Por Mauricio Manchado (CONICET / UNR / La Bemba del Sur)

El 12 de Marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la expansión del Covid-19 como pandemia. Durante esa misma jornada, gran parte de los Servicios Penitenciarios de la República Argentina suspendieron el ingreso de actores externos -docentes, talleristas, familiares, etc.- a las distintas Unidades Penales con el fin de “proteger” a los/as detenidos/as ante el posible ingreso del virus. Espacios de confinamiento caracterizados por la sobrepoblación, el hacinamiento, déficits en el acceso a la asistencia médica, mala alimentación, y un sinfín de etcéteras, cuya respuesta inmediata fue, por parte de actores políticos y penitenciarios, el cierre de las fronteras institucionales de la prisión. Ante esto, y retomando las recomendaciones de los organismos internacionales (OMS, CIDH, etc.), distintas organizaciones sociales e instituciones públicas como Universidades Nacionales con intervención territorial en dichos contextos, bregaron por una serie de medidas que buscaban descomprimir la situación carcelaria -para determinado conjunto de la población-, evitar una potencial muerte de personas privadas de su libertad que corrían alto riesgo en caso de infectarse, y contribuir a los tiempos sanitarios que desde las esferas gubernamentales requerían para fortalecer un sistema de salud precario y devastado.

El día previo, en una conversación informal con un alto funcionario del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, y ante la serie de reuniones que comenzaban a gestarse entre integrantes del Ministerio de Salud y actores del Servicio Penitenciario para afrontar el inminente avance del Covid-19 en las prisiones, su definición ante la pregunta sobre cuáles serían los pasos a seguir fue: “rezar”. En aquel momento, no dimensioné la gravedad de la respuesta, que conociendo al interlocutor me pareció no sólo sincera sino también desesperada: no sólo no había ningún plan para afrontar la situación -como sucedió en buena parte de las instituciones-, sino que lo dejábamos librado al azar o, lo que es peor, a un designio religioso que, claramente, se ausenta cuando los problemas adquieren matices reales. Entonces lo que siguió era sino predecible, esperable.

Ante la falta de respuestas concretas de cómo abordar la situación en una población fuertemente vulnerada y expuesta a las consecuencias del Covid-19, su primer emergente fue la huelga iniciada en la Unidad Penitenciaria n° 1 de Coronda el 23 de Marzo, su expansión unos días después a la UP n° 2 de Las Flores -ambas en la provincia de Santa Fe- y la consecuencia de 5 muertes que tendrían poco lugar en las tapas de los diarios locales y nacionales. Por el contrario, adquirió enorme resonancia la campaña de “liberación masiva de presos”, generada por los medios de comunicación hegemónicos luego de la huelga y protesta iniciada en la cárcel del Devoto aquel lejano 24 de Abril.

La imagen de los detenidos en los techos de la otrora “cárcel vidriera” para la dictadura militar, ubicada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, tuvieron más repercusión que los mismos cuerpos en un penal de una pequeña ciudad hortícola del centro provincial, pero además un doble efecto no buscado:

1) propagar una campaña mediática a nivel nacional que, acompañada de las cacerolas del atardecer, provocaron un escenario absolutamente ficticio: argumentar que a lo largo y ancho del país, el gobierno nacional había decidido liberar presos con la excusa de la pandemia;

y 2) paralizar un proceso iniciático de otorgamiento de prisiones domiciliarias a población de riesgo encarcelada.

Sin entrar en el detalle de hipótesis delirantes que iban desde la conformación de patrullas kirchneristas de ex – presos hasta la utilización de dicha mano de obra barata para la expropiación de empresas, fue interesante reconocer cómo en provincias ajenas a la dinámica de las excarcelaciones, se replicaba no sólo el sonido de las cacerolas, sino el incipiente discurso deshumanizador que terminará caracterizando gran parte del proceso pandémico: “¿nosotros encerrados, y ellos libres?’”. Composé de consignas moralizadoras y moralizantes que lejos quedaban de las primeras versiones empáticas de cuarentena donde se argumentaba reconocer, al menos en una pequeña proporción y casi en cuentagotas, lo doloroso de ver restringida la libertad ambulatoria. Y la discusión adoptó tantos matices, que perdimos el foco y las energías debatiendo -desde izquierdas y derechas- los delitos y no los castigos; la espectacularización imperiosa del relato mediático puso el foco en una ínfima cantidad de casos delictivos donde estuvieron involucradas personas ex – carceladas por razones sanitarias, y nada dijeron de quienes no sólo se quedaron en sus casas, sino también promovieron acciones colectivas para cuidar y cuidarse.

