Hace un mes desapareció Carlos Orellano, y todavía no se sabe por qué fue que tres días más tarde apareció muerto en el río Paraná. Las sospechas contra los patovicas y policías que trabajan en el boliche al que había ido a bailar trajeron el recuerdo reciente de los casos Casco Y Escobar.   

A medida que corrieron los días de este marzo la sobreinformación relacionada a la pandemia del Coronavirus ocupó gran parte del interés público. En detrimento de otros temas que, al menos en la agenda local, habían estado presentes hasta la primera semana del mes. Entre ellos la desaparición y muerte de Carlos Orellano, rosarino de 23 años. La noche del 23 de febrero salió a bailar al boliche Ming River House, de La Fluvial. Apareció muerto, en las aguas del río Paraná, en la tarde del 26. A metros del boliche, desde donde se sospecha que un grupo de patovicas y policías con tareas adicionales en el lugar lo sacaron de manera violenta. Por estos días apenas se está cumpliendo un mes de la última noche en la que se vio al chico con vida. Aunque parezca tema del pasado, hay una familia y muchos allegados que están pendientes de una pregunta que carcome desde aquella tarde en la que el cadáver salió a flote: ¿Qué pasó con Carlos?

Una pregunta que solo podrá responderse con el avance de la investigación. Hoy está en manos del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios, y no hay tantas certezas como sí incertidumbre. Lo que sucedió con Carlos podrá esclarecerse en tanto se sigan las líneas de investigación que se asomaron en los primeros días de la desaparición. No solo será determinante el resultado de la autopsia, realizada bajo el Protocolo de Minnesota por la sospecha contra la policía, sino también otros aspectos que deberán ser abordados. Ya declararon testigos que dijeron haber visto a Carlos arrinconado por patovicas contra la baranda del río, lo que va de la mano con la versión de que el chico fue sacado del local por haber querido ingresar al sector VIP sin permiso. Una mujer, empleada de la Policía de Investigaciones (PDI) con tareas adicionales en el boliche, fue la que hizo una denuncia esa misma madrugada en la Comisaría 2° y dijo haber escuchado a un joven caer al agua. Desde la comisaría se comunicaron con la fiscalía, desde donde dieron la orden de secuestrar las cámaras del boliche. Esa tarea no se hizo, y junto a otras irregularidades que rondan tanto a los policías con adicionales en el boliche, como a la comisaría en cuestión, es que cayeron las sospechas sobre la actuación policial, principalmente por parte de los allegados de Carlos. Por eso, desde la aparición del cadáver, dejó de intervenir la policía provincial en la investigación.

“Se tomaron la mayoría de las declaraciones del personal de seguridad del boliche y del personal en general, con varias ausencias. Hay personal que el dueño del boliche y sus abogados no informaron y llaman mucho la atención. Ya pedimos que sean citados a prestar declaración”, explicó a Enredando el abogado Salvador Vera, que representa a la familia Orellano. Si bien restan declaraciones por tomar, para Vera hay varios puntos de interés en las ya realizadas. “Las declaraciones que prestaron los agentes policiales de adicional y puntualmente el jefe de seguridad del boliche, son esencialmente contradictorias. Hay un elemento presuntivo muy fuerte en relación a que estos agentes no están diciendo la verdad, no hay credibilidad en su srelatos”, indicó el letrado.

Las declaraciones de otros testigos pueden ser de gran importancia para contrastar el relato de las personas que podrían estar implicadas en la muerte de Carlos. Por eso desde la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la provincia, lanzaron hace unos días una campaña para solicitar colaboración a toda persona que esa noche en el boliche haya visto algo relacionado al hecho. Pueden acercarse a la sede del Ministerio Público de la Acusación de calle Sarmiento 2850 o llamar al teléfono 4861200, internos 5840 y 5864.

De todas formas la investigación deberá profundizar otros aspectos más allá de la toma de declaraciones testimoniales. “Se está trabajando en la revisión de todo el material de cámaras secuestradas. Hay imágenes circunstanciales que aparecen en el marco de la teoría del hecho, pero no directas. Hay cámaras con muy mala imagen, o que están muy lejos y son difíciles de ver”, dijo Vera y agregó que el fiscal amplió la franja horaria del material audivisual solicitado a distintos lugares de las inmediaciones del boliche. Un pedido motivado por la sospecha de que el cadáver de Carlos pudo caer al agua, o ser arrojado, horas después del momento en el que la mujer policía reportó la supuesta caída al agua. También se esperan los resultados de las pericias realizadas a los teléfonos de los empleados del lugar.

