Un adolescente de 16 años a fines de diciembre de 2020 ingresó a un hospital de Villa Constitución donde fue sujetado de pies y manos por orden de un psiquiatra y a las semanas falleció. Su familia y organismos de derechos humanos denunciaron violencia institucional y piden esclarecer las causas de su muerte. Un caso que expone irregularidades en el Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Imagen de portada: Giye Guiye

El 22 de enero pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos difundió un comunicado en el que dio a conocer el fallecimiento de Ángel Colazo, un chico de 16 años de la ciudad de Villa Constitución que el 30 de diciembre de 2020 había sido trasladado por la policía al Hospital SAMCO de esa localidad. En esa institución fue recibido por un psiquiatra que ordenó su internación. “Fue atado de pies y manos, permaneciendo en esa situación durante el lapso de cinco días. Indefectiblemente este accionar estatal empeoró y puso en peligro la vida de Ángel. El 15 de enero el adolescente tuvo un paro cardíaco que lo dejó en un coma profundo. Lamentablemente el 21 de enero nos enteramos de su fallecimiento”, decía el comunicado. A partir de entonces se abrió una investigación en la Fiscalía de Villa Constitución por una muerte dudosa, sobre la cual se sospecha que el joven fue víctima de torturas y sobremedicalización.

¿Qué puede haber peor que la muerte de un adolescente en esta situación? Tal vez el hecho de que tal desenlace haya sido anunciado. Sin ir más lejos el 20 de enero la APDH había presentado una denuncia al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “procedimientos irregulares que pudieran configurar el delito tipificado de torturas” y que podían ocasionar la muerte del chico.

“Cuando la policía lo trasladó al hospital fue recibido por el psiquiatra Leonardo Steiner y esta persona ordenó la internación con una modalidad que viola todos los protocolos de salud mental, que es la sujeción de pies y manos a una cama, al mismo momento que ordenó medicación para sedarlo”, explicó a enREDando Federico Pagliero, abogado de APDH que acompañó en esos días a la familia de Ángel Colazo.

“Los primeros cinco días estuvo atado, después lo desatan pero comenzó a complicarse su salud, tenía fiebre, caminaba con debilidad y el 9 de enero tuvo una crisis. La policía y personal del hospital lo derivan a terapia intensiva, lo sedan y lo entuban”, relató Pagliero. Desde el hospital, según contaron medios de comunicación de Villa Constitución, aseguraron que al chico lo amarraron como respuesta a “arrebatos de violencia que tuvo desde el momento de su internación”. En tanto desde la delegación local de la Secretaria Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia intervinieron para que el chico fuera desamarrado.

El 15 de enero desde el hospital le comunicaron a la familia de Ángel que el chico había padecido un paro cardíaco que lo dejó en coma. “El 20 de enero hacemos la denuncia y el 21 se declara la muerte cerebral de Ángel con grado irreversible”, explicó el abogado, quien agregó que a partir de entonces ante las sospechas por las causas de ese desenlace “ocurrieron hechos vergonzosos”. “Su mamá pidió que lo desconectaran para que se le hiciera una autopsia, pero en el hospital le dijeron que no lo iban a desconectar porque tenían que esperar la orden de la Fiscalía”, contó Pagliero. Sin embargo, según el abogado, la Fiscalía nunca había dado esa orden y la decisión de no desconectar a Ángel, como lo pedía su madre amparada en la “ley de muerte digna”, fue del hospital.

Lo que continuó fue la presentación formal de la mamá de Ángel mediante un pedido escrito para que desconectaran a su hijo. “Estuvo cinco horas hasta que alguien se dignó a firmar la nota, le cerraban la puerta en la cara. Fue un acto de violencia institucional”, contó el abogado. Una hora después, cuando todavía no lo habían desconectado, a la familia de Ángel le notificaron el fallecimiento del chico.

Autopsia bajo protocolo de Minnesota

La investigación por la muerte de Ángel Colazo quedó a cargo de Analía Saravalli, fiscal de Villa Constitución, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer las causas del fallecimiento. Entre ellas pidió el secuestro de la historia clínica del chico y que la autopsia se realice bajo el protocolo de Minnesota sugerido en casos de muertes ocurridas en custodia del Estado.

