En un fallo unánime el tribunal de primera instancia decidió la absolución del prefecto Ariel Condori Apaza, acusado de matar a balazos a Maximiliano Zamudio, de 16 años, en mayo de 2015. Tras cinco años de un camino largo y complicado, después de sobreponerse a dos archivos, la investigación llegó a juicio oral y público. La Fiscalía había pedido 20 años de prisión y la querella 30, por el delito de homicidio agravado.

 

Miércoles 27 de mayo de 2015. Es de noche y hace frío. Un Ford Falcon se mete por el pasillo de Patricias Argentinas al 4300, barrio Tablada, y baja la velocidad. Hay oscuridad, pero un farol deja advertir algo entre las penumbras. Movimientos en un par de segundos y el estruendo de tres balazos. Un cuerpo que cae, otro que corre para el lado de Avenida Uriburu. Gritos y más corridas.

Un rato después, a resguardo de la policía, la persona que gatilló se presenta: Ariel Condori Apaza, cabo de la Prefectura Naval Argentina. Dice que le quisieron robar, que se defendió a los tiros.

Entrega su arma, una Smith & Wesson calibre 40, y todos sus permisos. También un cargador con diez municiones que llevaba en el bolsillo.

La policía le secuestra, además, una culata de rifle de aire comprimido. Sin caño, sin capacidad de disparo. Condori Apaza dice que es el arma con el que lo quisieron asaltar.

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Jueves 28 de mayo de 2015. Apenas pasó un rato del asesinato de Maximiliano Zamudio. El fiscal Miguel Moreno, de Homicidios Dolosos, ni siquiera va a la escena del crimen. Prefiere ir a la comisaría 11, que por jurisdicción intervino en las primeras medidas. Ahí está Condori Apaza, con algunos moretones por los golpes que le dieron los familiares y vecinos del chico asesinado cuando lo retuvieron para que no escapara.

El prefecto habla con el fiscal. Le dice que llegó a la zona del hecho con una amiga que vive en el pasillo, para buscar un equipo de música. Que mientras ella estaba adentro de la casa, y él esperaba en el auto, dos pibes le quisieron robar. Que le apuntaron a la cabeza. Que se defendió a los tiros.

Pasado el mediodía una empleada del Ministerio Público de la Acusación entrevista a dos testigos del homicidio. Dos vecinas del barrio. Las dos dicen algo más o menos parecido. Que el Ford Falcon entró al pasillo, que el conductor llamó a Maximiliano que andaba por ahí, que hablaron un instante, que el pibe se dio vuelta, que el tipo del auto lo volvió a llamar y ahí pum. El primer disparo desde adentro del auto. Y después otro más, una patada, y las corridas.

Miguel Moreno es consultado por la prensa. Dice lo mismo que le dijo Condori Apaza. La noticia, entonces, es que un prefecto se defendió a los tiros de un intento de robo a mano armada. La investigación apenas empezó, pero el fiscal ya arriesga.

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Viernes 26 de junio de 2015. El fiscal Moreno ya entrevistó a una decena de personas. Cree tener el material suficiente para imputar a Condori Apaza por “haber interceptado y haberle efectuado dos disparos de arma de fuego al llamado Maximiliano Zamudio, provocando inmediatamente la muerte”.

La calificación legal es homicidio agravado por uso de arma de fuego. Pero lo deja en libertad. Después explica esa decisión: Condori Apaza no representa un peligro procesal, tiene arraigo en la ciudad, tiene trabajo y no podría afectar la investigación.

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Jueves 28 de abril de 2016. Garúa sobre Rosario, muy poco movimiento en barrio Tablada. Del pasillo de Patricias Argentinas al 4300 se levanta el olorcito a tierra mojada. Ahí está María Zamudio, la mamá de Maximiliano, una mujer joven con gestos de tristeza profunda. Apenas se anima a presentarse, a contar un par de cosas sobre su hijo.

En menos de un mes se va a cumplir un año del asesinato. Tanto tiempo: muchísimo dolor y muy pocas novedades en una causa que se quedó allá por junio de 2015 en la imputación del prefecto. No hay nada nuevo desde entonces.

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Lunes 9 de mayo de 2016. Qué puede haber más gris que el cementerio La Piedad, con sus tumbas, con las fotos de tantos pibes de presente interrumpido entre los que está Maxi. Mamá, abuela, hermanitos, primos y amigos rodean la lápida y lloran. Maxi hubiera cumplido hoy los 17 años. Una canción de cumbia suena, termina y vuelve a arrancar: todo el rato, la música triste que hiere. Hay globos con los colores de Central. Es una conmemoración, la forma que ha tomado el festejo sin el cumpleañero.

