La «voracidad económica» de las empresas agroexportadoras no se detiene en tiempos de pandemias. Sólo entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril se reportó la actividad de 18.300 camiones en los puertos recostados sobre las barrancas del Río Paraná. En este informe, el ajuste empresarial, las grandes empresas que nunca pierden, y la emergencia sanitaria en una geografía laboral devastada por cuatro años de gobierno cambiemita. 

En noviembre del 2012, Eduardo Galeano clausuraba en México la VI Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Cinco mil participantes lo escucharon, atentos, en esa jornada promovida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y la Unesco. Allí, Galeano se preguntaba: «¿Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos? ¿Sólo para arqueólogos? ¿Una memoria perdida de tiempos idos?». Una pregunta, decía entonces el ya mítico escritor uruguayo, «actualizada en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación, y está arrojando al tacho de la basura más de dos siglos de conquistas obreras». A poco de cumplirse cincuenta años de la publicación, en 1971, de su libro «Las venas abiertas de América Latina», aquellas preguntas desatadas por Galeano cobran nuevas fuerzas en tiempos de emergencia sanitaria y ajuste empresarial sobre el cuerpo de trabajadores y trabajadoras en estos arrabales del sur santafesino.

Voracidades

En el primer día de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se desató un conflicto gremial en los puertos y plantas de acopios de todo el país: la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) anunció un cese total de actividades en los puertos, acopios y empresas de control desde el 20 al 25 de marzo, o «hasta tanto el Gobierno Nacional aclare la interpretación, extensión y aplicación del artículo 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia sobre las excepciones a la cuarentena total». En un comunicado, el gremio alertó que los puertos «constituyen uno de los puntos más vulnerables para la expansión del virus, dado que continuamente arriban barcos extranjeros que ingresan sin control alguno».
Al mismo tiempo, en diálogo con este medio, el secretario adjunto de Urgara Rosario, Andrés Enz, advirtió «la preocupación ante la exposición de los trabajadores en las plantas de acopio de todo el país», en una actividad que no sufrió alteraciones ante la emergencia sanitaria: «Tenemos que preservar la integridad y la salud de 10.000 trabajadores que representamos, de sus familias y la sociedad en su conjunto. En las plantas de acopio es muy difícil establecer un protocolo de acción que proteja al operario, que muchas veces se ve forzado a trabajar», señaló.

A manera de ejemplo de la situación en localidades pequeñas donde funcionan acopios, sólo en la planta Alcorta de la multinacional Cargill ingresaron en los días de Aislamiento alrededor de 130 camiones por día, con precarios protocolos de prevención y control.

En pocas horas, una Resolución de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, e intimó a la asociación sindical «a dejar sin efecto, durante el período de 15 días, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual»; y pidió a las empresas que «extremen todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras».

Para las autoridades del gremio, «los empresarios del sector Agroexportador hacen caso omiso a la normativa dictada», para dar «rienda suelta a su voracidad económica, y obligar a todos los trabajadores del sector a prestar tareas como si nada pasara».

«Coincidimos plenamente con lo expresado por nuestro Presidente, al manifestar que prevalece la vida ante la economía, y que ante esta tragedia y emergencia los empresarios no pierden solo ganaran un poco menos. Por ello no se comprende y resulta contradictorio al extremo, que se sostenga la actividad de estas grandes empresas multinacionales que mueven el sistema agroexportador permitiéndoles continuar con sus múltiples ganancias en la venta de cereales durante el plazo del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado arriesgando la salud e incluso la vida de los trabajadores de la actividad», sintetizan los referentes gremiales.

Pulpos traficantes de granos

La «voracidad económica» de las empresas agroexportadoras –pulpos «traficantes de granos», como supo describirlos hacia 1979 el periodista Dan Morgan- no se detiene en tiempos de pandemias.