En la provincia de Santa Fe, los procesos fueron similares aunque con algunas divergencias temporales. A finales de abril, detenidos y detenidas de distintas Unidades Penales del sur y el centro provincial, comenzaron una huelga de hambre para solicitar el cumplimiento de la provisión de elementos de higiene para el cuidado personal y colectivo en los pabellones, y también para que pudiesen otorgarse prisiones domiciliarias -que no estaban aconteciendo-tanto a la población de riesgo como a “los pasados”. Estos últimos, compuestos mayoritariamente por personas con condena fija -y en cumplimiento de todos los parámetros normativos requeridos por el SP- debían, legalmente, acceder a las distintas morigeraciones de la pena -salidas transitorias, libertades asistidas y condicionales-; pero el tiempo de ello ya se había pasado, en algunas ocasiones antes de la pandemia.

El pedido estaba fundado entonces en la más estricta racionalidad y legalidad: ser cuidados -y al mismo tiempo esto implicaba cuidar a la sociedad en su conjunto evitando una catástrofe sanitaria-, y ser considerados iguales ante la ley, sólo eso. Sin embargo, las respuestas no fueron las esperadas, ya que las condiciones de higiene no mejoraron en los términos demandados, ni tampoco se otorgaron libertades a quiénes estaban en condiciones de hacerlo. Las razones judiciales fueron varias y muchas de ellas irrisorias: un dictamen judicial señala que el fiscal argumenta, para rechazar una ex – carcelación, que el decreto presidencial que el 19 de Marzo determinó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), prohibía la circulación de personas, ergo, nadie podía salir de la cárcel en un camión de traslado del SP para ser llevado a su prisión domiciliaria, o nadie podía salir de la prisión y trasladarse hasta su casa en caso de ser otorgada la libertad. “Y los discursos de verdad que hacen reír y tienen el poder institucional de matar son, después de todo, en una sociedad como la nuestra, discursos que merecen un poco de atención”, señalaba Foucault (2000) en una de sus clases del College de France, y nunca más precisa para pensar aquellos discursos jurídicos.

La huelga terminó por aceptar condiciones mínimas de higiene para no morir de hambre y, a pesar de ello, no fueron aseguradas; sólo basta recordar algunas recorridas por la Unidad n° 11 de Piñero -al ingresar durante los meses de Mayo y Junio para llevar material de estudio a los estudiantes universitarios-, y reconocer la escasez -y reutilización constante- de barbijos para el cuidado personal de los detenidos que realizaban actividades en el penal -indicadas como esenciales- o eran trasladados a una audiencia judicial virtual.

Mientras, fuera de los penales comenzaba un incipiente movimiento que tendría como banderas la libertad individual, el hartazgo y un sinfín de explicaciones conspirativas sobre la pandemia, el uso de barbijos, y el nuevo orden mundial. Mientras, en el corazón del ASPO emergían marchas anticuarentena que no sólo expresaban angustias personales sino un claro posicionamiento político que destilaba odios colectivos difíciles de amalgamar: desde la liberación de presos hasta la reforma judicial; todos argumentos sostenidos como válidos y por los cuales resultaba indispensable atender las libertades individuales por sobre la salud colectiva; mientras, dichas marchas se volvían cada vez más fuertes y virulentas.

Entonces, empezaron a emerger condiciones de posibilidad para un discurso libertario que no fue potestad exclusiva de sectores conservadores sino también de los progresistas. Entonces, se desplegó un inventario no sólo de marchas y cortes -llamativamente apelando una modalidad de protesta que suele tener resonancias significativas cuando lo que se corta es la circulación, en tiempos donde la circulación estaba restringida- que ponían cada vez más en paréntesis aquella pretensión inicial de salida colectiva, de promover marcos posibles para que el sistema sanitario no colapse, de ser respetuosos de los trabajadores de la salud que agotados, sin licencias, enfermos, e inclusive muertos, siguen sosteniendo un “sistema” robustecido instrumentalmente pero depreciado en términos humanos.

Entonces, de izquierda a derecha se generaron -y siguen propiciándose- marchas y encuentros con “malvenidas” o protestas que nutrieron la demanda no sólo de aperturas comerciales y circulatorias, sino también la sensación de que ya “no se puede aguantar más”. Que aquello de no ver a tu familia resulta insostenible, “que esto no es vida”, que encontrarnos en un bar resulta un acto vital impostergable, que la vacuna nos modificará genéticamente, que “mi cuerpo, mi decisión” como lema polivalente que fue del histórico derecho negado a la legalización del aborto a la decisión individual de negarse a una vacuna -cuando sería importante dimensionar que ambos son problemas de salud colectiva, no individual-. Inventario paradójico y aporético de argumentos varios que lejos estaban de contribuir a una situación colectiva en tiempos de excepcionalidad.

