Perdieron familiares en distintos tipos de violencia y en siniestro viales. Hoy forman una cooperativa como salida colectiva a la pérdida de trabajo por dedicarle años a seguir una causa judicial. 

“No puedo entender que si hay más policía va a ser mejor, si con esta policía sabemos qué no puede ser mejor”, dice Gabriela Vega. El 9 de marzo de 2014 su hermano -Juan Manuel, 29 años- fue asesinado en barrio Las Delicias con una puñalada en el pecho por un chico de 17 años que había insistido en venderle un par de cosas robadas. Aquel 2014 había arrancado con 64 homicidios en los primeros tres meses en el departamento Rosario, una alarma que marcaba la constante con los 271 de 2013. En ese contexto, un mes después del asesinato de Juan Manuel, miles de efectivos federales -Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Policía Federal- llegaron a la ciudad presentados como la carta necesaria para poner un freno a la violencia. En estos seis años y más Gabriela vio cómo, aun con los altibajos en las estadísticas, las muertes violentas siguieron marcando a Rosario. Y vio también cómo el arribo de fuerzas federales, la creación de divisiones policiales especializadas, las declaraciones de emergencia en materia de seguridad, y por consiguiente el aumento de presupuesto para dicha cartera, se reiteraron como respuestas a mano.

Gabriela, una de tantas familiares de víctimas de la violencia de los últimos años en Rosario, transitó gran parte de este proceso junto a otras personas que vivieron historias similares. Primero se encontraron, luego siguieron adelante juntas y desde hace tres años integran la cooperativa Pariendo Justicia. Son todas mujeres, trabajan en servicios de limpieza y en producciones textiles que venden en ferias. También se acompañan en sus experiencias de duelo y resiliencia y proponen nuevas discusiones para una ciudad que está en permanente tensión por la violencia urbana. En Pariendo Justicia se cruzan casos que hablan de la amplitud de esta problemática, y este grupo de mujeres alcanza conclusiones que no siempre caen bien o logran adhesión. “Se ve que Rosario no sangra cuando los pibes de los barrios son asesinados. No tenemos el apoyo de toda la sociedad, y no toda la sociedad se indigna”, analiza Gabriela.

El punto en común de todas las historias que integran Pariendo Justicia es que se vieron obligadas a alzar sus voces ante la dilación judicial en las investigaciones de cada hecho. Pero hay particularidades que atraviesan a cada una. El caso de Juan Manuel Vega, por sus características, podría acomodarse en la lista de víctimas de la llamada inseguridad como concepto reducido a hechos de robo o derivados. Lo mismo para otras dos integrantes de Pariendo Justicia, familiares de David Peralta y Esteban Corso, víctimas de siniestros viales. Desgracias que no suelen tener obstáculos al momento de reclamar justicia, por el hecho de reunir el apoyo de la opinión pública en general. Otros casos, en cambio, padecieron la indiferencia y cierta apatía tan funcional al olvido y el silencio. Las historias de Diego Burgueño, Nicolás Brambilla, Rubén Candia, Walter Mena y Beto González refieren a desenlaces fatales por peleas absurdas, traiciones por un arma, venganzas erróneas o balazos por no ceder a las presiones de narquitos de pasillo. Acaso un mapa artesanal que da cuenta que la violencia en Rosario, y sus consecuencias, nunca fue lineal ni fácilmente catalogable. Acaso una sugerencia de lo que este colectivo tuvo que procesar para que el hecho de parir justicia no costara a unas tanto más que a otras.

“A veces si no pasa no lo entendés, o no te acercás. Entonces cuando te pasa es una búsqueda desesperada de ver qué hacés y adónde vas, ves una marcha y vas. Por ahí empatizás, por ahí no”, explica Gabriela. Y después aquello de la distancia con otras historias de pérdidas: “A nosotras nos pasa que estamos muy solas porque tenemos otra mirada de lo que es la seguridad, que para nosotras no es ni más policías en las calles, ni penas más duras, entonces otros familiares de víctimas nos van corriendo o nosotras nos vamos corriendo. No es fácil militar eso”. Un ejemplo concreto: Nicolás Brambilla, 19 años, fue asesinado a balazos en inmediaciones de un búnker de drogas en la zona de Garibaldi y Patricias Argentinas en 2013, época en la que ese segmento de pasillos se había delimitado como terreno de disputas como antesala de una seguidilla de homicidios que continuó los años siguientes. El caso de Nicolás -joven y de barrio Las Delicias, sumado a las características y contexto de su muerte- pudo aplicar en el catálogo de muertes naturalizadas por la repetición de tantas similares. Aquellas que, como dice Gabriela, no generan una indignación generalizada en la sociedad.

