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Legal o clandestino: esa es la cuestión

El aborto legal es un grito global. Los ojos del mundo entero están atentos a lo que ocurra este 8 de agosto en la Cámara de Senadores de la Nación. El Congreso tiene la oportunidad histórica de saldar la gran deuda de esta democracia: la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué es constitucional el proyecto de ley? ¿Por qué es justicia social hablar de aborto legal? Que sea ley, la esperanza verde de todo el movimiento feminista del país.  

Por María Cruz Ciarniello / Foto: German López (Fuente: Facebook Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario)

Pañuelazos federales, nacionales, internacionales. 

El mundo nos mira. A un día de la votación en Senadores, la contratapa del diario The New York Time le dice adios a la clandestinidad. Es una oportunidad histórica para hacer ley un derecho postergado y así se espera en otras partes del mundo.   

En Argentina se replican las asambleas. Las redes contienen, abrazan, potencian. Las intervenciones artísticas en el espacio público demuestran que la calle siempre fue de color verde. El Monumento, en Rosario, estalla en una marea de pañuelos por el aborto legal. Por la peatonal Córdoba caminan de a dos, un grupo de “criadas” con túnicas rojas, cofia y con la cabeza hacia abajo, sin hablar, sin sonreir, sin mirar. Cuerpos que incuban, que tienen prohibido desear y decidir. La intervención se inspira en la novela de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”, una metáfora clave para entender la dimensión del debate que atraviesa a la Argentina. La escena se repite en varias ciudades del país porque todo, en todos lados, está siendo verde.   

Campaña en redes sociales. En Santa Fe se interpela con fuerza al senador que a un día del debate no ha pronunciado su voto: #PerottiVotaAFavor es el hashtag que se hace tendencia. Mientras tanto, las noticias nos siguen doliendo. En Santiago del Estero una joven muere a causa de la clandestinidad del aborto. Ocurrió a tan solo cuatro días de la definición en la Cámara de Senadores. En Mendoza, una mujer se encuentra internada en grave estado a causa de una complicación por aborto. El reclamo es el mismo de siempre: o es legal tal como lo contempla el proyecto de ley, o seguirá siendo clandestino sometiendo a cientos de mujeres y cuerpos gestantes a morir en ese intento por interrumpir un embarazo no deseado.  

La política se construye y el movimiento de mujeres sigue peleando para incidir allí donde cada voto se pelea cuerpo a cuerpo. La ley de aborto se está pariendo en Argentina. Por eso la calle como escenario de lucha. Por eso los gritos y el canto. Por eso el arte y la música. Por eso, todo.   

El cabildeo como estrategia, táctica y modo de resistencia. Hasta que sea ley, el activismo feminista no para; todo es necesario, todo hace falta para transformar el histórico reclamo en un derecho consagrado.  

El debate por la legalización del aborto tendrá el 8 de agosto un capítulo fundamental: es el día en que el Senado podrá decidir hacer ley la inmensa deuda que el Estado democrático tiene para con las mujeres y toda persona gestante. Hablamos del derecho a la autonomía reproductiva; a la decisión de decidir sobre el propio cuerpo. Hablamos de que el aborto en Argentina sea legal, seguro y gratuito, tal como lo exige desde hace años la Campaña Nacional que nuclea a centenares de feministas de todo el país. Es el día en que también este mismo Senado podrá decidir quedar del lado más conservador y medieval de la historia, rechazando de pleno el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y naturalizando así un statu quo que determina quien accede o no, a una práctica segura.  

El tercer escenario posible es que el Senado decida aprobar el proyecto con modificaciones, entre ellas, reducir el límite de semanas para la interrupción legal de 14 a 12, eliminar el artículo que establece una pena para médicxs que obstaculicen la práctica y, una de las más polémicas y debatidas, la incorporación de la objeción de conciencia por ideario institucional para centros de salud privados. Si así lo decide la mayoría de los 72 senadores y senadoras nacionales, será la Cámara baja, la cámara de origen, la que podrá aprobar estas modificaciones o insistir con el proyecto original, aunque para eso deba reunir una mayoría especial.  

