Trabajadorxs de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil denuncian precarización laboral y prioridad a políticas de encierro para menores de edad que delinquen. Una situación que va de la mano con la de otras áreas abocadas a la niñez y a la adolescencia, y que además se acopla a los recientes análisis punitivistas del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

El gobierno socialista está en retirada y, en lo que respecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, parece que dejará las deudas en su estado natural: pendientes. Así lo denuncian trabajadoras y trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, área que se ocupa de trabajar con jóvenes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal. En una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la sede de ATE Rosario, trabajadorxs de la Dirección nucleadxs en el gremio brindaron un pantallazo de las problemáticas que afectan a distintas instituciones y que son tan vigentes como las demandas de los últimos años. Por un lado la precarización laboral, y por otro lado -aunque relacionado- las consecuencias en el trabajo cotidiano con pibes y pibas. Situación que motivó la toma de una medida de fuerza: están en paro con presencia desde el viernes 18 hasta el jueves 24 de octubre.

El principal reclamo pasa por la situación laboral de trabajadorxs del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, el ex IRAR, la más grande institución de régimen cerrado para menores en la ciudad. Un lugar en el cual la ambivalencia del discurso del gobierno socialista logra manifestarse. Por un lado con el abordaje cotidiano que promueven lxs trabajadorxs de la institución y el vínculo con otros programas estatales como el Nueva Oportunidad, traducido en el resultado de talleres y actividades que tienen a la autonomía y la protección de derechos de los jóvenes como objetivo. Y por otro lado el vínculo con los guardias del Servicio Penitenciario, las prácticas y paisajes carcelarios que se viven en el adentro, y que en sus años de existencia dejaron varios hechos violentos. En el ex IRAR hoy la situación no dista de la histórica.

El gobierno santafesino invirtió 47 millones de pesos para un plan de reformas en la institución de Saavedra y Cullen. En junio pasado, en una visita junto a otros funcionarios, el gobernador Miguel Lifschitz habló de la supuesta perspectiva de su gestión para abordar esta área. “La tarea de prevención tiene que ser el trabajo fundamental del Estado y, después, hay que pensar que estos jóvenes, que estarán un breve tiempo aquí, necesitan encontrar una puerta abierta, una nueva oportunidad. Esta institución cumple un rol fundamental y por eso tenía que cambiar. Esto no es una prisión, la ley dice que no debe serlo. Por eso, teníamos que transformar ese modelo, modificando la estructura edilicia, generando un entorno más amigable, a pesar del contexto. Este lugar necesitaba otras condiciones de vida para los jóvenes que están aquí y también para sus trabajadores”, dijo Lifschitz entre otras cosas.

Foto: Gobierno Santa Fe

Lxs trabajadorxs de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, sin embargo, marcan distancia con el discurso del gobernador. Las reformas en el ex IRAR son bienvenidas, acaso como todo lo que sea para mejorar las condiciones de permanencia de los jóvenes que son alojados ahí. Eso en lo particular, pero en lo general el panorama muestra que muchas otras instituciones -tanto en condiciones laborales como edilicias- sufren el ajuste económico y la falta de inversión. Incluso algunas han cerrado. Para los trabajadores no es casual que estas instituciones sean semiabiertas, o centros de día, y que el presupuesto sea destinado al régimen cerrado. Toda una decisión política.

“La falta de personal y el vaciamiento de políticas alternativas al encierro en toda la Dirección de Justicia Penal Juvenil se ha agravado. En las instituciones de alojamiento para jóvenes bajo órbita judicial se vulneran derechos tanto de jóvenes como de trabajadores manteniendo parte de ellos inmersos en una precarización laboral y con problemas permanentes para el cobro de haberes”, dijeron lxs trabajadorxs nucleados en ATE en un comunicado difundido para convocar a la conferencia y en el cual responsabilizan, en primera instancia, al ministro de Justicia y derechos Humanos, Ricardo Silberstein.