El procedimiento se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal de Rosario y de él participó como perito de parte la especialista Virginia Creimer, médica forense que ha intervenido en otras causas de muertes en custodia ocurridas en la provincia en los últimos años. Junto a ella estuvo el abogado Salvador Vera.

“La operación de autopsia corrobora la violación de la ley de Salud Mental y a las reglas Mandela. Y además se constata una infección generalizada que podría haber comenzado en los pulmones, dadas sus característica, como consecuencia de la profunda sedación y una probable broncoaspiración”, explicó Creimer a enREDando. En ese sentido, para contextualizar la conclusión, contó el “tremendo derrotero” por el cual atravesó Ángel.

“Ángel no quería quedar internado porque su novia estaba embarazada y estaba preocupada por ella. Solicita una y otra vez el alta médica, ante esto los médicos violan los preceptos básicos de la ley de salud mental y las reglas Mandela, realizando una sujeción física de pies y manos y además una sujeción farmacológica. Es decir se le dio una enorme cantidad de drogas para que no pueda moverse del lugar en el que estaba”, sostuvo la perito. Sobre la medicación que se le dio al chico explicó: “Estas drogas son tan importantes que lo sedan al extremo de arriesgarlo a una broncoaspiración”.

Asimismo Creimer advirtió que sobre Ángel recayó un diagnóstico psiquiátrico al cual se llegó de forma irregular: “En la historia clínica hay letras que no corresponden a los sellos y evoluciones que no tienen ni firma ni sello. La imposición de un diagnóstico de psicosis para justificar la exagerada cantidad de psicofármacos administrados no tiene ningún tipo de explicación. Este diagnóstico de psicosis se arrastra sin ponerse en revisión una vez determinado por una psiquiatra, ocasionando una intoxicación medicamentosa cuyo desenlace si no es tratado oportunamente es la muerte”. Para Creimer hay evidencias de una sobremedicalización: “En lugar de suspender los psicofármacos se los aumentaron, llevando a que Ángel se encuentre cada vez en peor estado”.

Advertencia del Colegio de Psicólogos

Cuando se conoció el fallecimiento de Ángel Colazo desde la Delegación Constitución del Colegio de Psicólogos de Rosario emitieron un comunicado sobre el abordaje de la situación del chico. “Tomamos conocimiento de la vulneración que sufrió Ángel en su derecho a recibir un tratamiento digno y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Salud Mental 26.657, que promueve la interdisciplina como eje fundamental del abordaje terapéutico, haciendo énfasis en la necesidad de un criterio compartido y no centrado en un juicio médico hegemónico que sostiene prácticas como atar pacientes de pies y manos y mantenerlos sedados, amparados en una supuesta peligrosidad de los mismos”, dice el mensaje.

También consideraron como urgente “revisar los criterios mediante los cuales la dirección del SAMCO asigna responsabilidad y funciones en los cargos dedicados a la salud mental, siendo evidente que en el caso de Ángel no hubo interconsulta con otras especialidades”. Los profesionales se detuvieron en un punto crucial en este caso: la medicación psiquiátrica, una herramienta de la medicina que en su mal uso puede funcionar como un arma. “En el caso de utilizar medicación será siempre con fines terapéuticos y no por conveniencia de terceros supliendo la necesidad de acompañamiento terapéutico”, dijeron. Sobre el caso puntual de Ángel advirtieron: “Dicha prescripción se realizó de manera automática, únicamente mediante juicio médico y sin la evaluación del equipo de psicología, vulnerando el artículo 12 de la ley 26.657”. El comunicado lleva la firma del psicólogo Federico Fontana, delegado del Colegio de Psicólogos de Rosario, y de las psicólogas Pilar Mancuso, Mariel Pittori y Soledad Moreno, integrantes del Comité Asesor.

Una historia de desprotección

El 15 de diciembre de 2020 el MPA difundió la información sobre un joven al que estaban buscando. Ángel Colazo, 16 años, tez trigueña, pelo corto negro, ojos marrones, delgado, contextura mediana. La última vez que alguien lo había visto, el 21 de noviembre del mismo año, fue en su domicilio de General López y Pampa, en la periferia de Villa Constitución a 800 metros de la barranca del río Paraná.

