La Cámara de Casación Penal Bonaerense dejó nulo el fallo que en el 2018 absolvió a los femicidas de Lucía Perez y dictaminó que se realizara un nuevo juicio. Es el logro de una lucha tenaz de su familia y de los feminismos que acompañan. En otras causas, todavía el acceso a la justicia sigue siendo nulo.

 

Tercera parte

“Con logros como fue la anulación del fallo judicial que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, la sociedad vio que es desde abajo como va a cambiar esto, es un fallo histórico y es jurisprudencia, a partir de ahora a ninguna víctima se la va a poder juzgar”. Las palabras son de la periodista y escritora del libro “No estás sola”, Claudia Acuña. Es quien acompaña, junto a otras militantes y abogadas, a la familia de Lucía en este intenso y arduo reclamo por justicia.

Es que Marta Montero, la mamá de Lucía, no está sola. Nunca  bajó los brazos, y esa tenacidad conquistó un hecho histórico: que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Bonaerense anulara el fallo misógino que dejó sin responsables el femicidio de su hija. “Lo que dejó en claro es que se anula parcialmente el fallo que había dictado el Tribunal 1 de Mar del Plata en noviembre de 2018 donde los jueces habían afirmado que Lucia había concurrido voluntariamente al domicilio de Farias y que había tenido sexo de manera violenta voluntariamente. El fallo deja en evidencia la falta de imparcialidad por parte de los jueces al considerar que la falta de perspectiva de género y los prejuicios que ellos cargaban hicieron que este fuera un fallo arbitrario y parcial”, le explica a enREDando Florencia Piermarini, la abogada quien junto a Verónica Heredia, patrocina a la familia de Lucía.

“Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aun después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”, argumentó en la resolución, uno de los tres jueces de la Cámara, Carlos Natiello.

Habrá que esperar los plazos procesales, pero lo cierto es que si la anulación queda firme se realizará un nuevo juicio con un nuevo tribunal que juzgará una vez más a Juan Pablo Offidani y a Matías Farías, absueltos en el 2018. Esta vez, el proceso deberá incorporar la perspectiva de género. “No hay antecedentes de un fallo donde hablen que la falta de perspectiva de género implica la parcialidad y la falta de objetividad a la hora de juzgar”, apunta Florencia Piermarini.

Lucía Pérez rompió con todos los estereotipos que la administración de justicia y hasta los medios de comunicación construyen sobre la “buena víctima”. Lucía no encajaba en ese molde prefabricado por el machismo. Los prejuicios y preconceptos profundamente patriarcales pesaron a la hora del fallo, los que juzgaron a Lucía por su forma de vida, por quién era, por lo que hacía. Dice la abogada: “en el fallo del Tribunal no se analiza la conducta de tres varones que estaban con una piba de 16 años y sí se hace foco en la vida de la victima que esta muerta”. Los imputados solo fueron condenados por la venta de estupefacientes pero no por haber violado y asesinado a Lucía. “El razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”, argumentó el juez Mario Eduardo Koan.

El Observatorio Lucía Perez señala en su último informe de gestión que «el Tribunal puso el acento en la poca seriedad que tuvo la fiscal y de la que se hicieron eco y con énfasis los jueces de primera instancia, al aplicarse en forma indebida al análisis de la vida íntima de la víctima con anterioridad al hecho y sin contextualizarlos desde una perspectiva de género. Esto es, decidieron en base a la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Es la primera vez en la historia judicial argentina que un Tribunal de Casación desnuda el credo patriarcal de un Poder Judicial machista al calificar la labor judicial de primera instancia y su producto, la sentencia, como: “…resulta ser una sentencia que sigue perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias (aun considerando que las mismas sean deficientes), y sin una perspectiva de género…”.

