Dos jóvenes muertos y un agente de policía herido de gravedad es el resultado de un oscuro procedimiento policial que tuvo lugar el último 30 de agosto en La Pluma, un barrio popular de la localidad de Alcorta. Con la investigación en curso, lo que sigue es parte de una crónica con final abierto, donde la pólvora se cruza con el negocio de la violencia y la sangre de los pibes.

 

Tal vez, algo en el mediodía del último domingo de agosto supo anticipar el estallido de la pólvora, y de la sangre, cuando los hermanos Nicolás Fernández y Mauricio «Boli» Sosa llegaron en moto a la casa de la ex mujer de Nicolás. Habían compartido un par de horas en El Chanta, el boliche del barrio. En la vereda, Mauricio discutió fuerte, a su modo siempre, con un vecino, y –dicen- que alguien llamó a la policía. Así lo marca también el parte oficial de la Fiscalía Regional 2º del Ministerio Público Fiscal: «se da aviso al 911 sobre gresca entre vecinos de la zona, haciéndose presente móvil policial con dos efectivos a bordo». Allí llegaron los agentes Joel Sánchez y Jonatan Bermúdez.

En ese punto, la crónica es confusa: hay quien dice que la discusión había terminado. Otros, que la situación se espesó, y las hermanas de Sosa y Fernández intervinieron para calmar los ánimos. En mitad de la calle, Sánchez amenazó a «Boli»: «Me tenés podrido. Te voy a meter un tiro, no me cuesta nada». La respuesta fue rápida: «si yo caigo, vos también caes». El propio Sánchez le pidió a una de las hermanas de los jóvenes que los mande para la casa, a dos cuadras escasas. Hasta ahí los siguió la patrulla.

En el interior de la casa de Liniers e Independencia todo se hace más vertiginoso. Hay menos testigos y más precisiones. Para Fiscalía, «Sosa y Fernández forcejean y golpean a los efectivos policiales». Las hermanas certifican esos forcejeos. En la casa está también la mujer de uno de los hombres, de 16 años, y un par de niñas de 1 y 2 años. Los policías intentan arrastrar a Sosa hasta la calle para subirlo a la patrulla. En el forcejeo se cae la escopeta antitumultos de Sánchez. Mauricio es fuerte, escapa, a pesar de los tragos que tiene encima. Vuelve al interior de su terreno, donde Bermúdez lo sujeta. Lo golpean hasta que se entrega: «Listo, ya está, llevame». Entonces lo ponen de cara contra la pared de la casa.

El primer informe de Fiscalía dirá que «en ese contexto, se dispara el arma antitumultos que llevaba uno de los efectivos policiales produciéndole una herida grave en zona de rostro». Lo cierto es que Nicolás toma la escopeta caída segundos antes. Su hermana le pide que baje el arma, que están los chicos. Sánchez la golpea y es entonces cuando Nicolás carga el arma y dispara. El policía se toma de una media sombra, pero no cae, mientras Fernández le advierte a Bermúdez: «soltá a mi hermano o te vuelo las pelotas».

Fiscalía resume en doce palabras el vértigo que sigue: «se efectúan disparos hacia Sosa y Fernández que derivan en su fallecimiento». Los vecinos son menos precisos: «se escucharon como veinte balazos, o más», «me metí adentro y le dije a mis pibes que no salgan». Sánchez saca su arma reglamentaria y dispara ocho balazos contra Nicolás, que cae muerto bajo una ventana. Una pibita sale corriendo por la vereda. «Boli» está de cara a la pared. Recibe cinco balazos y se derrumba contra una canilla. Bermúdez lo da vuelta, le disparan un sexto balazo en el pecho. Todo ocurre en pocos segundos.

Después, los policías suben al patrullero. En el SamCo brindan atención a Sánchez, y lo derivan al Hospital Laprida de Rosario. En Liniers e Independencia no hay atención médica. Bomberos y vecinos cargan los cuerpos, que llegan al SamCo y de allí al Instituto Médico Legal de Rosario para las autopsias. Nicolás tenía 22 años; Mauricio, 28 años.

No hubo (no hay al momento de escribir estas líneas) una sola declaración pública de los referentes políticos de las distintas fuerzas de la localidad. La vida y la muerte –violenta- de nuestros pibes y pibas no merecen una sola palabra de quienes se proponen, periódicamente, para dirigir los destinos de la comunidad. Todo esto en un marco de violencia institucional que en los últimos años se cobró la vida de centenares de jóvenes santafesinos.

Profecías

La noticia sobre la muerte de Nicolás Fernández y Mauricio Sosa a manos de dos policías que prestan servicios en Alcorta sacudió a nuestra comunidad y a la región. El historial violento de los jóvenes recorrió las redes sociales, y la mayoría de los medios de difusión se debatió entre multiplicar los prejuicios y el silencio, sin dar contexto a la realidad concreta e histórica que desata el nudo de la violencia. No hubo (no hay al momento de escribir estas líneas) una sola declaración pública de los referentes políticos de las distintas fuerzas de la localidad. La vida y la muerte –violenta- de nuestros pibes y pibas no merecen una sola palabra de quienes se proponen, periódicamente, para dirigir los destinos de la comunidad. Todo esto en un marco de violencia institucional que en los últimos años se cobró la vida de centenares de jóvenes santafesinos.