Los investigadores del MPA pidieron colaboración para dar con el paradero del chico, pero por esos días no se conoció más información sobre el contexto de su ausencia. Dos años antes Ángel había sido noticia de un suceso policial como tantos otros que son tapados por el siguiente. Los medios de comunicación locales dijeron entonces que el chico había sido demorado por la policía en cuatro ocasiones distintas a lo largo de un fin de semana de septiembre por una serie de denuncias por daños y robos que había protagonizado en los alrededores de su vivienda, en su propio barrio, ante la vista de muchos conocidos.

Para entonces Ángel Colazo hacía unos seis años que estaba acompañado por una medida de protección integral de la delegación local de la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Desde que el chico tenía 8 años, según aseguró uno de sus acompañantes que dialogó con enREDando bajo el pedido de que se conservara su identidad. Desde su adolescencia más temprana Ángel había comenzado con consumo problemático de sustancias y un recorrido errante por instituciones a las que fue enviado bajo las premisas de la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Yo intervengo como Acompañante Personalizado cuando Ángel tenía 14 años. Él ya venía con una medida de protección desde que tenía 8. Hasta los 13 vivió en un hogar en Villa Constitución”, contó el trabajador de Niñez. Se trata de “Mi Lugar”, una institución evangélica en la cual este trabajador conoció a Ángel pero de casualidad, porque estaba acompañando a otro chico. Cuando se volvieron a ver, al año siguiente, “Ángel había sido expulsado de ese hogar”. Fue entonces, ya en 2019, que este acompañante fue designado para seguir el caso de Ángel.

En ese entonces Ángel ya no iba a la escuela, no tenía una estructura familiar que lo contuviera, su padre había fallecido y su madre no podía hacerse cargo de él ni de sus tres hermanos. Cuando quedó fuera de “Mi Lugar” comenzó a frecuentar una especie de refugio callejero en barrio Libertad, a pocas cuadras de su domicilio. “Un lugar donde vivía mucha gente, se vendía droga”, describió el acompañante.

Es habitual, como ya se contó en distintas notas en enREDando, que los pibes bajo el cuidado del Estado deambulen por instituciones de las que se van con la misma irregularidad con la que entran. En ese andar fue que a mediados de 2019 Ángel terminó viviendo dos semanas en la casa de este trabajador por ser con quien había generado un vínculo de referencia. “Cuando estaba conmigo no consumía, no andaba en la calle”, explicó. Eso fue temporal hasta que lo enviaron a la comunidad terapéutica “Los Naranjos”, de la localidad bonaerense San Pedro, de donde volvió al tiempo para ingresar a otra institución de Villa Constitución. “Ahí no tuvo ningún acompañamiento personalizado, ninguna política que lo contuviera. Vuelve a la calle, laburando con los transas en una situación de vulnerabilidad, lo ingresan a una institución psiquiátrica de Santa Fe donde cumple los 16 años”, relató el hombre. Al tiempo volvió a Villa Constitución y después de una serie de conflictos en la calle quedó bajo custodia de un juzgado de Menores.

“Ángel tenía todos los recursos subjetivos para salir adelante, tenía voluntad, pedía ayuda, reclamaba para salir de su condición estructural, pero el Estado no respondió”, dijo su acompañante. Según este trabajador Ángel “no tuvo un tratamiento acorde a su consumo problemático”. “Era un consumo irregular, no estaba todo el tiempo violento ni drogado”, detalló. Aun así no hubo forma de contener su situación. Tal vez porque faltaron recursos, tal vez porque el abordaje integral que demanda la ley provincial falló en distintos momentos, tal vez porque ante este tipo de situaciones el Sistema de Protección se acostumbró a una vieja receta: la institucionalización como regla y no como excepción.

El diagnóstico de este trabajador lo explica: “El recurso en Villa Constitución no fue la promoción de políticas públicas sino el encierro de los pibes. Una lógica que funciona en la Dirección desde hace 12 años. El primer nivel de intervención no funcionó nunca ni con Ángel ni con ningún pibe, es una figura burocrática. Las Medidas de Protección Integral no tienen desarrollo estructural, no hay desarrollo barrial, no hay convenios con clubes, no hay efectores de salud que puedan responder a las demandas”.

Ángel ingresó a un efector de salud que respondió con maniobras que hoy por hoy son materia de investigación de una muerte dudosa. “Ángel viene a ser un emblema de lo que se venía denunciando en cuanto a carencia y el trato con los pibes, y de lo que podía llegar a pasar”, comentó su último acompañante.

 

 

 

 

 

 

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