Nada, hasta ahora, está definido. Todo puede pasar el día 8 en el Congreso Nacional, donde se espera una larga jornada de debate que tendrá, en primer lugar, que discutir la validez del dictamen de mayoría del último plenario de Comisiones. Es el dictamen que introduce las modificaciones al proyecto. Quienes se oponen fervientemente a la legalización del aborto no lograron presentar un dictamen en contra. Lo cierto es que los grupos antiderechos  carecen de propuestas ya que ni siquiera fueron capaces de presentar proyectos propios, más allá de slogans y frases políticamente correctas que nada dicen acerca de una problemática que afecta a las más de 300 mil mujeres al año que deciden abortar por el motivo que sea. Bajo el lema falaz de “salvemos las dos vidas”, no hay iniciativas que quiten el manto de clandestinidad que hoy tiene el aborto y que pone en riesgo la vida de las personas gestantes. 3030 muertes de mujeres, en su mayoría pobres, desde el inicio de la democracia hasta ahora. Esa es la cifra del aborto clandestino.  

En el Senado, hasta el momento ningún número es definitivo, más allá del poroteo que marca una leve tendencia en contra. La lucha es con el cuerpo en la calle y eso ya lo sabemos. Porque ese millón que visibilizó el 13 y 14 de junio la intensidad de un movimiento transgeneracional que le exige al Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de ley, se multiplicará el próximo 8 de agosto. Y no importará el frío, ni las horas de viaje, ni las horas de insomnio. Los días previos están demostrando que ese millón se duplicará, con colectivos que llegarán de todo el país. Con el color verde como bandera por la legalización del aborto. Con el celeste, del otro lado de la plaza, orando tan solo para hacer prevalecer la moral religiosa y el negocio clandestino de la medicina privada, por sobre la libertad de los cuerpos y el derecho a una salud integral.   

 

Vamos a recordar, entre muchas otras, la exposición de Milagros Peñalva en el Senado. Vamos a recordar sus palabras y su frescura. Sus 16 años exponiendo la realidad de su provincia. Su cuerpo hablando el mismo día en que el medioevo se hacía presente de la manera más brutal con la exposición de Abel Albino, médico pediatra, integrante del Opus Dei y director de la Fundación Conin, quien, entre otras enormes falacias, desestimó la eficacia del preservativo para la prevención del HIV. Sus dichos no sorprenden: Albino, quien recibe suculentas sumas de dinero por parte del Estado para financiar su Fundación, condena absolutamente todo lo que implique diversidad, placer y derechos. Grave es que su palabra sea invocada como “experta” en un debate que tuvo a muchos otros expositores antiderechos formulando discursos sin ningún tipo de rigor científico ni legal y violando así lo que ya establecen las leyes vigentes y los tratados internacionales.    

Milagro, en cambio, habló en su nombre, en nombre de las y los estudiantes que representa como integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Milagro habló de Salta, una provincia donde “la verdadera rectora de la Educación Sexual es la Iglesia”, dijo. Milagro habló de su provincia, la misma que obstaculizó –hasta que el movimiento de mujeres denunció la situación- el derecho de una niña wichi de 12 años a interrumpir su embarazo de 19 semanas producto de una violación.  

“No tenemos ESI ni tampoco se nos provee de métodos anticonceptivos, pero si quedamos embarazadas se nos juzga en la calle y nos echan de los colegios, y si no se nos echan, se nos marginan. Pero si abortamos nos llaman asesinas. Salta es la provincia donde un cuarto de los embarazos, son adolescentes. Donde se dicta educación religiosa en las escuelas públicas y privadas, donde se suspenden las clases por fiestas religiosas, donde te sancionan, te persiguen y te expulsan por presentarte a favor de esta ley”, dijo Milagros.   