María se hace a un lado y se acerca a hablar. Muy tímida, muy hacia adentro. Dice que no tiene ni idea qué significa ser querellante. Su abogado, un tipo de renombre con clientela en Tablada, no le habló de eso. Apenas si hablaron un par de veces en todos estos meses. Ella, dice, quiere moverse. Al menos ir a la Fiscalía de Homicidios Dolosos para que Miguel Moreno le dé algo más que suspenso.

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Muchas mañanas de junio y julio de 2016. En una llueve a cántaros, en otra el sol apenas entibia, en otras no transcurre más que un invierno insulso. María va una y otra vez a la Fiscalía. En una ocasión una secretaria le dice que el fiscal está en una audiencia y no la podrá atender. En otra el propio Moreno le dice que no la recibirá porque no tenía agendada ninguna reunión.

– Él se piensa que yo voy a bajar los brazos. Me están ahogando pero yo sé que no me voy a ahogar, voy a salir adelante. A veces tengo trabas, el bebé y mis otros nenes. Así y todo me voy a tribunales, con lluvia o con tormenta. Y eso le molesta a Moreno, que siempre me ve en tribunales.

Otra mañana María sale prendida fuego de la Fiscalía. Tiene lágrimas en los ojos y ganas de gritar. Dice que Moreno le mostró unos mensajes de texto que en la noche del crimen alguien mandó al celular de un preso en la cárcel de Piñero. Que en esos mensajes se hablaba de Maximiliano como un ladrón.

– ¿Qué comprueba eso?

María empieza a sospechar que el fiscal Moreno está investigando a su hijo. Como si así fuera a comprobar lo que hasta el momento no pudo: el supuesto robo que antecedió al asesinato.

 

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Domingo 14 de agosto de 2016. Se cumple un año de la desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia institucional se encuentran en la plaza de Montevideo y Oroño.

María se presenta con los familiares de otros pibes. Jonatan Herrera, Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Dante Fiori, Franco Casco y Gerardo Escobar son solo algunos de las 32 personas asesinadas durante 2014 y 2015 por fuerzas de seguridad en Rosario.

Escucha cómo ciertas cosas se repiten. Dos versiones muy opuestas por cada hecho, la Fiscalía muy cercana al relato policial, bastante indiferencia con los familiares de las víctimas, la mayoría de los imputados sin prisión preventiva. Y ante todo eso la organización, el encontrarse, el compartir, el pensar cómo cuestionar y para dónde ir. María ve que no está sola.

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Viernes 10 de marzo de 2017. La Multisectorial Contra la Violencia Institucional ya es un espacio de referencia. El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario recibe al ambiente judicial de la provincia. El fiscal regional, Jorge Baclini, presenta su informe anual de gestión. Todo es formalidad y protocolo hasta que los familiares de los pibes que mató la policía se paran, muestran los carteles con las fotos de cada uno y gritan sus nombres. Presentes, ahora y siempre.

Nadie se imagina que un rato antes el fiscal Miguel Moreno presentó la decisión de archivar la causa que investiga el asesinato de Maximiliano Zamudio. Dirá después:

– Son 43 páginas de puro argumento técnico.

En esas páginas Moreno explica por qué decidió archivar la causa creyéndole al prefecto Condori Apaza su versión del intento de robo. Dice que las testigos presenciales del crimen y la mamá de Maximiliano se contradijeron en sus declaraciones. Cita los mensajes de textos desde la cárcel de Piñero en los que se menciona que el chico era un delincuente. Acude a un paso de Maximiliano por la comisaría 11 por un supuesto intento de robo que la jueza de Menores mandó al archivo, y una denuncia que lo nombra como uno de los tres pibes que atacó a balazos la casa de otro chico del barrio.

A Moreno no le interesa que en la reconstrucción del asesinato le falte material para comprobar el supuesto robo al prefecto Condori Apaza. Con esos antecedentes de Maximiliano parece alcanzarle. Menciona a esa zona de barrio Tablada como “un lugar que se encuentra en una posición de privilegio en el ranking de los lugares peligrosos de la ciudad”. Y explica que la culata que supuestamente usó Maximiliano para robar tenía “una gran semejanza con un arma completa” y que fue lógico que Condori Apaza cometiera el “error invencible” de creer que se trataba de un arma de fuego.

Remata: “Zamudio quería que Condori Apaza creyera que la culata era un arma hecha y derecha, porque quería que le entregara sus pertenencias. El error de Condori Apaza es provocado. Provocado por la conducta de Zamudio, ya que además era parte de su plan”.

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Lunes 10 de diciembre de 2018. La campaña #NoAlARchivo logró que la investigación por el asesinato de Maximiliano Zamudio se desarchivara en dos ocasiones. Ahora, sala 8 del segundo piso del Centro de Justicia Penal, María Zamudio está con sus tres abogados: Salvador Vera, Nicolás Vallet y Guillermo Campana. La causa tiene nueva fiscal, Karina Bartocci de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional. Va a imputar nuevamente a Condori Apaza.

