Madre e hija piden que se anule una condena que recibieron por infracción a la ley de drogas. Tenían tres plantas de cannabis en su casa de Vicente López y por unos mensajes de WhatsApp las relacionaron al narcomenudeo. Organizaciones cannabicas activaron una campaña de difusión para visibilizar el caso, contextualizado en una tendencia del poder judicial a criminalizar mujeres.

“Ya no es una pesadilla. Porque cuando te levantás todos los días y sigue siendo la misma realidad ya es una tortura más que una pesadilla”. Denise Moruzzi, 42 años, y su hija Luciana, de 20, fueron condenadas en un juicio abreviado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa. En abril de 2019 les allanaron su casa de la localidad de Vicente López, del Gran Buenos Aires, por una investigación vinculada a otro tema y les encontraron tres plantas de cannabis en el patio. Los mensajes de WhatsApp detectados en uno de los celulares secuestrados fueron considerados como evidencia de infracción a la ley de drogas. Las mujeres aseguran que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades y que las plantas eran para consumo personal, como un tratamiento casero para depresión y estrés crónico. Después de una huelga de hambre en la cárcel lograron el beneficio de la prisión domiciliaria. Por estos días, acompañadas por organizaciones cannabicas después de muchos meses en soledad, esperan anular el fallo en Casación. “Somos esto que ven, no somos ni Pablo Escobar ni Griselda Blanco, somos Denise y Luciana, y teníamos tres plantas en casa”, dijo Denise en contacto con Enredando.

Denise recordó el comienzo del 29 de abril de 2019: fue a trabajar, como cada día, a cuidar a un nene a una casa de familia. Hasta que un llamado de su hija cortó con la rutina. La policía había allanado la casa, estaban ahí por una investigación por fraudes con tarjetas de crédito, pero vieron las plantas. Una vez en la casa Denise vio cómo los policías empezaron a entrar y salir, a hacer llamadas, a demorar el despliegue del operativo que había rodeado la casa con patrulleros. Revisaron y pusieron todo lo secuestrado sobre la mesa: las plantas arrancadas de raíz, un par de pipas, una balancita, y tres bolsas de ziploc con una sustancia blanca. Hicieron posar a Denise y Luciana al lado de la mesa. Después click: la foto. La investigación por fraude, nacida por una denuncia contra un amigo de Denise que había utilizado su domicilio, mutó a un allanamiento por drogas.

“Vicente López contra el narcomenudeo”, titularon las noticias locales que subieron el parte policial. Su desarrollo: “Tras una denuncia anónima y después de precisas y discretas tareas de inteligencia, efectivos de la DDI Vicente López y personal del Comando de Patrullas del Municipio de Vicente López lograron desbaratar un puesto de venta al menudeo de sustancias ilícitas. El allanamiento, ordenado por la fiscal Dra. Marcela Semería, se efectuó en la vivienda ubicada en la calle Gervasio Méndez al 2000, Florida Oeste, en la unidad funcional situada al fondo de un PH y arrojó como resultado la detención de dos mujeres y la incautación de drogas y elementos para su fragmentación y comercialización. Las detenidas Diana Denise M. y Luciana M., de 41 y 19 años respectivamente, fueron puestas a disposición de la justicia. Además, se secuestró un kilo y medio de cocaína, cuatro plantas de marihuana, semillas, pipas, dispositivos de corte, una balanza de precisión y seis celulares”.

“Unas bolsas con sales de epsom, bórax y ácido cítrico que con mi hijo queríamos hacer bombas de baño. No le hacen test, porque era obvio que no era cocaína”, asegura Denise. Ella explica que en el expediente judicial no se mencionó más el asunto de esas sustancias, y que fue insostenible hacerlo pasar por cocaína. Asimismo, no puede ahondar con precisión porque en todo este tiempo de proceso aún no pudo acceder al expediente más allá de lo poco que le fueron informando sus defensores públicos.

“Tres plantas, no me encontraron una hectárea”, dice Denise. Ella pensó que todo iba a quedar ahí, y esa fue la idea durante unos meses de relativa tranquilidad hasta que en julio de 2019 la policía volvió a la casa y las detuvo. En los celulares que habían secuestrado encontraron unos mensajes que fueron el motivo para todo lo que continuó después: la prisión y la condena. “Son mensajes con amigos de toda la vida, no hay videos, no hay fotos, no hubo gente en la puerta haciendo fila, llevamos veinte años en la misma casa”, dice Denise y contradice a la primera versión oficial: “No tenemos denuncia previa, no hubo un seguimiento”.

“Yo me doy cuenta que por mi pobreza hay un montón de cosas a las que no tengo acceso. Una de ellas es la copia de la causa. Cómo puedo defenderme o facilitar a la gente que me quiere dar una mano para ver de qué me acusan, para ver si nos podemos agarrar de algo”, cuenta Denise. En cuanto a los defensores públicos refiere que siempre se manejaron con cierta distancia. Incluso la condena en juicio abreviado fue por sugerencia de su defensor, para después pedir la prisión domiciliaria y pelear la anulación desde ahí. “A nosotros nos pareció mejor que estar en un penal”, cuenta Denise, pero aun así el tiempo pasó y las buenas no llegaron.

El apoyo clave

Denise agradece el acompañamiento de organizaciones cannabicas y feministas que están acompañando su caso y el de su hija: “Son las que llevan nuestra bandera, visibilizando lo que estamos viviendo para que no nos condenen sin conocernos”. Así pudieron romper un cerco que las había mantenido en soledad. Desde Red Feminista Cannábica, Mujeres y Cannabis Argentina, Asociación Cultural Jardín del Unicornio, Cannabicultores del Sur, Ni Una Menos en las Cárceles También y otras organizaciones y colectivos iniciaron una campaña de difusión para visibilizar este caso, contextualizado en una problemática que tiene el trasfondo de las persecuciones que habilita la ley de drogas.

En un comunicado las organizaciones expresaron: “Durante todo el proceso judicial se ha ejercido violencia institucional mediante discriminación y estigmatización por parte de los operadores de justicia respecto de su consumo de cannabis, quedando así evidenciado que las autoridades judiciales no cuentan con capacitación sobre derechos humanos, perspectiva de género y reducción de riesgos y daños. A lo anterior se suma la negación de derechos y una serie de violaciones a sus garantías judiciales, ya que desde un inicio sus datos personales fueron difundidos y acusadas de producción y comercialización de estupefacientes con valoraciones de la prueba que ellas desconocen. A la fecha no han podido acceder al expediente. Tampoco conocieron los recursos o actos procesales posibles de defensa que tenían, dejándolas así en serias condiciones de vulnerabilidad e indefensión”.

Denise dice que en su paso por prisión conoció varios casos de otras mujeres que estaban en situaciones similares, detenidas por un par de plantas, o con evidencias muy precarias para sostener grandes acusaciones. Casos testigos de una problemática que las organizaciones resumieron así: “En Argentina y América Latina existe la tendencia ininterrumpida y preocupante en las últimas décadas del aumento en el encarcelamiento de mujeres por delitos vinculados a drogas. De acuerdo con cifras del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el país, entre 2015 y 2018, se incrementó en casi un 35% la población de presas por ese motivo. En 2017 en Argentina 1.561 mujeres estaban encarceladas por delitos tipificados en la ley 23737, lo que representa el 43,6% del total de las mujeres presas, la mayor parte cometió delitos no violentos e infracciones de menor escala, como cultivo, tenencia simple o transporte, de las actividades menos peligrosas y con menor impacto en el mercado de las drogas”.

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