Entonces, bajo la insoportable levedad del ser se levantó la bandera de la libertad individual como condición vital ineludible, y ante ella la justificación de una multiplicidad de movimientos que fueron desde la defensa a una empresa quebrada y endeudada -como si fuese un patrimonio nacional que no quiere ser nacionalizado-, pasando por la reapertura de todas las actividades suspendidas -gastronómicos, gimnasios, náuticos, etc.-, hasta el pedido por una ley que cese la indiscriminada, salvaje y destructiva quema de humedales. En todas ellas, parece no haberse registrado el riesgo sanitario implicado, y bajo la justificación de las causas justas -que siempre lo son para quienes las impulsan-, se indistinguieron los grados de violencia -física y simbólica- allí desplegados. Potenciar los contagios, es potenciar la muerte, no sólo de uno mismo, sino la de los sectores más vulnerados, de aquellos a los que el acceso a la salud pública en términos plenos e integrales, siempre fue, como mínimo, un camino tortuoso. No se trata entonces del riesgo individual, sino de los daños colectivos. Hasta aquí, los civilizados de la sociedad libre.

Mientras, los históricamente señalados como bárbaros, violentos, animales, aquella alteridad radical que sitúa la frontera de lo humano, quienes efectiva y materialmente están privados de su libertad ambulatoria y vulnerados en los derechos humanos básicos -esos que no fueron vedados para gran parte de los abanderados libertarios-, apelaron a huelgas pacíficas, mesas de diálogo y pedidos de justicia para, entre notas y banderas (“Tenemos derechos a la vida y a la salud, y nos negamos a morir acá”), dar cuenta de las múltiples injusticias y violencias carcelarias. Esos bárbaros, hace 8 meses que no ven a sus familias; en muchos casos sin poder incluso comunicarse más que telefónicamente y cuando las condiciones permiten establecer el contacto. Y allí no hay clandestinidad posible, ni fiestas ilegales, ni encuentros prohibidos, o salidas permitidas. No, allí el enclaustramiento es la barrera de la concreta desolación de los bárbaros, que ante la inmensa desidia de gestiones políticas que llegaron incluso a prohibir el ingreso de “paquetes” -compuestos por provisiones básicas para la subsistencia del día a día en la prisión-, no sólo no apelaron a manifestaciones violentas sino que siempre pensaron en el bienestar colectivo.

La “visita”, así como se conoce coloquialmente al encuentro que los fines de semana se establece entre el detenido y sus familiares o amigos/as, es uno de los elementos vitales -por no decir el más importante- para soportar el encierro. En la conjunción con una serie de prácticas que movilizan el deseo y la posibilidad de aguantar los sufrimientos del encarcelamiento – un espacio educativo, cultural, religioso o laboral-, el de las visitas familiares se vuelve neurálgico para sobrevivir al encierro. Sin embargo, los bárbaros, los animales, los inhumanos, no sólo aceptaron la medida de suspender las visitas familiares por entender que implicaba cuidarse a sí mismo y a los otros/as sino que cuando, por ejemplo, en el resto de la provincia de Santa Fe se habilitaron los encuentros familiares bajo estrictos protocolos, sólo atinaron a preguntar “¿por qué no es posible elaborar protocolos para el ingreso de las visitas familiares?” Y lo propusieron, pero no tuvieron respuestas. Predominó allí la estrategia del enclaustramiento por la de una progresiva y cuidada apertura que permitiese, al menos, un respiro para lo que era ya entonces, más de 3 meses sin ningún contacto con el exterior más que con los agentes del propio servicio penitenciario.

Luego vino el ascenso irrefrenable de la curva que, no sólo no los tuvo como protagonistas, sino que empezó a involucrar a los responsables de su custodia. Entonces, el covid-19 ingresó a las cárceles no por los actores externos, sino por los mismos administradores de la vida en el encierro; en muchos casos aquellos mismos que habían decidido negar el contacto con el exterior. Y los bárbaros siguieron aguantando, mientras que por fuera de los muros los casos crecían y las actividades se abrían, las marchas seguían, y los encuentros clandestinos se repetían. Difícil descifrar las prioridades de los civilizados, compleja situación que no comprende de excepcionalidades, como la que sí transitan quienes están presos desde el mismo momento en que son encarcelados, por que allí la excepcionalidad es una forma de vida, una regla, como advirtió Walter Benjamin a comienzos del siglo XX.

