Emanuel Rodas, preso en Piñero, murió camino al hospital luego de que la justicia le negara la posibilidad de pagar parte de una fianza inaccesible para su familia.  Federico Rey y  José María Candia fueron asesinados por las balas de plomo de los servicios penitenciarios en la cárcel de Florencio Varela y en la Unidad 1 de Corrientes. Mientras los crímenes selectivos del sistema penal siguen ocurriendo, numerosas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos levantan la voz para exigir medidas urgentes y alternativas en el marco de la pandemia. 

Aca estamos como en el Valle de los Huesos Secos

olvidadas

esperando un milagro

Muertas pero vivas

necesitamos fuerza

para sobrevivir

(Creación colectiva. Poemas desde el Penal 5 de Rosario)

 

 

Emanuel Rodas falleció camino al hospital. Horas antes había estado escupiendo sangre en una celda de la cárcel de Piñero. Murió luego de que el juez Nicolás Foppiani le negara a su familia, sin trabajo y sin plata, la posibilidad de pagar parte de una fianza de 10 mil pesos que le impuso para hacer efectiva su libertad.

Emanuel no debía estar preso pero lo cierto es que cumplía, desde septiembre del año pasado, una prisión preventiva por un supuesto delito de robo simple y encubrimiento. Para la justicia “corría riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación” pero el detalle macabro, como bien denunció la Asociación de Pensamiento Penal, es que la familia de Emanuel era pobre. Vivía en un barrio en los márgenes de la ciudad, trabajaba limpiando vidrios, tenía seis hermanos desempleados y una madre cuyo único ingreso fijo es una raquítica pensión. “Una familia que pese a las necesidades estaba dispuesta a alojarlo. Por esto, resultaba muy difícil que pudiera evadirse del accionar judicial”, señalan desde APP.

Tras varias presentaciones de la defensa pública, el juez Foppiani decidió otorgarle la libertad el 29 de marzo, con una cuarentena ya decretada y una pandemia que pone en serio riesgo la salud de toda la población carcelaria. Y aunque el monto de la fianza era impagable para su familia, la mamá de Emanuel se comprometió a abonar 4 mil de los 10 mil pesos fijados, en dos cuotas. La justicia clasista de la provincia de Santa Fe rechazó el pedido y dispuso que siguiera preso hasta tanto se abone la totalidad de la fianza. Un día después de esta bochornosa resolución, Emanuel, papá de dos niñxs, moría en una ambulancia, sin haber tenido la posibilidad de estar en su casa, de estar con su mamá. “Emanuel empezó a vomitar sangre en su celda, sus compañeros pedían a gritos la asistencia médica que tardaba en llegar y murió en una ambulancia camino al hospital, solo y lejos de su familia”.

Los resultados preliminares de la autopsia indican que la muerte se habría producido como consecuencia de una tuberculosis mal curada que tuvo Emanuel en el 2017, lo que deja entrever, además, que el Servicio Penitenciario no fue capaz de detectar y atender la salud de Emanuel durante el tiempo en que estuvo preso.

A José María Candia le decían Kevin. Fueron tres los balazos de plomo que acabaron con su vida en la silenciosa siesta de cuarentena, en la Unidad 1 de Corrientes. Otros siete balazos que impactaron en su cuerpo eran postas de goma. “Lo sacaron muerto tendido sobre una plancha de acero y tapado con un escudo rojo”, señala la nota del medio autogestivo correntino Cara Tapada.

El relato de lo ocurrido por la Red Derechos Humanos de Corrientes es el siguiente: «Estaba en recreo el pabellón 10, haciendo un picadito de fútbol. La pelota esquiva se sale del patio y -bajo la mirada de celadores que rondaban por ahí- un preso se trepa a una reja interna (no da a la calle) para rescatarla. El penitenciario garitero dispara con su escopeta. Gritos, reclamos, protesta. Una pausa en la represión, luego todo es confusión. Los tiros, y los gritos de auxilio, comenzaron a raíz de un “supuesto conflicto” entre pabellones por el que irrumpen violentamente todos los grupos especiales prestos a reprimir  primero en ese sector avanzando luego a los otros pabellones (algunos de ellos, distantes del lugar donde se jugaba al fútbol). Ingreso arrollador, a las patadas, a los gritos, a los golpes, con escopetas, con tonfas, con cuchillos. Y en esas incursiones, matan a Jose Candia en el pabellón 6. Lo mató la cárcel a José. La cárcel, el sistema penal, los operadores de la (in)justicia, el servicio penitenciario y la sociedad correntina que con la idea de que “por algo están presos” justifica los asesinatos y la represión.”