Pero los prejuicios no solo pesan a la hora de dictaminar un fallo judicial. Son estereotipos machistas arraigados en la sociedad, en las instituciones del Estado y en los medios masivos de comunicación. No es casual el tratamiento mediático que recibió el femicidio de Melina Romero. Como tampoco lo es la escasa visibilidad a nivel nacional que tuvo la desaparición de Rosalía Jara en el norte de Santa Fe o la conmoción por el femicidio brutal de Rocío, con solo 14 años y un embarazo de dos meses. Eliana Ibarra, militante del Partido de las Trabajadoras de Reconquista, lo dice con claridad. “Cómo la víctima tiene un origen pobre, un origen de familia disfuncional mal visto, no son «víctimas vendibles» para los medios. El caso de Rosalía y el de Rocío encajan en eso. En los medios se termina interpelando a la familia, echándole la culpa con todos los problemas de origen y de matriz histórica de pobreza. Pasó en el caso de Melina, de Lucía Pérez. El origen de las víctimas termina pesando a la hora de visibilizar un caso o incluso en el accionar al interior de los espacios políticos, de organización. Tenemos la obligación de romper con esa concepción de «la mala víctima». En esa diferenciación, seguimos invisibilizando lo que sucede al interior de nuestro país.”

Y al interior de una Argentina que sigue en cuarentena, los femicidios no frenan aunque no todos tengan la misma relevancia mediática. En Chaco el quinto femicidio de la provincia ocurrió en el mes de julio cuando la joven Liliana Gauna de 18 años fue encontrada sin vida, estrangulada, en la localidad de Puerto Vilelas.  Semanas después, Mirtha Godoy con 21 años era asesinada bajo la misma modalidad en Las Garcitas, y hasta el momento el único imputado por su femicidio es su ex novio.

Foto: Matías Abucú

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Para la abogada Florencia Piermarini, la existencia de algunos cambios al interior del poder judicial son el resultado de la lucha feminista y la importancia de tratados y convenciones internacionales que tienen jerarquía de ley dentro de los espacios del ámbito jurídico. “La Convención de Belem Do Pará o la Cedaw deben ser puestos cuando estás defendiendo a una mujer, en cualquier rol. La perspectiva no solo tiene que estar presente a la hora de fallar, sino también desde como se direcciona una investigación penal. El resultado de la sentencia del tribunal tiene que ver con una forma de encarar la investigación cuando las mujeres somos víctimas o cuando somos denunciadas por un delito.  La perspectiva en general siempre es juzgar a la mujer de la forma que sea, no importa el rol que tenga dentro del proceso”.

Las transformaciones en la administración de justicia son lentas pero llegan en algunos casos. La decisión de la Cámara de anular el fallo judicial sobre el crimen de Lucía es emblemática, así como lo fue la condena en el juicio contra el femicida de Rosalía Jara. “En el caso de Rosalía, cuando tomamos la causa en noviembre del año pasado, lo primero que vemos es una omisión: la falta de imputación del abuso sexual de Rosalía, y lo que creo es que en realidad lo que faltaba era esa visión diferente sobre lo que significa la violencia de género. En determinados lugares, el abuso de niñas está naturalizado. No se conceptualiza como un delito, sino como algo que sucede. Con el devenir de la causa, logramos que incluso la fiscalía pueda visualizar la situación de vulnerabilidad y el claro abuso de poder por parte del femicida”, cuenta a enREDando la abogada Carolina Walker. También destaca la sentencia por «unanimidad» que se logró, teniendo en cuenta que uno de los jueces del Tribunal era cuestionado por las organizaciones de mujeres. «Lo que deja la lucha feminista es ver qué es posible deconstruir el poder judicial y a los operadores de justicia. En el caso de Rosalía esperábamos una sentencia por mayoría y no por unanimidad. Creo que demostramos que la justicia puede transformarse. Y creo que lo que pasó con Lucía tiene que ver con esa tenacidad, de insistir frente a todas las instancias. Ojala la perspectiva de género pueda verse en otros casos».

