La causa, que había sido archivada dos veces, llegará a juicio con Ariel Condori acusado de matar de dos disparos al chico de 16 años. La querella que representa a la familia de la víctima pedirá la prisión preventiva que no solicitó Fiscalía. 

El 27 de agosto pasado, antes de que comenzara la versión rosarina de la marcha nacional contra el gatillo fácil, los familiares de los pibes asesinados por las fuerzas de seguridad se juntaron detrás de la misma bandera. Entre ellas estaba María, la mamá de Maximiliano Zamudio, un chico asesinado a los 16 años por un prefecto en barrio Tablada. Desde ese hecho, ocurrido en mayo de 2015, la mujer marchó tantas veces como nunca se había imaginado que podía llegar a hacerlo. Lo hizo al principio, cuando ni siquiera hacía un mes que habían matado a su hijo, y ya no paró. Primero fue para pedir que el fiscal la atendiera, después  para protestar contra el archivo de la causa en dos ocasiones, luego para que imputaran al asesino, y más tarde para pedir prisión preventiva. En estos cuatro años María también acompañó a las familias de otros pibes, como en esta última y masiva marcha a la cual llegó todavía digiriendo la última novedad: el asesino de su hijo irá a juicio. A María ya no podrán decirle que no sirve luchar.

La hipótesis de la fiscal Karina Bartocci es la siguiente. El 27 de mayo de 2015, cuando faltaban diez minutos para las once de la noche, el prefecto Ariel Condori entró de civil con su Ford Falcon a un pasillo que comienza en Patricias Argentinas y Avenida Uriburu. A unos pocos metros estaba Maxi Zamudio, quien vivía en una casa dentro de otro pasillo que se desprende de esa intersección. Según pudo establecer Bartocci mediante la declaración de testigos, el chico y el prefecto dialogaron unos segundos hasta que Condori disparó desde adentro del auto. Al instante se bajó y gatilló dos veces más. Dos de esos tres balazos dieron en Maxi, y uno -en la cabeza- le provocó la muerte.

En marzo de 2017, con esa misma base, el primer fiscal de la investigación, Miguel Moreno, decidió el archivo de la causa. Es que en aquella ocasión consideró suficiente el testimonio del propio Condori para respaldar su hipótesis de legítima defensa en un supuesto intento de robo a mano armada. Lo cierto es que, desde un principio y de manera muy clara, la escena del crimen dejó una certeza: solo se halló un arma de fuego y fue la Smith & Wesson SW99 calibre 40, arma particular del prefecto. Una culata de un rifle de aire comprimido desarmado que se encontró en la escena fue adjudicada -solo porque lo dijo el prefecto- a Maxi Zamudio. Con mucha cintura, al momento de archivar la causa Moreno acudió al “error invencible”, un recurso del derecho penal que relativiza la responsabilidad de un acto cuando hay algún tipo de desconocimiento sobre la realidad de un acontecimiento. Dijo que, por el contexto en el que había ocurrido el hecho, era lógico que el prefecto confundiera esa culata desarmada con un arma y que por lo tanto actuara en consecuencia para resguardar su vida. El contexto: la poca capacidad de distinguir ese artefacto, por la oscuridad del pasillo y por la conmoción del supuesto intento de robo.

Palabras más o menos, lo que Moreno indicó en aquella decisión fue que Maxi había sido responsable de su propio asesinato. Que en el intento de robo el chico había querido hacer pasar esa culata como un arma, que lo logró y provocó así la reacción del prefecto. Lo que no tuvo en cuenta Moreno en esa ocasión fue que la única persona que mencionó el supuesto intento de robo y detalló que Maxi tenía en sus manos esa culata, fue el propio asesino. Y que, según la reconstrucción que hizo la Policía de Investigaciones, Maxi recibió el segundo disparo –el mortal, a la cabeza- estando de espaldas.

Esos aspectos hicieron tambalear la teoría de la legítima defensa y, sumado al activismo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, sirvieron para que se desarchivara la causa. Aunque el fiscal que la tomó luego, Rafael Coria, continuó el mismo camino. Fue recién después de más presiones por parte de los organismos de derechos humanos que el fiscal regional Patricio Serjal desestimó el segundo archivo de la causa y la dejó en manos de Karina Bartocci. El 10 de diciembre de 2018, más de tres años después del hecho, la fiscal imputó a Condori por homicidio agravado.

¿Son avances?