Su mamá declaró a los medios correntinos que su hijo estudiaba y trabajaba dentro del penal, como si debiera justificar quien era Kevin, como lo llamaba su familia. Fue por el robo de un celular que a José lo condenaron a purgar una prisión en uno de los penales con mayor sobrepoblación carcelaria. José tenía 22 años, era ladrillero, pobre, tenía problemas de adicción, un hijo, estaba próximo a salir en libertad, y tampoco tenía que estar preso. Pero la única respuesta que su familia recibió del Estado fue punitiva, y así fue como José terminó preso y asesinado en una represión estatal.

Un gran conjunto de organizaciones exige justicia por Kevin y en un documento colectivo dicen: “Este es el resultado de una secuencia de inacciones, incumplimientos de garantías constitucionales, morosidad judicial, hacinamiento, sobrepoblación, y abandono, que hoy salen a la luz con la pandemia de COvid-19. No fue motín. No hubo enfrentamiento entre pabellones. A José María Candia lo mató el sistema judicial-penitenciario que lo encarceló hace tres años por robar un celular aún cuando ya fuera reparada esa acción».

“Ayer al enterarnos todos lo que pasó y escuchar el grito desgarrador de su padre y abuela ante la triste noticia, «a su hijo lo mataron» inmediatamente se me vino como una película todos sus recuerdos, lo felíz que fue Kevin y a su vez una bronca e impotencia desde lo más profundo de mi corazón porque su historia hubiera sido otra si a alguien le hubiera importado realmente su vida y su futuro, como a tantos Kevin que vemos a diario, no lo mató la penitenciaria, ni sus pares con un puñal en la espalda, ellos los penitenciarios le dieron el tiro de gracia”, escribió en las redes sociales una vecina de la familia que conoció la infancia de Kevin, de sus hermanos, de su mamá y su papá, en Corrientes. La investigación quedó a cargo del fiscal Gustavo Robineau.

Emanuel murió como consecuencia de una cadena de abandono estatal en la cárcel de Rosario, murió estando preso cuando no debía estarlo. “Salieron a decir que nada garantizaba que en su casa estuviese mejor, un comentario totalmente cínico porque no sabemos qué hubiera ocurrido, y al menos, en su casa iba a tener compañía de su familia, el tenia ya una libertad otorgada”, dice con impotencia la abogada de la Asociación de Pensamiento Penal, Bernardette Blua en diálogo con enREDando, mientras que su mamá declaró a Rosario 12: «No sabemos si en casa se hubiera salvado, pero por lo menos hubiese estado con nosotros».

A José directamente lo mataron las balas de plomo del servicio penitenciario de Corrientes que intentó desligarse del hecho ofreciendo una mentirosa versión oficial que refería a una riña entre presos. La represión dio como resultado 1 muerto, 6 heridos que fueron y volvieron del hospital y otros 36 atendidos en el penal. “Más de 400 presos se hallaban en huelga de hambre pacífica en reclamo de respuestas a pedidos de libertades anticipadas y arrestos domiciliarios, medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desacelerar la posibilidad de un foco de alta transmisibilidad de coronavirus en lugares de encierro. Los reclamos se apuraron con la detección de un caso positivo de covid-19 en un agente penitenciario que trabaja en la Unidad y que puso de manifiesto la situación de vulnerabilidad crítica de las personas privadas de su libertad”, señaló la Red de Derechos Humanos de Corrientes. La Unidad 1 de esta provincia donde fue asesinado José María Candia tiene una sobrepoblación del 40% con 670 presos viviendo hacinados y en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

Federico Rey también murió por las balas estatales el 23 de abril en la cárcel de Florencio Varela. Otra vez la misma versión oficial: riña entre presos. No fue así. La autopsia determinó que ocho disparos, al menos uno de plomo, del Servicio Penitenciario Bonaerense acabaron con la vida de este joven de 30 años y hay al menos 100 penitenciarios sumariados. Fue acorralado en uno de los techos del penal que tiene, según denuncia la Comisión Provincial por la Memoria, un 200% de sobrepoblación carcelaria. Sus compañeros lo cubrieron con una manta, mientras resistían la represión de los uniformados. «Tenía 30 años y estaba preso desde 2017. Debió haber estado en su casa con una pulsera y no reclamando un derecho como la protección a su vida y su salud ante el Covid-19 que garantizan las propias leyes», señala la Agencia para la Libertad.