Sus 16 años representan a la generación verde que viene activando por la ley de aborto. La que se entremezcla con aquellas históricas feministas que saben que este derecho, más temprano que tarde, será ley. Esa generación que aguantó el frío en una vigilia histórica y que al interior de las escuelas lleva el pañuelo como bandera. Qué ahí está, haciendo sentir su grito en la calle para que la fracción más conservadora del Senado, escuche, apunte, tome nota y sepa que son ellxs, son lxs pibxs lxs protagonistas de su tiempo  

 

Lucila Puyol es abogada feminista, integrante de Hijos Santa Fe y de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se declara optimista porque de lo contrario no podría militar en temas como derechos humanos y feminismo. Ella dice que sí, que la ley va a salir el 8 porque “la movilización va a ser impresionante, trascendente y mucho mayor que la del 13”. Esa es la exigencia. “Hace años que venimos trabajando, en el año 2005 nos conformamos como  Campaña y al año siguiente empezamos a hacer las presentaciones al Congreso. El proyecto de despenalización y legalización no obliga a ninguna mujer y persona con capacidad de gestar a abortar, sino que amplia derechos para aquellas personas que están necesitando recurrir a un aborto. El aborto es una situación que ocurre en la vida de las mujeres. Queremos educación sexual, anticonceptivos, necesitamos un estado laico que piense en todas las personas y no en aquellas que quienes por sus convicciones personales se oponen al aborto. Esperamos que el Senado pueda ver que hay una juventud maravillosa que ha irrumpido en los últimos años y que está caminando en las calles con el pañuelo verde”.  

Gabriela Santinelli también es abogada, también es feminista y también integra la Campaña Nacional. Vive en Rosario donde es parte del equipo docente del Programa de Género y Sexualidades de la facultad de Derecho de la UNR. “Espero y quiero que el 8 sea ley”, le dice a enREDando.  

La mirada del derecho y el feminismo resulta indispensable en este debate, tanto como la de los y las profesionales de la salud. Las palabras de Lucila y Gabriela ayudan a desmentir falsedades que se escuchan por parte de quienes se oponen al aborto legal. Uno de ellos es la supuesta inconstitucionalidad del proyecto. “Es ridículo”, señala con firmeza Puyol. Y explica: “los organismos de Derechos Humanos que trabajamos con el tema de los pactos internacionales y tratados ya lo hemos aclarado, los comités de los pactos internacionales que son de muchos países, le están diciendo a la Argentina que hay que despenalizar el aborto. Este proyecto de ley que tiene media sanción que no es el original de la campaña, es constitucional. Es cierto que tenemos una ley específica que habla del derecho a la vida desde la concepción, una ley que es derogable por otra ley, es una situación absolutamente compatible con el derecho argentino. No existe en la Constitucional Nacional ninguna norma, ninguna cláusula que diga que el aborto está prohibido. Nuestro país no tiene ninguna reserva institucional con respecto al tema de la concepción del comienzo de la vida. Los mismos grupos antiderechos también dijeron que era anticonstitucional la ley de matrimonio igualitario”.  

Del mismo modo se expresa Gabriela Santinelli. “No hay ningún obstáculo para que pueda aprobarse”, dice y agrega: “Si tenemos en cuenta todos los tratados internacionales y lo que señalan los comités de Naciones Unidas que son los que interpretan estos tratados, vamos a ver que no solo no es inconstitucional sino que el Estado Argentino va a estar en un estado de incumplimiento de estas obligaciones legales porque los Comités de Nacionales Unidas son quienes instan al Estado argentino a adoptar su legislación en materia de aborto. No hay ningún obstáculo constitucional y esto tiene que quedar en claro”.  

Otro argumento vertido por los grupos antiderechos es aquel que defiende el derecho a la vida como un derecho absoluto. Gabriela es clara al respecto: “Quienes han pasado por la Facultad de Derecho saben que ningún derecho es absoluto y cuando hay conflicto de intereses hay que hacer una interpretación global, teniendo en cuenta todo el marco normativo. Sabemos que el derecho es gradual y en el marco internacional no se le ha reconocido al feto o embrión un status de personalidad jurídica que sí tienen las mujeres, los niños y niñas, las personas con capacidad de gestar. El Estado argentino, en base a esa personalidad jurídica, tiene obligaciones legales que debe cumplir que es garantizar el acceso a la salud pública, a la dignidad, al respeto de la vida humana”.  