Bartocci describe la secuencia del asesinato: eran las 22.50 del 27 de mayo de 2015 cuando Condori Apaza entró manejando su Ford Falcon blanco al pasillo de Patricias Argentinas y Avenida Uriburu, en el que Maximiliano Zamudio estaba posado sobre una casa a unos pocos metros de la suya. Según la fiscal el prefecto y el pibe dialogaron unos segundos hasta que Condori Apaza disparó desde adentro. Después se bajó y gatilló dos veces más. Dos de esos tres balazos dieron en Maximiliano, y uno -en la cabeza- le provocó la muerte.

La fiscal explica que para ella no se trató de un caso de violencia institucional, que Condori Apaza no abusó de su función de prefecto. Pide que se lo impute por homicidio agravado, pero que se lo deje en libertad.

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Domingo 23 de agosto de 2020. Noche cálida en Rosario, sus calles movidas. En la zona de Oroño y el río los autos se acumulan en los semáforos. Esperan, arrancan. La gente a pie, al trote, pasea o se ejercita. Son varios los que pasan e inclinan la cabeza hacia arriba. Hacia esa iluminación extraña sobre uno de los silos del museo Macro. Es la cara -blanco y negro, enorme- de un pibito, que intercala con leyendas sobre la justicia, el gatillo fácil y un prefecto que mató a balazos a un chico de 16 años.

Son los componentes de la historia de Maximiliano Zamudio. Un hecho que llamó una atención generalizada cuando ocurrió. Por sus características tan violentas: un cabo de la Prefectura Naval Argentina que asesinó a un chico en un pasillo de barrio Tablada. Un supuesto intento de robo, una supuesta legítima defensa. Cuánto impacto.

Al paso de las semanas, ni hablar de los meses y los años, el caso se camufló entre tantos otros. Tal vez por eso esta noche de domingo el rostro de Maximiliano Zamudio pasa desapercibido entre quienes corren y caminan, entre quienes pasean o vuelven a las apuradas al fin del fin de semana.

Para otras personas, a veces muchas a veces pocas, esta historia no se perdió en el tiempo. Por eso ocupan sus horas de domingo con un proyector que apunta y reproduce esa cara que hace cinco años se ve en remeras, pancartas y banderas.

Son los militantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, en la antesala del juicio por el asesinato de Maximiliano.

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Lunes 24 de agosto de 2020. Afuera del Centro de Justicia Penal un grupo de personas aguarda y acompaña a la familia de Maximiliano. Adentro, en la sala 10 del segundo piso, comienza el juicio.

La fiscal Bartocci sostiene en su alegato de apertura el relato de los hechos que podrá comprobar durante el debate. Pide 20 años de prisión para Ariel Condori Apaza. La querella que representa a María Zamudio pide que la condena sea de 30 años. Los defensores del prefecto van por la absolución.

“En el transcurso del debate vamos a escuchar a vecinos y familiares, que son los principales testigos que vieron y escucharon los tiros, además de todas las pericias que se realizaron”, dice Bartocci.

“Esa fatídica noche hubo un brutal homicidio de un joven de un barrio de la ciudad, quedará evidenciado que no hubo ni robo, ni tentativa, ni mucho menos una posibilidad de legítima defensa”, agrega el abogado querellante Guillermo Campana en su turno.

“Nadie puede negar ni discutir la importancia de los derechos humanos pero en este concepto también están incluidos, y son los primeros que tenemos que analizar, los derechos humanos de mi defendido. Ante un peligro concreto para su vida se defendió. El primer derecho humano que hay que tener en cuenta. No es cierto, quedará demostrado, que mi defendido haya querido pegarle un tiro de gracia”, dice el abogado defensor Horacio Corbacho.

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En las audiencias declaran las testigos, el dueño de una casa a la que Condori Apaza se metió en su huida, la amiga del prefecto que vivía en el pasillo de Patricias Argentinas, la mamá de Maximiliano que se descompone y tiene que continuar en otro momento. La Fiscalía también ofrece la explicación de peritos y especialistas, que dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos, de la dirección de los disparos, de la frecuencia de los mismos. Pasa también el médico que hizo la autopsia y deja claro que el segundo disparo, a la cabeza y por atrás, fue el que acabó con la vida de Maximiliano.

La mujer encargada de hacer la reconstrucción integral dice que los disparos que recibió el chico no fueron a corta distancia, como si no estuviera tan encima de Condori Apaza sino más bien a una distancia de entre un metro y un metro y medio. Tampoco cree que el segundo disparo haya sido con la víctima en el suelo, como lo sugirió una testigo, pero que sí pudo ser con el chico cayendo, como un blanco móvil. Explica que su reconstrucción la hizo al comienzo de la investigación, a partir del material acercado por Miguel Moreno, entonces fiscal a cargo. A saber: unas pericias balísticas, el informe de autopsia y la declaración de solo una persona, Condori Apaza. Si hubiera tenido otro testimonio, es decir si el fiscal le hubiera ofrecido las declaraciones de las testigos, por ejemplo, podría haber barajado otras posibilidades.