El reclamo de los presos de Florencio Varela era el mismo que el de los presos en Corrientes y en Santa Fe: exigir medidas de protección y prevención ante el avance del coronavirus en las cárceles. “A partir de la detección del primer caso de coronavirus padecido por una persona detenida en la Unidad 42 de Florencio Varela, se difundió un audio atribuido a un médico de salud penitenciaria que informaba del hecho y aseguraba que muchos se iban a contagiar y a morir. Esto provocó el reclamo desesperado de dos detenidos alojados en el pabellón de máxima seguridad quienes, como protesta por la demora judicial en resolver su situación, se subieron al techo de un pabellón. Lejos de mediar e intentar el diálogo -asumiendo la situación que se vive en este contexto-, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a reprimir de manera brutal, lo que motivó que otros detenidos se sumen a la protesta. En el marco de esta represión Federico Rey fue asesinado producto de al menos una bala de plomo. Además sufrió varias heridas de postas de goma disparadas a corta distancia”, denuncia la Comisión Provincial por la Memoria en su comunicado.

Dos días después, los reclamos explosionaron en la cárcel de Devoto, como una muestra más de la grave situación carcelaria que hay en el país. No son hechos aislados. Las voces de los y las presas exigen respuestas urgentes y medidas excepcionales que son recomendadas por organismos internacionales, organizaciones sociales y de derechos humanos. Pero “la respuesta del Estado a los reclamos producidos en las unidades de Coronda, Las Flores y en la Unidad 23 de Florencio Varela, Batan, Olmos y Melchor Romero fue la represión”, señala la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Las voces de las familias también exigen que el poder judicial responda a sus demandas. Están desesperadas. Muchas miran por televisión o logran acercarse hasta las puertas de los penales para intentar tener algo de información de lo que ocurre intramuros. «Las mamás y familiares nos aferramos cada día al llamado: ‘¿cómo están, cómo está ahí, están haciendo algo?’ Lo importante para nosotros es escuchar a nuestros hijos decir ‘estamos bien’”. ¿Qué pasa cuando el llamado no llega? ¿Cuál es el plan para sustituir esa red de asistencia que sostiene la visita?, dicen en diálogo con la agencia especializada Andar. 

A Federico y a José María los mataron mientras reclamaban un derecho básico: que el Estado garantice su acceso a la salud. Emanuel murió en soledad porque lo privaron de otro derecho fundamental, solo por ser pobre: acceder a su propia libertad.

Reclamos desoídos

Los reclamos en los penales comenzaron los primeros días en que el gobierno nacional decreto el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Sin demasiadas cámaras y repercusión en los medios masivos porteños, los primeros focos de conflicto se originaron en la cárcel de Las Flores y en Coronda, donde también hubo muertes, cinco en total. Así lo contábamos en la nota que publicamos en nuestro medio. El conflicto, como era esperado, estalló al interior de las cárceles, pero lo cierto es que todas las organizaciones y colectivos de talleristas que conocen de fondo la problemática, lo vienen alertando desde hace tiempo. El CELS, el Cepoc, Correpi, los educadores en contexto de encierro, la Asociación de Pensamiento Penal, las áreas de educación y derechos humanos de las universidades. Las condiciones de hacinamiento debido a la alta sobrepoblación carcelaria y a la gran cantidad de prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación, sumado a las condiciones edilicias deplorables y a la mala alimentación, se pusieron en evidencia a raíz de la pandemia. Como venimos sosteniendo: la crisis sanitaria actual echa luz sobre problemáticas históricamente desatendidas por el Estado y el poder judicial.

La voz del colectivo de talleristas y activistas en contexto de encierro de Santa Fe, emitió un comunicado a raíz del conflicto en las cárceles de la provincia ocurrido en el mes de marzo: “La normalidad en las cárceles, esa normalidad que las constituía como un espacio ajeno a quienes no la atraviesan o quienes no tienen seres queridos que la transiten, siempre fue de sufrimientos. Los mismos informes oficiales lo confirman: desde las pobres condiciones edilicias a la comida en mal estado, desde la casi inexistente atención médica al continuo verdugueo del personal del servicio, el encierro, la situación dada por el cumplimiento de una pena. No es solamente el encierro, es también la humillación. No hace falta tener una gran imaginación para poder pensar que es esperable que una pandemia global como la que atravesamos con el Covid-19, tensiona y pone al límite las vidas en el encierro”.

Desde el colectivo de talleristas La Bemba del Sur también se expresaron: “debido a la sobrepoblación y al hacinamiento en las unidades penitenciarias, consideramos fundamental acompañar todas aquellas medidas judiciales que apunten a la utilización de medidas alternativas a la prisión. En este sentido, la mirada no debe recaer sobre retóricas de la inseguridad, sino sobre el derecho al debido proceso de las personas. La responsabilidad de este estado de situación recae sobre la aplicación sistemática de la prisión preventiva, un recurso del cual el Poder Judicial echa mano más de la cuenta, obviando la presunción de inocencia de lxs ciudadanxs, soslayando el hecho de que hasta que no sea firme la sentencia es revisable. Es decir, encerrando a personas antes de que culmine el proceso por el cual el Estado las designa culpables de un delito, sobrepoblando las cárceles, donde los recursos son escasos”.

