Violencia Institucional

Una larga lista de irregularidades

Organizaciones sociales y de derechos humanos rosarinas entregaron un documento a miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura con el fin de informar sobre situaciones irregulares en lugares de encierro de la ciudad y sobre las graves falencias en los procesos de investigación en casos de violencia institucional. Patrones comunes que evidencian una práctica sistemática.

Por Carina Toso

María de los Ángeles Paris murió dentro de la comisaría 10º. La primera autopsia hecha en el Instituto Médico Legal concluyó que no había golpes y la muerte había sido por causas naturales. Abogados, organizaciones y familiares, insistieron en una segunda revisión del cuerpo que se hizo en la Morgue Judicial de la Nación. Los resultados: la muerte de la docente no fue por causas naturales, sino producto de haber sido ilegalmente privada de la libertad, golpeada, esposada y sostenida boca abajo por la fuerza en el piso de un cuarto de la comisaría 10ª hasta su muerte. Todo lo contrario a los datos informados por el primer establecimiento.

Jonatan Herrera lavaba un auto cuando quedó en medio de un tiroteo que comenzó el Comando Radioeléctrico mientras perseguía a un presunto ladrón y continuó la Policía de Acción Táctica cuando el chico ya estaba detenido. Tres balas alcanzaron a Jonatan, que murió acribillado por las fuerzas policiales. Minutos después del homicidio, la preservación y relevamiento de la escena de los hechos, realizada por la misma policía provincial, fue tan irregular que ocupó casi todo el debate del juicio.

Franco Casco y Gerardo Escobar estuvieron desaparecidos hasta que finalmente sus cuerpos sin vida aparecieron en el río Paraná. Fue casi un año de diferencia entre un caso y el otro. Pero la tortura, la muerte y las huellas de la policía se estamparon en los dos. Ambos fueron vistos por última vez o en una comisaría o perseguido por agentes. Sus autopsias también fueron adulteradas: las pruebas borradas y sus familias maltratadas por el Poder Judicial.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura estuvo en Rosario con el objetivo de recopilar información sobre los lugares de encierro en la ciudad. Junto a organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia institucional, hicieron una larga lista de irregularidades.

La Fiscalía de Violencia Institucional incumple muchas de sus funciones, las víctimas en general son entrevistadas o interrogadas por los mismos policías que los amedrentaron. La reforma del sistema penal no sirvió para mucho desde este punto de vista. Los fiscales de turno apagan sus teléfonos entre las 12 de la noche y las seis de la mañana, o sea que cualquier detenido en ese horario está obligado a pasar la noche en una comisaría, en muchos casos expuesto a malos tratos. Las versiones policiales están por encima de las víctimas cambiando la línea de investigación. Las pruebas desaparecen. En el Instituto Médico Legal no se respetan protocolos, se alteran muestras y se evita el uso de material tecnológico adecuado, aunque está apilado en cajas sin abrir. No hay un criterio unificado para las imputaciones, tampoco para las sentencias por torturas. Los primeros teléfonos intervenidos son los de las víctimas y sus familiares. En las cárceles, los médicos no respetan los protocolos a seguir, a las mujeres las obligan a desnudarse frente a albañiles, a los varones en los pasillos. A la nueva cárcel de mujeres no llegan los colectivos y no hay teléfonos. En el Agudo Ávila algunos pacientes están esposados.

El Comité, entidad promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quedó constituido a fines del año pasado en el marco de la Ley Nº 26.827 que regula el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley fue sancionada en 2012 pero nunca se había puesto en funcionamiento. Sus miembros pueden efectuar visitas a cualquier lugar de detención, figurando además entre sus atribuciones la de “reunir y sistematizar información para velar por el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura”. También deberá confeccionar un registro nacional de casos de tortura en espacios de encierro y detención.