Y el Covid-19 finalmente ingresó a las cárceles y también contagió a presos/as, y los espacios de aislamiento empezaron a ocuparse -principalmente espacios educativos reinventados para tales fines, generando allí la pérdida y destrucción de objetos y materiales-, pabellones completos a aislarse, y aquella estrategia espiritual de apelar al rezo, finalmente no tuvo el efecto buscado. Sin embargo, no sólo los casos no son parte de las líneas editoriales de los medios, sino que tampoco encuentra por parte de los bárbaros la respuesta esperada. Mientras del civilizado esperamos el razocinio, del animal sólo el zarpazo. Aquí todo sucedió de manera invertida. Y la última expresión de esta dialéctica de la crueldad, aconteció en la provincia de Buenos Aires cuando el sábado 31 de octubre, el Servicio Penitenciario Bonaerense, que ya había aprobado el ingreso de las visitas familiares luego de 240 días sin dichos encuentros, sin esas miradas, sin esos bálsamos para los pesares del encierro, los negó aludiendo decisiones del Ministerio de Salud provincial. Y allí los civilizados volvieron a mostrar su cara más devastadora: unas horas antes de concretar los encuentros, se comunica la desaprobación de los protocolos para las visitas, y la desazón resulta ya inaguantable.

Es que los civilizados hicieron todo lo posible para que los bárbaros, de una vez por todas, cumplan su rol, que actúen desmesuradamente, que tomen los techos, que se violenten, que se pronuncien. Algo había sucedido durante toda la pandemia que los había descolocado, y era que los civilizados, sin espejo bárbaro, comenzaban a verse como tales, como aquello que tanto desprecian, como aquello que no quieren ser ni dejar ser. Los civilizados se dieron cuenta que vivir en la excepcionalidad es tan duro que no es posible el aguante, y que entonces resultaba imprescindible generar razones o simplemente excusas para que los bárbaros sean tratados como tales. Reconocer que la privación de la libertad ambulatoria es asfixiante, que la limitación o destrucción de los vínculos es insoportable, que la imposibilidad de acceder a los Derechos Humanos básicos se eleva entonces, al parámetro de lo inhumanamente posible, los sitúo en otra perspectiva, haciendo acontecer la desnudez. Los civilizados necesitaban entonces un golpe de timón que reforzará las posiciones antagónicas, que devolviese a cada uno a los lugares correspondidos, que justificase, una vez más, la necesidad de reprimir a aquellos animales que ya no soportan la jaula; cuando en realidad lo que no soportan es la irracionalidad de lo humano.

Entonces los bárbaros le dieron una posibilidad a los civilizados de aprender la lección, y quisieron dialogar, encontrar modos no violentos de resolver los conflictos; y recibieron una respuesta muy contundente: quemaron y destrozaron dos centros universitarios -el CUSAM en la Unidad 48 de José León Suarez y el de la Unidad 31 de Florencia Varela-. Los civilizados imponen sus condiciones desde que a finales del siglo XV indicaron a los bárbaros como animales incomunicados, antropofágicos, impúdicos, anticristos, sin espadas. Y ahora los civilizados se visten con otros ropajes, y marchan, y enarbolan las libertades individuales como la coraza que oculta las desigualdades sociales; y se generan las condiciones de posibilidad para que el golpe no parezca tal, legitimándose. Y los bárbaros son reprimidos, mueren, y siguen sin respuestas.

Y en la provincia de Santa Fe las versiones ya confirmadas de proyectar el regreso de las visitas familiares en los próximos meses encuentra en los bárbaros una afirmación inesperada para los civilizados: “tenemos que ser prudentes y no generar expectativas”, me dice un delegado de pabellón de una cárcel rosarina, “hace mucho tiempo que anhelamos esto y si nos dicen que no a último momento, la decepción sería muy grande”; casi como un gesto anticipatorio y visionario aquellas palabras fueron pronunciadas tres días antes de lo desencadenado en la provincia de Buenos Aires.

Así, en un año excepcional, donde todas las desigualdades y miserias humanas recrudecieron mostrando su cara más oscura, donde el clasismo y el racismo se unieron para adquirir una condensación inusitada, donde la humanidad debió estar a la altura de una sociedad más humana, no sólo encontró a los civilizados con su fracaso más absoluto, sino a los bárbaros dándonos una lección de cómo, a pesar de vivir en condiciones inhumanas, de ser calificados como el sobrante o el descarte, existen todavía otros modos de construir sociedades, más justas, solidarias y soportables de manera colectiva. Por todo esto y mucho más, propongo que recordemos este año como aquel en el que los bárbaros aleccionaron a los civilizados y, por qué no, reflejaron la fragilidad de nuestra cada vez más degrada condición humana.

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