La precarización laboral y la ausencia de respuestas al reclamo se expresa en la situación actual del ex IRAR. “En los próximos meses finaliza la ampliación el CERPJ (Ex IRAR) agregando 16 plazas más, pasando de 6 a 8 grupos convivenciales, con la misma cantidad de trabajadoras/es. Anteriormente se inauguraron 2 sectores que no cuentan con los elementos necesarios para garantizar la integridad física de los jóvenes alojados, ni del personal y que las disposiciones edilicias son un retroceso en las condiciones de habitabilidad y autonomía para los mismos”, sumaron en el comunicado. Es decir que la ampliación del edificio conlleva al incremento del número de jóvenes alojados. Pero la proporcionalidad directa termina ahí: nada se habló aún de un incremento del personal de planta permanente para el ex IRAR, y ni siquiera se barajó la posibilidad del pase a planta de los tres trabajadores que están bajo contrato temporal. “En particular planteamos que además de esta situación de compañeros que cobran menos de la mitad de lo que cobramos los que estamos en planta, se suma que somos poco personal y se están haciendo obras para ampliar las plazas para 60 jóvenes en el IRAR. Nosotros tenemos que cubrir 365 días del año, 24 horas, en seis turnos con 17 acompañantes”, explicó a enREDando Agustín Casenove, delegado de ATE en la institución.

En otra línea agregaron un aspecto que llama la atención acerca del uso del presupuesto destinado para esta área. Actualmente la alimentación de los jóvenes en el ex IRAR está a cargo de una empresa privada: Catering Gourmet SRL, la misma firma que prepara las viandas para los hospitales públicos Centenario, Provincial, de Niños Zona Norte, Agudo Ávila, y también para PAMI y varias instituciones de salud privada. Lo que denuncian los trabajadores es que las viandas de Catering Gourmet son “de muy alto costo y muy baja calidad”. Eso, que parece tan superficial, se traduce en el disgusto de los pibes alojados en la institución, que a veces ni comen por lo cansado que están de siempre lo mismo, de siempre tan feo, durante semanas, durante meses. Además de que, indican, es un despilfarro de dinero que podría cubrirse con un trabajador de la cocina.

Las consecuencias y el contexto

“En estas condiciones quizás no podemos hacer la cantidad de intervenciones y abordajes, ni la calidad que quisiéramos en el trabajo cotidiano de situaciones convivenciales”, explicó Casenove al ser consultado sobre cómo repercute en el día a día el reclamo por mejoras en las condiciones laborales. Y agregó: “Entre los puntos que venimos reclamando es que se incrementen suplementos específicos, particularmente la guardia rotativa. Trabajamos feriados, fiestas, en todos los turnos, y esos suplementos son muy bajos económicamente en relación a cualquier otro trabajo. No cobramos horas extras. Ni siquiera, por la falta de personal, nos podemos tomar las horas compensatorias por feriados o fines de semana. Es todo un combo de situaciones que hace que nosotros suframos las consecuencias, como también los jóvenes”. Pibes y trabajadorxs no son asunto separado.

El reclamo es de lxs trabajadorxs de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Por lo tanto va más allá de lo que acontece en el ex IRAR. En el establecimiento socioeducativo “Centro Puertas Abiertas Alvear”, inaugurado en marzo de 2015 por la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, según lxs trabajadorxs “se sigue sufriendo el vaciamiento y el ajuste”. Desde el año 2018 que reclaman por el aumento del número de personal para poder abordar las “necesidades institucionales”. Lo mismo ocurre con la División de Asuntos Juveniles Femeninos (DAJF), el lugar al cual van las mujeres menores en conflicto con la ley penal. Es el único lugar disponible para este tipo de situaciones en toda la provincia, lo cual ya de por sí, según lxs trabajadorxs, implica una problemática para las chicas de otras localidades: por el alejamiento de su familia, por el vínculo con un contexto desconocido. El DAJF está ubicado en la planta alta del edificio en el cual hoy funciona la Comisaría 7 de Rosario.

“A diferencia de los lugares para varones, las trabajadoras que estamos ahí cumplimos un horario reducido y no están cubiertas las 24 horas para el personal civil. Entonces hay momentos en donde las jóvenes están solas con la policía. El lugar es muy chico, no hay un espacio físico acorde para alojar. El penal está en una estructura con peligro de derrumbe. Tienen muy poco espacio al aire libre. Cuentan con un patio pero muchas veces no salen porque no hay guardia suficiente. No hay talleres conveniados con otras instituciones, sino que los llevamos adelante las trabajadoras, o gestionamos con conocidos para tener otras herramientas. No hay servicio médico, no hay atenciones cuando ingresa una joven para ver si viene con alguna situación de apremio”. La batería de irregularidades la puso sobre la mesa Cecilia Ferreyra, trabajadora de la institución y secretaria progremial electa de ATE Rosario.