En los primeros días de abril de este año, la Bolsa de Comercio de Rosario dio a conocer el «Ranking de empresas agro-exportadoras según ventas de la campaña comercial 2018/19», elaborado en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con las cifras de la campaña de soja 2018/19 que cerró el último 30 de marzo. En el primer lugar de ese ranking se ubica COFCO (China National Cereals, Oil & Foodstuffs), liderando la lista de empresas exportadoras agroindustriales con el 15% de las ventas totales (alrededor de 14,2 millones de toneladas de las 97,5 millones de toneladas que Argentina vendió de granos y productos derivados en la campaña 2018/19). Le siguen en la lista Cargill, con operaciones por casi 11,9 millones de toneladas (un 12% del volumen total); ADM con 11,2 millones de toneladas; Bunge, con 9,5 Mt; y en el quinto puesto aparece la primera empresa de capitales nacionales, Aceitera General Deheza (AGD) con 8,7 millones de toneladas.

En la segunda mitad del top ten se encuentran Vicentín con 8,4 Mt, o un 9% del total de ventas externas agroindustriales (que vuelve a operar en medio de la cuarentena mientras mantiene la deuda millonaria con productores y el Banco Nación, una «empresa que atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades. Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva», según indica el reporte); Oleaginosa Moreno (Glencore, que ofreció quedarse con parte de Vicentin); Louis Dreyfus Company (LDC); la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); y cierra la lista Molinos Agro.

De este modo, «las principales cuatro empresas exportadoras concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina en tanto que las principales 10 representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino», señala el Informe, que también registra: «97,6 millones de toneladas totales de trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, más sus respectivas harinas y aceites vegetales y algunas legumbres, que se han vendido al exterior de la campaña 2018/19 constituye un récord, señalando la mejor performance exportadora en la historia argentina».

En forma paralela, la actividad de las agroexportadoras se mantuvo –e incluso fue creciendo- durante la cuarentena: de acuerdo al informe de la BCR, «a pesar de que la aplicación de los necesarios protocolos de resguardo de la salud de operarios, y de la ciudadanía en general, genera algunas complicaciones en el desarrollo de la actividad, con el inicio formal de la Campaña de Soja 2019/20 desde el primer día de abril la cosecha avanza en el territorio nacional y la mercadería continúa ingresando a los puertos para cumplir con el cronograma de embarques».

Sólo entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril se reportó la actividad de 18.300 camiones en los puertos recostados sobre las barrancas del Río Paraná. Puertos públicos (Santa Fe, Reconquista, Rosario y Villa Constitución) concesionados a ese mismo puñado de empresas por donde se exportan ocho de cada diez granos que salen del país.

Los perdedores

Pocos días después de conocido ese ranking de empresas privilegiadas aún en días de pandemias, en una sesión virtual con miembros de la Comisión de Salud del Senado Nacional, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, señaló que desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se perdieron en el país alrededor de 45.000 puestos de trabajo.

«Con la información que tenemos hasta ahora, el nivel de pérdida de empleo es similar a la que sucedió en el mismo período de 2019: unas 45.000 desvinculaciones», señaló el funcionario, al tiempo que especificó que «no sabemos si son renuncias, jubilaciones o despidos», aunque aclaró: «no estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria».

La emergencia sanitaria por el avance del Covid19 encuentra una geografía laboral devastada por cuatro años de gobierno cambiemita. La información laboral publicada por el Indec para el tercer trimestre del año 2019 es elocuente respecto al deterioro laboral producido por la gestión Macri: en un año (tercer trimestre 2019 contra tercero del 2018) hay 187.722 desocupados más. Es decir que el gobierno de la Alianza Cambiemos generó, en su último año de gestión, 15.643 desocupados por mes. Algo así como 521 nuevos desocupados por día.