Algunas de las medidas solicitadas por un gran conjunto de organizaciones y defensores de derechos humanos de todo el país, entre muchas otras, fueron las de: otorgar el inmediato arresto domiciliario a personas consideradas grupos de riesgo y a quienes estén con salidas transitorias, así como también, otorgar libertad asistida y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, estén en condiciones de obtenerlas.

En Santa Fe, Bernardette Blua, consultada por este medio, señala que algunos arrestos domiciliarios solicitados “se han rechazado específicamente en personas que están en estos grupos, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, hubo varios rechazos que se están apelando. También hay que abordar la realidad una vez que están afuera, no es solo otorgar un arresto domiciliario, es ver también si esa persona tiene un domicilio para poder estar, es decir, como accede a cuestiones de salud. Si son mujeres con niños necesitan algún apoyo extra para poder sostener esa arresto domiciliario.  Además de las libertades, hay que también atender la situación de que hay muchos detenidos con prisiones preventivas por hechos insignificantes, no puede ser que una persona esté presa cuando están las condiciones dadas para que este en libertad”.

Otro de los reclamos que hacen las organizaciones tiene que ver con el uso y regulación de los celulares. “Es un derecho a la comunicación y también a la educación”, plantea Blau. “El derecho a la salud, a la educación, a la comunicación, no deberán verse afectados por el encierro, bajo ninguna circunstancia, ni aún en situaciones excepcionales”. La APP plantea que el uso de dispositivos electrónicos “descomprimen situaciones de angustia agravadas por la falta de contacto con el afuera, y permite tener contacto son seres queridos y acceder a material de estudio”.

En lo que respecta a la cárcel de mujeres, sabemos históricamente que existe una doble vulneración y discriminación hacia la población carcelaria femenina. No son nuevos los reclamos sobre la falta de condiciones edilicias adecuadas que realiza la ONG Mujeres tras las Rejas en Rosario acerca del estado en el que se encuentra la nueva unidad penitenciaria para mujeres que, además, se ubica en una zona extremadamente alejada de la ciudad. Según detalla la nota publicada en el Suplemento Las 12, en esta cárcel, habilitada en julio de 2018 hay un total de 155 detenidas,  95 procesadas y 70 condenadas. “Es mucho más la cantidad de mujeres sin condena”, señaló a ese medio una de las integrantes de la Bemba del Sur.

Según cuenta Bernardette Blua a enREDando,  la justicia solo otorgó el arresto domiciliario para 3 mujeres embarazadas y hay otras resoluciones que se están apelando. Mientras emergen los discursos punitivas que fácilmente se propalan por los medios masivos de comunicación, las voces casi en soledad de los organismos y organizaciones sociales se escuchan en las mesas de diálogo tras los conflictos en los penales, en las mesas interinstitucionales, en algunas radios o diarios que se hacen eco de la demanda,  en los medios de comunicación alternativos, o a través las redes sociales donde difunden sus comunicados, o comparten imágenes tomadas directamente desde las cárceles.

Ya no es tan fácil ocultar lo que ocurre intramuros, aunque las respuestas estatales y judiciales tarden en llegar o nunca lleguen. Desarmar los dispositivos discursivos que solo condenan a más muerte, privación de derechos humanos y encierro en condiciones inhumanas a personas que en su inmensa mayoría es pobre y joven, es una tarea casi titánica. “Somos varias organizaciones que formamos parte del trabajo carcelario entonces tenemos un conocimiento real de lo que pasa en la cárcel, y proponemos trabajar junto con el Estado para abordar esta situación y buscar medidas alternativas. Es decir, no solo denunciamos, entendemos que tenemos que involucrarnos como sociedad civil, y siempre estamos tratando de aportar nuestra mirada. Lo que pasa es que la última palabra la tienen los actores estatales. Y la solución no es construir más cárceles o pabellones, sino de dejar de meter gente presa por cuestiones que no ameritan un accionar penal, y eso es también responsabilidad judicial”, cierra  la abogada de la Asociación de Pensamiento Penal.

Los crímenes selectivos del sistema penal duelen. No hay demasiadas voces de repudio en tiempos de aislamiento en las redes sociales por los asesinatos de Federico y José María o por la libertad negada a Emanuel Rodas. Es mucha la tarea por delante pero en este contexto de emergencia, el presente exige una respuesta inmediata no solo de los Estados, sino también y sobretodo de un poder judicial clasista y machista que sigue mirando para otro lado.

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