En más de una ocasión María salió llorando de la Fiscalía de Homicidios. Sobre todo cuando la causa estaba a cargo de Miguel Moreno. Es que entraba con la intención de llevarse una novedad que implicara un avance en la investigación, pero salía con bronca, acusando al fiscal de ignorarla y maltratarla. Incluso, en un momento según contó María, llegó a amenazarla con que le haría una causa por haber agredido al prefecto después del crimen y que también la investigaría, junto a los otros testigos, por falso testimonio. Esas formas con las que la Fiscalía se maneja con los familiares de los pibes que mató la policía no figuran en los legajos. No hay registro de ello más que en la palabra, generalmente cuestionada y desvalorizada, de las madres. Entre esas dinámicas, que son las que predominan, están los hechos: mucho tiempo sin novedades, el oficial acusado apenas imputado y en libertad, el juicio que parece no llegar nunca.

Por estos días, a cuatro años, y debido a nuevas presiones desde los organismos de derechos humanos a la Fiscalía Regional, la fiscal Bartocci presentó la acusación con la que el prefecto Ariel Condori llegará a juicio. “Por las circunstancias del hecho donde Condori dispara desde dentro de su automóvil (a resguardo) hacia la calle donde se encontraba el joven parado. Se comprobaron tres disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima. Por lo que si la situación que se hubiera representado Condori era de mera defensa  ante un supuesto robo en principio estaríamos en presencia de un exceso por la cantidad de disparos. Sin duda agrava la situación que no se ha comprobado que el joven Zamudio haya estado en ese plan de robo o ataque sino que se encontraba en la cuadra de su domicilio y recibió dos disparos al acercarse a un auto de una persona que no era del barrio”, explica Bartocci en su requerimiento acusatorio. Así fue que pidió una pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ahora bien, pasaron cuatro años y no hubo un progreso elemental en términos de material probatorio en relación a lo que había en la causa al momento de ser archivada por primera vez. Con prácticamente las mismas evidencias con las que los fiscales Moreno y Coria archivaron la causa, la fiscal Bartocci está a un paso del juicio oral y público. “Las causas que avanzan lo hacen a paso muy lento, y eso implica que ni siquiera signifique un avance. Hay mucha demora para los trámites de las causas, y en esta en particular, luego de haberse desarchivado, se demoró muchísimo en elevar el requerimiento acusatorio”, explica el abogado Guillermo Campana, quien junto Salvador Vera y Nicolás Vallet conforman la querella que representa a la mamá de Maxi. “Las causas se demoran por la propia lentitud que tiene esa oficina en trabajar e impulsar las causas, si no estamos encima permanentemente no se impulsarían”, agrega, en relación a la Unidad de Violencia Institucional. Así, la acusación de Bartocci se presenta como un hecho que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Y que, además, no termina de conformar: la querella pedirá más años de condena y que se dicte la prisión preventiva para Condori.

En este sentido, un avance -lo que se dice avance- podría considerarse el paso a paso y las consecuencias del activismo de las organizaciones de derechos humanos. En casos como este queda de manifiesto que el rol de estos espacios, generalmente cuestionados por los fiscales y demás funcionarios del poder judicial, es una parte fundamental en estos procesos. Si no fuera por las presiones ejercidas a la Fiscalía Regional, esta causa en particular, y muchas otras similares, dormirían en el archivo hace rato.

Contextos

Otro aspecto que merece la atención es el contexto en el cual ocurre este crimen. Barrio Tablada, uno de sus sectores más humildes y olvidados, como escenario. Maxi Zamudio, un pibe de 16 años con retraso madurativo y sin escolarización, como víctima. Ariel Condori, un prefecto de 32 años que andaba de civil, como victimario. Si se sacan los nombres propios quedan los denominadores comunes del total de los crímenes policiales que tuvieron lugar en el año 2015 en Rosario: un efectivo de una fuerza de seguridad mata a un pibe de un barrio periférico signado por la desigualdad social y económica.

A ese aspecto se le suman otros que también hacen al contexto en el cual han ocurrido varios homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. La causa cuenta con la declaración testimonial de un joven del barrio Tablada que aseguró que aquel 27 de mayo de 2015, unas horas antes de que ocurriera el crimen, fue detenido por la policía. Contó que lo rodearon dos móviles, que lo subieron a uno y lo llevaron a la Comisaría 11, a cinco cuadras de donde más tarde ocurriría el asesinato. Entonces, le preguntaron si él era Machote, el apodo que tenía Maxi; y ante su negativa le preguntaron si lo conocía, si sabía dónde vivía.

En la audiencia imputativa de diciembre de 2018 el abogado Salvador Vera agregó a este último punto que cuando aquel día la madre de este chico lo fue a buscar a la Comisaría 11, vio estacionado en la puerta a un Ford Falcon blanco. Otros testimonios, que no están en el legajo y por lo tanto no forman parte de la causa, indican que Maxi estaba marcado por los policías y que existían algunos hechos alrededor de esta relación “que podrían implicar un intento de venganza”. La trama del gatillo fácil suele ser tan oscura como el pasillo en el que mataron a Maxi Zamudio.

 

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