En agosto de 2016 una serie de homicidios resonantes en muy pocos días motivaron a la movilización “Rosario Sangra”, donde miles de manifestantes poblaron las calles de la ciudad en rechazo al aumento de la violencia. Familiares de víctimas de hechos muy diferentes -robos, ajustes vinculados al mundo de las drogas, violencia policial o violencia machista- se unieron en un reclamo que transcendió pero muy abstracto. El pedido de seguridad, sin más, decantó en la respuesta clásica: Miguel Lifschitz y Patricia Bullrich, entonces gobernador y ministra de Seguridad de la Nación respectivamente, pusieron la firma a un nuevo arribo de fuerzas federales, y en el municipio el Concejo aprobó la Emergencia en Seguridad Pública con la que se destinó cien millones de pesos a la compra de instrumentos policiales y de vigilancia. En esos años, y en una sintonía no casual, en el aumento de la violencia generaliza se había reflejado un incremento en las víctimas letales a manos de las fuerzas de seguridad: 13 en 2014, 19 en 2015 y 9 en 2016 según los registros del Ministerio Público de la Acusación. Hechos que motivaron el activismo de movimientos de derechos humanos y el encuentro de familiares de los pibes asesinados por la policía. Las mujeres que al tiempo se encontraron en Pariendo Justicia notaron que tanto en un fenómeno como en otro ellas habían perdido lugar. Como si entre ambos extremos hubieran quedado espacios indefinidos.

Eso por eso que, por un lado, Gabriela dice que Rosario no sangra tanto cuando los pibes de los barrios son asesinados: “Rosario Sangra fueron indignaciones selectivas, a partir de determinados casos. Eso es triste como cuando vemos que una mamá convoca una marcha por su hijo y va su familia, dos amigos y tres o cuatro familias más”. Lo paradójico se hizo lugar porque fue la sangre joven y de los barrios la que acumuló los índices de homicidios más altos de la ciudad.

En cuanto a la violencia institucional, aun con las coincidencias que mantienen la cercanía con los movimientos de derechos humanos, Pariendo Justicia parece necesitar que se amplíe el encuentro. “Siempre decimos que no entramos en ninguna nomenclatura. Insistimos en que deberíamos estar todos juntos. Todos somos violentados por las instituciones que podrían resguardar a los pibes para que no los caguen matando”, dice Gabriela.

Es cierto que el concepto de violencia institucional permite, por su amplitud, abarcar a otras instituciones del Estado además de las fuerzas de seguridad. Pero incluso dentro del accionar policial delictivo, puntualmente, se encuentran prácticas que muchas veces forman parte de los contextos de asesinatos entre civiles. La sombra de la inacción o la complicidad policial se asoma en muchísimas historias de la Rosario violenta narrada en las tramas de la narcocriminalidad. Y es esa característica la que, más allá de quién apriete el gatillo, desarma las categorizaciones. Es necesario, por un lado, problematizar en las dinámicas de los asesinatos policiales, y en los procesos judiciales posteriores. Tan necesario como entender que en otros homicidios no vinculados a la policía hay entramados que salpican a la deficiencia o complicidad de comisarías y otras áreas policiales.

“Los medios de comunicación también nos violentan cuando ponen tanto énfasis cuando matan a un pibe que era trabajador, y no cuando matan a otros por otras cosas. No culpamos a los medios, pero así hacen parte de una indignación selectiva”, dice Grabiela y extiende el debate. Después cita lo que entiende como un fenómeno con relación directa: el aumento de casos de linchamientos en la vía pública, hechos que logran legitimación social cuando en las noticias se habla de “arresto civil”. En las últimas semanas se reiteraron casos de ladrones atrapados por civiles, pero que también son golpeados e incluso hubo ataques que fueron fatales.

Siniestros

Lucila Pavón perdió a su hermano en un siniestro vial. Se llamaba David Peralta, tenía 20 años, el 9 de enero de 2016 iba en su moto cuando lo impactó un hombre que manejaba un Renault 12 y que escapó del lugar sin asistirlo. David falleció cuatro días después, y en esos días de espera y angustia su familia empezó a moverse para dar con el conductor del auto. “Supimos quién era, qué hacía, que estaba con arresto domiciliario por robo calificado y por tirotearse con Gendarmería”, dice Lucila. Esa información, asegura, la obtuvo la familia y no fue producto de la investigación de Fiscalía. “El fiscal nos decía que no iba a imputar porque faltaban pruebas, pero había falta de interés, había muchas falencias en la causa”, dice. Al tiempo aparecieron las pruebas y el hombre fue condenado mediante juicio abreviado a tres años de prisión efectiva.  “Para aceptar lo único que pedimos fue que presentara que las salidas laborales iban a ser efectivas, y que hiciera un curso de vialidad”, cuenta Lucila.