El Informe «El Mercado laboral que deja Macri: 9% de desempleo y 100 % de autoempleo y precariedad laboral», elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Claudio Lozano, indica que la cifra resume «la dinámica laboral del macrismo. Así, los ocupados crecen menos de lo que se necesitaría, por lo tanto, se expande el desempleo, pero además hay un fuerte cambio en la composición de los ocupados, crece el cuentapropismo y el asalariado clandestino y cae brutalmente el empleo formal y registrado». Es decir que el periodo Macri «cosecha en materia laboral casi un 10% de desempleo y un 86 % de precarización y degradación laboral. Este es el mundo laboral que explica el 40 % de pobreza que el macrismo le cedió al nuevo gobierno».

La provincia de Santa Fe resultó profundamente golpeada por esas políticas públicas: el 10% de desocupación jaquea a los aglomerados urbanos, mientras que alrededor del 40% de la población sobrevive bajo la línea de la pobreza; y el 9% (casi 280.000 santafesinos y santafesinas) sobremueren en situación de pobreza crónica.
En ese mapa arrasado, se instaló la emergencia sanitaria.

Mapa de urgencias

En el país, son más de nueve millones los trabajadores con puestos de trabajo asalariados registrados. En ese universo de «formalidad laboral», hay 3.200.000 que trabajan en el ámbito público, mientras que 6.000.000 (el 65%) se desempeña en el privado. La última Encuesta Permanente de Hogares revela que los ingresos medios superan levemente los $30.000.

Para Claudio Lozano, «este es el conjunto de trabajadores que está mejor blindado para atravesar los acontecimientos vigentes de cuarentena y caída de la actividad económica. La formalización de las relaciones del trabajo y las garantías legales recientemente establecidas les permite conservar, al menos en el corto plazo, el nivel de ingresos».

Durante la sesión virtual en el Senado, Moroni aseguró que «no hay empresas que queden afuera del sistema de ayuda del Poder Ejecutivo Nacional», y describió parte de un paquete que abarca desde la eliminación del pago de aportes patronales hasta créditos blandos, Repro y pagos compensatorios para salarios destinados a Pymes. Sin embargo, más allá de las políticas públicas diseñadas y motorizadas por el gobierno nacional para contener la pérdida de empleos, la postal repetida en estos arrabales -rebajas de salarios, suspensiones, rescisiones contractuales, vacaciones adelantadas, cese del vínculo laboral, distractos de personal y despidos sin causa- inclina la cancha para el lado de la angustia de trabajadores y trabajadoras.

A la desvinculación de 1.450 trabajadores del grupo Techint, o los 525 operarios del Grupo Mirgor se suma una profunda sangría de nombres e historias del cuerpo del «trabajo formal»:

Una semana antes de las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno nacional, 35 trabajadores y trabajadoras de la firma Unife SA fueron despedidos. La empresa –parte del Grupo Unión, dirigida por Fernando y Guillermo Whpei- trazó una alianza comercial con Emerger Salud, que absorbió los convenios con obras sociales y prepagas que pertenecían a la firma Vittal, y cesanteó a personal que prestaba servicio en relación de dependencia -enfermeros, paramédicos, administrativos- o de manera indirecta -médicos, choferes, maestranzas-, la mayoría con varios años de antigüedad.

«Para hacer frente a la crisis sin precedentes provocada por la pandemia del Covid-19 y contribuir a la sustentabilidad del negocio, cuidando la salud de nuestros empleados y preservando las fuentes de empleo, General Motors en Argentina implementará reducciones de jornadas laborales y suspensiones para empleados administrativos con una quita del 12,5% y 25% del salario base respectivamente», informó mediante un comunicado interno la delegación local de la General Motors; al tiempo que extendió el acuerdo con Smata que permite anticipar suspensiones para los empleados bajo contrato colectivo de trabajo, pagando sólo el 70% del salario neto. Las medidas –que estarán en vigor del 1° al 30 de abril con revisiones periódicas- contemplan «el 100% del personal: 80% quedará suspendido y 20% con jornada laboral reducida haciendo trabajo a distancia (homeoffice)», según detalla la empresa sobre el personal administrativo, sin decir de cuántos empleados se trata. En Alvear, la planta de General Motors estuvo paralizada durante febrero, con el pago del 70% de los sueldos a los trabajadores, retornó la producción el 9 de marzo para volver a instrumentar el parate una semana después.

El secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, reclamó «la conformación de un Comité de crisis» para «evitar una parálisis total de la actividad privada que repercuta en la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo». Sólo en el sur santafesino, desde el comienzo de la cuarentena preventiva y obligatoria, hubo más de 300 obreros despedidos. El referente de la Uocra Rosario, Carlos Vergara, afirmó que «el 70 por ciento de las empresas decidió desprenderse de buena parte del personal durante la inactividad», y detalló: «empresas privadas como Obring o Pecam ya venían echando gente en la obra pública y ahora se agravó».

De manera unilateral, casi 400 empleados y empleadas de la firma de «entretenimiento familiar» Neverland –que administra Ares SA en el Portal Rosario- fueron suspendidos a partir del 1º de abril, con el pago de «una asignación no remunerativa equivalente al 30% del salario habitual», y la continuidad del pago de las contribuciones patronales para la obra social. «En este momento necesitamos la comprensión de todos y el apoyo en esta medida con el propósito de que juntos Ares SA siga en marcha hasta que la pandemia finalice y se puedan retomar las actividades», señala la notificación de la suspensión.

Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, alertó que existen «más de 200 instalaciones cerradas transitoriamente, con ingresos nulos, sin generación de flujo de caja que nos permita hacer frente a compromisos de todo tipo, siendo el más importante de ellos, los sueldos de nuestro personal». Y puntualizó: «El turismo es mano de obra intensiva. Son cientos de miles de puestos de trabajo indirecto que generan nuestras pymes a lo largo del país».

Edacom SRL –la firma propiedad de Llanos, Gaggini, Sacovechi y Bautista Rotta- informó a sus empleados y empleadas que pagaría sólo el 50% del salario del mes de marzo, al tiempo que remitió los telegramas de suspensión durante el mes de abril a los alrededor del millar de empleados y empleadas que tiene la firma en Rosario, Santa Fe y Paraná, entre otras ciudades.

La Asociación Empleados de Comercio Rosario (AEC) denunció a un puñado de firmas por la violación de las disposiciones del gobierno nacional: Garbarino, Pacific Group, Julerique, Los Dos Chinos, Cotillón Alegría, Scandinavian Outdoors, Ciba, La Lily, Siltac SRL, Calzados Gunar, Marcelo Trento y Gestión Integral de Cobranzas, entre otras empresas.

Un relevamiento realizado por la Fundación Observatorio Pyme determinó que para fines de marzo, el 58% de las pymes ya registraba que el principal impacto negativo de la emergencia sanitaria se registra en las ventas; al tiempo que el 33% de las 800 firmas encuestadas revelaba un impacto sobre la ocupación y el empleo. «Con un contexto altamente cambiante, es posible que estas proporciones cambien en las próximas semanas, dado que la caída de las ventas en algún momento impactará negativamente sobre la producción y el empleo», concluye el trabajo.

El secretario general del Sindicato de Obreros Pasteleros y Confiteros, Jorge Juárez, denunció ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe que, sólo en nuestra región, existen 1.600 trabajadores y trabajadoras de empresas de comida rápida que cobraron sus salarios con descuentos de hasta el 50%, al tiempo que no percibieron el pago por presentismo. El diputado provincial Carlos del Frade señaló que «detrás de cada número hay una familia que la está pasando mal, que no sabe qué significa la palabra mañana. Es indispensable un protagonismo mayor, más concreto del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe», al tiempo que remarcó los nombres de las firmas: Mc Donald’s, Burger King, Mostaza y Starbucks «son algunas de las empresas que quieren mantener su tasa de ganancia despidiendo trabajadores o reduciendo sus salarios».

