitarios, que son becarios de un Programa que existe en distintas provincias por un convenio entre la Sedronar y el Ministerio de Salud de la Nación. A raíz de la Ley de Salud Mental, que se sanciona en 2010 y se reglamenta en 2013, se inauguran dispositivos de tratamiento y de prevención de las adicciones. En el paradigma anterior se hacía hincapié en el problema privado del usuario. A partir de la ley, los consumos problemáticos pasaron a ser un problema de salud pública y el Estado nacional armó en las provincias distintos dispositivos de atención. Durante el gobierno kirchnerista se crearon  los CEPLA (Centro Preventivo Local de Adicciones), los PEC (Punto de Encuentro Comunitario) y los CET (Casa Educativa Terapeútica). Esas tres vías se replicaron en todo el territorio nacional y estos espacios se llenaron de trabajadores con los médicos comunitarios.

Ignacio Vaccaro es psicólogo, trabaja en la DIAT y entró en la décima corte del Programa de Médicos Comunitarios. Firmó la beca a través del Ministerio de Salud de Nación. El objetivo inicial del Programa era formar trabajadores en territorio con una beca en medicina social comunitaria. A pesar del nombre, el programa no se acota a los médicos. En la DIAT trabajan seis médicos comunitarios: Ignacio y Carina que son psicólogxs, Flor que es trabajadora social, Melisa que es médica e instructora de yoga, Marcela que es musicoterapeuta y Florencia que es administrativa.

Ignacio Vaccaro plantea que es una manera de arreglar la formación de trabajadores en territorio y a la vez una forma encubierta de precarizar a los trabajadores, “porque se destinan recursos a formar gente de manera muy precaria sin que el Estado municipal, provincial o nacional nos asuma como trabajadores formales”. El sistema es como si fuera una pasantía. La única obligación a la que se sometía en un principio el Ministerio de Salud nacional era llevar adelante un posgrado en medicina social y comunitaria durante dos años.

En la provincia de Santa Fe firmaron el inicio de la beca en diciembre de 2014 con la garantía de destinar veinte horas semanales de trabajo territorial en una institución y diez horas de re-trabajo, asistencia y prevención en el territorio alrededor de la institución. La contraparte que debía garantizar el Estado nacional era la formación del posgrado. Ignacio y el resto de los médicos comunitarios cursaron en 2015 pero en 2016 la formación no continuó. “Ahí entramos en una deriva errática. Nunca supimos con certeza los motivos por los cuales el posgrado se interrumpió. En ese momento el decano de la Facultad de Medicina dijo que el Ministerio de Salud nacional no le pagó a los docentes que estaban dictando el curso y por eso la Facultad decidió suspenderlo”.

Sedronar es una Secretaría de Estado que terceriza a los médicos comunitarios a través del Ministerio de Salud de Nación. Por eso, cuando recibe el reclamo de los trabajadores, la Sedronar se escuda diciendo que como Secretaría no tiene forma de emplear a ningún trabajador. Pero a la vez el Ministerio de Salud de Nación articuló con la provincia de Santa Fe y la idea era que luego de la formación la corte de médicos comunitarios fuera tomada por el Estado provincial y municipal. Las cortes anteriores a las de Ignacio efectivamente terminaron siendo reconocidas como trabajadores formales de la provincia pero en la beca que firmaron ellos no hay mención explícita donde la provincia asuma el compromiso de incluirlos como trabajadores del Estado. La DIAT es una institución tripartita donde están los tres niveles del Estado. La provincia y el municipio se escudan diciendo que lo debe resolver Sedronar o el Ministerio de Salud nacional. La pelota tripartita va pasando de un lugar al otro. Nadie toma cartas en el asunto. Todos miran para el costado.

Lo cierto es que el panorama para los médicos comunitarios, y por consiguiente para el equipo de la DIAT, es muy negro. El posgrado quedó trunco. La beca, que inicialmente era por dos años, fue renovada pero desde octubre de 2016 no hubo ninguna actualización de la plata que cobran los becarios: $10.500 cobraban en 2016, lo mismo que cobran hoy y lo mismo que cobrarán hasta marzo de 2019. El contrato firmado establece condiciones de trabajo precarias, pero en caso de no firmarlo pierden el trabajo. Por eso, prefieren pelear por esas condiciones dignas desde adentro. En la última firma los trabajadores trataron de resistir diciendo que no iban a firmar. Los médicos comunitarios son la mitad del equipo de trabajo de la DIAT. Por la misma situación de precariedad, en la DIAT eran diez médicos comunitarios y hoy son seis. Para algunos las condiciones de trabajo se volvieron insoportables. Los que quedaron siguen trabajando y resistiendo. Y tienen todo el apoyo del resto del equipo y de ATE.

A la DIAT llegan jóvenes de barrio Triángulo, Toba, Villa Banana y Vía Honda. Hoy llegaron al límite de frenar los ingresos porque no dan abasto. La Sedronar actualmente está gestionada por el PRO y la idea que tienen es disolver el programa de Médicos Comunitarios. Los trabajadores se preguntan qué será de ellos si se disuelve el programa. Además, quedaría desarticulado el funcionamiento de toda la institución. Por lo pronto están intentando visibilizar el conflicto: pedidos de informes y de audiencias, asambleas y medidas de fuerza son las herramientas de los trabajadores organizados.

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