La defensa del prefecto insiste sobre el barrio peligroso, sobre los antecedentes de Maximiliano, y sobre la agresión a Condori Apaza de parte de los vecinos y familiares. Vuelve sobre eso en cada oportunidad. Como si se estuviera juzgando a Maximiliano, y no al prefecto que lo mató.

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Jueves 27 de agosto de 2020. La Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil de cada año, la cuarta en Rosario, no se puede realizar por la pandemia del Covid-19. Afuera del Centro de Justicia Penal hay cruces con rostros de víctimas de la violencia, hay carteles y banderas con los nombres de los pibes que mató la policía. Están sus familiares, por los suyos y por los otros.

Adentro, otra vez en la sala 10, comienzan los alegatos de cierre del juicio.

“Con el segundo disparo se demostró la intención de matar o al menos se pudo representar que iba a matar a una persona con este segundo disparo. Queda completamente excluida la figura de la legítima defensa que menciona la defensa en sus alegatos de inicio. No hay duda que no hay legítima defensa. No se ha acreditado que Maximiliano Zamudio haya querido agredir a Condori Apaza, y si así fuera la agresión no tenía la calidad suficiente para que sea necesario que sea repelida con dos disparos”, dice la fiscal Bartocci y afirma su pedido de 20 años de prisión como condena.

“Trataron de montar un escenario de peligrosidad de la víctima, de su familia, del barrio. Hasta plantearon el absurdo de que era raro que los vecinos pudieran estar circulando por la calle. Se utilizaron adjetivaciones discriminatorias. Todo eso entendemos que ha sido porque no encontraron otra forma de justificar la conducta homicida de Condori Apaza. No pudieron acreditar la agresión ilegítima por parte de Maximiliano Zamudio que pudiera habilitar a repelerla, y mucho menos a repelerla con violencia letal”, analiza Guillermo Campana.

“Hizo lo correcto. Si algún día hacen un curso para que le entreguen la credencial (de portación de arma de fuego), lo primero que se enseña es que el tiro de defensa nunca tiene que ser uno, tienen que ser por lo menos dos. Cualquier instructor de tiro va a decir eso. Condori Apaza no siguió vaciando el cargador sobre el cuerpo de Zamudio, tiró dos tiros nomás”, dice el defensor Corbacho. Y habla de “especie de gente”, “turba barrial” y “horda de delincuentes” para referirse a los vecinos de Tablada que persiguieron a Condori Apaza después de que cometiera el asesinato.

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Lunes 31 de agosto de 2020. El tribunal conformado por las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez y el juez Héctor Núñez Cartelle decide por unanimidad absolver de culpa y cargo a Ariel Condori Apaza por el delito de homicidio agravado. Dicen que fue provocado en uso comprobado de legítima defensa.

La fiscal Karina Bartocci dice, muy fría, que espera los fundamentos del fallo del tribunal y que supone que apelará la decisión. El abogado querellante Guillermo Campana analiza: “Fue un triunfo de una mirada racista, estigmatizante y criminalizadora sobre los pibes, la juventud, los barrios donde viven. Hubo una perspectiva que instaló el fiscal Moreno desde el principio con criterios peligrosistas, y lo selló este tribunal con su fallo absolutorio. No conocemos los fundamentos, pero no pensamos que puedan existir otros que los que esgrimió la defensa, que apuntaron a reafirmar esta criminalización del barrio. Creemos que es producto de eso, de que nunca la Fiscalía estuvo a la altura de las circunstancias para investigar, y tampoco al momento de enfrentar el juicio y llevar adelante un rol protagónico y acusador como corresponde. Eso recayó en la querella, se hizo lo que se pudo, seguro habrá cuestiones a revisar y a mejorar, pero dentro del marco de adversidad en el que nos encontramos hicimos lo que nuestra conciencia nos indicó que había que hacer”.

Afuera María Zamudio llora, insulta y se descompone. Es el resultado de la impotencia contenida durante estos días. Grita que se rieron en su cara, y fue así. Ella, aunque cabizbaja, vio lo que todos dentro de la sala 10 del Centro de Justicia Penal: el prefecto Ariel Condori Apaza se rió en más de una ocasión. Como si hubiera estado confiado. Como si hubiera querido dejarlo bien clarito. Como si no hubiera matado a un pibe de 16 años

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2015 – 2020. Nadie, todavía, puede explicar por qué el prefecto Ariel Condori Apaza fue a buscar un equipo de música con una Smith & Wesson calibre 40 a mano, y con un cargador más en el bolsillo.

 

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