Por otro lado, se esperan los resultados definitivos de la autopsia. Hasta el momento solo se conocieron los informes preliminares e informales brindados por cada parte: el Instituto Médico Legal, y la médica forense Virginia Creimer como perito de parte de la familia Orellano. Dos conclusiones llamativas por sus diferencias. Alicia Cadierno, directora del IML, adelantó que no vieron ningún elemento “para afirmar que Orellano murió como consecuencia de golpes”. Creimer, en cambio, habló de marcas en el cuello y en las piernas, que pueden responder a sujeciones típicas del trabajo de seguridad. Y habló de “connivencia entre el IML, los fiscales y algunos jueces” en este tipo de casos que esconden detrás la posibilidad de un crimen con participación de agentes del Estado. Creimer usó como ejemplos casos locales en los que se sospecha de irregularidades de parte del IML: las muertes de Franco Casco, Gerardo Escobar y María de los Ángeles Paris. En relación al punto de vista de la perito de parte sobre la autopsia, el abogado Vera explicó: “Constató lesiones en la zona del cráneo, en la zona del pulmón. Se considera la posibilidad sujeción por las marcas en las piernas detrás de las rodillas. Se evalúa la posibilidad de muerte fuera del agua porque un pulmón estaba seco. El otro tenía bastante sangre, que pudo ser por golpes, porque también se revelaron infiltraciones hemáticas al nivel de los tejidos de esa zona”.

Con las primeras señales de la investigación aparecieron entre cuatro y cinco personas como sospechosas de haber participado de la desaparición y muerte de Carlos. Todos son patovicas o policías con adicionales en la zona. “Judicialmente lo que se espera para avanzar son el análisis de tres cuestiones: las cámaras, la información que pudieran contener los equipos de telefonía y de lo que se pueda confirmar oficialmente de la autopsia. Hoy no hay detenidos porque esas informaciones respecto de esos tres puntos no están”, dijo Vera.

Tantas veces la misma piedra

Así analizó Salvador Vera la actuación de la fiscalía al principio de esta historia: “No intervienen hasta que hay una amplia difusión de la búsqueda. Tomaron la situación como una simple búsqueda de paradero, y desde la perspectiva de la versión policial de los hechos. No con una mirada amplia abriendo todas las hipótesis posibles como debe hacerse al menos por los primeros momentos”. Al comienzo la fiscal que intervino fue Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Dolosos, quien hizo aquel pedido de secuestro de cámaras a la Comisaría 2° que no tuvo respuesta. Sobre este aspecto sobrevoló lo ocurrido con los casos Escobar y Casco, causas en las que se perdieron pruebas esenciales por no haberse investigado en los primeros momentos a quienes terminaron siendo imputados.

Para Vera, en tanto no se esclarece el hecho, hay dos hipótesis firmes de lo que pudo haber ocurrido con Carlos. “Una es un incidente dentro del boliche que termina con la expulsión, y la otra es que en el marco de esa discusión haya sido reingresado”, explicó. En relación a ese punto indicó que el boliche cuenta con un ingreso directo al sector VIP y a un baño que esa noche estaba clausurado. Hay fuertes indicios de que Carlos pudo haber estado en ese espacio puntualmente.  “La búsqueda con los perros fue muy precisa respecto del lugar del hallazgo del cuerpo y de haber marcado los lugares donde acreditamos que estuvo Carlos”.

Otro aspecto que remite directamente al antecedente Gerardo Escobar es la muerte de un joven como corolario de un hecho violento en el que participaron patovicas de un boliche y policías con tareas adicionales. Una problemática que allá por el 2015 cuando el cuerpo de Escobar también apareció en el río Paraná, estuvo en boca de funcionarios locales y provinciales. Pero la historia se repitió, como la consecuencia de quien no evita tropezar dos veces con la misma piedra. “Ya con la causa encaminada nos sigue preocupando la cuestión de cómo actúan estos grupos de seguridad privados y policiales con muchísima licencia para ejercer violencia arbitraria y letal como en este caso”, indicó Vera. Y se preguntó: “Desde Pichón Escobar a esta parte, ¿cuáles han sido los niveles de intervención estatales?”. El caso Escobar en sí mismo, junto a otros que aparecieron en el marco de esa investigación, contextualizó un modus operandi en la noche rosarina. “Situaciones que se generan dentro del boliche y provocan expulsión violenta y agresión de la seguridad de los boliches con participación de los agentes policiales de adicional, y luego con articulación con la comisaría. Son combinaciones que suceden a la vista de todos pero a la sombra del control estatal”, analizó Vera.

 

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