“El derecho es progresivo y creemos en esta progresividad. Argentina ha adherido a todos los pactos internacionales”, dice Lucila Puyol. 

 

Hace pocos días medios nacionales publicaron una solicitada firmada por clínicas de todo el país. Allí, el sector privado de la salud exigía que se incluya la objeción de conciencia institucional al proyecto de ley. Esta es una de las modificaciones introducidas en el dictamen de Senadores que podría ser debatido el día 8.   

Para Santinelli, esta figura no hace más que otorgar privilegios a un determinado sector de la salud. Y es contundente cuando dice que la objeción no es un derecho, a diferencia de la libertad de conciencia. La pregunta es: ¿las instituciones pueden tener conciencia y alegar sufrimiento moral?. Claramente no. Por eso la objeción es individual. “Esas cuestiones son específicamente de los sujetos. Lo que creemos es que se utiliza para seguir obstaculizando derechos”, señala Gabriela.  

La hipocresía y la doble moral atraviesa el debate por el aborto legal. Clínicas que dicen declararse objetoras son las que luego realizan interrupciones cobrando sumas abultadas de dinero. El sector privado de la salud, así como la industria farmacéutica que monopoliza la producción y comercialización del Misoprostol, es por excelencia, el actor más favorecido por la clandestinidad del aborto. Quienes pueden pagar 40 mil pesos por una práctica segura lo hacen en instituciones privadas. En el sector público lo que hay son, por ejemplo, servicios enteros de ginecología  que se han declarado objetores como es el caso del Hospital Iturraspe de Santa Fe, el efector de salud que le negó a Ana María Acevedo su derecho a acceder a una práctica contemplada en el Código Penal desde 1921, causándole la muerte.   

Para Puyol es claro que estos profesionales no solo no se conforman con ser objetores sino que además impiden que otros garanticen el derecho a una ILE. La judicialización de una médica de Rosario que viajó Santa Fe como parte del equipo del Ministerio de Salud a practicar un aborto legal es un claro ejemplo de lo que Lucila describe con enojo: “ellos obstaculizan la práctica y eso es ilegal, pero Samuel Seiref que es el jefe de Ginecología del servicio y además es profesor en la cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina  arenga desde ese lugar de poder frente al resto de los profesionales. Una cosa es que él no quiera hacerlo y otra es que no se pueda internar a una mujer, que no pueda venir otro profesional a hacer un aborto, que tengan acceso a historias clínicas de las mujeres, que ingrese gente de afuera como por ejemplo de la Fundación Grávida, que es un movimiento antiderechos.  Esa organización ingresa al Hospital Cullen donde había sido derivada una mujer y  el presidente de Grávida que además es hijo de un genocida condena por delitos de lesa humanidad y reivindica el accionar de su padre, se hace pasar por un amigo del capellán, toda una mentira para tratar de convencer a esta joven que ya había abortado, de que realizara la denuncia. Realmente tremendo”. 

Lo que describe Lucila es lo que profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir cuentan a través de su experiencia cotidiana garantizando abortos legales y enfrentando sucesivas situaciones de hostigamiento y criminalización. “Contás con nosotrxs” es la campaña que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir viene impulsando desde hace meses, visibilizando su compromiso en la defensa del aborto que ya está contemplado por ley. Lo hacen por conciencia, por convicción y porque así lo establece la legislación actual. Sin embargo, las situaciones de hostilidad en el hacer cotidiano son muchas. Por eso las redes y la última Asamblea que se realizó en Rosario, convocando a cientos de trabajadorxs de la salud de toda la ciudad. La actividad tuvo lugar en La Toma y fue masiva. “La convocatoria fue para trabajadorxs en un sentido más amplio. Para habilitar la participación en la red y para pensarnos de cara a lo que pueda suceder después del 8. Cómo nos pensamos, si vamos a hacer parte del problema o de la solución, y también para escuchar otras experiencias y sumar”, decía Pablo Dalmasso, enfermero e integrante de la Red, al ser consultado por enREDando. Esa asamblea convocó a trabajadorxs de diferentes efectores públicos y centros de salud. Compartir la experiencia, la angustia, las situaciones particulares y al mismo tiempo, las que se repiten en cada lugar de trabajo, fue parte de ese nudo de voces, palabras y testimonios que durante más de dos horas circularon en ronda, fortaleciendo también a cada unx de lxs asistentes. Catalina es psicóloga y trabaja en un centro de salud de la zona oeste de Rosario, en una zona marginal de la ciudad. Se acercó por primera vez a la Red. “Es importante trabajar con otrxs, voy a viajar el 8 de agosto. Si estás en soledad, te angustias mucho y estar en colectivo siempre dá más fuerzas”, dice. Aunque la realidad rosarina se diferencie de muchas otras en otras ciudades, la necesidad de vincularse entre profesionales de la salud es primordial. La estrategia es visibilizar que están allí para garantizar el derecho a un aborto legal y seguro. El día 8, la Red tendrá una carpa donde realizarán actividades durante toda la vigilia.  