Que las causas cobren otro impulso cuando son abogadas feministas quienes las sostienen tampoco es casual.  El recorrido feminista, la formación y el compromiso desde e activismo se pone en juego a la hora de acompañar un derrotero judicial que muchas veces es revictimizador para la propia familia, para quienes deciden denunciar un abuso sexual, para quienes son sobrevivientes de agresiones y violencias machistas de todo tipo.  «Para nosotras comprometernos con estas causas es hacerlo desde el compromiso de intentar reparar al menos algo. No son nuestras asistidas, son nuestras hermanas. Lo hacemos por ellas, pero también por nosotras. La justicia empodera y sana, y la justicia también somos nosotras», dice Analía Abreu, abogada de la agrupación Causa. Porque no toda respuesta reparatoria está centrada en una condena penal. Repensar nuevos modos de hacer, de construir otro tipo de justicia con perspectiva feminista es un desafío que interpela a las políticas punitivistas como supuestas medidas más efectivas.

Por eso, la sanción de la Ley Micaela es otro de los logros históricos del movimiento feminista del país. Una conquista parida desde el dolor más profundo: el femicidio de Micaela García. En Santa Fe, la capacitación  en género ahora no solo será obligatoria para todos los agentes estatales, tal como estipula la adhesión a la ley. También deberá serlo para cualquier aspirante a ingresar al poder judicial. Así lo estableció el gobierno provincial mediante el reciente Decreto 570.

Lucía

Pero aún así, la falta de acceso a la justicia para las mujeres, travestis, trans, lesbianas que además, son juzgadas también por la asimetría económica es histórica. El poder judicial no solo es machista sino también clasista y racista. A su vez, el Estado en su conjunto llega, muchas veces, con respuestas tardías e insuficientes. Acaso, la reciente muerte de Cristina Vasquez en Posadas -condenada a 11 de prisión por un delito que no cometió- evidencia una demora que se cobra vidas. También el travesticidio impune de Pamela Tabares, fusilada hace tres años en un camino rural cercano a Rosario. “¿Qué cuerpo hay que tener para que una historia trascienda? ¿Qué piel? ¿Qué tipo de ojos? ¿Qué vidas y qué muertes valen para el Estado, para el Poder Judicial, para la sociedad?”, escribe el periodista Martín Paoltroni. Es que Cristina y también Pamela habían pedido ayuda. No las escucharon, o no supieron escucharlas. En el caso de Pamela Tabares, Paoltroni dice: “estaba pasando una mala situación. Desde la muerte de su mamá las cosas se habían complicado, hasta la habían echado de la pensión en donde vivía. El resto es historia repetida: rodó entre oficinas del Estado con ayudas que no alcanzaron para detener un destino que no debería ser inexorable”.

Pamela

4 de septiembre. La justicia lenta ¿es justicia? Quizá sí, o no. La cárcel como respuesta a toda violencia machista, sabemos, no es la solución. Pero lo cierto es que ciertas condenas frente a la violencia letal como lo es un femicidio, aunque demoren años, llegan para construir un mensaje pedagógico de no tolerancia frente a la sistematicidad de crímenes que se cometen cada 28, 29 o 30 horas. Jésica Olivera fue asesinada en plena calle por su pareja en el 2018. Dos años después, tres jueces condenaron a Juan Manuel Saucedo a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Eva Dominguez cambió su vida luego del femicidio de Vanesa Celma, su cuñada, hace 10 años atrás. Se transformó en una activista todo terreno que conoce de cerca las burocracias judiciales y estatales y la revictimización que muchas veces padecen los familiares.  El caso de Vanesa Celma también es paradigmático. Refleja por un lado la falta de acceso a una justicia cuando no hay perspectiva de género. Y por otro, la responsabilidad estatal en el encubrimiento.  Seis años tardó el poder judicial en recaratular la causa. Lo hizo recién a partir de la intervención de organizaciones de mujeres, de la Universidad y organismos de derechos humanos que se presentaron como Amicus Curie. Para la jueza Lamperti, las graves quemaduras que sufrió Vanesa fueron producto de un incendio. Jamás su pareja Omar Díaz fue imputado pese a los testimonios de testigos que dieron cuenta del contexto de violencia que padecía Vanesa.