Los días posteriores a la balacera, el presidente comunal de la Alianza Cambiemos, Rubén Ranzuglia, habló en varios medios, sinceramente compungido pero errante: ¿dónde no se entiende que ningunear políticas de contención social desde el arte, el deporte, el trabajo, también carga las armas que disparan las violencias? ¿Dónde no se llega a pensar que la desarticulación de las pocas políticas locales que abordaban estas cuestiones multiplica las balas ante la ausencia no ya de un futuro, sino simplemente de pensar –a duras penas- que hay un día después?

¿Nadie pudo prever estas muertes? ¿Nadie las sufrió como profecía o como pesadilla?

Cinco años atrás, en octubre del 2015, una veintena de instituciones, organizaciones sociales, grupos de vecinos, referentes políticos, culturales y religiosos elaboraron en Alcorta una declaración pidiendo «un plan de acción política en el área de seguridad pública, amplio y diverso, que respete los valores democráticos (…) una seguridad pública verdaderamente democrática que albergue, y no expulse. Que prevenga, antes de condenar. Que cuide y proteja a todos», decía la declaración suscripta, entre otros, por Agrupación Vecino, Biblioteca Popular Belisario Roldán, Ni Una Menos Alcorta, PAMI Alcorta, el Museo Comunal, Amsafe y el Taller de Música del Galpón del Ferrocarril, entre otros. Aquella declaración, aquella propuesta de pensar la vida y la muerte en estos arrabales cayó en saco roto.

Allí se planteó también el rol de los medios de difusión locales como «el principal espacio de legitimación de políticas autoritarias». Tal vez, haya sonado la hora en que estos vociferantes de la mano dura entiendan que la sangre estalla, salpica y no es joda. No condenar la violencia, no condenar el atropello de los derechos de todos y todas, pedir a gritos o solapadamente la pena de muerte, es también cargar el arma donde revienta la pólvora.

En los últimos seis años, de 2014 a 2019, la provincia registró 81 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Nueve de cada diez muertos fueron varones. Tres de cada cuatro víctimas no llegaban a los 30 años. La última actualización mensual publicada por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio Público de la Acusación puntualiza: «un dato importante que se releva a nivel de la provincia de Santa Fe tiene que ver con la cantidad de víctimas de homicidios que resultan de usos de la fuerza por parte de miembros de fuerzas de seguridad. Durante los primeros ocho meses del año 2020 se registraron ocho casos, un número que supera a los observados para el mismo período de 2017, 2018 y 2019»

¿Nadie pudo prever estas muertes?

La investigación judicial

Una semana después de las muertes de Sosa y Fernández, el Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, señaló que «en el caso de Alcorta, las dos personas fallecidas agredieron de manera violenta a los policías. A uno de ellos le pegaron un tiro y le volaron la mitad de la cara. Él es el que mata a las dos personas. El segundo sujeto, además estaba moliendo a palos al otro policía que estuvo tres días internado. Si esto no es legítima defensa yo soy Maya Plisetskaya bailando».

En diálogo con el periodista José Maggi, Saín consignó también que «la justicia se expidió, y visitó el viernes a este policía que tiene la mitad de la cara volada por un escopetazo. Hay que tener cuidado a qué llamamos violencia institucional. ¿Es la legal o la ilegal? Porque en este caso estamos claramente frente a un hecho de violencia institucional legal. Si no, estamos confundiendo el artículo 64 del Código Penal, de legítima defensa».

No explicó cómo un llamado al 911 «por una gresca entre vecinos» terminó con dos jóvenes cosidos a balazos dentro de su casa. Algo similar a lo ocurrido en Venado Tuerto, donde transgresiones menores terminaron con pibes baleados: la prohibición de realizar encuentros sociales derivó en un escopetazo en el pecho de Facundo Vaca, de 19 años, todavía internado; una infracción de tránsito selló la muerte de Lucas Cabral, de 22.

La fiscal adjunta Analía Saravalli, de la Unidad Fiscal de Villa Constitución -que por el momento no concede entrevistas- está a cargo de la investigación de las muertes en Alcorta. Fuentes de Fiscalía señalaron a este medio que «se está en etapa de toma de testimonios, las medidas están en reserva». La fiscal solicitó «se envíen acta de procedimiento por parte de la policía de Alcorta», mientras espera el resultado de las pericias balísticas a las armas policiales secuestradas «para determinar la trayectoria de los disparos». Esa pericia está en manos de Gendarmería Nacional.

Tal vez, algo en el mediodía del último domingo de agosto supo anticipar el estallido de la pólvora, y de la sangre. Vecinos y vecinas dirán que «se veía venir, el Boli andaba en la mala».

Pero advertirán también, que «la mala» en el barrio La Pluma, de Alcorta, tiene dueños y clientes: «por acá desfilan siempre las chatas caras y los autos del centro para ‘comprar’. Y también viene, siempre, la policía».

 

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