En la ciudad de Santa Fe, el reclamo del movimiento de mujeres es directamente hacia el gobierno provincial. “Frente a objetores de conciencia, el gobierno provincial no está interviniendo como debería. Lo que estamos pidiendo es apartar a Seiref como jefe de ginecología, ese es un cargo de funcionario, es un cargo político. Acá hay que demostrar que este gobierno que dice que defiende los derechos lo haga realmente y eso es tomando decisiones. En el Hospital Iturraspe hay muchos profesionales que están a favor de realizar la práctica y no lo pueden hacer porque están siendo denunciados por estos grupos. Entonces esto es responsabilidad del Estado. Tiene que haber una decisión política”, apunta Lucila.  

Santinelli opina que la objeción de conciencia institucional además implica una “cuestión discriminatoria para aquellos profesionales que trabajan en esas instituciones porque no podrían estar garantizando estos derechos que los amparan legalmente”. Lo cierto es que en caso de aprobarse en Senadores el proyecto con modificaciones, la objeción institucional se incluiría dentro del mismo, permitiendo que instituciones privadas se nieguen a realizar la IVE.  

 

La avanzada antiderechos fue clave en este último tramo del debate. Presiones a legisladorxs, agresiones físicas en las calles y un evidente acto de disciplinamiento social aparecen como reacciones propias de esta facción que se opone a la legalización del aborto pero que tampoco propone alternativas para decir lo que ellos dicen que hacen: “defender las dos vidas”.  

Lucila, Gabriela y Pablo acuerdan en que las audiencias en Senadores tuvieron un tono mucho más áspero e inquisidor para quienes exponían a favor de la ley. “A Marta Alanis directamente no la dejaron finalizar su exposición, la agredieron cuando nosotras hemos tenido que escuchar que nos llamen asesinas, genocidas, afuera y adentro del Congreso”, cuenta Lucila. “Hay compañeras que recibieron amenazas en Rufino, en Mendoza, en Tucumán”. “La jerarquía de la iglesia católica ha tenido siempre una actitud de tutelaje en relación a las mujeres, se creen dueños de los cuerpos, los saberes, también nos consideran incapaces y no pensaron realmente que estábamos decididas y que había una estrategia clara para pelear por el derecho al aborto, y la jornada del 13 y 14 de junio no la previeron nunca, ellos nos subestiman, y entonces, eso mismo les produjo una agresión tremenda”. 

Para Gabriela, “la Iglesia siempre cumple un rol, al no tener un Estado laico en la práctica, la Iglesia se sigue inmiscuyendo en lo concerniente a las libertades civiles y sociales. Hay una avanzada más grande para intentar que este proyecto no salga. Están generando situaciones de violencia que son bastantes extremas. Tenemos que realmente tener un Estado laico y que las cuestiones morales, éticas y religiosas de las personas no se pretendan universales, eso es fundamental para poder vivir en un estado democrático y en un estado de derecho”.  