Hoy la causa, dice Eva, está prácticamente archivada. En el 2016, la APDH se constituyó como querellante para investigar las responsabilidades y complicidades policiales de miembros de la Comisaría 12 que no preservaron pruebas esenciales y obstaculizaron la investigación. “Hace más de dos años hicimos un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respondieron que la causa tenía falencias desde un comienzo, y observó la responsabilidad del Estado. Creo que el caso de Vanesa va a marcar un antes y un después, en ese entonces pedíamos disculpas para el papá y la mamá por parte del Estado y una reparación para sus hijxs. Su hija tiene un trauma por todo lo sufrido. Ella va a necesitar mucha ayuda y acompañamiento y el Estado hasta ahora no nos brindó nada. Esperemos que pronto haya novedades”.

Vanesa

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Un gran número de organizaciones barriales hoy exigen la declaración de emergencia en violencia de género. “Las familias no solo tienen que afrontar los gastos de crianza, sino los problemas que trae haber perdido una mamá, una hermana, afrontar los juicios. La violencia impacta de manera brutal en los sectores populares”, dice Rosana Menéndez de Ama de Casa del País. “Necesitamos crear más refugios, patrocinio gratuito para las familias. Que haya un subsidio para las mujeres que hacen una denuncia porque no tienen para subsistir. Es poner dinero en esos espacios para que las mujeres accedan a un montón de cosas que previenen el femicidio. Campañas, gente en los dispensarios en los barrios, que las mujeres conozcan y puedan gozar de sus derechos”.

Desde el norte de la provincia, Reconquista, Eliana dice: «En primer lugar, necesitamos dispositivos de contención urgentes. Hoy acá no hay un lugar municipal donde se pueda alojar una mujer que pide ayuda. No hay subsidios económicos que se le pueda dar a la mujer que está por debajo de la línea de pobreza para que no tenga que depender de su agresor. Hay que hacer una investigación del accionar policial en los casos de violencia de género. En la ciudad recién se nombraron fiscales hace dos años, pero no hay fiscalías especializadas como en otros lugares. Pero todo eso lo vamos a lograr con nosotras en las calles, y en esa situación estamos, debatiendo qué hacemos. Desde los feminismos no solo demandamos, sino que también tenemos propuestas».

A nivel nacional, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anunció la creación del Registro Nacional de Promotoras Territoriales de Género. “Permitirá articular con las personas inscriptas las distintas políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género y las políticas de igualdad y diversidad que lleva adelante este Ministerio”. Santa Fe es por ahora una de las provincias con más inscriptas al programa “Tejiendo Matria”. En diálogo con Periódicas, Cecilia Merchan puntualizó: “es un registro que intenta recuperar ese trabajo que ya existe en los territorios, que es una red enorme en todo el país, de las grandes ciudades, de las pequeñas y del campo. Busca fortalecer todo ese trabajo que ya se viene haciendo en género y diversidad”. Focalizar en los territorios es fundamental. Allí, como decía Rosana, están las organizaciones de base que más conocen la problemática de sus barrios porque la sufren a diario. Otra política a nivel territorial es el actual Programa de Escuelas Populares en formación en Género y Diversidad.

