Un caso de abuso sexual a una chica que está bajo custodia de la Dirección de Niñez destapó nuevamente las irregularidades en el área a nivel local y provincial. El Consejo de Niñez denunció persecución a las trabajadoras que hicieron público el hecho.

Imagen: Arte x libertad

Una escena que vuelve, una y otra vez. Un grupo de trabajadoras de un dispositivo o programa dependiente de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, ve una situación irregular y grave en el marco de la intervención de un menor de edad. La informa como lo demanda la ley. Como consecuencia, aparecen las presiones a las trabajadoras: reducción de horas laborales, retiro de acompañamientos, amenazas de directivos. El caso denunciado, que suele representar un problema estructural no solo a nivel local sino provincial, se aborda desde las penumbras, bajo el silencio y de manera aislada. En el Sistema de Protección todo sigue igual, como si todo funcionara bien. Entonces, la escena que vuelve. Como un deja vu, o como la peor pesadilla.

El caso puntual esta vez lo hicieron público trabajadoras de la Dirección de Niñez -dependiente de la Subsecretaría de la Niñez- acompañadas por el Consejo de Niñez y Adolescencia. Se trata de una denuncia por un caso de abuso sexual por el que está acusado un trabajador de Niñez y que tiene como víctima a una chica de 17 años que está bajo el cuidado estatal. Según el informe presentado por una acompañante de la chica, se trata de una serie de hechos ocurridos en la institución Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT, Virasoro 1900) que se pusieron en conocimiento de las trabajadoras del lugar y de la Dirección de Niñez a principios de marzo. La denuncia, que está en etapa de Investigación Penal Preparatoria, la elevó formalmente Claudia Aguilera, directora de Niñez, y recae contra un hombre llamado Alan B.

Desde un principio la denuncia expuso un derrotero de irregularidades que conduce a la revictimización de la chica de 17 años. El informe escrito presentado a Niñez relata que luego de que la joven se animara a comentar por primera vez esta situación, otra trabajadora de DAT la acusó de mentir. “Ingresa a la habitación durante el turno noche para increparla, decirle que era una acusación muy fea la que estaba haciendo, que ella conocía al adulto en cuestión y que era incapaz de hacer lo que ella acusaba y la trata de ‘lanzada’”, dice el informe. En el mismo documento se da cuenta de que, después de contar los abusos, la chica fue trasladada del lugar y que eso significó para ella otro golpe, puesto que consideró que la estaban castigando por hablar. Directivos de Niñez, sin embargo, argumentaron que habían tomado esa medida para protegerla.

Idealmente, el Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia debería funcionar de determinada manera cuando ocurren irregularidades de este tipo. Si un acompañante da cuenta de un caso donde se vulneren los derechos del sujeto niña, niño o adolescente, debe comunicarlo en un informe a su Equipo de Trabajo Interdisciplinario, quien será el encargado de revisar la situación, y tomar medidas que pueden llegar a denuncias penales como en este caso puntual. También deben ocuparse de la atención médica y psicológica de la víctima. Pero todo suele desvirtuarse desde un principio y este caso vuelve a ponerlo de manifiesto. Una trabajadora del Dispositivo de Alojamiento Transitorio contó a Enredando que desde hace varios meses estaban informando sobre maltratos y malas condiciones en el lugar. “Los informes los cajoneaban, no hacían nada, no tenía que trascender nada”, explicó.

“Éramos parte del turno noche, teníamos más horas y nos sentábamos a discutir. Ahí fue cuando empezaron a quitarnos horas, a desarmar el grupo, a mí me mandan a la tarde porque supuestamente mi compañero me llenaba la cabeza”, contó la trabajadora.

El caso en cuestión expone un hecho de gravedad: un trabajador es denunciado por abuso sexual; una chica que fue alojada en una institución estatal porque sus derechos estaban siendo vulnerados continúa padeciendo desprotección. La denuncia está hecha y deberá avanzar en términos penales para esclarecer las acusaciones. Pero nada empieza ni termina ahí. En un contexto inmediato el caso se enmarca en un espacio que ya había sido blanco de informes por irregularidades y malos tratos. Además, en el DAT han sido alojados niños desde cinco días de vida hasta de 17 años y algunos han estado hasta ocho meses. Pero el lugar, al ser transitorio, no tiene los recursos necesarios para un abordaje extendido acorde a la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “Apenas llegan se los despoja de todo, no pueden salir, les quitan el teléfono, tienen el cable cortado, no tienen juegos, juguetes ni materiales, no hay actividades, no se escolariza a los chicos, no tienen nada para hacer”, explicó la trabajadora. En cuanto a los malos tratos, citó un caso puntual: en una ocasión le hicieron lavar la ropa de cama a dos niñas por haberse orinado.