“Todo lo que hacía lo hacía por mi mamá, para mantenerla activa”, dice y agrega que su mamá pasó momentos muy difíciles en esos tiempos en los que al dolor de la pérdida se sumaban las decepciones en la pelea por justicia. La causa judicial se cerró, la familia acampó en Fiscalía y lograron reabrirla, cambiar el fiscal y llegar a juicio. En su relato Lucila cuenta con cierta naturaleza eso de no haber encontrado respuestas en Fiscalía, de haber tenido que acampar en la puerta, de haberse encadenado en los tribunales. Es lo que muchos familiares de víctimas de distintos tipos de violencias tuvieron que hacer como única alternativa ante la desolación.

Lucila sabe que eso no es natural, pero también que hay maneras de evitar pasar por ese tipo de situaciones: “Si tenés plata podés pagar un abogado que puede conseguir otro trato. Pero nosotros íbamos a Fiscalía y el fiscal no estaba, nos decían vuelvan en una o dos horas, y nosotras teníamos que dar vueltas porque no podíamos sentarnos a tomar un café”. Las condiciones económicas de la familia no se adecuaban ni a los tiempos ni a las formas de la Fiscalía. Lucila recuerda la primera vez que fue a un abogado: se tomaron un colectivo para ir y volvieron caminando para no gastar.

Esta familia encontró en Pariendo Justicia la contención para todo el proceso alrededor de la causa, y también la posibilidad de proyectar con la cooperativa. Lucila dice que en este colectivo se logró el acompañamiento de los familiares sin importar las causas de las pérdidas: “Por el hecho de que lo vemos como la pérdida de un ser querido, de la forma que sea. Es una pérdida y tratamos de acompañar porque entendemos ese dolor”.

La cooperativa

La muerte violenta de un familiar suele tener varios caminos paralelos. Principalmente el del duelo, y en ocasiones el que se emprende cuando se decide participar activamente del proceso judicial cuando hay una investigación en curso. Ese último lleva, muchas veces, a encontrarse con personas con historias similares y ahí surge otro camino que es el de la organización. Algo así como lo que atravesó Pariendo Justicia, que en su andar detectó otro camino: el de la subsistencia económica cuando mantener un trabajo a diario se vuelve complicado. Más aun cuando todos estos hechos se dan con una serie de vulnerabilidades previas. Como lo explica Gabriela: “La mayoría venimos de barrios populares, somos mujeres trabajadoras y pobres, cuesta todo muchísimo más”.

El colectivo nació con la contención y la justicia como horizonte, pero a la par fue apareciendo ese otro punto en común que fue la necesidad de laburar. “Muchas veníamos del trabajo informal, y en la búsqueda de justicia quedábamos sin laburo. Nadie puede sostener esto si no trabaja en un lugar donde se reconozca una licencia, entonces fuimos quedando sin laburo”, dice Gabriela y opina que la búsqueda de justicia no es para todos iguales y por eso para algunas personas se vuelve un proceso tan largo que a veces parece eterno. “Cada vez que recurrimos al Estado nos ofrecieron algunos subsidios, como si con eso pudiéramos subsistir o como si fuera lo que buscábamos. Entonces pensamos en juntar todas las voluntades, ya que éramos emprendedoras, y formar una cooperativa”, y así surgió una nueva etapa de Pariendo Justicia.

“Como la mayoría sabíamos coser y teníamos maquinitas familiares la cooperativa iba a ser textil. Pero como se involucró la Municipalidad nos propusieron hacer limpieza”, explica Gabriela. Hoy hay dos integrantes trabajando en la sede de ATE Rosario, y dos en la sede del club Central Córdoba. El resto trabaja en el rubro textil que ofrece en ferias de la ciudad.

El año 2020 transitó con las complicaciones generales que implicó la pandemia de Covid-19, y ese fue otro desafío. Primero el aislamiento obligatorio y la imposibilidad de vender en las ferias, y ahora el retorno que se complica: “Lo sostenemos como podemos, porque los impuestos nos los cobran como si fuéramos empresarias que no somos. Entonces la remamos en dulce de leche”. Estos meses los bancaron también con donaciones de alimentos para repartir a los familiares de víctimas que atraviesan situaciones económicas más complicadas. Y el pedido de todas es el de laburo y herramientas, sobre todo máquinas de coser para reemplazar las que tienen, ya bastante castigadas. La idea es sostener la cooperativa, que es también sostener todo lo demás que implica parir justicia.

 

 

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