Dos de los trece miembros del organismo pasaron por Rosario: Jorge D’Agostino, presidente (fue diputado por Entre Ríos por el radicalismo dentro del interbloque de Cambiemos) y Silvina Cantero, comisionada. Hasta diciembre de este año el plan es trabajar en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

“Desde el Comité buscamos atacar las fallas del sistema judicial, sobre todo donde no funcionen las fiscalías y defensorías. Nos dedicamos a prevenir las torturas, los malos tratos a quienes están privados de la libertad, cualquiera sea su condición, ya sea condenado, prisión preventiva, adultos mayores internados en institutos públicos o privados; menores alojados en institutos también públicos, privados o que tengan también conflicto con la ley penal, y todo lo concerniente a encierro por cuestiones de salud mental, esos son los lugares a donde vamos”, explicó D’Agostino.

Lo cierto es que son 13 miembros para todo el territorio nacional y los miles de casos en donde se registran irregularidades, muchas veces fatales para las víctimas. El aporte que intenta hacer es, a través del relevamiento de datos, sanear el sistema penitenciario o judicial sobre aspectos generales y que se repiten en diferentes establecimientos.

“Nuestra metodología pasa por controlar el sistema. Hacemos visitas y monitoreos en los lugares de detención. Intentamos mantener un diálogo permanente y profundo con las personas que están alojadas ahí. Antes recabamos información sobre el lugar a visitar. A veces ya vamos sabiendo en qué pabellón o sector puede haber más problemas y directamente visitamos esos lugares. Sabemos que un momento crucial en una cárcel son los primeros momentos de detención, a veces los médicos no saben detectar si hubo o no tortura en ese proceso porque incumplen con los protocolos”, agregó Cantero.

Después de las visitas se elabora un informe y se toma contacto con los responsables para presentar una recomendación al sistema. “A un preso se le quita la libertad y los derechos políticos para que pague con su condena por el delito que haya cometido. Pero los otros derechos los tiene”, aseguró D’Agostino. Finalmente hay un periodo de seguimiento y diálogo con las autoridades para aplicar cambios y soluciones.

Un documento repleto de irregularidades

Familiares y víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos de la ciudad, nucleadas en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario, presentaron ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura un documento en el que detallaron una gran lista de irregularidades del sistema judicial, penitenciario y policial con el fin de encaminar el trabajo conjunto hacia “la implementación de políticas públicas de prevención, dispositivos de monitoreo y sanción de la tortura y programas de rehabilitación de sus víctimas”.

Entre los puntos más destacados figuran las graves deficiencias del desempeño del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en relación a la detección, documentación, investigación y sanción de hechos como son muertes en custodia, torturas, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias o extrajudiciales.

En cuanto a las deficiencias en las investigaciones en los casos de violencia institucional, expresaron que ante un hecho de violencia institucional, las primeras actuaciones en la investigación continúan siendo realizadas por la propia policía involucrada. No se aplican los protocolos internacionales específicos (Protocolo de Estambul, Protocolo de Minnesota) que expresamente determinan lo contrario. Aún peor: la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Institucional, a cargo de Karina Bartocci, investiga a través de la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza policial. Bartocci es fuertemente criticada por organismos y familiares, quienes hasta marcharon en octubre del año pasado para exigir su destitución.

Dentro de esta dependencia, también se da como patrón que no se investiga eficazmente: en la mayoría de estos casos las pruebas son insuficientes, o desaparecen o no se dictan las medidas solicitadas por las querellas. En cuanto a las autopsias se sigue la misma línea: de los cuerpos que llegan al Instituto Médico Legal por muertes en custodias o desapariciones forzadas seguidas de muerte se registraron intervenciones de médicos forenses “tendenciosas o poco precisas, que terminan avalando, por acción y omisión, la versión oficial de los hechos”.

Otro aspecto que se remarcó durante la reunión entre los representantes del Comité y las organizaciones, fue el maltrato por parte de algunos fiscales a víctimas y familiares de violencia institucional, cuándo son ellos los investigados, sus versiones se distorsionan a favor de la voz policial y pusieron como ejemplos los casos de homicidios de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce, Ivan Mafud y Carlos Godoy.

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