Pablo, por su parte, dice: “Los grupos antiderechos de alguna manera no se esperaban esto. Quienes trabajamos en salud vemos que tal vez pensaba que la media sanción no iba a salir. Debajo de ese emblema romántico de “salvemos las dos vidas” se encuentra toda esta violencia, misoginia, y desinformación. Y obviamente esto genera un escenario mucho más complejo” 

Para contraponer la desinformación a la que se apela a modo de estrategia desde los grupos antiderechos, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir y el Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho produjeron una serie de spots para redes sociales que apuntan desmentir falacias en contra de la ley: “Pensamos en elaborar informaciones que estén basadas en cuestiones científicas desde la medicina y también desde lo legal. Son dos sobre objeción de conciencia y pensar que la objeción es la excepción al cumplimiento de una ley. Y que cuando corre en riesgo la vida de la persona gestante, este derecho individual debe correrse y dar lugar al derecho universal a la salud, a la vida y a la dignidad. Y por tanto, estos profesionales deberían garantizar este derecho por si mismo o derivando con información clara. Y por otro lado, los profesionales de la salud también explican que ellos trabajan a conciencia y que la conciencia no es solo una”, explica Gabriela. Uno de los spots aborda la constitucionalidad del proyecto de ley y otro informa sobre técnicas para realizar abortos, “para desmitificar que el aborto es al noveno mes o que se hacen legrados. Queremos mostrar cuales son las técnicas actuales que la OMS indica que pueden ser utilizadas”. 

#SeraLey 

Cerca de 70 colectivos partirán a Buenos Aires el día 8 de agosto. No se sabe cuánto durará la sesión. Lo que sí es seguro es que el millón del día 13 y 14 de junio se duplicará. Habrá tres escenarios preparados con actividades durante toda la jornada y diferentes stands de organizaciones. La movilización será masiva y el tsunami verde marcará otra vez, el pulso de un debate caliente y áspero.  

“El movimiento de mujeres en Argentina es un sujeto político que no puede ser desconocido por nadie. Está construyendo estrategias en las calles, en los tribunales, en el congreso de la nación y en el interior de las familias también. Y los senadores y senadoras no pueden desconocer eso”, dice Lucila Puyol. Milita desde hace 30 años en el feminismo. Es hija de desaparecidos. Para ella, el pañuelo verde es un emblema. “Como heredera de las Madres, los pañuelos son estandartes de lucha”, dice.

Gabriela dice que el pañuelo es un tejido de redes. “Une en todos sus hilos esta lucha. Hubiese sido imposible pensar estos 13 años sin estas redes. Sin pensarnos juntas”. Y cuando explica de por qué decimos que el aborto es justicia social, Gabriela es contundente: la penalización del aborto tiene una cuestión discriminatoria de base, es el único delito en más de 300 artículos del Código Penal que penaliza solo a un género, a las mujeres. No hay otro artículo que penalize por ejemplo, nada más que a los varones. A su vez, sabemos que en el Derecho Penal que toda la maquinaria del Estado represiva no persigue a todos los delitos que se cometen por igual. Persigue a las personas que están en una situación de vulnerabilidad por cuestiones economicas, de etnia, de edad. Vemos una doble discriminación. Las mujeres que hoy son perseguidas penalmente están en esta situación de vulnerabilidad, que fueron colocadas por el mismo Estado por una cuestión, económica de etnia o de edad. Por eso decimos que es específicamente una cuestión de justicia social porque hoy no todas las mujeres son penalizadas ni todas mueren por un aborto clandestino. Son determinadas mujeres que han sido excluidas de las mayorías de las políticas públicas del Estado. Entonces, necesitamos una reparación para todas estas mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”.  

Para el 8 se esperan pañuelazos en consulados de todo el mundo. Porque el derecho al aborto legal es un grito mundial. Solo falta que el Congreso se adecúe a los tiempos históricos, a la historia de estos tiempos que escriben las generaciones más jóvenes y también las más luchadoras, generaciones que tienen como protagonistas a esas mujeres que en tiempos hostiles y en soledad, se animaron a exigir aborto legal.

Que ahora se escuche el grito. Que ahora que sí nos ven, el Senado sancione a favor. Y que sea ley.  

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