Si se la contextualiza de forma más amplia, esta situación queda enmarcada en una estructura que ya lleva varios años repitiendo formulas y casos que grafican la falta de recursos económicos e irregularidades en decisiones políticas en torno a la aplicación de la Ley Provincial de Niñez. Por un lado, continúan desnudándose las condiciones de los espacios de alojamientos para niñas, niños o adolescentes con Medidas de Protección Excepcional. La precariedad de las instituciones estatales deja un hueco que, en Rosario, se llena con convenios con alojamientos como hostales, hoteles, pensiones, o instituciones de salud de gestión privada. Ahí es donde se abre la puerta a otro aspecto, que implica las prácticas que se llevan a cabo en estos lugares. Desde el año 2017, decenas de jóvenes transitaron por el Hotel Estación Callao (Callao 117), el Hostel Primera Estación (Dorrego 54), La Pensión de la Música (San Juan al 700), el Hotel Normandie (Mitre 1030), el Hotel Casapueblo (Fontezuela 1924) y el Hostel Quechua (Italia 872). Sobre estos lugares, los testimonios de los acompañantes que estaban en contacto con los jóvenes coincidían en la falta de recursos para un abordaje integral de sus situaciones, que derivaban en jornadas de mucho encierro en una habitación o mucha circulación por la calle sin demasiado rumbo.

En cuanto a las instituciones de salud de gestión privada -comunidades terapéuticas, clínicas y sanatorios- como San Camilo (provincia de Buenos Aires), San Felipe (Ameghino 960), IMPAR (1º de Mayo 1752), Alem (Alem 3144) o el Neuropático (San Martín 5848), surgieron denuncias por malos tratos, torturas y sobremedicación. En el Sanatorio Neuropático, incluso, en el año 2017 se dio la muerte de un joven enviado por la Dirección de Niñez, en un hecho que nunca fue esclarecido.

Un Consejo para la Dirección

La denuncia del abuso sexual en el Dispositivo de Alojamiento Transitorio se hizo pública en una conferencia de prensa realizada este jueves 11 de abril en el Concejo Municipal. Junto a las trabajadoras de Niñez estuvo el Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este último es un espacio de consulta y asesoramiento integrado por los bloques políticos que encabezan las concejalas Marina Magnani, Celeste Lepratti, Norma López, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Juan Monteverde; los sindicatos ATE y SADOP Rosario; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Colegio de Psicólogos.

Foto: Concejo Rosario

En resumen, lo que quedó claro en la conferencia no fue solo la denuncia por el caso de abuso sexual sino también todo lo que se desprende de este hecho y otros casos de vulneraciones de derechos de niñas, niños o adolescentes. Y lo que se desprende es la presión y hostigamiento de directivos a quienes denuncian,  que suelen ser los acompañantes personalizados y convivenciales, quienes, según denuncia ATE Rosario, están precarizados y ni siquiera trabajan bajo contrato. “Miriam Valci (psicóloga de la Dirección de Niñez y supervisora del DAT) es una de las autoras de estas presiones. Es una política de Estado, se precariza presupuestariamente, se terceriza la responsabilidad del Estado, se abaratan costos, y en ese marco se sanciona a los trabajadores cuando demandan, no solo por sus condiciones laborales, sino principalmente por las condiciones de alojamiento de los pibes institucionalizados. Lo que esconde ese modus operandi es la falta de inversión en las políticas de Niñez”, explicó la edila Marina Magnani.

En ese sentido, Emiliano Calcagno, delegado de acompañantes personalizados de ATE Rosario, apuntó: “No vamos a tolerar ninguna persecución y atropello a los derechos de las compañeras y compañeros que en este caso vienen denunciando lo que pasó en el DAT. Sabemos que por parte de Miriam Valci hubo una orden concreta al Programa de Acompañante de que no se los llame. Nos parece muy grave porque no solo se vulneran en la Dirección los derechos de los niños, sino de los trabajadores”.

Desde el Consejo de Niñez, desde el Concejo Municipal y desde la Cámara de Diputados de la provincia, destacaron los denunciantes, se han enviado varios pedidos de informes sobre el manejo del presupuesto público en materia de Niñez y Adolescencia, sobre la situación de los trabajadores precarizados de la Dirección de Niñez, y sobre las irregularidades denunciadas en distintos alojamientos estatales y privados. Nunca tuvieron respuestas.

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