Foto: ATE Rosario

La situación de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil entra en un contexto que comprende también a otras áreas de la provincia destinadas al trabajo con niños, niñas o adolescentes. Por ejemplo, en la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia hay reclamos históricos muy similares a este. Trabajadorxs precarizadxs, instituciones públicas desmanteladas, carencia de recursos en las áreas del primer nivel de intervención del Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y además la prioridad al convenio con instituciones privadas. Y de ahí las consecuencias: abordajes de problemáticas extendidos en el tiempo incluso superando los límites de la ley, prácticas vejatorias de los derechos humanos en instituciones privadas sobre las cuales hay poco o nulo control. Los casos han salido a la luz, y pueden ser la materialización del lema de lxs trabajadorxs de Niñez: precarizando trabajo se vulneran derechos.

El cristal con se mira

En los últimos días, a partir de un caso delictivo protagonizado por un nene de 13 años, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro hizo declaraciones que fueron criticadas hasta por el Colegio de Magistrados de Santa Fe. “El Estado debería tener herramientas que le permitan actuar en función de la gravedad del delito que comete el menor. Hoy sólo dependemos de la voluntad de los padres y de que ellos permitan que su hijo sea llevado a un instituto en el cual se lo intente recuperar. Si eso no es así, un chico que es detenido reiteradamente, seguirá saliendo en libertad y seguirá delinquiendo, hasta que un día va a matar”, había dicho el ministro.

¿A qué herramientas se refiere Pullaro? Sus declaraciones tuvieron un tinte punitivista, quizás a tono con el discurso del gobierno nacional y aquella intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores que siempre vuelve al debate. Depende del cristal con que se mire, las herramientas destinadas a trabajar sobre el vínculo de los pibes con el delito pueden llevar por distintos caminos. Si Pullaro se refiere a la necesidad de dar una respuesta penal, al castigo, los hechos podrán seguir ocurriendo y la noticia del nene delincuente volverá a ocupar espacio en los medios y pondrá a los funcionarios a decir este tipo de cosas. Si las herramientas a la que refiere se relacionaran al incremento y uso coherente del presupuesto para las distintas áreas que trabajan con menores en Justicia Penal Juvenil, Desarrollo Social, Cultura, y sus etcéteras; si se relacionaran a herramientas para desmantelar los entramados criminales de los cuales participa la policía de la provincia y tiene muchas veces a menores como mano de obra barata; si apuntaran a profundizar alternativas al encierro, podría verse un horizonte lejano pero aún así más claro que el punitivismo siempre a mano.

A la conferencia en ATE asistieron y acompañaron organizaciones como APDH, concejalas y diputados. Entre ellos, Carlos del Frade, diputado del Frente Social y Popular analizó: “Es la confirmación de que el gobierno de Lifschitz fue pernamentemente de doble discurso. Por un lado se cacareaba una inversión en cuestiones sociales y por el otro lado se privatizaba todo lo que tenía que ver con servicios del Estado”. En relación, del Frade aportó datos para cuestionar el uso del presupuesto en el área de Justicia y Derechos Humanos. “El presupuesto de la provincia es enorme, más de 277.000.000. El Ministerio de Justicia tiene un presupuesto de 1.398 millones de pesos. Justicia Penal Juvenil tiene un presupuesto de 161 millones de pesos, 44 mil pesos por día. Esa cifra también explica por qué no es creíble que haya tanta precarización laboral, tanto monotributo y categorías diferentes entre los trabajadores. Claramente hay una cantidad de plata suficiente para decir los contratos a término o la precarización laboral no tiene sentido si no hay una decisión política de precarizar”, analizó el diputado y adelantó que hará un pedido de informes para que se especifiqué cómo se invirtió el dinero durante 2019.

Foto portada: ATE Rosario

 

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