Parar la olla

«Estamos apagando incendios», señaló el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, ante la multiplicación de conflictos laborales en la provincia. Desde el Ministerio a su cargo se dio a conocer una dirección de correo electrónico (denunciastrabajo@santafe.gov.ar) para recibir tanto consultas como denuncias ante casos de suspensiones, despidos, ajuste en el pago de salarios o en las condiciones laborales; que se suma a la línea gratuita 0800-555-3846. Allí, de acuerdo a la información oficial, se registra un promedio de 600 llamadas diarias-

Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que «enviamos una misiva al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, en donde les presentamos un programa productivo y federal que tiene por objetivo la contención a las pequeñas y medianas empresas de todo el país». En forma paralela, una docena de dirigentes sindicales plantearon el monitoreo semanal de los conflictos surgidos por la emergencia sanitaria: el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), el Movimiento Obrero Rosarino (MOR), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la CTA Autónoma y el Frente Multisectorial 21F Rosario conformaron un comité de seguimiento de los efectos de la pandemia en el mapa laboral de la región. En un comunicado de prensa, señalaron que «el impacto económico negativo no se puede soslayar, más allá que primero priorizamos la salud de los trabajadores», y reclamaron la presenica de los gremios en los Comités de Crisis que abordan la pandemia.

Atacando la raíz del problema, la diputada de mandato cumplido del Frente Social y Popular, Mercedes Meier, presentó una serie de propuestas para la conformación de un fondo provincial que enfrente la emergencia sanitaria, con recursos provenientes de distintas medidas: impuesto extraordinario al latifundio, gravar con ingresos brutos a las agroexportadoras, vuelta al Estado de los puertos provinciales y el Banco de Santa Fe, y control público del sistema de salud privada durante la emergencia. Dice Meier: «Mientras grandes sectores sufren el agravamiento de sus condiciones de vida, unos pocos privilegiados por las políticas públicas y fiscales, mantienen las fabulosas ganancias que vienen teniendo desde hace años»; y advierte también que «con este fondo se puede equipar el sistema de salud, acondicionar lugares en vistas a un posible desborde, y llegar con ayuda efectiva, alimentos y medicamentos a los sectores más postergados».

Las iniciativas son impulsadas como proyectos de ley en conjunto con el diputado provincial Carlos del Frade, quien concluye: «Tienen que pagar impuestos los más ricos. Hay dieciocho grandes exportadoras que por año exportan 700 mil millones de pesos. Hay que cobrarles a ellos, sin dudar. Es fundamental hacerlo para que alguna vez el presente sea distinto y un cachito mejor para los que vivimos en la provincia de Santa Fe».

Preguntas

¿Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos?
¿Sólo para arqueólogos?
¿Una memoria perdida de tiempos idos?

«…aquí reside el problema esencial de la cuarentena: no puede poner entre paréntesis los distintos niveles de desigualdad social. Se evidencian en los lugares ya muy conocidos donde habita la pobreza congénita, los testimonios de vidas vulneradas, donde rigen la desesperación y las economías de la ilegalidad, el hacinamiento sin destino. En estos casos la cuestión requiere una forma de la solidaridad colectiva que tenga en cuenta aspectos de restitución económica con vistas a una futura resolución de la cuestión del trabajo, con el consiguiente desarrollo también de formas cooperativas de la economía popular», sostiene el Manifiesto «Humanismo o Barbarie», firmado por 138 artistas, profesionales, referentes del movimiento de derechos humanos, periodistas, ex jueces, y que propone que la pandemia preludie la despedida del neoliberalismo depredador, para terminar con «la miseria planificada».

Desde su melancólica voz atrapada en un viejo casette de cinta, el fraseo único de Eduardo Galeano vuelve a preguntar, y preguntarnos: «con frecuencia recibo convites para asistir al entierro del capitalismo. Bien sabemos, sin embargo, que vivirá más de siete vidas este sistema que privatiza sus ganancias pero tiene la amabilidad de socializar sus pérdidas».

Y nos recuerda: «Sabemos que este sistema capitalista se las está arreglando bastante bien para sobrevivir a las catástrofes que desata».

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