“Las familias no solo tienen que afrontar los gastos de crianza, sino los problemas que trae haber perdido una mamá, una hermana, afrontar los juicios. La violencia impacta de manera brutal en los sectores populares”

Pero además de capacitación, lo que reclaman las organizaciones es presupuesto y una efectiva  implementación  de instrumentos legales con los que ya se cuenta. La ley Brisa es un ejemplo. “Seguimos en un pozo muy oscuro”, dice Eva Dominguez. Y menciona ejemplos: “los hijos de Jésica Olivera están con su abuela que solo tiene la jubilación y que cobra la AUH, pero no tienen más nada. Jésica tenía 3 hijos, y hasta le han pedido la sentencia firme del juicio. La ley dice claramente que se necesita un imputado, el certificado de defunción, las partidas de nacimiento y la guarda que es un problema porque en Tribunales demora mucho. En otras provincias, hasta le piden la guardia homologada. Es una ley que hay que implementar como la ley Micaela. La causa de Rocío Segovia la caratularon como suicidio y para la justicia no son investigados. Y si el familiar pide abrir la causa, en los Tribunales hay muchas demoras, muchas dilaciones. No puede ser que la vida de una mujer no valga nada. Para nosotras son historias de vida”, relata Eva.

Foto: Matias Abucú

“Hay una clara sensación que la única posibilidad de obtener justicia una vez que se comete un femicidio es si te movés con otras”

“Hoy hay dos cosas claras: cómo el Estado se desentiende de sus obligaciones, muy pocas familias reciben ayuda para pagar el patrocinio en un sistema donde desconfiás de los fiscales claramente, porque no tienen la perspectiva que necesitás para que se haga justicia, y tampoco las infancias huérfanas cobran la ley Brisa, tarda entre 3 y 4 años para que se ejecute la ayuda”, opina Claudia Acuña. Dice que cuando el Estado no está, quien está al lado es la compañera. «Hablan de cuestiones de género pero no tienen noción de cómo efectivamente intervenir. Desde el primer día los familiares pidieron una reunión y la Ministra la negó». Por eso, las marchas dan cuenta de ese abrazo colectivo. “Hay una clara sensación que la única posibilidad de obtener justicia una vez que se comete un femicidio es si te movés con otras”.

Para Acuña lo que el Estado debe entender es que “un femicidio es una violencia social que ejerce una persona sobre el cuerpo de una mujer pero que afecta a toda una trama social. El femicidio de Lucia Pérez se comete porque en la puerta de la escuela hay una camioneta vendiendo droga, sin ese elemento esencial no existiría el femicidio de Lucia, y para que haya una camioneta vendiendo droga tiene que haber complicidad policial, y hasta judicial. Pero además cuando ya sucedió, queda un colegio con sus compañerxs, con sus docentes, con los padres, todo ha sido afectado por todo lo que significa mediáticamente y no hay un protocolo para ir hablar del tema. El ministerio de Educación no tiene protocolo de actuación. En el colegio de Anahí Benitez, que era como un hogar para Anahí, una comunidad muy comprometida en medio de esa trama educativa, esta niña que había sido buscada durante 10 días por todo el colegio, apareció muerta en un lugar donde ya habían buscado, y no se había hecho nada. Fuimos nosotras a hacer una ceremonia colectiva de conversación, debate, duelo, reparación si se quiere. Es la sociedad la que construye la justicia en estos casos. Discutir todo esto no es obligación para el Estado”.

Campañas masivas, fiscalías especializadas en todas las localidades y un shock de capacitación de la Ley Micaela, pide Claudia. “Que el Estado intervenga permitiría que cada femicidio se reconvierta en una posibilidad de conversar para también evitar estas violencias”.

El libro de Claudia Acuña, recientemente publicado, se llama «No estás sola». ¿Qué significa? “Es un grito social”, dice quien además de ser parte de la cooperativa de prensa La Vaca, integra el colectivo «Periodistas Feministas Argentinas». Y resume con una frase que es también la foto de las 14 marchas realizadas en cuarentena: “A pesar de todos los contextos, nosotras siempre vamos a estar juntas. Y eso es lo que está sucediendo”.

¿Dónde pedir ayuda?

PRIMERA PARTE: Hubo justicia pero sigue el dolor

SEGUNDA PARTE: Cartografía del femicidio

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